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Solo el 13,5% de los jóvenes valencianos están emancipados

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La Comunitat Valenciana es la segunda autonomía de España con menos jóvenes (de 16 a 30 años) emancipados, un 13,4 %, solo por debajo de Cantabria, con una cifra menor a la media nacional, que asciende al 15,9 %.

Solo el 13,5% de los jóvenes valencianos están emancipados

Son datos que recoge el informe del Observatorio de Emancipación Juvenil de la Comunitat Valenciana relativo al primer semestre de 2022, que han presentado este jueves la vicepresidenta del Consell Valencià de la Joventut, Esther Martínez, y la presidenta del Consejo de la Juventud de España, Andrea G. Henry.

Aunque la tasa de emancipación juvenil en la Comunitat Valenciana ha mejorado respecto al último semestre de 2021, cuando esta cifra se situaba en el 11,8 %, se mantiene por debajo de la práctica totalidad de comunidades autónomas, algo que Esther Martínez explica en dos variables: el empleo y el acceso a la vivienda.

¿Cómo viven los jóvenes emancipados?

El 51,7 % de los jóvenes emancipados vive de alquiler y, de estos, el 35,5 % lo hace compartiendo piso, fruto de la subida de los precios del alquiler.

Por otra parte, el 16,7 % de los que viven fuera de la casa familiar lo hace en viviendas propias pero sin hipotecas pendientes de pago, es decir, en pisos heredados o donados por la familia, y otro 14,8 % de los emancipados vive en casas cedidas por familiares.

UN 72,3 % DEL SUELDO PARA ALQUILAR EN SOLITARIO

Para acceder a un alquiler de una vivienda completa, una persona menor de 29 años debe destinar, según las cifras del Consell de la Joventut, un 72,3 % de su salario a pagar el alquiler, mientras que si lo hace compartiendo piso, esa cifra ronda el 37,6 %, en ambos casos por encima de la recomendación del Banco de España de no destinar a este fin más de un 30 % del sueldo.

En el caso de que tuviera una hipoteca, un joven tendría que destinar al pago de la cuota mensual de esta un 46 % de su salario, un porcentaje más bajo que en las viviendas de alquiler, pero al que se suma una «barrera» de acceso añadida: el depósito inicial a pagar ronda los 37.500 euros de media.

A este hecho se suma que la inflación ha provocado una subida de los precios del alquiler de un 11,84 % y de las viviendas para la compraventa de un 5,69 % en la Comunitat.

En concreto, el informe cifra la pérdida de poder adquisitivo de la juventud valenciana en un 5,04 % en un año, fruto de la subida de precios y de un aumento de salarios que se ha producido en menor proporción.

Salario medio de las personas jóvenes en la Comunitat

En cuanto a los ingresos de los que disponen para destinar a vivienda y a otros fines, el estudio muestra que el salario medio de las personas jóvenes en la Comunitat Valenciana es de 805,88 euros al mes. Por eso mismo, muchos jóvenes no están emancipados.

Es una cifra que está por debajo de la media de España y del salario mínimo interprofesional, lo que se debe, sobre todo, a que muchos jóvenes, el 28,1 %, trabajan a tiempo parcial y, de entre estos, un 50,8 % lo hace de forma involuntaria y preferiría una jornada completa.

Por lo que respecta a la subocupación, es decir, la cifra de personas que trabajan menos horas de las que querrían o podrían, asciende al 16,7 %, mientras que el 44,5 % de la población joven valenciana está sobrecualificada para su puesto de trabajo.
Además, la antigüedad media de los jóvenes en sus puestos de trabajo es de 22 meses, una cifra «muy baja», según Martínez, que prevé que la Reforma Laboral ataje este problema, si bien «lleva muy poco tiempo» como para observar sus efectos.

EL PRECIO DE LA VIVIENDA Y LAS PRÁCTICAS GRATIS

La presidenta del Consejo de la Juventud de España, Andrea G. Henry, ha considerado «insostenible» la situación de la juventud en un momento en que la edad media de emancipación nacional es de 29,7 años para mudarse en solitario.
«Nos hemos cansado de escuchar que somos ‘ninis’, pero la realidad es que solo el 1,6 % de los jóvenes españoles no estudia ni trabaja, mientras que el 34 % somos ‘sisis’, es decir, que estudiamos y trabajamos a la vez», ha apuntado.

Por ello, ha considerado que «lo que no puede ser es que solo se habla de juventud en precampaña», cuando este colectivo ha sido «el más afectado por la crisis de 2008, la del covid y la inflación» y cuando «ser joven en España es sinónimo de precariedad e inestabilidad».

¿El bono alquiler joven?

En este sentido, la vicepresidenta del Consell Valencià de la Joventut, Esther Martínez, ha reclamado medidas «estructurales» que vayan más allá de algunas ya adoptadas como el bono de alquiler joven.

Entre sus reivindicaciones, ha apostado por regular el precio de la vivienda, aumentar el parque público, subir el salario mínimo interprofesional o prohibir las prácticas no remuneradas.

A su juicio, no hacerlo tendría consecuencias económicas, sociales, y también emocionales porque, ha concluido, la incertidumbre económica está «entre los principales factores de los problemas de salud mental en la juventud».

 

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La abogada de Maricarmen: «Si se hubiese suspendido el desahucio, hoy no estaríamos en esta situación»

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La abogada de Maricarmen, Beatriz Duro, ha lamentado el fallecimiento de la mujer de 87 años y ha asegurado que su estado de salud sufrió un deterioro evidente durante el último año, coincidiendo con el proceso judicial que terminó con su desahucio.

Duro ha defendido que, si se hubiese aceptado la petición para suspender el lanzamiento de la vivienda, la situación actual podría haberse evitado. «Hoy no estaríamos en esta situación», ha señalado la letrada, según recoge Europa Press.

La abogada ha insistido en que el deterioro de Maricarmen fue evidente durante los últimos meses y ha cuestionado que no se atendiera la petición de suspender el desahucio.

La salud de Maricarmen se deterioró durante el proceso

Beatriz Duro ha explicado que el estado de salud de Maricarmen había empeorado durante el último año, en paralelo al procedimiento que terminó con su salida de la vivienda en la que había residido durante décadas.

La mujer, de 87 años, se convirtió en uno de los rostros más conocidos de la lucha por el derecho a la vivienda después de que su caso provocara una importante movilización social.

Su desahucio generó protestas y volvió a situar en el centro del debate la situación de las personas mayores y vulnerables que afrontan procedimientos de lanzamiento de sus viviendas.

La petición para suspender el desahucio

La defensa de Maricarmen había solicitado que se suspendiera el lanzamiento atendiendo a su situación personal y de salud.

Sin embargo, el desahucio terminó ejecutándose y la mujer tuvo que abandonar la vivienda. Tras el lanzamiento, su estado de salud empeoró y permaneció ingresada en un centro hospitalario.

La abogada considera que la evolución del estado de Maricarmen durante el proceso demuestra la importancia de haber valorado su situación antes de ejecutar el lanzamiento.

Maricarmen fallece a los 87 años

Maricarmen falleció a los 87 años, después de que su caso se convirtiera en un símbolo de la lucha por el derecho a la vivienda y contra los desahucios.

Su historia generó movilizaciones y pronunciamientos de organizaciones sociales y volvió a poner el foco sobre la protección de las personas mayores ante situaciones de pérdida de vivienda.

La abogada ha querido destacar especialmente el deterioro que, según su valoración, experimentó Maricarmen durante el último año y la petición que se realizó para intentar evitar o aplazar el desahucio.

Una muerte que reabre el debate sobre los desahucios

El fallecimiento de Maricarmen ha reavivado el debate sobre la protección de las personas vulnerables ante los desahucios y sobre los mecanismos disponibles para solicitar la suspensión de un lanzamiento.

La afirmación de su abogada se produce después de meses de conflicto judicial y movilización social en torno al caso. Duro sostiene que la suspensión solicitada habría cambiado el desenlace, aunque no existe una conclusión médica que permita afirmar que el desahucio causó el fallecimiento de Maricarmen.

Su caso vuelve así a situar la vivienda, la vulnerabilidad de las personas mayores y la respuesta de las administraciones ante los desahucios en el centro del debate público.

Vivió 70 años en la misma casa

Maricarmen había residido durante unas siete décadas en una vivienda de la calle Alcalde Sáinz de Baranda, en el distrito de Retiro.

El conflicto por el piso se prolongó durante años. Según la información publicada sobre el caso, la mujer tenía un contrato de renta antigua y abonaba alrededor de 500 euros mensuales entre alquiler y suministros, con una pensión de aproximadamente 1.400 euros.

La propiedad del inmueble pasó a una sociedad inmobiliaria y, tras varios intentos de desalojo, la comisión judicial ejecutó finalmente el lanzamiento el 23 de septiembre.

La salida de Maricarmen se produjo mientras cientos de personas se concentraban frente al edificio para intentar impedir el desahucio. Los sanitarios la trasladaron en camilla hasta una ambulancia del Samur.

Su desahucio provocó movilizaciones en toda España

El caso de Maricarmen generó una importante movilización de organizaciones de defensa del derecho a la vivienda.

Las protestas se extendieron a distintas ciudades españolas y en Madrid se produjo una concentración multitudinaria en apoyo de la mujer. El lema “Maricarmen somos todos” se convirtió en uno de los mensajes de las movilizaciones.

También hubo movilizaciones en València tras el desahucio, convocadas por organizaciones de inquilinos para denunciar la situación y reclamar una mayor protección para las personas vulnerables.

Consiguió volver a su casa

Tras el impacto social generado por su desahucio, la empresa propietaria accedió finalmente a que Maricarmen pudiera regresar a la vivienda mediante un nuevo contrato de alquiler.

De esta manera, la mujer pudo volver al domicilio en el que había vivido durante décadas, aunque su estado de salud se había deteriorado y necesitaba ayuda para algunas actividades cotidianas.

Su historia también quedó vinculada al debate sobre las medidas de protección de los inquilinos vulnerables y al denominado “decreto Maricarmen”, nombre utilizado para referirse al paquete de medidas de vivienda impulsado posteriormente en respuesta al debate generado por casos como el suyo.

“He luchado para que los demás aprendan a luchar por su casa”

Desde el hospital, pocos días después del desahucio, Maricarmen envió un mensaje en el que agradecía el apoyo recibido y animaba a continuar defendiendo el derecho a la vivienda.

La mujer explicó que su casa había sido su vida y que, aunque no había conseguido evitar el desahucio, quería que su lucha sirviera para otras personas que pudieran encontrarse en una situación similar.

Su fallecimiento llega pocas semanas después de aquel desalojo y después de que su caso se convirtiera en uno de los episodios más destacados del debate sobre la vivienda en España durante 2026.

Una historia que ha marcado el debate sobre los desahucios

La muerte de Maricarmen vuelve a poner el foco sobre la situación de las personas mayores y vulnerables que afrontan procedimientos de desahucio y sobre las medidas existentes para garantizar una alternativa habitacional.

Su caso coincidió además con la aprobación de nuevos decretos de vivienda por parte del Gobierno, que incluyen medidas destinadas a reforzar la protección de determinados inquilinos vulnerables y a ampliar la oferta de vivienda asequible.

Maricarmen se marcha a los 87 años después de haber convertido una batalla personal por permanecer en su casa en un símbolo nacional de la lucha por el acceso a una vivienda digna.

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