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Valencia

Cuatro empresarios valencianos imputados por estafas en micromecenazgo inmobiliario

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València, 18 nov (EFE).- El Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid investiga a cinco empresarios, cuatro de ellos valencianos, por una supuesta estafa a decenas de pequeños inversiones que aportaron fondos a una plataforma de microfinanciación colectiva (‘crowfunding’) dedicada a la inversión inmobiliaria.

Según han informado a EFE fuentes del caso, entre los investigados constan tanto los responsables de dicha plataforma de micromecenazo, entre ellos un valenciano, como los directivos de una constructora domiciliada en la provincia de Valencia, uno de los cuales fue detenido en 2016 en el marco de la causa conocida como «trama o cártel del fuego» que dirigía un juzgado de Sagunto.

El importe de la estafa supera los 6 millones de euros, según ha explicado a EFE el letrado Manuel Merino, de la Asociación Nacional de Afectados por Internet y las Nuevas Tecnologías, que ha interpuesto la querella por estafa en nombre de varios afectados.

La reclamación se ha presentado en los juzgados de Madrid porque la sociedad responsable de la gestión y explotación de la plataforma de microfinanciación tiene domicilio social en Madrid, aunque realizó operaciones de financiación supuestamente fraudulentas con la referida constructora valenciana.

Los 16 querellantes que por el momento se han sumado a la acción judicial contribuyeron con cerca de 150.000 euros a dicha plataforma mediante aportaciones que oscilan entre los 50 y los 50.000 euros.

Según consta en la querella, entre agosto de 2017 y noviembre de 2018 la constructora valenciana solicitó a la plataforma de microfinanciación créditos por 7,7 millones de euros mediante información que los querellantes consideran irreal, al igual que los procedimientos establecidos por la plataforma para analizar los riesgos de la operación.

«Los contratos de préstamo corresponden a un modelo tipo formulario redactado previamente en el que figuran cláusulas complejas de difícil comprensión para la mayoría de los prestamistas. La complejidad de estos contratos no resulta caprichosa, sino que formaría parte de la estrategia engañosa diseñada conjuntamente por la constructora y la plataforma de microfinanciación para manejar a su antojo el dinero de los préstamos y prorrogar ‘sine die’ el plazo de vencimiento de los mismos», señala Merino en su querella.

A los afectados, siempre según la querella, la plataforma de financiación les informaba de que «no podía devolver el dinero del préstamo porque se habría producido un ‘embudo’ en el Ayuntamiento de Valencia -en el caso concreto de una de las promociones- que habría impedido la concesión de la licencia de obras, cuando la realidad es que la constructora ocultaba que el Ayuntamiento había denegado la licencia de obras».

Ninguno de los préstamos que fueron concertados por la constructora valenciana fueron atendidos a su vencimiento, de modo que los pequeños inversores tampoco han recibido la remuneración comprometida, ni tampoco la devolución de sus aportaciones.

A juicio de los querellantes, «existen razonables indicios que esa imposibilidad de pago fue un hecho previamente conocido por los responsables de la plataforma, que era la que dio el visto bueno a las operaciones y las publicó en su página web con la finalidad de captar los fondos de los préstamos».

«Nos encontraríamos ante una actuación conjunta y concertada de ambas entidades para obtener un lucro ilícito a través de una planificada estrategia engañosa. La participación activa de la plataforma digital en la estrategia engañosa consistió en servirse de la especial credibilidad que le confería su condición de entidad autorizada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y utilizar como ardid el respaldo de las operaciones por organismos públicos y privados, de los que llegaría a utilizar sus logotipos y anagramas oficiales».

En total, se han denunciado diez operaciones de préstamo impagadas, que suman un importe total de 6,3 millones de euros, una cantidad que fue cubierta mediante 7.385 aportaciones individuales de fondos a través de la referida plataforma de microfinanciación.

Por el momento constan como investigados cinco empresarios -y la sociedad mercantil propietaria de la plataforma de microfinanciación-, que han prestado declaración en calidad de investigados ante Instrucción 11 de Madrid en las últimas semanas, aunque no se descartan nuevas imputaciones, han informado fuentes del caso.

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Valencia

Jéssica, expareja de Ábalos: «Me dijo que mirara casas y que eligiera la que me gustara»

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Caso Koldo-Ábalos
La expareja de José Luis Ábalos, Jéssica Rodríguez (c), a su llegada al Tribunal Supremo a declarar como testigo en el juicio de las mascarillas, a 7 de abril de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 7 Abr. 2026 (EUROPA PRESS)

Jéssica Rodríguez, expareja del exministro de Transportes José Luis Ábalos, ha asegurado ante el Tribunal Supremo que fue el propio dirigente quien le indicó que buscara vivienda y eligiera la que quisiera, en referencia al piso situado en la Plaza de España de Madrid donde residió durante su relación.

“Me dijo que mirara casas y que eligiera la que me gustara”, ha declarado este martes como testigo en el juicio por los presuntos amaños en contratos de mascarillas.


Declaración en el Tribunal Supremo por el caso mascarillas

Rodríguez ha comparecido en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo, en el marco del procedimiento que investiga posibles irregularidades en la adjudicación de contratos durante la pandemia.

Durante su testimonio, ha explicado que antes de trasladarse a ese inmueble compartía piso con compañeras de la universidad y mantenía una relación frecuente con Ábalos.

“Nos veíamos prácticamente todos los días y no teníamos un sitio donde vernos. Me dijo que con 30 años lo normal era tener mi propio espacio”, ha señalado.


“La idea era tener un lugar para estar juntos”

A preguntas de la Fiscalía Anticorrupción, Rodríguez ha reconocido que eligió la vivienda con la intención de compartir tiempo con el exministro, que entonces seguía residiendo en el domicilio oficial del Ministerio con su familia.

“La idea era tenerla para poder estar los dos”, ha afirmado.

En cuanto al pago del alquiler, ha admitido que pensaba que lo asumía Ábalos, pese a que los investigadores apuntan a que el coste habría sido cubierto por la presunta trama.

“Nunca he sido una persona que haga ese tipo de preguntas”, ha añadido.


Admite que cobró de Ineco sin trabajar

Uno de los puntos clave de su declaración ha sido su relación laboral con empresas públicas como Ineco, donde, según ha reconocido, percibió ingresos sin desempeñar funciones.

Rodríguez ha asegurado que desconocía que se tratara de una empresa pública:

“No sabía ni siquiera que fuera una empresa pública”.

Según su relato, acudió a una entrevista acompañada por Koldo García y consideraba que el puesto se ajustaba a su perfil: “Estaba sobrada de cualificación”.

Sin embargo, ha confirmado que no llegó a trabajar. Ha explicado que mantuvo una reunión con Joseba García, hermano de Koldo, quien le enseñó las instalaciones, tras lo cual regresó a casa sin realizar ninguna tarea.


Una relación iniciada en 2018 y marcada por la situación política

Rodríguez ha detallado que conoció a Ábalos en octubre de 2018 y que la relación se intensificó semanas después, con encuentros frecuentes, viajes y actividades juntos.

No obstante, ha señalado que el entonces ministro no tenía intención de divorciarse mientras permaneciera en el cargo, lo que marcó el final de la relación en noviembre de 2019.

“Cuando vimos que el Gobierno iba a continuar cuatro años, decidí no seguir en esa situación”, ha explicado.


“Nuestra historia solo la conocemos él y yo”

La testigo ha subrayado que la ruptura no fue conflictiva, sino consecuencia de la situación personal del exministro.

Según ha indicado, Ábalos le permitió continuar en el piso mientras finalizaba sus estudios, ya que su situación económica complicaba encontrar otra vivienda en Madrid.

“Se sentía en deuda conmigo porque cambié mi estilo de vida”, ha señalado, insistiendo en que la relación y sus circunstancias “solo las conocemos él y yo”.

Víctor Ábalos niega custodiar dinero de su padre y aclara el polémico “café” en el juicio de la trama de mascarillas

Víctor Ábalos, hijo del exministro de Transportes José Luis Ábalos, compareció este martes como testigo en el juicio del Tribunal Supremo por la presunta trama de mascarillas durante la pandemia de Covid-19. Durante su declaración, negó categóricamente haber sido “custodio” del dinero de su padre y aclaró el polémico uso de la palabra “café” que había detectado la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Negativa a custodiar fondos y préstamos familiares

Víctor Ábalos aseguró ante el tribunal que todo el dinero que ha entregado a su padre proviene de sus propios ingresos: “Yo no tengo dinero de nadie, yo no soy custodio de nadie. Todo lo que le he dado a mi padre es de mi cuenta bancaria, sin más”, declaró.

Reconoció haber prestado unos 20.000 euros a su padre tras su divorcio, pero negó que el dinero provenga de empresas de Colombia, país donde su padre “trabaja más”. “En el caso de que tuviera que prestarle algo, es mi dinero, no viene de ninguna empresa”, precisó.

Desmiente transacciones con Koldo García

Respecto a Koldo García, exasesor ministerial, Víctor Ábalos negó haberle dado dinero o haber tenido negocios con él: “Contraté los servicios de una empresa administrada por su pareja, pero solo duró dos meses”. También afirmó que nunca ha utilizado teléfonos encriptados ni habla en clave con nadie, incluido su padre.

Sobre el término “café”, detectado por la UCO como supuesto lenguaje cifrado, aclaró que simplemente hace referencia a la afición de Koldo al café y a sus viajes frecuentes a Colombia: “Ni hablo en clave, ni tengo costumbre ni sé hablar en clave”.

Situación económica familiar y apoyo mediático

Víctor Ábalos calificó la situación económica de su padre como “lamentable” y detalló que su familia ha sufrido una “campaña reputacional brutal”, que afectó sus ingresos. Admitió que sus intervenciones televisivas estaban motivadas por la necesidad de mantener a su familia y apoyar a su padre: “Estamos ahí para lo que necesite, con ingresos de peculio, de teléfono o de los gastos del día a día”.

Contexto del juicio

El juicio contra José Luis Ábalos, Koldo García y el empresario Víctor de Aldama se celebra entre el 7 y el 30 de abril en el Tribunal Supremo, en relación con presuntas comisiones ilegales en contratos de mascarillas durante la pandemia. La Fiscalía pide 24 años de prisión para Ábalos y 19,5 años para Koldo García, mientras que Aldama afronta 7 años de cárcel.

El caso mascarillas llega a juicio en el Supremo

El juicio, que se celebrará entre el 7 y el 30 de abril, juzga supuestas comisiones ilegales en la adjudicación de contratos de mascarillas durante la crisis de la COVID-19 en 2020.

Junto a Ábalos también están acusados su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama, considerado presunto intermediario en la trama.

Penas solicitadas: hasta 24 años de prisión

La Fiscalía solicita:

  • 24 años de cárcel para José Luis Ábalos
  • 19 años y medio para Koldo García
  • 7 años para Víctor de Aldama

Las acusaciones populares elevan incluso la petición de pena hasta los 30 años para algunos de los implicados.

Qué se investiga en el caso

Según la acusación, los implicados se habrían concertado para aprovechar la posición de Ábalos como ministro y dirigente político con el objetivo de favorecer a determinadas empresas en contratos públicos.

A cambio, habrían recibido presuntas comisiones ilegales vinculadas a la compra de material sanitario durante la pandemia.

Testigos clave y primeras declaraciones

La primera jornada del juicio contará con la declaración de once testigos, entre ellos familiares y personas del entorno del exministro.

También se analizarán supuestas contrataciones irregulares en empresas públicas y pagos relacionados con alquileres que, según la investigación, podrían formar parte de las comisiones investigadas.

Un juicio de gran impacto mediático

Más de 50 medios de comunicación están acreditados para cubrir este proceso judicial, considerado el primer gran juicio del denominado caso Koldo, que cuenta con otras piezas abiertas en la Audiencia Nacional.

Un proceso clave en la lucha contra la corrupción

El juicio marcará un punto de inflexión en la investigación sobre la gestión de contratos durante la pandemia, poniendo el foco en la transparencia y el uso de fondos públicos en situaciones de emergencia.

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