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Valencia

Compromís pide 4 años para los asesores de Rita Barberá y 6 a Grau por blanqueo

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Alfonso Grau

València, 25 nov (EFE).- Compromís ha pedido cuatro años de prisión y 100.000 euros de multa para 45 asesores del PP de Valéncia durante la etapa como alcaldesa de Rita Barberá, y seis años de prisión y la misma multa para Alfonso Grau y Mari Carmen García Fuster, así como una multa al PP de 146.000 euros.

Según consta en el escrito de acusación de 88 folios de Compromís, que ejerce de acusación popular en el caso Taula, al que ha tenido acceso EFE, la coalición asume el escrito de acusación del Ministerio Público.

Compromís considera que el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de València ha estado financiándose de manera ilícita, obteniendo dinero no fiscalizado por la intervención municipal proveniente de distintas fuentes, todas ellas consistentes «en diversas formas de corrupción».

En lo relativo a los hechos objeto de investigación, que abarcan esencialmente a las actividades delictivas cometidas con ocasión de las elecciones municipales celebradas en los años 2007, 2011 y 2015, el grupo municipal, a través de algunas personas que lo componían, ha obtenido «grandes cantidades de dinero en metálico» originados en regalos entregados en función del cargo que esas personas ocupaban.

Ese dinero era generalmente entregado por empresas contratistas del Ayuntamiento o de sus empresas públicas o fundaciones, y las personas que recibían el dinero eran altos cargos locales del Partido Popular o funcionarios públicos y, en varias ocasiones, tenían la doble condición.

Otra de las mecánicas era recibiendo los regalos a través de cuentas bancarias distintas de la cuenta fiscalizada por la intervención municipal o por el propio PP o de la cuenta de donaciones del partido.

El modus operandi ha supuesto, en otras ocasiones, el desvío de fondos públicos de asociaciones y fundaciones, creadas en el seno del Ayuntamiento, según el escrito de acusación de Compromís, que detalla la operativa diseñada por el PP en las elecciones municipales de 2007, 2011 y 2015.

Según relata, el grupo municipal poseía una capacidad económica importante, manejaba dinero en efectivo, realizaba ingresos, recaudaba dinero de empresarios que era entregado por éstos en atención a la función pública desempeñada por sus integrantes y disponía de él «sin el debido control del partido que consentía y aceptaba tal situación, sin adoptar mecanismos de control».

De esta forma, bajo la apariencia de realizar una aportación voluntaria de 1.000 euros para sufragar los gastos electorales, y dentro de un círculo reducido de personas conformadas por los concejales y asesores municipales, incluyendo a Rita Barberá, fueron ingresando siguiendo las indicaciones de la acusada María del Carmen García-Fuster en la cuenta del Banco Sabadell, la cantidad de mil euros, que les eran devueltos en dos billetes de 500 euros.

Las aportaciones que se realizaron llegaron a un montante de 49.998 euros.

Estos hechos constituyen, según la acusación popular, un delito de blanqueo de capitales, un delito continuado de malversación de caudales públicos, cohecho y un delito continuado de cohecho.

Por ello, Compromís pide por blanqueo de capitales 4 años de prisión y multa de 100.000 euros para 45 acusados; para Alfonso Grau y Mari Carmen García Fuster, seis años de prisión y multa de 100.000 euros, y para el PP, multa de cuatro años con cuota diaria de 100 euros.

Por malversación de caudales públicos, solicita para tres acusados (Grau es uno de ellos) cinco años de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio e inhabilitación absoluta por 10 años.

Por cohecho, para Alfonso Grau pide cuatro años de prisión y multa de 24 meses con cuota diaria de 50 euros, y por cohecho continuado, un año de prisión y suspensión de empleo o cargo público por tres años para Mari Carmen García Fuster.

También solicita el decomiso de varias cantidades intervenidas o ingresadas en cuentas, e indemnizaciones conjuntas y solidarias de varios acusados al Ayuntamiento de València por las cantidades sustraídas en la Fundación Turismo Convention Bureau, en el Centro de Estrategias y Desarrollo de Valencia y en la fundación FIVEC.

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Valencia

Denuncian “el colapso insostenible” de Urgencias del General de València con hasta cuatro días de espera para ingreso

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colapso hospital general denuncia
Fotografía de un paciente. Archivo/EFE/ Alberto Valdes[-

El Sindicato de Enfermería, SATSE, denuncia, un año más, la situación “crítica” que vive el servicio de Urgencias del Hospital General de València, convertido en un espacio “permanentemente desbordado” y con 42 pacientes ingresados sin habitación asignada, uno de ellos hasta cuatro días, según señala el sindicato en un comunicado.

Desde la organización sindical alertan de que este escenario no es puntual, sino que se repite de forma estructural, agravándose especialmente durante los meses de invierno, cuando aumentan las patologías respiratorias y la presión asistencial sobre el sistema sanitario público valenciano.

Pacientes hacinados en zonas no adecuadas de Urgencias

En concreto, SATSE señala que estos pacientes “se encuentran repartidos en diferentes áreas que conforman las Urgencias, en condiciones claramente inadecuadas, hacinados y viendo vulnerada su intimidad”.

La distribución actual de los pacientes ingresados sin habitación asignada es la siguiente:

  • 12 pacientes en la zona de Tratamientos

  • 9 pacientes en Observación A

  • 16 pacientes en Observación B

  • 5 pacientes en el barracón denominado Pernocta, situado en el patio central junto a las Urgencias y destinado a enfermos psiquiátricos que entran por Urgencias

El sindicato subraya que estos espacios no están diseñados para estancias prolongadas, lo que repercute directamente en la dignidad, el bienestar y la seguridad de los pacientes.

Más pacientes esperando cama en la Unidad de Hospitalización Transitoria

Además de los pacientes ubicados en Urgencias, SATSE advierte de que en la Unidad de Hospitalización Transitoria (UHT) hay 21 pacientes más ingresados también a la espera de una habitación en planta.

Esta unidad se ha ubicado recientemente en lo que anteriormente era el Hospital de Día, una medida que el sindicato considera un parche más ante un problema estructural que no se ha resuelto con el paso del tiempo.

Infecciones respiratorias y falta de recursos humanos

Al respecto, SATSE señala que el aumento de las infecciones respiratorias en la población, unido a unas infraestructuras “claramente insuficientes” y a la falta de contratación de una plantilla dimensionada a las necesidades reales, está teniendo un impacto directo y muy negativo en la calidad asistencial.

El Hospital General de València atiende a una población de más de 350.000 cartillas asignadas, una cifra que, según el sindicato, no se corresponde con los recursos humanos y materiales disponibles en el servicio de Urgencias.

Sobrecarga asistencial extrema para los profesionales

Por ello, los pacientes que deberían estar ingresados en planta “continúan ubicados físicamente en Urgencias por la falta de habitaciones disponibles”, siendo atendidos por el mismo personal del servicio.

SATSE denuncia que los profesionales “apenas pueden hacer frente a la sobrecarga asistencial extrema e inasumible”, una situación que se prolonga en el tiempo y que afecta tanto a la atención prestada como a la salud laboral del personal sanitario.

“Esta presión constante compromete gravemente la seguridad de los pacientes y sitúa a los profesionales en unos niveles de estrés gravísimos”, advierte el sindicato.

Denuncia ante la Inspección Sanitaria

SATSE recuerda que ha interpuesto una denuncia ante la Inspección Sanitaria de la Conselleria de Sanidad por “el estrés prolongado al que está sometido el personal del Servicio de Urgencias”.

El sindicato insiste en que “no se puede seguir poniendo en riesgo ni la salud de los profesionales ni el derecho de los pacientes a una atención segura, digna y de calidad”, y reclama una respuesta inmediata por parte de la administración sanitaria.

Una crisis estructural que se repite cada año

El Sindicato de Enfermería recalca que lleva años alertando a la Gerencia del hospital y a la Conselleria de Sanidad de esta crisis estructural que se repite año tras año sin solución.

Aunque el colapso se produce durante los doce meses del año, SATSE señala que la situación se agrava especialmente en invierno, coincidiendo con el aumento de casos de gripe, covid y otras patologías respiratorias.

SATSE exige medidas inmediatas y efectivas

Ante esta situación “límite”, el Sindicato de Enfermería exige medidas inmediatas y efectivas, comenzando por:

  • El refuerzo urgente de las plantillas

  • La adecuación de los espacios asistenciales

  • Una planificación realista para afrontar los meses de mayor presión asistencial

“La sanidad pública no puede seguir funcionando a base de parches mientras el colapso se cronifica”, concluye SATSE, que reclama soluciones estructurales para garantizar una atención sanitaria segura y de calidad en el Hospital General de València.

 

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