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El juez imputa a Cospedal y a su marido por el espionaje ilegal a Bárcenas

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El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha decidido citar como investigados en la llamada ‘operación Kitchen’ a la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal y a su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, por delitos de cohecho, malversación y tráfico de influencias, en relación con la operación asumida por el comisario jubilado Jose Manuel Villarejo para conseguir información y documentación sobre Luis Bárcenas cuando estaba siendo investigado por el ‘caso Gürtel’.

La comparecencia de Cospedal será el próximo 29 de junio, a las 10 horas, López del Hierro y José Luis Ortiz declararán el 30 de junio a las 10 y 12 horas, respectivamente, mientras que Villarejo y Francisco Martínez lo harán el 1 de julio.

Además en un auto, el titular del Juzgado Central de Instrucción número seis cita también por los mismos delitos al exjefe de Gabinete de Cospedal, José Luis Ortiz, al exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martinez y al comisario Villarejo.

El auto relata que la investigación abierta ha permitido descubrir aspectos clave de la trama, como la captación de Sergio Ríos, chofer de Rosalía Iglesias, los pagos efectuados a este a cambio de colaboración, el círculo de policías implicados, así como la implicación del ex secretario de Estado de Seguridad y del exministro del Interior en el momento.

Los agentes involucrados, según el magistrado, desarrollaron labores operativas para obtener de Sergio Ríos «información que les permitiera sustraer de algún lugar cerrado (en algún momento se refieren a este espacio como «zulo») documentación comprometedora para el Partido Popular y para altos cargos del mismo en posesión de Luis Bárcenas Gutiérrez y de su esposa Rosalía Iglesias Villar».

Según el mismo auto los policías habrían tenido pleno conocimiento de la puesta en marcha de la llamada ‘operación Kitchen’ y de su carácter ilícito «al tener como objetivo la sustracción de pruebas de un procedimiento judicial, y el empleo durante su desarrollo de fondos reservados del Ministerio del Interior, que serían de ese modo desviados de los estrictos fines legalmente previstos para su autorización y uso».

 

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Surgen más víctimas en el caso del ex DAO y denuncias contra la cúpula policial

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El abogado de la víctima del DAO habla de nuevas acusaciones contra el exdirector y la cúpula policial

SEO Title: Surgen nuevas acusaciones contra el ex DAO de la Policía Nacional, según el abogado de la denunciante
Meta descripción: El abogado Jorge Piedrafita asegura que han aparecido nuevas posibles víctimas que señalan al exdirector adjunto operativo y a altos mandos policiales por acoso y agresiones.
Palabras clave: caso DAO Policía Nacional, José Ángel González acusaciones, Jorge Piedrafita, denuncias acoso Policía, investigación DAO


El abogado de la denunciante revela nuevas posibles víctimas en el caso del ex DAO

El abogado Jorge Piedrafita, representante de la agente de la Policía Nacional que denunció por agresión sexual al exdirector adjunto operativo, ha asegurado que han surgido nuevas comunicaciones que apuntan a más posibles víctimas dentro del cuerpo.

Según ha explicado en distintas entrevistas, al menos tres mujeres se han puesto en contacto con la defensa para relatar situaciones que describen como “terribles”, relacionadas con presunto acoso laboral e incluso agresiones sexuales atribuidas a altos mandos policiales.


Una nueva acusación apunta de nuevo al exdirector adjunto operativo

Piedrafita ha señalado que una de las comunicaciones recibidas vuelve a dirigir el foco hacia José Ángel González, lo que, a su juicio, refuerza la idea de que podría no tratarse de un caso aislado sino de un posible patrón de conducta.

El letrado ha explicado que muchos de los hechos denunciados se habrían comunicado previamente a través de los protocolos internos, aunque —según sostiene— “eso no ha funcionado”.


La investigación judicial continúa en Madrid

La causa se instruye en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8 de Madrid, que ha solicitado a la defensa la entrega de audios y otras pruebas aportadas en la querella.

Entre el material presentado figuran:

  • Listados de llamadas presuntamente realizadas por el exdirigente policial

  • Capturas de mensajes de WhatsApp

  • Grabaciones de audio realizadas por la denunciante

La defensa ha solicitado que todo el material permanezca bajo custodia judicial y solo pueda consultarse en sede judicial para evitar filtraciones.


Petición de reserva y posible pericial informática

La denunciante ha pedido la “plena reserva” de las pruebas para proteger su intimidad. Además, la querella contempla la realización de una pericial informática en caso de que se cuestione la autenticidad de los mensajes o audios, con el fin de garantizar su verificación forense.

Piedrafita sostiene que el caso ha generado un clima “agobiante” para su representada, que incluso ha tenido que solicitar escolta tras la presentación de la denuncia.


Contexto político y reacción institucional

En paralelo, el debate político continúa tras el anuncio del Partido Popular de impulsar una auditoría sobre la gestión del Ministerio del Interior dirigido por Fernando Grande-Marlaska, en relación con la situación generada por el caso.


Un caso que podría ampliarse

Las nuevas comunicaciones recibidas por la defensa abren la puerta a que la investigación se amplíe si se formalizan nuevas denuncias, en un procedimiento que sigue bajo instrucción judicial y que mantiene el foco en posibles responsabilidades dentro de la cúpula policial.

 

Consecuencias y repercusión en la Policía

La denuncia afecta no solo a González Jiménez, sino también a su estrecho colaborador Óscar San Juan, conocido como el ‘mini DAO’, y ha impactado gravemente en la imagen pública de la Policía Nacional. La investigación judicial determinará la veracidad de los hechos y la responsabilidad penal del ex DAO.

El caso genera un debate sobre la idoneidad de mantener en puestos clave a mandos más allá de la edad de jubilación, así como sobre la elección de personal de confianza para altos cargos. La institución se enfrenta ahora a un desafío para recuperar la credibilidad tras este episodio de alto impacto mediático y social.

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