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La Comunitat y Andalucía acercan posturas sobre la financiación autonómica

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València, 16 jul (EFE).- El conseller de Hacienda, Vicent Soler, y su homólogo andaluz, Juan Bravo, se han reunido este viernes para buscar propuestas comunes sobre el nuevo sistema de financiación autonómica que llevar a la cumbre sobre la reforma del actual modelo que los presidentes andaluz y valenciano celebrarán en septiembre.

«Juntos llegaremos más lejos, aunque solos vayamos más rápido», ha manifestado Bravo, mientras que Soler ha declarado que están «haciendo camino, y eso es lo más importante».

Se trata de «convencer a todas las comunidades de que están infrafinanciadas. Algunas estamos peor, pero afecta a todas», ha precisado Soler, para quien el pacto sería fácil si todos estuvieran de acuerdo en que un valenciano, un andaluz o un gallego «deben tener un acceso igual a la Sanidad u otros servicios».

«La situación actual es completamente distinta del sistema de 2002 -ha subrayado Soler-. Hay que redistribuir la financiación porque la carga de servicios que damos ahora es mucho mayor».

Ambos han hecho declaraciones a los medios de comunicación antes de su reunión de trabajo y, a preguntas de los periodistas, han coincidido en señalar la necesidad de un nuevo modelo de financiación que no penalice en primer lugar a la Comunitat Valenciana, en segundo a Murcia, y en tercero a Andalucía, que son las tres peor financiadas.

También han coincidido en la conveniencia de que, como solución transitoria mientras no sea posible el consenso deseable en torno a un nuevo sistema, se aprueben compensaciones para estos territorios.

Según Juan Bravo, «se trata de ser capaces de tener un posicionamiento común para intentar reclamar ante el Ministerio unas necesidades de financiación que deben permitir, en estos momentos tan difíciles con la pandemia, no solamente cubrir los servicios fundamentales sino también iniciar la recuperación económica».

Para lograr ese objetivo, «es necesario dinero. Eso es lo que vamos a plantear y lo que los presidentes entiendo que llevarán a Madrid», ha explicado.

En palabras del consejero andaluz, «los números tienen esa ventaja: dan resultados que indican que Valencia es la comunidad que está peor financiada, la segunda es Murcia y después estamos nosotros. Esto nos permitirá una posibilidad de entendimiento».

Soler por su lado ha dicho que hay «bastante consenso entre los dos», ya que parten de «una situación injusta, donde este principio de singularidad de los territorios e igualdad de las personas, no se da».

«Estamos hablando de Sanidad, Educación, seguridad… pero también estamos hablando de la oportunidad de salir igualmente bien parados de la crisis. Si tenemos recursos diferentes, en situaciones parecidas, no vamos a tener las mismas oportunidades y eso constitucionalmente no es correcto», ha afirmado Soler.

Bravo ha alabado propuestas como la realizada recientemente por el president de la Generalitat, Ximo Puig: «ante las dificultades que existen para aprobar un nuevo sistema de financiación, la solución puede ser un sistema transitorio, como el Fondo Transitorio de Nivelación. O podemos por ejemplo usar el reparto de fondos COVID como forma de compensación hacia las comunidades que están un poco peor, e ir de ese modo acercando posturas, en la línea de lo que propuso el presidente de la Comunidad Valenciana. Sería un gesto que agradeceríamos las comunidades peor financiadas».

Soler ha agregado: «todo juega a favor de que la solución sea perentoria. Es evidente que la situación de partida es mala, es que no podemos aspirar a un gasto igual que la media, eso en nuestro caso significa más déficit que la media, y la pregunta es por qué».

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El sueldo de los funcionarios subirá un 4,5% en 2027: cuánto cobrarán de más según su profesión

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El Gobierno ha aprobado este martes la subida salarial del 4,5% para más de tres millones de empleados públicos en 2027. El incremento tendrá efectos desde el 1 de enero y supondrá entre 1.440 euros brutos adicionales al año para un administrativo y más de 4.000 euros para un juez, según las estimaciones del Ministerio de Función Pública.

A esta subida se sumará otro 0,5% correspondiente a 2026, siempre que el Instituto Nacional de Estadística (INE) confirme que la inflación interanual ha superado el 1,5% durante este año. Ese medio punto se abonará en el primer trimestre de 2027 y tendrá carácter retroactivo desde enero de 2026.

El Consejo de Ministros ha aprobado la medida mediante un real decreto-ley, con el objetivo de que pueda aplicarse desde comienzos del próximo año. El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha destacado que se trata de la mayor subida salarial para los empleados públicos desde 1992.

Cuánto subirán los sueldos de los funcionarios en 2027

El incremento fijo del 4,5% beneficiará a los trabajadores de las tres administraciones públicas: estatal, autonómica y local. La cantidad adicional dependerá del salario y del grupo profesional al que pertenezca cada empleado.

Según las cifras facilitadas por el ministro Óscar López, estas serán algunas de las subidas anuales estimadas:

  • Administrativos: 1.440 euros brutos más al año, en 14 pagas.
  • Policías nacionales: más de 1.900 euros adicionales.
  • Maestros: más de 2.700 euros al año.
  • Médicos: más de 3.700 euros adicionales.
  • Jueces: más de 4.000 euros al año.

Estas cantidades corresponden a estimaciones del incremento salarial y pueden variar en función de las retribuciones de cada puesto, complementos y condiciones profesionales.

Otro 0,5% adicional con efectos retroactivos

La subida del 4,5% no será el único incremento que recibirán los empleados públicos durante 2027. El acuerdo salarial firmado por el Gobierno con UGT, CCOO y CSIF contempla también un 0,5% variable correspondiente a 2026.

Este medio punto se abonará si el INE confirma que el IPC interanual de 2026 ha crecido por encima del 1,5%. En ese caso, los trabajadores recibirán los atrasos correspondientes desde el 1 de enero de este año y se actualizarán las nóminas posteriores.

De cumplirse esta condición, el incremento acumulado entre ambos conceptos alcanzaría el 5%, aunque es importante distinguir que el 0,5% adicional corresponde a 2026 y no a una subida fija del sueldo de 2027.

La medida forma parte del acuerdo marco plurianual firmado en noviembre de 2025, que estableció una mejora retributiva de hasta el 11% entre 2025 y 2028.

Suben también las indemnizaciones por residencia

El real decreto-ley aprobado por el Consejo de Ministros incorpora otra mejora para determinados empleados públicos: las indemnizaciones por razón de residencia aumentarán un 4,5%.

Se trata de una compensación económica para trabajadores de la Administración General del Estado que prestan servicio en territorios con condiciones geográficas especiales o sobrecostes derivados de la insularidad. Entre las zonas contempladas figuran Canarias, Baleares, Ceuta, Melilla y el Valle de Arán.

Además, el Gobierno ha aprobado elevar un 4,5% las partidas destinadas a acción social para los trabajadores del sector público. Estas ayudas llevaban 14 años congeladas y permiten financiar prestaciones como guardería, gafas, transporte, tratamientos odontológicos, prótesis auditivas o ayudas relacionadas con la vivienda.

Más de tres millones de empleados públicos beneficiados

La subida salarial alcanzará a más de tres millones de trabajadores de las administraciones públicas. En concreto, el incremento del 4,5% en 2027 afectará a unos 546.000 empleados del sector público estatal, 1,93 millones de trabajadores de las comunidades autónomas y cerca de 595.000 empleados de las administraciones locales.

En la Administración General del Estado, el aumento se aplicará ya en la nómina de enero. El resto de administraciones deberán adoptar las medidas necesarias para hacer efectiva la subida a sus respectivos trabajadores.

El Gobierno ha adelantado la aprobación de la medida para garantizar que pueda entrar en vigor el 1 de enero de 2027, antes de las elecciones generales previstas para el 29 de noviembre.


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