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Nuevas restricciones en la Comunitat: Reuniones de 6 personas y toque de queda desde las 23 horas

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València, 17 dic (EFE).- La Comunitat Valenciana limita a partir del próximo lunes las reuniones sociales y familiares a un máximo de 6 personas, incluso en las fechas señaladas de Navidad, donde ya no podrán ser diez, y adelanta el toque de queda a las 23 horas, con la única excepción del 24 y 31 de diciembre, que empezará a las doce de la noche.

Además, se refuerza el cierre petrimetral de la Comunitat Valenciana fijado hasta el 15 de enero, de manera que solo podrán entrar quienes tengan su domicilio habitual en la región y se suprimen las excepciones que se habían fijado hace doce días para los días señalados de Navidad.

Así lo ha anunciado este jueves por la noche el president de la Generalitat, Ximo Puig, tras la reunión de la comisión interdepartamental en la que se han acordado las nuevas restricciones, que entrarán en vigor el próximo lunes.

Puig ha pedido perdón por las molestias que pueda ocasionar la modificación de las medidas, pero ha afirmado que es «inevitable» actualizarlas ante el empeoramiento de los datos: «Es doloroso tener que restringir aún más la Navidad, pero es lo que toca, por prudencia, por seguridad y por responsabilidad».

Preguntado por la campaña de vacunación contra la covid, Puig ha anunciado que «la Comunitat está preparada para recibir, almacenar y distribuir 600.000 dosis de la vacuna de Pfizer», si bien ha aclarado que «todavía no se sabe el día ni la hora en la que llegarán las primeras dosis».

«Tenemos frigoríficos, instalaciones y recursos humanos. El personal tiene una gran experiencia en la vacunación; de hecho este año se han vacunado 1,2 millones de valencianos contra la gripe, casi medio millón más que el año pasado», ha agregado Puig, quien ha confirmado que las primeras vacunas se aplicarán a residentes de centros de mayores y el personal que les atiende, además de otros colectivos vulnerables.

«La situación ha empeorado, el ejemplo más claro es la incidencia, que en la última semana ha crecido un 27 %. Llevamos cuatro días seguidos con más de 2.000 contagios, son indicadores que nos obligan a reaccionar. No nos jugamos cómo hacer la Navidad, sino el futuro, el trabajo y la salud», ha advertido el president.

Puig ha recordado que: «fuimos los primeros en cerrar los bares en marzo, no pasamos a las fase 2 en mayo y restringimos la movilidad antes que nadie en octubre. Ahora es doloroso aplicar nuevas restricciones, pero es lo que hay que hacer por prudencia, seguridad y responsabilidad».

Con las nuevas restricciones «no se trata de infundir temor a una sociedad que se ha esforzado de forma extraordinaria, es injusto culpabilizar a nadie y lo más efectivo es reforzar la responsabilidad individual».

«Por muchos planes que tengamos, por muy hartos que estemos, no caigamos en la temeridad de saltarnos las restricciones y pensar que un día es un día. No valen las excusas. Todos estamos cansados y deseamos normalidad, pero ahora no puede ser», ha insistido Puig.

Preguntado por si la Comunitat podría prorrogar las vacaciones escolares de Navidad, como ha anunciado Cataluña u otras regiones europeas, el president ha admitido que se ha analizado esa posibilidad pero que no cree que sea «conveniente», si bien ha incidido en que la situación de la pandemia es cambiante.

Sobre la posibilidad de nuevas restricciones al sector de la hostelería, el president ha reflexionado: «es difícil dar garantías, hemos intentado un equilibrio para que no caiga la actividad económica, pero ahora hay que ser vigilantes y comprometidos con los aforos. Nuestra voluntad es que se desarrolle el itinerario que hemos descrito».

La consellera de Sanidad, Ana Barceló, ha detallado que entre el 6 de noviembre y el 6 de diciembre la Comunitat registró notables descensos en el índice de contagios, pero a partir de esa fecha los datos han empeorado.

«No hay una situación concreta que nos permita determinar una razón para este empeoramiento, se atribuye en general a una relajación de las medidas. Los datos nos indican que hay una mayor incidencia entre quienes tienen más relaciones sociales y más movilidad», ha concluido.

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Anticorrupción solicita 24 años de cárcel para Ábalos, 19 para Koldo y 7 para Aldama

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Koldo García, que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, comparece ante la comisión del Senado. EFE/ J.J. Guillén

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al Tribunal Supremo penas que van desde los 7 hasta los 24 años de prisión para los principales investigados del conocido caso Koldo, la presunta trama de corrupción ligada a contratos de mascarillas adjudicados durante la pandemia por el Ministerio de Transportes.

24 años de prisión y multa de casi 4 millones para José Luis Ábalos

El Ministerio Público pide una condena de 24 años de prisión para José Luis Ábalos, exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE.
La Fiscalía le atribuye cinco presuntos delitos:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Tráfico de influencias

  • Malversación

  • Uso de información privilegiada

Además, reclama para él una multa de 3,9 millones de euros y responsabilidades económicas conjuntas por los perjuicios ocasionados a dos empresas públicas.

19 años y medio de cárcel para Koldo García

Para Koldo García, exasesor ministerial de Ábalos, Anticorrupción solicita 19 años y medio de prisión, así como una multa también de 3,9 millones de euros, por los mismos delitos atribuidos al exministro.

La Fiscalía pide que tanto Ábalos como Koldo indemnicen de forma conjunta y solidaria a:

  • Ineco: 34.477,86 euros

  • Tragsatec: 9.500,54 euros

Asimismo, reclama el decomiso de al menos 430.298,4 euros, cantidad que correspondería a ganancias obtenidas mediante cohecho.

Atenuante de confesión para Víctor de Aldama

En el caso del empresario Víctor de Aldama, considerado presunto intermediario de la trama, la Fiscalía aplica la atenuante de confesión y solicita una pena de 7 años de prisión por:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Uso de información privilegiada

También reclama para él una multa de 3,8 millones de euros.

El origen de la causa

El escrito de acusación llega después de que el magistrado instructor del Supremo, Leopoldo Puente, propusiera el pasado 3 de noviembre juzgar a los tres implicados. Según el juez, se habrían concertado poco después de la llegada de Ábalos al Ministerio, buscando obtener beneficios económicos mediante su influencia en contratos públicos.

Puente dividió la causa en dos piezas:

  • La principal, centrada en los contratos de mascarillas.

  • Una pieza separada dedicada a la supuesta trama de cobro de comisiones por obra pública.

 

 

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