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Valencia

Cierra el Balneario de la Alameda

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Balneario de la Alameda
València, 9 nov (OFFICIAL PRESS- EFE).- El Balneario de la Alameda de València cierra tras acatar este miércoles la orden cautelar del Ayuntamiento de cierre por legionella spp. en sus aguas y no ha abierto al público.
La gerencia ha anunciado que ha presentado alegaciones y acudirá a los tribunales por una decisión que ha considerado «arbitraria e ilegal».

Así lo han confirmado tanto desde el Ayuntamiento de València como desde el propio Balneario, cuyos responsables han reclamado en redes sociales que el cierre administrativo «sea levantado cuanto antes».

A juicio de la gerencia del Balneario, «las razones sanitarias no existen»: «Incluso la analítica del laboratorio municipal presenta recuentos que el propio decreto de legionella no considera susceptibles de ninguna actuación extraordinaria».

Balneario de la Alameda

Según la gerencia, el motivo del cierre es que no aceptan que al Balneario «se le trate como una piscina normal» y ha afirmado que el establecimiento está «exento de la legislación de piscinas».

«Nuestra obsesión es combinar la seguridad con la calidad del agua para que los efectos beneficiosos sobre la salud se mantengan, así se prescribe que debe hacerse con las aguas mineromedicinales en el nuevo decreto de legionella que entrará en vigor en enero de 2023», ha añadido.

En referencia a sus protocolos de higienización de las aguas, ha detallado que eso lo pueden hacer «vaciando la piscina activa cada semana, limpiando con ácido e hiperclorando la instalación, y dejando que el agua fluya constantemente».

Desde el Ayuntamiento han asegurado que las alegaciones presentadas por la gerencia del establecimiento «les van a ser respondidas».

El Balneario de la Alameda niega tener legionella y estudia acciones legales

Fuentes de la Concejalía de Sanidad han confirmado que la medición del pasado octubre arrojó datos sobre la presencia de legionella spp en sus aguas, en el aljibe y la piscina de magnesio.

Asimismo, el informe de los técnicos denuncia que los dispositivos de cloración en continuo no estaban operativos y no se les había realizado ninguna operación de reparación o mantenimiento.

El documento refleja asimismo que no se tiene constancia de que la piscina de magnesio tenga un sistema de depuración de gua recirculada que cumpla con la normativa en materia de prevención de la legionella.

«Con esto nos han hundido las ventas y las reservas»

En declaraciones a EFE, el gerente del Balneario, Javier Vázquez-Illá, ha dicho: «Con esto nos han hundido las ventas y las reservas».

«Yo viví la dictadura franquista y hay gente en las administraciones públicas que me recuerda a esa arbitrariedad», ha denunciado, y ha afirmado que el cierre se debe a que «quieren hacerse con el balneario».

En este sentido, ha dicho que el consistorio «tiene una empresa detrás y le están moviendo los hilos» con la finalidad de «cambiar la concesión»: «Lo hemos convertido en algo apetitoso».

Sobre el informe y los niveles de legionella que indica, ha asegurado que las analíticas del laboratorio municipal muestran que «no hay presencia de legionella nemófila en el aljibe, y que en la piscina, la cantidad que hay es mínima».

«Lo que se debería haber hecho es un muestreo en un plazo de quince días, no pedir el cierre», ha defendido, y lo ha considerado fruto de una «cruzada» y algo «vergonzoso».

Duras acusaciones al Ayuntamiento de València

Asimismo, Vázquez-Illá ha dicho no haber recibido respuesta a su petición de reunión con el alcalde, «solo la respuesta del servicio de comunicación de que lo tramitarán».

«Esto le va a costar al Ayuntamiento la reclamación patrimonial, porque ha habido un engaño a la ciudadanía», ha lamentado a EFE el gerente, que ha asegurado que desde el Balneario denunciaron «la filtración del expediente a la prensa por parte del consistorio» y la Fiscalía, ha añadido, «ha abierto diligencias de investigación».

Así, ha considerado que sopesan «pedir el amparo de los tribunales» y ha añadido que «afortunadamente, todavía hay poder judicial en España».

Además, en redes sociales ha afirmado sobre las manifestaciones del alcalde Joan Ribó, que afirmó que la empresa encargada «no es ejemplo de buena gestión», que «denotan un desconocimiento absoluto» sobre la labor de la compañía «en atención a la calidad y seguridad del agua minero-medicinal», y sobre su trayectoria.

«Las otras supuestas deficiencias que según Sanidad hay en el centro se han notificado al Ayuntamiento de València, a Patrimonio, como propietario del edificio», ha defendido, y ha añadido que las actuaciones que dependen de su empresa «ya están hechas».

Respuesta del Ayuntamiento

Desde el Ayuntamiento han asegurado que se envió la notificación por sede electrónica este viernes y se han preguntado si el gerente «pone en duda el control oficial», recogido en el acta de toma de muestras, el registro de las muestras y los resultados analíticos del laboratorio.

Para Joan Ribó, la acción del Ayuntamiento busca «tomar las medidas sanitarias necesarias» para que haya «total y absoluta seguridad de que la legionella no aparece por allí».

«Por supuesto, no tiene nada que ver con los problemas que ha mencionado su gerente, sino solo con la seguridad sanitaria», ha afirmado en declaraciones a los medios tras la visita de este lunes a la Oficina contra la Discriminación y los Delitos de Odio.

«Tomaremos las medidas que sean necesarias para que se cumpla la seguridad, que es lo que nos interesa», ha defendido Ribó, quien ha destacado que la prioridad es «que no pueda aparecer un problema que ha aparecido por desgracia demasiadas veces en la Comunitat Valenciana».

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Valencia

Los afectados del incendio de Campanar podrán seguir 3 meses más en las viviendas municipales de Safranar

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Familias afectados incendio Campanar dejan Safranar
Viviendas facilitadas por el Ayuntamiento de València en el barrio de Safranar a los afectados por el incendio de Campanar. EFE/Manuel Bruque

València, 26 abr (EFE).- Las personas afectadas por el incendio de un edificio en el barrio de Campanar de València el pasado 22 de febrero y que fueron alojadas en unas viviendas municipales del barrio de Safranar para un periodo de tres meses, podrán seguir en ellas tres meses más.

Así lo ha aprobado la Junta de Gobierno municipal tras informar la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá, al resto de formaciones políticas municipales en la Junta de Portavoces.

Catalá ha afirmado que el objetivo de esta prórroga es que las personas afectadas por el incendio en el que murieron diez personas tengan «un poco más de margen para buscar una vivienda de alquiler y recomponer su situación».

Con esta prórroga de tres meses, que ya no podrá ampliarse más, ha destacado la alcaldesa, se hace coincidir el tiempo ofrecido por el Ayuntamiento en estas viviendas públicas de forma totalmente gratuita con el plazo que tienen para presentar la solicitud de ayudas al alquiler de la Generalitat.

De esta forma, ha añadido Catalá, «las personas saldrían de las viviendas de Safranar y podrían estar en viviendas con una ayuda para pagar el alquiler de la Generalitat».

Ha asegurado que se trata de un «criterio objetivo» con el que se tiene una «especial sensibilidad» con la situación que han vivido estas personas, y al mismo tiempo, se hace compatible con el uso final de las viviendas de Safranar y el listado de más de 1.000 personas que esperan una vivienda de alquiler asequible.

Catalá ha asegurado que no van a dejar a nadie atrás, ni a los vecinos de Campanar ni a los de la avenida de la Constitución, que fueron desalojados el miércoles tras detectarse una grieta en la finca, supuestamente provocada por unas obras contiguas.

 

Familias de afectados por incendio de Campanar dejan Safranar

Las familias fueron alojadas en el edificio de 131 viviendas de propiedad municipal y según explicó en su momento el concejal de Urbanismo, Juan Giner, comenzaron a trasladarse pocos días después del siniestro, con prioridad para las familias con niños, mayores, dependientes y con necesidades especiales.

De las 131 viviendas, 85 tienen dos dormitorios con una superficie útil de 45-53 metros cuadrados, mientras las 46 viviendas restantes tienen tres dormitorios y cuentan con una superficie entre 65 y 74 metros cuadrados.

El edificio tiene una superficie de 15.104,05 metros cuadrados, de los que 10.476,04 metros son de uso residencial y también dispone de 84 plazas de garaje distribuidas en dos sótanos y 22 cuartos trasteros, igualmente construidos en los dos sótanos.

Además, tiene habilitadas 131 plazas de bicicleta en la planta baja con acceso desde el zaguán.

Los trabajos de adecuación de los inmuebles se llevaron a cabo por una treintena de trabajadores de la Concejalía de Vivienda y Urbanismo que, desde el día siguiente al incendio trabajaron voluntariamente para dotar a estos hogares de los servicios de luz y agua.

El personal de esta Concejalía se sumaba a otros centenares de trabajadores y trabajadoras municipales que se movilizaron para atender las necesidades surgidas y varias empresa contribuyeron para su adecuación total como hogares.

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