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Valencia

El Estado asumirá 11.210 millones de deuda de la Comunitat Valenciana

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deuda Comunitat Valenciana
La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en una imagen de este lunes. EFE/ JJ. Guillén

Madrid/València, 24 feb (EFE).- El Estado asumirá 83.252 millones de euros de deuda de las comunidades autónomas, 11.210 de ellos correspondientes a la Comunitat Valenciana (el 13,47 %), en una medida que beneficiará a «todas» las regiones del régimen común, ha subrayado este lunes la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

En rueda de prensa, Montero ha señalado que esta medida, que permitirá aliviar los pasivos regionales y facilitar su acceso a los mercados, se llevará al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que se celebrará el próximo miércoles.

La medida va a «beneficiar a todas las comunidades autónomas», ha insistido, «tengan o no tengan deuda con el Estado», lo que implica que el Estado asumirá en ciertos casos deuda regional con terceros. «No se penaliza a las comunidades autónomas que pudieron y quisieron salir a los mercados», ha resumido.

La vicepresidenta ha recordado que esta iniciativa tiene origen en el acuerdo de investidura suscrito con ERC, que esta mañana ha avanzado que se condonará el 22 % de la deuda de la Generalitat catalana con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), lo que equivale a 17.104 millones de euros.

Hacienda también ha remitido a las comunidades autónomas información sobre la metodología con la que se ha calculado esta condonación y que es «objetiva y transparente», por lo que ha confiado en que hagan «un análisis serio y riguroso» y acudan al Consejo «con afán constructivo».

Esta metodología consiste en tres fases, ha explicado Montero, partiendo de una primera en la que se calcula el sobreendeudamiento asumido por las regiones entre 2009 y 2013, que se cifra en 80.310 millones de euros. El 75 % de ese importe se reparte en función de la población ajustada, lo que se traduce en una condonación media del 19 %.

En la segunda fase se fija una condonación adicional para las regiones que quedan por debajo de ese 19 %.

En la tercera se hacen dos ajustes adicionales: uno para elevar la condonación de las regiones por debajo de la media a la cifra de la región con mayor condonación por habitante ajustado (Comunitat Valenciana, 2.284 euros) y otro para ofrecer condonación adicional a las comunidades que han subido el IRPF entre 2010 y 2022 (un 10 % para las que lo hayan subido por encima de la media un 5 % para las que no).

Andalucía es la comunidad que podrá condonar más deuda según la propuesta, con un 22,57 % del total, por delante de Cataluña, con el 20,54 %.

De acuerdo con el reparto de la propuesta facilitada por el Ministerio de Hacienda, el Estado, de aprobarse la iniciativa, asumiría 18.791 millones de deuda de Andalucía por 17.104 de Cataluña, 11.210 (13,47 %) de la Comunitat Valenciana y 8.644 (10,38 %) de Madrid.

Las restantes once comunidades de régimen común -Navarra y País Vasco no entran en esta iniciativa- se distribuirían el 33 % restante del total.

Este es la distribución de la propuesta de condonación de la deuda por comunidades autónomas y el porcentaje que correspondería a cada una respecto al total:

PROPUESTA DE CONDONACIÓN DE LA DEUDA % DEL TOTAL
ANDALUCÍA 18.791 22,57
ARAGÓN 2.124 2,55
ASTURIAS 1.508 1,81
BALEARES 1.741 2,09
CANARIAS 3.259 3,91
CANTABRIA 809 0,97
CASTILLA Y LEÓN 3.643 4,38
CASTILLA-LA MANCHA 4.927 5,92
CATALUÑA 17.104 20,54
COMUNIDAD VALENCIANA 11.210 13,47
EXTREMADURA 1.718 2,06
GALICIA 4.010 4,82
MADRID 8.644 10,38
MURCIA 3.318 3,99
RIOJA, LA 448 0,54
TOTAL 83.252 100,00

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Valencia

La jueza de la dana pide al TSJCV que impute a Carlos Mazón

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Carlos Mazón imputación dana
La jueza de la dana pide al TSJCV que impute a Carlos Mazón-EUROPA PRESS

La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 ha acordado elevar una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) para que se investigue al expresident de la Generalitat Carlos Mazón por una presunta “inactividad negligente” durante la emergencia que causó 230 víctimas mortales y una más en estudio.

La magistrada considera que existen indicios suficientes para que el alto tribunal asuma la investigación sobre el exjefe del Consell, dado que mantiene su acta de diputado en Les Corts y, por tanto, su condición de aforado. En la causa ya figuran como investigados la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y su ex número dos Emilio Argüeso.

La instructora ve “conexidad” para investigar al expresident

Según el auto judicial, de 109 páginas, la investigación debe “extenderse de manera inevitable” a Mazón por la “evidente conexidad” con los hechos y la normativa de protección civil. La magistrada sostiene que, desde la perspectiva de la Presidencia de la Generalitat, la gestión de la emergencia “se detuvo de facto” durante varias horas en las que el entonces president permaneció en el reservado de un restaurante.

La resolución subraya que esa permanencia “absolutamente pasiva” durante cerca de cinco horas podría constituir una “grosera negligencia” con un resultado mortal de 230 fallecidos y numerosos heridos.

Competencia autonómica en la emergencia

La jueza recuerda que la gestión de la emergencia correspondía “exclusivamente” a la Generalitat Valenciana al haberse declarado el nivel dos. En ese contexto, cita resoluciones de la Audiencia Provincial que inciden en la competencia autonómica conforme al Estatuto de Autonomía, la Ley de Protección Civil y el plan especial frente a inundaciones.

El auto detalla además las circunstancias de cada una de las víctimas mortales y sitúa la dirección del plan de emergencias en la entonces consellera Salomé Pradas.

Cadena de negligencias y responsabilidad jerárquica

La instructora describe una “cadena de negligencias” en la que habrían intervenido distintos responsables. Entre los elementos señalados figuran:

  • La convocatoria tardía del CECOPI.

  • El retraso en el envío de la alerta a la población, que se produjo a las 20.11 horas cuando la mayoría de víctimas ya habían fallecido.

  • La falta de coordinación entre organismos autonómicos.

  • Los avisos previos de la Agencia Estatal de Meteorología y la Confederación Hidrográfica del Júcar.

  • El elevado número de llamadas al 112 durante la jornada.

A juicio de la magistrada, la estructura jerárquica implicaba que el president debía supervisar y controlar la actuación de los responsables inferiores, lo que sitúa su eventual responsabilidad en un plano de mayor gravedad.

Horas clave sin decisiones relevantes

El auto apunta a una “situación de ajenidad” del entonces president entre las 14.30 y las 20.28 horas, cuando llegó al CECOPI en l’Eliana. En ese periodo, la jueza aprecia una supuesta minimización de la gravedad de la emergencia y ausencia de decisiones relevantes por parte de la máxima autoridad autonómica.

También ve indicios de una posible participación en el proceso de envío de la alerta Es-Alert, al considerar que los mensajes del jefe de gabinete del expresident a la consellera no eran simples opiniones, sino órdenes.

La instructora cuestiona además la falta de comunicación directa en momentos críticos y la imposibilidad de coordinar la emergencia si el teléfono no estaba operativo o accesible.

Sin valoración política

La magistrada recalca que la exposición razonada no se basa en un análisis moral o político, sino en la posible relevancia penal de la actuación del aforado y en su papel en la coordinación de la emergencia.

El TSJCV deberá decidir ahora si asume la investigación sobre Carlos Mazón en el marco de la causa abierta por la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 en la Comunitat Valenciana.

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