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Valencia

Cuatro empresarios valencianos imputados por estafas en micromecenazgo inmobiliario

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València, 18 nov (EFE).- El Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid investiga a cinco empresarios, cuatro de ellos valencianos, por una supuesta estafa a decenas de pequeños inversiones que aportaron fondos a una plataforma de microfinanciación colectiva (‘crowfunding’) dedicada a la inversión inmobiliaria.

Según han informado a EFE fuentes del caso, entre los investigados constan tanto los responsables de dicha plataforma de micromecenazo, entre ellos un valenciano, como los directivos de una constructora domiciliada en la provincia de Valencia, uno de los cuales fue detenido en 2016 en el marco de la causa conocida como «trama o cártel del fuego» que dirigía un juzgado de Sagunto.

El importe de la estafa supera los 6 millones de euros, según ha explicado a EFE el letrado Manuel Merino, de la Asociación Nacional de Afectados por Internet y las Nuevas Tecnologías, que ha interpuesto la querella por estafa en nombre de varios afectados.

La reclamación se ha presentado en los juzgados de Madrid porque la sociedad responsable de la gestión y explotación de la plataforma de microfinanciación tiene domicilio social en Madrid, aunque realizó operaciones de financiación supuestamente fraudulentas con la referida constructora valenciana.

Los 16 querellantes que por el momento se han sumado a la acción judicial contribuyeron con cerca de 150.000 euros a dicha plataforma mediante aportaciones que oscilan entre los 50 y los 50.000 euros.

Según consta en la querella, entre agosto de 2017 y noviembre de 2018 la constructora valenciana solicitó a la plataforma de microfinanciación créditos por 7,7 millones de euros mediante información que los querellantes consideran irreal, al igual que los procedimientos establecidos por la plataforma para analizar los riesgos de la operación.

«Los contratos de préstamo corresponden a un modelo tipo formulario redactado previamente en el que figuran cláusulas complejas de difícil comprensión para la mayoría de los prestamistas. La complejidad de estos contratos no resulta caprichosa, sino que formaría parte de la estrategia engañosa diseñada conjuntamente por la constructora y la plataforma de microfinanciación para manejar a su antojo el dinero de los préstamos y prorrogar ‘sine die’ el plazo de vencimiento de los mismos», señala Merino en su querella.

A los afectados, siempre según la querella, la plataforma de financiación les informaba de que «no podía devolver el dinero del préstamo porque se habría producido un ‘embudo’ en el Ayuntamiento de Valencia -en el caso concreto de una de las promociones- que habría impedido la concesión de la licencia de obras, cuando la realidad es que la constructora ocultaba que el Ayuntamiento había denegado la licencia de obras».

Ninguno de los préstamos que fueron concertados por la constructora valenciana fueron atendidos a su vencimiento, de modo que los pequeños inversores tampoco han recibido la remuneración comprometida, ni tampoco la devolución de sus aportaciones.

A juicio de los querellantes, «existen razonables indicios que esa imposibilidad de pago fue un hecho previamente conocido por los responsables de la plataforma, que era la que dio el visto bueno a las operaciones y las publicó en su página web con la finalidad de captar los fondos de los préstamos».

«Nos encontraríamos ante una actuación conjunta y concertada de ambas entidades para obtener un lucro ilícito a través de una planificada estrategia engañosa. La participación activa de la plataforma digital en la estrategia engañosa consistió en servirse de la especial credibilidad que le confería su condición de entidad autorizada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y utilizar como ardid el respaldo de las operaciones por organismos públicos y privados, de los que llegaría a utilizar sus logotipos y anagramas oficiales».

En total, se han denunciado diez operaciones de préstamo impagadas, que suman un importe total de 6,3 millones de euros, una cantidad que fue cubierta mediante 7.385 aportaciones individuales de fondos a través de la referida plataforma de microfinanciación.

Por el momento constan como investigados cinco empresarios -y la sociedad mercantil propietaria de la plataforma de microfinanciación-, que han prestado declaración en calidad de investigados ante Instrucción 11 de Madrid en las últimas semanas, aunque no se descartan nuevas imputaciones, han informado fuentes del caso.

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Valencia

La jueza de la dana pide a la periodista que comió con Mazón los datos de la tarjeta con la que pagó el parking

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Maribel Vilaplana Mazón parking
La periodista Maribel Vilaplana (d) a su llegada a los Juzgados de Catarroja, a 3 de noviembre de 2025, en Catarroja, Valencia Jorge Gil - Europa Press VALÈNCIA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana ha acordado requerir a la periodista Maribel Vilaplana, que comió el día de las riadas con el ‘president’ de la Generalitat ahora en funciones, Carlos Mazón, los datos de la tarjeta con la que pagó el parking de la Glorieta donde dejó su coche.

Qué solicita exactamente la jueza a Maribel Vilaplana

Así consta en una providencia dictada este miércoles en la que la instructora solicita esta información para que la empresa gestora del aparcamiento pueda remitir al órgano judicial los datos concretos de la hora de entrada y salida del vehículo de la periodista.

La magistrada requiere a la comunicadora que proporcione al Juzgado, “a la mayor brevedad”, una captura de pantalla del asiento contable del pago del estacionamiento en el parking Glorieta de la plaza Tetuán de València, correspondiente al 29 de octubre de 2024. También le pide los dígitos de la tarjeta bancaria utilizada y el tipo de tarjeta con la que efectuó el pago.

La jueza aclara que estos datos serán anonimizados y utilizados exclusivamente para cumplir con el oficio, remarcando que la propia testigo ya había manifestado su voluntad de facilitar dicha información durante su declaración.

El objetivo del requerimiento: reconstruir la cronología del 29O

Una vez se verifiquen los datos proporcionados por Vilaplana, la jueza enviará la documentación a la empresa Interparking para que, en un plazo de tres días, remitan la información oficial sobre la hora exacta de entrada y salida del vehículo aquel 29 de octubre de 2024.

La magistrada ya había solicitado el tique del parking durante la primera declaración de la periodista —realizada por orden de la Audiencia de Valencia—, pero Vilaplana no pudo aportarlo. En su testimonio, explicó que estuvo en el restaurante El Ventorro desde las 15.00 hasta las 18.45 horas, momento en el que se dirigió hacia el aparcamiento acompañada por Mazón, dato que se conoció en fechas recientes.


Las grabaciones del 29 de octubre, nuevas pruebas en la causa

Por otra parte, la instructora ha aceptado en un auto la petición de Intersindical Valenciana para recabar las grabaciones de las comunicaciones realizadas durante el 29 de octubre de 2024 a través del Grupo de Comunicación de Radio V-Valencia del Centro de Coordinación de Emergencias (CCE). Se recogerán, además, sus transcripciones, acotando el periodo a las horas solicitadas por la Fiscalía: entre las 12.00 y las 15.30.

Por qué estas grabaciones son consideradas determinantes

La jueza fundamenta su decisión en el testimonio de un sargento de Bomberos, quien declaró que todas sus comunicaciones estaban grabadas, podían solicitarse y estaban monitorizadas desde el Centro de Coordinación de Emergencias.

A juicio de la magistrada, estas grabaciones constituyen documentación esencial de la actuación profesional de los intervinientes. Su análisis se considera clave en el contexto de una investigación penal sobre la gestión de la dana que dejó 229 víctimas mortales y múltiples heridos.

Además, señala que la obtención de estos datos no vulnera la intimidad de los participantes en las comunicaciones, ya que:

  • Son profesionales conocedores de que sus comunicaciones se graban.

  • No se trata de conversaciones de carácter privado.

  • No afecta al secreto de las comunicaciones, dado que el contenido está vinculado a la prestación de un servicio público en una situación de emergencia.


La gestión de la dana, bajo el escrutinio judicial

La decisión de solicitar la información bancaria de la periodista y las grabaciones del 29O se enmarca en un contexto judicial y político especialmente sensible. La cronología exacta de los movimientos del entonces president en funciones, Carlos Mazón, durante las horas críticas de la tragedia, continúa siendo uno de los puntos más relevantes de la investigación.

El papel de la periodista en la reconstrucción de los hechos

Maribel Vilaplana, figura conocida en València y vinculada a distintos ámbitos de la comunicación institucional, se ha convertido en testigo clave porque estuvo con Mazón durante parte de la franja horaria investigada. Su testimonio puede ayudar a esclarecer:

  • Dónde se encontraba Mazón en las horas críticas.

  • A qué hora llegó y salió del restaurante.

  • En qué momento exacto se dirigieron al parking.

  • Cuánto tiempo permaneció su vehículo estacionado en la zona.

La delimitación precisa de estos movimientos es relevante para contrastar con otras fuentes, como grabaciones oficiales, comunicaciones institucionales y testimonios del dispositivo de emergencia.


Un procedimiento judicial que avanza paso a paso

La investigación continúa acumulando documentos, testimonios y pruebas técnicas con el objetivo de reconstruir al detalle lo ocurrido el 29 de octubre de 2024, día en el que una de las mayores tragedias por inundación en la historia reciente de España provocó la muerte de 229 personas.

La jueza insiste en que cada requerimiento se justifica por la necesidad de depurar responsabilidades y entender con claridad si hubo fallos de coordinación, retrasos en la reacción o ausencia de decisiones esenciales durante las horas clave de la emergencia.

Carlos Mazón acompañó a Maribel Vilaplana a un parking tras la comida en El Ventorro, según confirma el entorno de la periodista

 

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