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Comunicado de Cabify

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Cabify pide a Fedetaxi que cese su campaña difamatoria contra ellos a través de un comunicado, en el que esperan que la federación del taxi deje de sembrar las dudas sobre la legalidad de las operaciones de Cabify a través de campañas en las que los medios de comunicación, aseguran, han hecho de portavoz. Este es el texto íntegro del comunicado de Cabify.

COMUNICADO DE CABIFY
Tras la difusión sistemática de informaciones infundadas y difamatorias por parte de Fedetaxi contra Cabify en los últimos meses, la compañía solicita a la asociación del taxi que cese en su empeño de sembrar la duda en la opinión pública sobre la legalidad de sus operaciones, utilizando a los medios de comunicación como altavoz y con el objetivo de dañar su imagen de manera reiterada.

En relación al comunicado emitido hoy por Fedetaxi sobre la denuncia que pretenden realizar contra Cabify ante la Fiscalía de delitos económicos por la supuesta constitución de un entramado de sociedades para la reventa de VTC (Autorizaciones de vehículos de alquiler con conductor) la compañía quiere aclarar los siguientes puntos por alusión directa:

  • La transmisión de licencias VTC a favor de un nuevo titular debe ser, en todo caso, autorizada por la Administración Pública, tal y como establece el artículo 20.1 de la Orden ministerial FOM/36/2008, de 9 de enero (conforme a la redacción dada por la Orden FOM/2799/2015, de 18 de diciembre, que la modificó).
    Por lo tanto, la transmisión de licencias VTC, al igual que sucede con la transmisión de licencias de taxi, debe ser conocida y autorizada por la Administración Pública para que tenga validez y despliegue a efectos jurídicos.
    En este contexto, destacar que todas las licencias VTC que explotan los transportistas que colaboran con Cabify han sido legítimamente autorizadas por la Administración autonómica, motivo por el cual la acusación de transmisión “desregulada” de las VTC carece de fundamento y es absolutamente falsa.
  • Del mismo modo, carece de sentido también sostener que Cabify traslada el importe de las licencias VTC a los usuarios de la Aplicación, puesto que dichas licencias no son operadas por la compañía, sino por las empresas VTC con las que colabora.
    En otras palabras, el coste de adquisición de la licencia VTC lo soporta el transportista (que es quien la explota), quien fijará (de mutuo acuerdo con Cabify) las tarifas del servicio y la comisión por la intermediación de la plataforma. En tales negociaciones, el precio que pudiera haber abonado por el transportista para obtener su licencia no es un factor que se considere para la fijación de dichas condiciones económicas del servicio.
  • En la obtención de licencias VTC los transportistas siempre repercuten o soportan (según corresponda) el importe correspondiente al IVA que grava dichas operaciones de transmisión. Por lo tanto, Fedetaxi nuevamente se confunde al afirmar que la transmisión de licencias en el sector de la VTC no cumple con la normativa tributaria española.
  • La estructura societaria del grupo Cabify es sobradamente conocida por la Administración Pública española, a quien se la ha facilitado con total transparencia y rigor cualquier información requerida.

Sobre el supuesto entramado de sociedades y pese a las diversas inspecciones soportadas (a solicitud, en muchos casos, de la propia Fedetaxi), no se ha incoado a Cabify procedimiento sancionador alguno por razón de su actividad u organización societaria, puesto que no existe indicio alguno de ilegalidad que justifique la iniciación de ningún procedimiento por tales motivos.

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Esta es la indemnización que cobrarán los familiares de los fallecidos en Adamuz y Gelida

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Las indemnizaciones alcanzarán los 210.000 euros por fallecido y se abonarán en un plazo máximo de tres meses

El Gobierno ha aprobado un paquete de ayudas de 20 millones de euros destinado a las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), en los que murieron 46 personas y otras 164 resultaron heridas. El nuevo mecanismo permitirá que los familiares de cada persona fallecida reciban hasta 210.000 euros en concepto de indemnización.

La medida ha sido anunciada este martes por el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, tras el Consejo de Ministros, donde se ha dado luz verde a un real decreto-ley de medidas urgentes para garantizar una respuesta rápida y eficaz a las víctimas.


Cómo se repartirán los 20 millones de euros en ayudas

Del total aprobado, 10 millones de euros se destinarán a ayudas directas y los otros 10 millones a anticipos de los seguros obligatorios. En el caso de fallecimiento, cada familia recibirá inicialmente 144.000 euros, libres de impuestos, repartidos del siguiente modo:

  • 72.000 euros en ayudas directas del Estado

  • 72.000 euros como anticipo del seguro

Una vez que las aseguradoras determinen oficialmente los daños personales, se abonará una cantidad adicional equivalente, lo que elevará la indemnización total hasta los 210.000 euros por víctima mortal, todo ello en un plazo máximo de tres meses.


Ayudas para heridos según la gravedad de las lesiones

En el caso de las personas heridas, las ayudas se calcularán conforme al baremo vigente, en función de la gravedad de las lesiones. Las cuantías oscilan entre:

  • 2.400 euros para lesiones leves

  • Más de 84.000 euros en los casos de máxima gravedad

Estas cantidades se duplicarán al sumarse el anticipo del seguro obligatorio, garantizando así un apoyo económico inmediato a los afectados.


El Ejecutivo quiere evitar retrasos como en el accidente de Angrois

Óscar Puente ha subrayado que el objetivo del Gobierno es evitar que las víctimas tengan que esperar años para cobrar las indemnizaciones, como ocurrió tras el accidente de Angrois.

“No vamos a consentir que haya víctimas que estén diez años esperando una compensación. Hemos aprendido de lo ocurrido y por eso aprobamos este mecanismo”, ha afirmado el ministro.


Hacia un sistema permanente de compensación anticipada

Además de las ayudas actuales, el Gobierno iniciará cambios normativos para crear un mecanismo estructural de intervención pública que permita al Estado adelantar parte de las indemnizaciones en accidentes de transporte colectivo, sin esperar a que se resuelva la responsabilidad civil.

Este sistema garantizará una atención rápida y homogénea a las víctimas, independientemente de la complejidad judicial de cada caso.


Oficinas de atención y apoyo directo a las víctimas

El Ejecutivo también ha puesto en marcha líneas de atención integral a las víctimas. A partir de este miércoles se abrirán oficinas específicas en:

  • Huelva, para atender a los afectados del accidente de Adamuz

  • Barcelona, para las víctimas del siniestro en Gelida y Rodalies

Además, se activará el servicio ‘Administración Cerca de Ti’, mediante el cual profesionales de las delegaciones del Gobierno podrán desplazarse a los domicilios para ayudar en la tramitación de las ayudas.

 

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