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La Comunitat y Andalucía acercan posturas sobre la financiación autonómica

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València, 16 jul (EFE).- El conseller de Hacienda, Vicent Soler, y su homólogo andaluz, Juan Bravo, se han reunido este viernes para buscar propuestas comunes sobre el nuevo sistema de financiación autonómica que llevar a la cumbre sobre la reforma del actual modelo que los presidentes andaluz y valenciano celebrarán en septiembre.

«Juntos llegaremos más lejos, aunque solos vayamos más rápido», ha manifestado Bravo, mientras que Soler ha declarado que están «haciendo camino, y eso es lo más importante».

Se trata de «convencer a todas las comunidades de que están infrafinanciadas. Algunas estamos peor, pero afecta a todas», ha precisado Soler, para quien el pacto sería fácil si todos estuvieran de acuerdo en que un valenciano, un andaluz o un gallego «deben tener un acceso igual a la Sanidad u otros servicios».

«La situación actual es completamente distinta del sistema de 2002 -ha subrayado Soler-. Hay que redistribuir la financiación porque la carga de servicios que damos ahora es mucho mayor».

Ambos han hecho declaraciones a los medios de comunicación antes de su reunión de trabajo y, a preguntas de los periodistas, han coincidido en señalar la necesidad de un nuevo modelo de financiación que no penalice en primer lugar a la Comunitat Valenciana, en segundo a Murcia, y en tercero a Andalucía, que son las tres peor financiadas.

También han coincidido en la conveniencia de que, como solución transitoria mientras no sea posible el consenso deseable en torno a un nuevo sistema, se aprueben compensaciones para estos territorios.

Según Juan Bravo, «se trata de ser capaces de tener un posicionamiento común para intentar reclamar ante el Ministerio unas necesidades de financiación que deben permitir, en estos momentos tan difíciles con la pandemia, no solamente cubrir los servicios fundamentales sino también iniciar la recuperación económica».

Para lograr ese objetivo, «es necesario dinero. Eso es lo que vamos a plantear y lo que los presidentes entiendo que llevarán a Madrid», ha explicado.

En palabras del consejero andaluz, «los números tienen esa ventaja: dan resultados que indican que Valencia es la comunidad que está peor financiada, la segunda es Murcia y después estamos nosotros. Esto nos permitirá una posibilidad de entendimiento».

Soler por su lado ha dicho que hay «bastante consenso entre los dos», ya que parten de «una situación injusta, donde este principio de singularidad de los territorios e igualdad de las personas, no se da».

«Estamos hablando de Sanidad, Educación, seguridad… pero también estamos hablando de la oportunidad de salir igualmente bien parados de la crisis. Si tenemos recursos diferentes, en situaciones parecidas, no vamos a tener las mismas oportunidades y eso constitucionalmente no es correcto», ha afirmado Soler.

Bravo ha alabado propuestas como la realizada recientemente por el president de la Generalitat, Ximo Puig: «ante las dificultades que existen para aprobar un nuevo sistema de financiación, la solución puede ser un sistema transitorio, como el Fondo Transitorio de Nivelación. O podemos por ejemplo usar el reparto de fondos COVID como forma de compensación hacia las comunidades que están un poco peor, e ir de ese modo acercando posturas, en la línea de lo que propuso el presidente de la Comunidad Valenciana. Sería un gesto que agradeceríamos las comunidades peor financiadas».

Soler ha agregado: «todo juega a favor de que la solución sea perentoria. Es evidente que la situación de partida es mala, es que no podemos aspirar a un gasto igual que la media, eso en nuestro caso significa más déficit que la media, y la pregunta es por qué».

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Esta es la indemnización que cobrarán los familiares de los fallecidos en Adamuz y Gelida

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Las indemnizaciones alcanzarán los 210.000 euros por fallecido y se abonarán en un plazo máximo de tres meses

El Gobierno ha aprobado un paquete de ayudas de 20 millones de euros destinado a las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), en los que murieron 46 personas y otras 164 resultaron heridas. El nuevo mecanismo permitirá que los familiares de cada persona fallecida reciban hasta 210.000 euros en concepto de indemnización.

La medida ha sido anunciada este martes por el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, tras el Consejo de Ministros, donde se ha dado luz verde a un real decreto-ley de medidas urgentes para garantizar una respuesta rápida y eficaz a las víctimas.


Cómo se repartirán los 20 millones de euros en ayudas

Del total aprobado, 10 millones de euros se destinarán a ayudas directas y los otros 10 millones a anticipos de los seguros obligatorios. En el caso de fallecimiento, cada familia recibirá inicialmente 144.000 euros, libres de impuestos, repartidos del siguiente modo:

  • 72.000 euros en ayudas directas del Estado

  • 72.000 euros como anticipo del seguro

Una vez que las aseguradoras determinen oficialmente los daños personales, se abonará una cantidad adicional equivalente, lo que elevará la indemnización total hasta los 210.000 euros por víctima mortal, todo ello en un plazo máximo de tres meses.


Ayudas para heridos según la gravedad de las lesiones

En el caso de las personas heridas, las ayudas se calcularán conforme al baremo vigente, en función de la gravedad de las lesiones. Las cuantías oscilan entre:

  • 2.400 euros para lesiones leves

  • Más de 84.000 euros en los casos de máxima gravedad

Estas cantidades se duplicarán al sumarse el anticipo del seguro obligatorio, garantizando así un apoyo económico inmediato a los afectados.


El Ejecutivo quiere evitar retrasos como en el accidente de Angrois

Óscar Puente ha subrayado que el objetivo del Gobierno es evitar que las víctimas tengan que esperar años para cobrar las indemnizaciones, como ocurrió tras el accidente de Angrois.

“No vamos a consentir que haya víctimas que estén diez años esperando una compensación. Hemos aprendido de lo ocurrido y por eso aprobamos este mecanismo”, ha afirmado el ministro.


Hacia un sistema permanente de compensación anticipada

Además de las ayudas actuales, el Gobierno iniciará cambios normativos para crear un mecanismo estructural de intervención pública que permita al Estado adelantar parte de las indemnizaciones en accidentes de transporte colectivo, sin esperar a que se resuelva la responsabilidad civil.

Este sistema garantizará una atención rápida y homogénea a las víctimas, independientemente de la complejidad judicial de cada caso.


Oficinas de atención y apoyo directo a las víctimas

El Ejecutivo también ha puesto en marcha líneas de atención integral a las víctimas. A partir de este miércoles se abrirán oficinas específicas en:

  • Huelva, para atender a los afectados del accidente de Adamuz

  • Barcelona, para las víctimas del siniestro en Gelida y Rodalies

Además, se activará el servicio ‘Administración Cerca de Ti’, mediante el cual profesionales de las delegaciones del Gobierno podrán desplazarse a los domicilios para ayudar en la tramitación de las ayudas.

 

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