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La Comunitat y Andalucía acercan posturas sobre la financiación autonómica

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València, 16 jul (EFE).- El conseller de Hacienda, Vicent Soler, y su homólogo andaluz, Juan Bravo, se han reunido este viernes para buscar propuestas comunes sobre el nuevo sistema de financiación autonómica que llevar a la cumbre sobre la reforma del actual modelo que los presidentes andaluz y valenciano celebrarán en septiembre.

«Juntos llegaremos más lejos, aunque solos vayamos más rápido», ha manifestado Bravo, mientras que Soler ha declarado que están «haciendo camino, y eso es lo más importante».

Se trata de «convencer a todas las comunidades de que están infrafinanciadas. Algunas estamos peor, pero afecta a todas», ha precisado Soler, para quien el pacto sería fácil si todos estuvieran de acuerdo en que un valenciano, un andaluz o un gallego «deben tener un acceso igual a la Sanidad u otros servicios».

«La situación actual es completamente distinta del sistema de 2002 -ha subrayado Soler-. Hay que redistribuir la financiación porque la carga de servicios que damos ahora es mucho mayor».

Ambos han hecho declaraciones a los medios de comunicación antes de su reunión de trabajo y, a preguntas de los periodistas, han coincidido en señalar la necesidad de un nuevo modelo de financiación que no penalice en primer lugar a la Comunitat Valenciana, en segundo a Murcia, y en tercero a Andalucía, que son las tres peor financiadas.

También han coincidido en la conveniencia de que, como solución transitoria mientras no sea posible el consenso deseable en torno a un nuevo sistema, se aprueben compensaciones para estos territorios.

Según Juan Bravo, «se trata de ser capaces de tener un posicionamiento común para intentar reclamar ante el Ministerio unas necesidades de financiación que deben permitir, en estos momentos tan difíciles con la pandemia, no solamente cubrir los servicios fundamentales sino también iniciar la recuperación económica».

Para lograr ese objetivo, «es necesario dinero. Eso es lo que vamos a plantear y lo que los presidentes entiendo que llevarán a Madrid», ha explicado.

En palabras del consejero andaluz, «los números tienen esa ventaja: dan resultados que indican que Valencia es la comunidad que está peor financiada, la segunda es Murcia y después estamos nosotros. Esto nos permitirá una posibilidad de entendimiento».

Soler por su lado ha dicho que hay «bastante consenso entre los dos», ya que parten de «una situación injusta, donde este principio de singularidad de los territorios e igualdad de las personas, no se da».

«Estamos hablando de Sanidad, Educación, seguridad… pero también estamos hablando de la oportunidad de salir igualmente bien parados de la crisis. Si tenemos recursos diferentes, en situaciones parecidas, no vamos a tener las mismas oportunidades y eso constitucionalmente no es correcto», ha afirmado Soler.

Bravo ha alabado propuestas como la realizada recientemente por el president de la Generalitat, Ximo Puig: «ante las dificultades que existen para aprobar un nuevo sistema de financiación, la solución puede ser un sistema transitorio, como el Fondo Transitorio de Nivelación. O podemos por ejemplo usar el reparto de fondos COVID como forma de compensación hacia las comunidades que están un poco peor, e ir de ese modo acercando posturas, en la línea de lo que propuso el presidente de la Comunidad Valenciana. Sería un gesto que agradeceríamos las comunidades peor financiadas».

Soler ha agregado: «todo juega a favor de que la solución sea perentoria. Es evidente que la situación de partida es mala, es que no podemos aspirar a un gasto igual que la media, eso en nuestro caso significa más déficit que la media, y la pregunta es por qué».

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La Fiscalía Europea investiga un presunto fraude con fondos de la UE para las pulseras antimaltrato en España

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La investigación afecta a las ayudas europeas destinadas a los dispositivos telemáticos de control de agresores y contempla actuaciones en las sedes del Ministerio de Igualdad y del Tribunal de Cuentas.

La Fiscalía Europea (EPPO) investiga un presunto fraude relacionado con los fondos de la Unión Europea destinados a la adquisición de las pulseras telemáticas utilizadas para controlar el cumplimiento de las órdenes de alejamiento y otras medidas judiciales en casos de violencia de género en España.

El organismo europeo ha anunciado este jueves que está llevando a cabo actuaciones de investigación en las sedes del Ministerio de Igualdad y del Tribunal de Cuentas, en el marco de las diligencias abiertas para esclarecer posibles irregularidades en el uso de los fondos comunitarios destinados a estos dispositivos.

La investigación pone el foco en el sistema de control telemático empleado para supervisar el cumplimiento de medidas cautelares y condenas por delitos de violencia de género. Se trata de los dispositivos conocidos como pulseras antimaltrato, utilizados para detectar posibles incumplimientos de las órdenes judiciales de alejamiento.

La investigación afecta a los fondos europeos para las pulseras telemáticas

La Fiscalía Europea tiene entre sus competencias investigar posibles delitos que perjudiquen los intereses financieros de la Unión Europea, entre ellos el fraude relacionado con fondos comunitarios.

En este caso, las actuaciones se centran en los recursos europeos destinados a la adquisición de los dispositivos de seguimiento telemático utilizados en España para controlar a los agresores y reforzar la protección de las víctimas.

La investigación deberá esclarecer si se produjeron irregularidades en la gestión o utilización de estas partidas económicas. Por el momento, la existencia de una investigación por presunto fraude no implica que se hayan acreditado responsabilidades penales.

Las pulseras antimaltrato, bajo el foco por sus problemas de funcionamiento

El sistema de pulseras telemáticas ha estado en el centro de la polémica por los problemas técnicos registrados en los últimos años y las dudas sobre su funcionamiento.

El Tribunal de Cuentas ya había señalado en septiembre de 2026 graves deficiencias en la contratación y supervisión del servicio. Entre los problemas detectados figuraban interrupciones, errores de geolocalización, fallos en la autonomía de las baterías y retrasos en las reparaciones.

Estas incidencias habían generado preocupación por la eficacia del sistema, cuya finalidad es controlar las medidas de alejamiento y contribuir a la protección de las mujeres víctimas de violencia de género.

La nueva investigación de la Fiscalía Europea abre ahora otro frente sobre la gestión de los recursos económicos procedentes de la Unión Europea destinados a estos dispositivos.

 

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