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Valencia

Los embargos por impago del alquiler se disparan y llegan a 1.037 en la Comunitat

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Activistas de PAH Valencia, Entrebarris y Stop Desahucios ante la vivienda de una mujer afectada por un desahucio. EFE/ Biel Aliño/Archivo

El número de lanzamientos o desahucios practicados por impago del alquiler sumó entre enero y marzo un total de 5.443 (1.037 en la Comunitat), un 12 % más que en el mismo periodo del año anterior, con lo que representan siete de cada diez procedimientos (73,1 %), según los datos facilitados este viernes por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

En una nota, el CGPJ indica que los derivados de ejecuciones hipotecarias crecieron un 10,7 % hasta 1.448, el 19,5 % del total, en tanto que los 533 restantes obedecieron a otras causas.

En total, entre enero y marzo se practicaron 7.424 lanzamientos, un 12,8 % más que en el mismo trimestre de 2023; Cataluña –con 1.870, el 25,2 % del total nacional- fue la comunidad autónoma en la que se practicaron el mayor número de lanzamientos, seguida por Andalucía, con 1.076; la Comunitat Valenciana, con 1.037, y Madrid, con 725.

De los embargos provocados por impago del alquiler, el 18,7 % del total correspondieron a Cataluña, donde se produjeron 1.390; a continuación figura la Comunitat Valenciana, con 703; Andalucía, con 691, y Madrid, con 613.

La lista de lanzamientos o embargos derivados de ejecuciones hipotecarias la encabeza Andalucía, con 284, seguida de Cataluña, con 283; la Comunitat Valenciana, con 281 y Murcia, con 129.

El número de lanzamientos practicados en el primer trimestre de 2024 en los juzgados de la Comunitat Valenciana (1.037) supone un aumento del 2,7 % respecto al mismo trimestre del año anterior. De los 1.037 lanzamientos contabilizados, 703, casi el 68 % del total, fueron consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), un 4,1 % más que un año antes, mientras que 281 (el 27 % del total) se derivaron de ejecuciones hipotecarias, lo que implica una reducción del 7,6 % respecto a los contabilizados entre enero y marzo de 2023. Los 53 restantes obedecieron a otras causas.

Por provincias, en la de Valencia se practicaron 449, solo uno más que en el mismo trimestre del año anterior. En la de Alicante fueron 464 los lanzamientos practicados, 20 más que un año antes, y en la de Castellón, 124, frente a los 138 de 2023.

El informe incluye también el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes de notificaciones y embargos, aunque con la advertencia de que «este servicio no existe en todos los partidos judiciales, por lo que el dato permite medir la evolución, pero no indica los valores absolutos».

El hecho de que un lanzamiento sea solicitado al servicio común no supone que éste lo haya ejecutado, advierte el CGPJ.

De este modo, el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes en el primer trimestre de 2024 fue de 13.362, un 4,9 % más que en mismo trimestre de 2023; de ellos, 6.344 terminaron con cumplimiento positivo, lo que representa un aumento del 7 %.

Entre enero y marzo se presentaron 5.658 ejecuciones hipotecarias, un 1,7 % menos que en el primer trimestre de 2023; la cifra más alta fue la de Andalucía, con 1.458 y un 25,7 % del total, seguida de Cataluña, con 1.125; la Comunitat Valenciana, con 837 y Madrid, con 471.

Si se pone en relación el número de ejecuciones hipotecarias ingresadas en relación con la población, aclara el CGPJ, destaca Murcia con 18,8 por cada 100.000 habitantes, seguida de Andalucía, con 16,6, y la Comunitat Valenciana, con 15,7.

 

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Valencia

Los pisos turísticos en la Comunitat Valenciana caen un 25% en un año hasta los 48.411 apartamentos

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Viviendas turísticas España
Dos turistas recorren con sus maletas el casco antiguo de la ciudad de València. EFE/Manuel Bruque/Archivo

València multiplica por seis el cierre de pisos turísticos ilegales y endurece el control en todos los barrios

El Ayuntamiento de València ha intensificado su ofensiva contra los apartamentos turísticos ilegales, multiplicando por seis las órdenes de cese durante el actual mandato. El consistorio asegura que este incremento refleja un “cambio radical” en la política municipal para frenar la proliferación de viviendas de uso turístico fuera de la legalidad.

Según ha explicado el concejal de Urbanismo, Vivienda y Licencias, Juan Giner, se ha pasado de una media de 71 órdenes anuales en el anterior gobierno a 449 expedientes por año, lo que supone un aumento superior al 600%. De estas órdenes, el 87% ya se han ejecutado.

Más inspecciones y vigilancia continua

Para lograr estos resultados, el Ayuntamiento ha reforzado los equipos de control con cinco grupos de inspectores de Urbanismo y siete unidades de Policía Local, que rastrean de forma constante la actividad ilegal en todos los distritos.

El consistorio defiende que esta estrategia marca el paso de una etapa de “permisividad” a otra de “tolerancia cero”, en un contexto de creciente presión turística en la ciudad.

Moratoria y nuevas normas urbanísticas

El aumento de cierres llega acompañado de medidas estructurales. Desde mayo de 2024 está en vigor una moratoria que suspende la concesión de nuevas licencias turísticas, prorrogada hasta al menos mayo de 2026. Durante este periodo se han paralizado 363 expedientes, evitando la creación de casi 4.700 nuevas plazas.

Además, el gobierno municipal liderado por María José Catalá prepara una nueva normativa urbanística que limitará el crecimiento de estos alojamientos. Entre las principales restricciones destacan:

  • Máximo del 2% de viviendas turísticas por barrio
  • Límite del 8% de plazas turísticas respecto a la población
  • Tope del 15% en plantas bajas por manzana
  • Exigencia de acceso independiente y aprobación vecinal

También se creará un censo municipal de alojamientos turísticos (CATAV) y se reforzarán las inspecciones para detectar irregularidades.

Críticas de la oposición

Desde la oposición, Compromís cuestiona la eficacia de estas medidas. Su portavoz, Papi Robles, sostiene que la normativa “ni reduce ni controla” el número real de plazas turísticas y acusa al gobierno local de utilizar una “cortina de humo”.

En la misma línea, el edil socialista Javier Mateo critica que las cifras ofrecidas por el ejecutivo no reflejan la situación real y denuncia que se está facilitando la expansión de apartamentos turísticos en los barrios.

Presión sobre la vivienda en València

El debate sobre los pisos turísticos se produce en un momento de fuerte tensión en el mercado inmobiliario de València, donde vecinos y colectivos denuncian el impacto de estos alojamientos en el precio del alquiler y en la vida de los barrios.

Con las nuevas medidas, el Ayuntamiento busca equilibrar el atractivo turístico de la ciudad con la protección del uso residencial, aunque el enfrentamiento político sobre su efectividad sigue abierto.


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