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Nuevas restricciones en la Comunitat: Reuniones de 6 personas y toque de queda desde las 23 horas

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València, 17 dic (EFE).- La Comunitat Valenciana limita a partir del próximo lunes las reuniones sociales y familiares a un máximo de 6 personas, incluso en las fechas señaladas de Navidad, donde ya no podrán ser diez, y adelanta el toque de queda a las 23 horas, con la única excepción del 24 y 31 de diciembre, que empezará a las doce de la noche.

Además, se refuerza el cierre petrimetral de la Comunitat Valenciana fijado hasta el 15 de enero, de manera que solo podrán entrar quienes tengan su domicilio habitual en la región y se suprimen las excepciones que se habían fijado hace doce días para los días señalados de Navidad.

Así lo ha anunciado este jueves por la noche el president de la Generalitat, Ximo Puig, tras la reunión de la comisión interdepartamental en la que se han acordado las nuevas restricciones, que entrarán en vigor el próximo lunes.

Puig ha pedido perdón por las molestias que pueda ocasionar la modificación de las medidas, pero ha afirmado que es «inevitable» actualizarlas ante el empeoramiento de los datos: «Es doloroso tener que restringir aún más la Navidad, pero es lo que toca, por prudencia, por seguridad y por responsabilidad».

Preguntado por la campaña de vacunación contra la covid, Puig ha anunciado que «la Comunitat está preparada para recibir, almacenar y distribuir 600.000 dosis de la vacuna de Pfizer», si bien ha aclarado que «todavía no se sabe el día ni la hora en la que llegarán las primeras dosis».

«Tenemos frigoríficos, instalaciones y recursos humanos. El personal tiene una gran experiencia en la vacunación; de hecho este año se han vacunado 1,2 millones de valencianos contra la gripe, casi medio millón más que el año pasado», ha agregado Puig, quien ha confirmado que las primeras vacunas se aplicarán a residentes de centros de mayores y el personal que les atiende, además de otros colectivos vulnerables.

«La situación ha empeorado, el ejemplo más claro es la incidencia, que en la última semana ha crecido un 27 %. Llevamos cuatro días seguidos con más de 2.000 contagios, son indicadores que nos obligan a reaccionar. No nos jugamos cómo hacer la Navidad, sino el futuro, el trabajo y la salud», ha advertido el president.

Puig ha recordado que: «fuimos los primeros en cerrar los bares en marzo, no pasamos a las fase 2 en mayo y restringimos la movilidad antes que nadie en octubre. Ahora es doloroso aplicar nuevas restricciones, pero es lo que hay que hacer por prudencia, seguridad y responsabilidad».

Con las nuevas restricciones «no se trata de infundir temor a una sociedad que se ha esforzado de forma extraordinaria, es injusto culpabilizar a nadie y lo más efectivo es reforzar la responsabilidad individual».

«Por muchos planes que tengamos, por muy hartos que estemos, no caigamos en la temeridad de saltarnos las restricciones y pensar que un día es un día. No valen las excusas. Todos estamos cansados y deseamos normalidad, pero ahora no puede ser», ha insistido Puig.

Preguntado por si la Comunitat podría prorrogar las vacaciones escolares de Navidad, como ha anunciado Cataluña u otras regiones europeas, el president ha admitido que se ha analizado esa posibilidad pero que no cree que sea «conveniente», si bien ha incidido en que la situación de la pandemia es cambiante.

Sobre la posibilidad de nuevas restricciones al sector de la hostelería, el president ha reflexionado: «es difícil dar garantías, hemos intentado un equilibrio para que no caiga la actividad económica, pero ahora hay que ser vigilantes y comprometidos con los aforos. Nuestra voluntad es que se desarrolle el itinerario que hemos descrito».

La consellera de Sanidad, Ana Barceló, ha detallado que entre el 6 de noviembre y el 6 de diciembre la Comunitat registró notables descensos en el índice de contagios, pero a partir de esa fecha los datos han empeorado.

«No hay una situación concreta que nos permita determinar una razón para este empeoramiento, se atribuye en general a una relajación de las medidas. Los datos nos indican que hay una mayor incidencia entre quienes tienen más relaciones sociales y más movilidad», ha concluido.

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Quién es Antonio Hernández y por qué Sánchez lo ha cesado tras el escándalo del caso Salazar

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Antonio Hernández
Antonio Hernández-Portal de Transparencia del Gobierno/ PSOE

Cese inminente en el Gobierno

El Consejo de Ministros aprobará este martes el cese de Antonio Hernández, hasta ahora director del Departamento de Coordinación Política en el Gabinete de la Presidencia del Gobierno, después de la gestión interna del caso Salazar, donde dos militantes socialistas denunciaron presunto acoso sexual por parte del exasesor Paco Salazar, colaborador estrecho del Gobierno en análisis electoral.

Moncloa asegura que el cese se toma “con contundencia” tras conocer los hechos denunciados y que la decisión ha sido compartida con Hernández, quien habría admitido que su continuidad en el cargo “no era sostenible” desde el momento en el que estalló el escándalo.

La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, ha decidido también apartarlo de la Ejecutiva del PSOE de Andalucía, donde ejercía como responsable de la Secretaría de Datos.

Quién es Antonio Hernández

Hernández desempeñaba uno de los cargos más estratégicos dentro del núcleo presidencial: el director de Coordinación Política del Gabinete de Moncloa, encargado de asesoramiento, apoyo y refuerzo del programa político del Gobierno, según el Portal de Transparencia.

Formado como técnico especialista en Publicidad, ha trabajado en Presidencia del Gobierno, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla, y era una figura de confianza dentro de los equipos de análisis electoral.

Su vinculación con Paco Salazar —exmilitante socialista y asesor político— ha sido determinante en la decisión política. Varias trabajadoras que denunciaron internamente el comportamiento de Salazar mencionaron a Hernández como presunto “cómplice” o “encubridor”, extremos que él niega, aunque asegura que se aparta por responsabilidad y para proteger al Gobierno.

Malestar creciente en el PSOE

El cese no llega en un clima político sencillo. La militancia y cargos intermedios del PSOE critican la tardanza en la gestión de las denuncias internas, algo que ya ha reconocido públicamente el partido. El comunicado enviado el viernes a las federaciones admitía que “no se estuvo a la altura” con las denunciantes.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se refirió por primera vez al caso durante los actos del Día de la Constitución, asumiendo personalmente la responsabilidad por el retraso y reconociendo que no había hablado con las denunciantes en meses.

El malestar interno crece ahora en torno a la pregunta clave: ¿debe el PSOE llevar el caso a la Fiscalía o deben hacerlo exclusivamente las denunciantes?

Debate interno: Fiscalía, responsabilidades y gestión

Sánchez defiende que la decisión pertenece únicamente a las víctimas. Si presentan denuncia formal ante la Fiscalía, asegura que recibirán todo el apoyo jurídico, institucional y personal del partido.

Sin embargo, otras voces dentro del Gobierno y del partido consideran que el PSOE debería llevar el caso por iniciativa propia, sin esperar a las mujeres denunciantes. El mensaje no es uniforme: mientras la dirección se alinea con Sánchez, algunos altos cargos reclaman una posición más proactiva.

Desde el Ejecutivo admiten errores:

“El caso se ha gestionado muy mal. No hemos acompañado correctamente y no se puede tardar tanto tiempo. Ha faltado diligencia”.

Una alta fuente de Moncloa es aún más explícita:

“No hemos estado encima y no lo entiendo. La reunión telemática con las responsables de Igualdad no ha servido. Persisten división y ruido interno”.

Las palabras de Carmen Calvo

La exvicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo, ahora presidenta del Consejo de Estado, apuntó este fin de semana en una entrevista a la existencia de “liderazgos testosterónicos e hiper-masculinizados” dentro de la política cuando se le preguntó por los escándalos que afectan al PSOE.

Calvo recuerda que ella misma trasladó al partido anteriormente denuncias sobre comportamientos machistas, lo que aumenta el debate interno sobre los protocolos y la cultura política en torno a igualdad, denunciantes y gestión de casos sensibles.

Último pleno del año y nuevas tensiones

El miércoles se celebrará la última sesión de control del año, con polémica añadida: el Gobierno ha informado que siete ministros no estarán disponibles para ser preguntados, entre ellos:

  • María Jesús Montero, señalada por haber blindado o protegido a Salazar en Ferraz y Moncloa

  • Pilar Alegría, que fue fotografiada en noviembre comiendo con Salazar cuando este ya había sido denunciado

Para el Partido Popular, las ausencias no están justificadas y su portavoz en el Congreso, Esther Muñoz, reclama un cambio reglamentario para evitar que los ministros puedan esquivar preguntas clave en una situación de crisis política.

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