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El juez decreta libertad provisional para Juana Rivas y le permite no entregar a los niños a su ex marido

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El juez ha decretado libertad provisional para Juana Rivas, la madre granadina de Maracena que estaba ilocalizable desde el pasado 26 de julio cuando desapareció para no tener que entregar a sus dos hijos al padre, Francesco Arcuri, condenado en 2011 por malos tratos, y además, no le obliga a entregar a sus hijos, con lo que no ha hecho caso a lo que había solicitado el Ministerio Fiscal, que había pedido prisión incondicional comunicada y in fianza para ella por no hacer entrega de los niños a sus exmarido, como habían avalado diferentes resoluciones judiciales.

Cambio de estrategia
Juana había decidido este martes acudir a los Juzgados de La Caleta de Granada, pero lo ha hecho sin sus hijos, a los que tendría que haber entregado a su padre, según resolución judicial. La mujer, que anunciaba su llegada a los juzgados a través de su asesora jurídica y directora del Centro Municipal de Maracena (Granada), Francisca Granados, ha sido detenida antes de entrar en los juzgados, adonde ha sido trasladada en condición de ‘detenida’.

Juana se encuentra ahora a la espera de conocer su condición jurídica por parte del juez, después de prestar declaración en la mañana de este martes. Mientras y de forma provisional, el juez ha retirado el pasaporte a los niños así como la prohibición de salida de los menores del territorio Schengen, sin autorización del padre o sin autorización judicial, una acción que también había solicitado la Fiscalía

Como decimos, su asesora ha sido la encargada de hablar a los medios y ha asegurado que su objetivo es «proteger a sus hijos. «Juana no es una prófuga». La mujer, tras casi un mes sin conocer su paradero, se ha presentado en el juzgado sin sus hijos, a los que —insiste— «lo único que quiere es protegerlos» impidiendo que vayan con su exmarido.

«Ella quiere seguir luchando dentro de la legalidad y está convencida que el sistema jurídico español tiene que tener una respuesta para proteger a sus dos hijos», anunciaba la asesora de Rivas. Granados ha pedido que «lo que quiere Juana es que le den tiempo» para poder defenderse y hablar ante la justicia española, que se había desentendido del caso de violencia machista indicando que estaba en el ámbito de la jurisdicción italiana.

La situación podría cambiar ahora, con un cambio en la estrategia jurídica de los defensores de la madre, ya que han anunciado que han presentado una denuncia ante el Juzgado de Violencia de Género por estos hechos acontecidos en 2016. «Todas las partes están en España», aseguraba Granados quien añadía que el argumento de que no hay jurisdicción para atender su caso en España. «Seguimos confiando en el sistema judicial español»

«Ella ha entendido que tenía que salir, no porque entendiera que estaba evadida de la justicia, sino porque entiende que es algo perjudicial para sus hijos», señalaba la asesora jurídica de Juana Rivas, quien advertía, una vez más, que «entregar a sus jijos era que iba a desprotegerlos

Que dejen hablar a su hijo
«Juana quiere que se proteja a sus hijos y que sean escuchados», anunciaba Francisca Granados, quien pedía que el hijo mayor del matrimonio «quiere hablar, quiere ser escuchado». A la pregunta de si conocía el paradero de los niños, Granados dijo no saber dónde están.

Juana Rivas, que ha visto como las distintas instancias judiciales le han denegado todas sus peticiones, tiene además una orden de detención y presentación en sede judicial desde el 8 de agosto por parte del Juzgado de Instrucción número de 2 de Granada y podría ser detenida en cualquier momento. De momento, su comparecencia ante el Juzgado podría revertir esa resolución.

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Le cobran 12 euros por un colgador de bolso en un restaurante de Ibiza 

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colgador bolso restaurante Ibiza 
Restaurante japonés Wakame

La polémica se ha desatado en Ibiza tras conocerse el caso de una clienta que recibió en su cuenta un cargo de 12 euros por un simple gancho para colgar el bolso en la mesa. La asociación FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado al restaurante japonés Wakame, ubicado en la isla, por considerar que se trata de una práctica abusiva contraria a la legislación de consumo.

El caso: de una oferta amable a un cobro inesperado

Según relató la afectada en la red social X (antes Twitter), la camarera del establecimiento le ofreció “amablemente” colocar su bolso en un gancho instalado en la mesa. En un primer momento, la clienta rechazó la propuesta, pero la insistencia del personal la llevó a aceptar. La sorpresa llegó al recibir la cuenta, donde figuraba un cargo adicional bajo el concepto «gancho bolsa».

El restaurante ha intentado justificar el cobro alegando que en ocasiones anteriores algunos clientes se llevaban el accesorio pensando que era gratuito. Por ello, aseguran que aplican el importe como “depósito” para evitar olvidos a la hora de retirarlo, afirmando que se descuenta al pagar salvo que el cliente quiera quedárselo.

Sin embargo, FACUA señala que en ningún momento se informó a la consumidora del coste antes de ofrecerle el servicio, algo que la ley obliga a hacer de forma clara y previa. Además, recuerdan que este tipo de colgadores se pueden adquirir en el mercado por poco más de un euro, lo que hace que el cobro resulte “desproporcionado y abusivo”.

Qué dice la ley sobre este tipo de cobros

FACUA fundamenta su denuncia en el Real Decreto Legislativo 1/2007, que aprueba la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Esta norma prohíbe prácticas comerciales desleales, cobros por servicios no solicitados expresamente y cláusulas abusivas que generen un desequilibrio entre las partes.

Asimismo, el artículo 20 establece que cualquier servicio debe mostrar su precio final completo, incluyendo impuestos y gastos adicionales, antes de que el consumidor lo acepte.

La Ley 7/2014 de las Islas Baleares también sanciona la utilización de métodos de venta que induzcan a pagar servicios accesorios no solicitados o que confundan al consumidor sobre su coste real.

FACUA pide sanciones

Ante estos hechos, FACUA ha solicitado a la Dirección General de Prestaciones, Farmacia y Consumo del Gobierno balear que abra una investigación y, en caso de confirmarse la irregularidad, imponga un expediente sancionador al restaurante.

La asociación recuerda que cualquier establecimiento que quiera cobrar por un servicio opcional debe informar de forma previa y clara al cliente y permitirle decidir libremente si lo adquiere o no. De lo contrario, la ley considera que se trata de un obsequio o atención comercial y no puede cobrarse después.

Un debate que incendia las redes

El caso ha provocado un intenso debate en redes sociales, donde muchos usuarios han criticado el cobro y lo consideran un ejemplo de cómo algunos negocios aplican tarifas abusivas en zonas turísticas como Ibiza. Otros apuntan que, aunque el restaurante intente justificarlo como un “depósito”, el hecho de no informar previamente vulnera los derechos básicos de los consumidores.

FACUA concluye que este tipo de prácticas dañan la imagen del sector hostelero y suponen un riesgo para el turismo de calidad en las Islas Baleares.

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