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Valencia

Los embargos por impago del alquiler se disparan y llegan a 1.037 en la Comunitat

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Activistas de PAH Valencia, Entrebarris y Stop Desahucios ante la vivienda de una mujer afectada por un desahucio. EFE/ Biel Aliño/Archivo

El número de lanzamientos o desahucios practicados por impago del alquiler sumó entre enero y marzo un total de 5.443 (1.037 en la Comunitat), un 12 % más que en el mismo periodo del año anterior, con lo que representan siete de cada diez procedimientos (73,1 %), según los datos facilitados este viernes por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

En una nota, el CGPJ indica que los derivados de ejecuciones hipotecarias crecieron un 10,7 % hasta 1.448, el 19,5 % del total, en tanto que los 533 restantes obedecieron a otras causas.

En total, entre enero y marzo se practicaron 7.424 lanzamientos, un 12,8 % más que en el mismo trimestre de 2023; Cataluña –con 1.870, el 25,2 % del total nacional- fue la comunidad autónoma en la que se practicaron el mayor número de lanzamientos, seguida por Andalucía, con 1.076; la Comunitat Valenciana, con 1.037, y Madrid, con 725.

De los embargos provocados por impago del alquiler, el 18,7 % del total correspondieron a Cataluña, donde se produjeron 1.390; a continuación figura la Comunitat Valenciana, con 703; Andalucía, con 691, y Madrid, con 613.

La lista de lanzamientos o embargos derivados de ejecuciones hipotecarias la encabeza Andalucía, con 284, seguida de Cataluña, con 283; la Comunitat Valenciana, con 281 y Murcia, con 129.

El número de lanzamientos practicados en el primer trimestre de 2024 en los juzgados de la Comunitat Valenciana (1.037) supone un aumento del 2,7 % respecto al mismo trimestre del año anterior. De los 1.037 lanzamientos contabilizados, 703, casi el 68 % del total, fueron consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), un 4,1 % más que un año antes, mientras que 281 (el 27 % del total) se derivaron de ejecuciones hipotecarias, lo que implica una reducción del 7,6 % respecto a los contabilizados entre enero y marzo de 2023. Los 53 restantes obedecieron a otras causas.

Por provincias, en la de Valencia se practicaron 449, solo uno más que en el mismo trimestre del año anterior. En la de Alicante fueron 464 los lanzamientos practicados, 20 más que un año antes, y en la de Castellón, 124, frente a los 138 de 2023.

El informe incluye también el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes de notificaciones y embargos, aunque con la advertencia de que «este servicio no existe en todos los partidos judiciales, por lo que el dato permite medir la evolución, pero no indica los valores absolutos».

El hecho de que un lanzamiento sea solicitado al servicio común no supone que éste lo haya ejecutado, advierte el CGPJ.

De este modo, el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes en el primer trimestre de 2024 fue de 13.362, un 4,9 % más que en mismo trimestre de 2023; de ellos, 6.344 terminaron con cumplimiento positivo, lo que representa un aumento del 7 %.

Entre enero y marzo se presentaron 5.658 ejecuciones hipotecarias, un 1,7 % menos que en el primer trimestre de 2023; la cifra más alta fue la de Andalucía, con 1.458 y un 25,7 % del total, seguida de Cataluña, con 1.125; la Comunitat Valenciana, con 837 y Madrid, con 471.

Si se pone en relación el número de ejecuciones hipotecarias ingresadas en relación con la población, aclara el CGPJ, destaca Murcia con 18,8 por cada 100.000 habitantes, seguida de Andalucía, con 16,6, y la Comunitat Valenciana, con 15,7.

 

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Sucesos

La menor violada en Valencia estaba con un joven en el baño cuando entraron otros tres: la presunta agresión se prolongó 40 minutos

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Detenidos tres menores por una presunta agresión sexual grupal a una menor en Valencia

La Policía Nacional ha detenido en Valencia a tres menores de 14 y 15 años como presuntos responsables de una agresión sexual grupal a una menor de 16 años. Los hechos habrían ocurrido el pasado 10 de febrero en el baño de un centro comercial de la ciudad.

En el suceso también habría participado un cuarto menor de 13 años que, debido a su edad, es inimputable y no ha sido arrestado.

Los hechos investigados

Según la información facilitada por fuentes policiales, la menor acudió al baño del centro comercial junto a uno de los jóvenes. De acuerdo con su testimonio, mantuvo inicialmente relaciones consentidas con él. Posteriormente, otros tres menores entraron en el baño y, siempre según su versión, se produjo la presunta agresión durante cerca de 40 minutos.

La víctima ha declarado que se negó a mantener relaciones con los otros implicados y que tampoco autorizó la grabación de lo ocurrido. Sin embargo, los hechos habrían sido registrados con un teléfono móvil.

Los investigados reconocen que hubo relaciones sexuales, aunque sostienen que fueron consentidas. La defensa mantiene además que no hubo penetración y que existen conversaciones previas que, según su versión, acreditarían el consentimiento.

Grabación y difusión del vídeo

Además del presunto delito de agresión sexual con penetración a menor de 16 años, los detenidos se enfrentan a un delito contra la intimidad y revelación de secretos por la supuesta grabación y difusión de las imágenes.

Días después de los hechos, la dirección del instituto tuvo conocimiento de que el vídeo estaba circulando entre alumnos del centro. Tras mantener una conversación con la menor, se activó el protocolo de actuación ante posibles casos de agresión sexual y se informó a las autoridades.

Actuaciones judiciales

Los arrestados fueron detenidos este lunes y pasaron al día siguiente a disposición de la Fiscalía de Menores, que ha acordado como medidas cautelares:

  • Libertad vigilada.

  • Prohibición de comunicación con la víctima.

  • Orden de alejamiento que les impide acercarse a menos de 50 metros.

La investigación permanece abierta.


Actuación del GRUME

El GRUME es la unidad especializada de la Policía Nacional en la investigación de delitos en los que están implicados menores, tanto como presuntos autores como víctimas, actuando bajo la coordinación de la Fiscalía.

Las autoridades recuerdan la importancia de denunciar este tipo de hechos para activar los protocolos de protección y garantizar la asistencia a las víctimas.

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