MADRID/ALICANTE, 11 Dic. (EUROPA PRESS)- El peaje de las nueve autopistas de peaje que quebraron durante la crisis y fueron rescatadas por el Estado bajará una media del 30% a partir del próximo 15 de enero de 2019, según anunció el titular de este Departamento, José Luis Ábalos.

Las vías que se beneficiarán de esta rebaja de peaje suponen el 20% de la red de pago. Se trata de las cuatro radiales de Madrid, la AP-41 Madrid-Toledo, la M-12 Eje Aeropuerto que une la capital con el aeródromo de Barajas, la AP-36 Ocaña-La Roda, la que une Cartagena y Vera y la Circunvalación de Alicante.

«Ello generará un aumento del tráfico y permitirá aumentar sus ingresos, mejorar la movilidad y aprovechar mejor estas infraestructuras», indicó el ministro durante su intervención el ‘El Ágora’ de ‘El Economista’.

En el caso de la AP-41 Madrid-Toledo, la rebaja del peaje comenzará a aplicarse en el momento en que concluya el proceso concursal de la vía que actualmente se ultima, se materialice su rescate y pase también a depender de Fomento, según detallaron a Europa Press en fuentes de este Departamento.

Estas autopistas son las que quebraron en cascada durante la crisis, a partir de 2012, que el Ministerio de Fomento rescató en los primeros meses de este año y gestiona desde entonces a través de su sociedad pública Seittsa.

Estas autopistas verán reducidas así sus tasas mientras que en el resto de la red de vías de pago del país, el peaje subirá una media del 1,67% a partir del 1 de enero de 2019.

Esta subida es la que resulta de la fórmula de actualización anual automática de peajes que el Gobierno y el sector concesional pactaron en 2002. La fórmula tiene entre sus principales variables el IPC medio entre los meses de octubre de un año y del siguiente y se pondera en función de la evolución de los tráficos.

ESCASO TRÁFICO
Las nueve vías quebradas, las de más reciente construcción, suman unos 510 kilómetros de longitud y suponen una cuarta parte (el 20%), del total de 2.550 kilómetros que suma toda la red de carreteras de pago.

A pesar de que estas nueve vías han recuperado su tráfico en los últimos años, aún no han alcanzado los niveles precrisis y, menos aún, las estimaciones realizadas cuando se construyeron, una de las causas de su quiebra junto con el sobrecostes de las expropiaciones.

En la actualidad algunas registran descensos en el número de usuarios, como la R-3 Madrid-Arganda, que a cierre del pasado mes de octubre registraba 10.898 vehículos diarios, un 1,36% menos que hace uno, así como la R-5 Madrid-Navalcarnero, que contabiliza 8.268 usuarios al día, un 22% menos, y la Ocaña-La Roda, con 3.327 coches diarios, un 1,01% menos que hace un año.

En el resto de las vías, a pesar de subir en usuarios, no presentan una alta intensidad de tráfico, que oscila desde los 1.157 vehículos que de media transitan cada día por la Madrid-Toledo y los 22.125 que toman diariamente la autopista que enlaza Madrid y el aeropuerto, la vía más utilizada de entre las quebradas.

El tráfico medio del conjunto de la red de pago es de 20.141 usuarios diarios, si bien la vía más utilizada, la que une Montmeló y El Papiol, contabiliza 116.838 coches al día.

LA FACTURA, YA RECOGIDA EN DÉFICIT
Durante su intervención, Ábalos se refirió a la ‘factura’ que el rescate de estas nueve vías quebradas supondrá al Estado, para asegurar que aún no se ha concretado, si bien la estimación de 1.800 millones que ‘heredó’ del anterior Gobierno «ya se ha contabilizado en déficit».

El importe a determinar, que los fondos que se quedaron con la deuda de las vías y las concesionarias elevan a unos 5.000 millones, es la denominada responsabilidad patrimonial de la administración (RPA), el monto que por contrato el Estado debe pagar a las empresas que construyeron la vías.

El ministro reiteró asimismo que, por el momento, su Departamento mantiene congelado el plan del anterior equipo de volver ceder la gestión de estas autopistas a empresas privadas por concurso público.

En este sentido, apostó por mejorar su tráfico y optimizar el eventual concurso para que el Estado pueda sacar los mayores ingresos posibles con su relicitación toda vez que, según insistió, actualmente estas vías «no generan mucho interés en el mercado».