València, 18 nov (EFE).- El Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid investiga a cinco empresarios, cuatro de ellos valencianos, por una supuesta estafa a decenas de pequeños inversiones que aportaron fondos a una plataforma de microfinanciación colectiva (‘crowfunding’) dedicada a la inversión inmobiliaria.
Según han informado a EFE fuentes del caso, entre los investigados constan tanto los responsables de dicha plataforma de micromecenazo, entre ellos un valenciano, como los directivos de una constructora domiciliada en la provincia de Valencia, uno de los cuales fue detenido en 2016 en el marco de la causa conocida como «trama o cártel del fuego» que dirigía un juzgado de Sagunto.
El importe de la estafa supera los 6 millones de euros, según ha explicado a EFE el letrado Manuel Merino, de la Asociación Nacional de Afectados por Internet y las Nuevas Tecnologías, que ha interpuesto la querella por estafa en nombre de varios afectados.
La reclamación se ha presentado en los juzgados de Madrid porque la sociedad responsable de la gestión y explotación de la plataforma de microfinanciación tiene domicilio social en Madrid, aunque realizó operaciones de financiación supuestamente fraudulentas con la referida constructora valenciana.
Los 16 querellantes que por el momento se han sumado a la acción judicial contribuyeron con cerca de 150.000 euros a dicha plataforma mediante aportaciones que oscilan entre los 50 y los 50.000 euros.
Según consta en la querella, entre agosto de 2017 y noviembre de 2018 la constructora valenciana solicitó a la plataforma de microfinanciación créditos por 7,7 millones de euros mediante información que los querellantes consideran irreal, al igual que los procedimientos establecidos por la plataforma para analizar los riesgos de la operación.
«Los contratos de préstamo corresponden a un modelo tipo formulario redactado previamente en el que figuran cláusulas complejas de difícil comprensión para la mayoría de los prestamistas. La complejidad de estos contratos no resulta caprichosa, sino que formaría parte de la estrategia engañosa diseñada conjuntamente por la constructora y la plataforma de microfinanciación para manejar a su antojo el dinero de los préstamos y prorrogar ‘sine die’ el plazo de vencimiento de los mismos», señala Merino en su querella.
A los afectados, siempre según la querella, la plataforma de financiación les informaba de que «no podía devolver el dinero del préstamo porque se habría producido un ‘embudo’ en el Ayuntamiento de Valencia -en el caso concreto de una de las promociones- que habría impedido la concesión de la licencia de obras, cuando la realidad es que la constructora ocultaba que el Ayuntamiento había denegado la licencia de obras».
Ninguno de los préstamos que fueron concertados por la constructora valenciana fueron atendidos a su vencimiento, de modo que los pequeños inversores tampoco han recibido la remuneración comprometida, ni tampoco la devolución de sus aportaciones.
A juicio de los querellantes, «existen razonables indicios que esa imposibilidad de pago fue un hecho previamente conocido por los responsables de la plataforma, que era la que dio el visto bueno a las operaciones y las publicó en su página web con la finalidad de captar los fondos de los préstamos».
«Nos encontraríamos ante una actuación conjunta y concertada de ambas entidades para obtener un lucro ilícito a través de una planificada estrategia engañosa. La participación activa de la plataforma digital en la estrategia engañosa consistió en servirse de la especial credibilidad que le confería su condición de entidad autorizada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y utilizar como ardid el respaldo de las operaciones por organismos públicos y privados, de los que llegaría a utilizar sus logotipos y anagramas oficiales».
En total, se han denunciado diez operaciones de préstamo impagadas, que suman un importe total de 6,3 millones de euros, una cantidad que fue cubierta mediante 7.385 aportaciones individuales de fondos a través de la referida plataforma de microfinanciación.
Por el momento constan como investigados cinco empresarios -y la sociedad mercantil propietaria de la plataforma de microfinanciación-, que han prestado declaración en calidad de investigados ante Instrucción 11 de Madrid en las últimas semanas, aunque no se descartan nuevas imputaciones, han informado fuentes del caso.
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