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El juez imputa a Cospedal y a su marido por el espionaje ilegal a Bárcenas

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El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha decidido citar como investigados en la llamada ‘operación Kitchen’ a la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal y a su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, por delitos de cohecho, malversación y tráfico de influencias, en relación con la operación asumida por el comisario jubilado Jose Manuel Villarejo para conseguir información y documentación sobre Luis Bárcenas cuando estaba siendo investigado por el ‘caso Gürtel’.

La comparecencia de Cospedal será el próximo 29 de junio, a las 10 horas, López del Hierro y José Luis Ortiz declararán el 30 de junio a las 10 y 12 horas, respectivamente, mientras que Villarejo y Francisco Martínez lo harán el 1 de julio.

Además en un auto, el titular del Juzgado Central de Instrucción número seis cita también por los mismos delitos al exjefe de Gabinete de Cospedal, José Luis Ortiz, al exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martinez y al comisario Villarejo.

El auto relata que la investigación abierta ha permitido descubrir aspectos clave de la trama, como la captación de Sergio Ríos, chofer de Rosalía Iglesias, los pagos efectuados a este a cambio de colaboración, el círculo de policías implicados, así como la implicación del ex secretario de Estado de Seguridad y del exministro del Interior en el momento.

Los agentes involucrados, según el magistrado, desarrollaron labores operativas para obtener de Sergio Ríos «información que les permitiera sustraer de algún lugar cerrado (en algún momento se refieren a este espacio como «zulo») documentación comprometedora para el Partido Popular y para altos cargos del mismo en posesión de Luis Bárcenas Gutiérrez y de su esposa Rosalía Iglesias Villar».

Según el mismo auto los policías habrían tenido pleno conocimiento de la puesta en marcha de la llamada ‘operación Kitchen’ y de su carácter ilícito «al tener como objetivo la sustracción de pruebas de un procedimiento judicial, y el empleo durante su desarrollo de fondos reservados del Ministerio del Interior, que serían de ese modo desviados de los estrictos fines legalmente previstos para su autorización y uso».

 

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La Policía Nacional detiene al presidente y al CEO de Plus Ultra en una redada a la aerolínea rescatada por el Gobierno durante la pandemia

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Plus Ultra

La Policía Nacional ha registrado este jueves la aerolínea española Plus Ultra, rescatada por el Gobierno de Pedro Sánchez durante la pandemia con más de 50 millones de euros. Durante la operación han sido detenidos el presidente de la compañía, Julio Martínez, y el CEO, Roberto Roselli. Según ha podido saber EL MUNDO, la investigación está dirigida por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, que ha ordenado el volcado de los dispositivos informáticos intervenidos.
Fuentes cercanas a la aerolínea —que cuenta con accionistas venezolanos— confirman la operación y aseguran que están colaborando con la Policía Judicial. La causa se encuentra bajo secreto.

Investigación por presunto blanqueo de capitales

La operación investiga un presunto delito de blanqueo de capitales. Los agentes han practicado registros en varios domicilios de los máximos responsables de la empresa, que en los últimos meses ha sido señalada por algunos de los principales investigados del caso Koldo como una de las compañías que deberían ser investigadas.

Plus Ultra fue rescatada por el Ejecutivo en el contexto de la pandemia con una ayuda superior a los 50 millones de euros, una decisión que ha generado controversia desde entonces. El exministro José Luis Ábalos ha afirmado que dicho rescate fue una imposición con la que él no estaba de acuerdo y apuntó a la figura del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, extremo que este último niega. Declaraciones en el mismo sentido ha realizado el empresario Víctor de Aldama.

El rescate de Plus Ultra: polémica y defensas internas

El ex presidente de Plus Ultra Fernando García Manso defendió, tras la concesión del rescate, que la ayuda recibida fue “la mínima imprescindible” y negó cualquier intermediación de antiguos altos cargos socialistas.

Además, justificó la necesidad del apoyo público subrayando que Plus Ultra desempeñaba un papel estratégico en la economía española, al cubrir una carencia en las conexiones aéreas con Latinoamérica. La aerolínea se definía como la “única alternativa” para obtener precios competitivos entre España y el continente americano.
Según García Manso, la desaparición de la compañía generaría un monopolio en esas rutas.

Conexiones internacionales y préstamos investigados

Según ha podido saber este periódico, la investigación está vinculada a las pesquisas abiertas por la Fiscalía suiza contra el financiero Simon Leendert Verhoeven. Entre 2020 y 2021, Plus Ultra solicitó créditos por valor de 1,3 millones de euros a varias sociedades vinculadas al entorno del financiero.

Las operaciones fueron:

  • 28 de octubre de 2020: préstamo de 500.000 dólares con Wailea Invest, domiciliada en Reino Unido.

  • 20 de noviembre de 2020: préstamo de 500.000 euros con Allpa Wira, fondo con sede en Suiza.

  • 29 de enero de 2021: préstamo de 450.000 euros con Valerian Corporation.

La compañía argumenta que recurrió a estos préstamos debido al fuerte impacto del Covid en sus cuentas y sostiene que todas las operaciones fueron legales, públicas y transparentes. Sin embargo, los investigadores analizan ahora si estas transacciones están relacionadas con un posible entramado de blanqueo internacional.

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