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Valencia

Cuatro empresarios valencianos imputados por estafas en micromecenazgo inmobiliario

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València, 18 nov (EFE).- El Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid investiga a cinco empresarios, cuatro de ellos valencianos, por una supuesta estafa a decenas de pequeños inversiones que aportaron fondos a una plataforma de microfinanciación colectiva (‘crowfunding’) dedicada a la inversión inmobiliaria.

Según han informado a EFE fuentes del caso, entre los investigados constan tanto los responsables de dicha plataforma de micromecenazo, entre ellos un valenciano, como los directivos de una constructora domiciliada en la provincia de Valencia, uno de los cuales fue detenido en 2016 en el marco de la causa conocida como «trama o cártel del fuego» que dirigía un juzgado de Sagunto.

El importe de la estafa supera los 6 millones de euros, según ha explicado a EFE el letrado Manuel Merino, de la Asociación Nacional de Afectados por Internet y las Nuevas Tecnologías, que ha interpuesto la querella por estafa en nombre de varios afectados.

La reclamación se ha presentado en los juzgados de Madrid porque la sociedad responsable de la gestión y explotación de la plataforma de microfinanciación tiene domicilio social en Madrid, aunque realizó operaciones de financiación supuestamente fraudulentas con la referida constructora valenciana.

Los 16 querellantes que por el momento se han sumado a la acción judicial contribuyeron con cerca de 150.000 euros a dicha plataforma mediante aportaciones que oscilan entre los 50 y los 50.000 euros.

Según consta en la querella, entre agosto de 2017 y noviembre de 2018 la constructora valenciana solicitó a la plataforma de microfinanciación créditos por 7,7 millones de euros mediante información que los querellantes consideran irreal, al igual que los procedimientos establecidos por la plataforma para analizar los riesgos de la operación.

«Los contratos de préstamo corresponden a un modelo tipo formulario redactado previamente en el que figuran cláusulas complejas de difícil comprensión para la mayoría de los prestamistas. La complejidad de estos contratos no resulta caprichosa, sino que formaría parte de la estrategia engañosa diseñada conjuntamente por la constructora y la plataforma de microfinanciación para manejar a su antojo el dinero de los préstamos y prorrogar ‘sine die’ el plazo de vencimiento de los mismos», señala Merino en su querella.

A los afectados, siempre según la querella, la plataforma de financiación les informaba de que «no podía devolver el dinero del préstamo porque se habría producido un ‘embudo’ en el Ayuntamiento de Valencia -en el caso concreto de una de las promociones- que habría impedido la concesión de la licencia de obras, cuando la realidad es que la constructora ocultaba que el Ayuntamiento había denegado la licencia de obras».

Ninguno de los préstamos que fueron concertados por la constructora valenciana fueron atendidos a su vencimiento, de modo que los pequeños inversores tampoco han recibido la remuneración comprometida, ni tampoco la devolución de sus aportaciones.

A juicio de los querellantes, «existen razonables indicios que esa imposibilidad de pago fue un hecho previamente conocido por los responsables de la plataforma, que era la que dio el visto bueno a las operaciones y las publicó en su página web con la finalidad de captar los fondos de los préstamos».

«Nos encontraríamos ante una actuación conjunta y concertada de ambas entidades para obtener un lucro ilícito a través de una planificada estrategia engañosa. La participación activa de la plataforma digital en la estrategia engañosa consistió en servirse de la especial credibilidad que le confería su condición de entidad autorizada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y utilizar como ardid el respaldo de las operaciones por organismos públicos y privados, de los que llegaría a utilizar sus logotipos y anagramas oficiales».

En total, se han denunciado diez operaciones de préstamo impagadas, que suman un importe total de 6,3 millones de euros, una cantidad que fue cubierta mediante 7.385 aportaciones individuales de fondos a través de la referida plataforma de microfinanciación.

Por el momento constan como investigados cinco empresarios -y la sociedad mercantil propietaria de la plataforma de microfinanciación-, que han prestado declaración en calidad de investigados ante Instrucción 11 de Madrid en las últimas semanas, aunque no se descartan nuevas imputaciones, han informado fuentes del caso.

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Valencia

Esto es lo que dice la Guardia Civil sobre el uso de bengalas en restaurantes

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Esto es lo que dice la Guardia Civil sobre el uso de bengalas en restaurantes-FREEPIK

La Guardia Civil ha defendido la normativa nacional sobre pirotecnia que regula el uso de bengalas con un fin recreativo en restaurantes y otros espacios de ocio tras los incidentes generados en España. El instituto armado recuerda que España es un referente en regulación frente a otros países europeos, donde el uso de pirotecnia ha estado vinculado a altercados y tragedias recientes.

Contexto europeo y comparación con España

La Guardia Civil sostiene que en España la pirotecnia no supone un problema generalizado como ocurre en otros países europeos, donde se ha utilizado por mafias o en altercados. Como ejemplos, recuerda los disturbios de Berlín durante la pasada Navidad o la tragedia en un bar de Suiza en una fiesta de Año Nuevo que dejó 40 personas fallecidas.

«No tiene por qué haber peligro si se siguen las instrucciones de uso»

«No tiene por qué haber peligro si se siguen las instrucciones de uso y son productos certificados para uso en interior», ha señalado en declaraciones a Europa Press el capitán Ismael Huerta, de la Intervención Central de Armas y Explosivos (ICAE) de la Guardia Civil, al valorar el uso cada vez más generalizado de bengalas con fines recreativos y festivos en interiores de locales de ocio.

El capitán Huerta se remite a la regulación estatal sobre los artículos pirotécnicos y la cartuchería, dimanante del Real Decreto 989/2015, junto a la ley orgánica de seguridad ciudadana y una directiva europea. También destaca la implicación de los más de cien talleres que existen en España, en su mayoría pequeñas y medianas empresas, que son las primeras interesadas en evitar riesgos.

La importancia de leer las instrucciones y cumplir la normativa

«Es importante, además, que el usuario final atienda a si esa bengala se puede usar en interiores, y eso se comprueba leyendo las instrucciones de uso», ha añadido el responsable de la ICAE. Ha recordado que este tipo de artículos se vigilan desde su entrada en España y que su venta se regula en función de su peligrosidad.

La normativa impide, por ejemplo, la manipulación de bengalas por niños menores de doce años con carácter general.

Preocupación por la pirotecnia en otros países europeos

El capitán Huerta diferencia la situación europea del control existente en España y sitúa a nuestro país a la vanguardia en regulación por dos razones principales: la larga tradición de fiestas con pirotecnia, como las Fallas de Valencia, y la experiencia acumulada por la Guardia Civil en la lucha contra el terrorismo.

«A nivel europeo es verdad que la pirotecnia se está convirtiendo en una preocupación para muchos países de nuestro entorno por todas las afecciones que tiene para la seguridad, por los desvíos de las materias, la utilización por parte de mafias, incluso en atentados o para atacar a las fuerzas y cuerpos de seguridad», ha expuesto.

En este sentido, recuerda lo ocurrido en Berlín, donde las autoridades informaron de la detención de 420 personas por disturbios en Nochevieja, con 30 agentes heridos, así como incidentes en Países Bajos e Italia por el uso privado de fuegos artificiales.

«Aquí en España no hay esa problemática; no quiere decir que no haya problemas, pero es verdad que no hay una problemática muy aguda en ninguna de las partes, ni hay robos ni desvíos; no quiere decir que no haya ningún caso, pero no es un problema como para tomar más medidas», ha sostenido.

Mesa de trabajo con el sector y control exhaustivo

El capitán Huerta se remite a la participación de la Guardia Civil en una mesa de trabajo con las empresas del sector en España y en grupos con otros países de la Unión Europea. En este ámbito, España inspira al resto de países para adoptar medidas que aquí se aplican desde hace años.

«Las medidas de seguridad en España, tanto de los explosivos como de la pirotecnia, son muy exhaustivas y se ejerce mucho mayor control que en el resto de países europeos; de hecho, hay muchos países europeos que han adoptado medidas que nosotros ya tenemos en nuestro reglamento», ha indicado.

Vigilancia en otros usos de bengalas y la Operación Signal

El trabajo preventivo de la ICAE de la Guardia Civil se extiende también a otros usos de bengalas, como el ámbito marítimo. La Operación Signal se saldó con 400 inspecciones sobre material potencialmente peligroso y con fecha de caducidad, por lo que su uso en el mar está especialmente vigilado.

«El interés de la Guardia Civil no es poner una infracción, sino que las cosas se hagan bien y que, si en algún caso se detecta algún ilícito penal o administrativo, el guardia civil tenga más herramientas gracias a que se han unificado criterios a nivel nacional», ha recordado el capitán Huerta.

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