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La Comunitat y Andalucía acercan posturas sobre la financiación autonómica

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València, 16 jul (EFE).- El conseller de Hacienda, Vicent Soler, y su homólogo andaluz, Juan Bravo, se han reunido este viernes para buscar propuestas comunes sobre el nuevo sistema de financiación autonómica que llevar a la cumbre sobre la reforma del actual modelo que los presidentes andaluz y valenciano celebrarán en septiembre.

«Juntos llegaremos más lejos, aunque solos vayamos más rápido», ha manifestado Bravo, mientras que Soler ha declarado que están «haciendo camino, y eso es lo más importante».

Se trata de «convencer a todas las comunidades de que están infrafinanciadas. Algunas estamos peor, pero afecta a todas», ha precisado Soler, para quien el pacto sería fácil si todos estuvieran de acuerdo en que un valenciano, un andaluz o un gallego «deben tener un acceso igual a la Sanidad u otros servicios».

«La situación actual es completamente distinta del sistema de 2002 -ha subrayado Soler-. Hay que redistribuir la financiación porque la carga de servicios que damos ahora es mucho mayor».

Ambos han hecho declaraciones a los medios de comunicación antes de su reunión de trabajo y, a preguntas de los periodistas, han coincidido en señalar la necesidad de un nuevo modelo de financiación que no penalice en primer lugar a la Comunitat Valenciana, en segundo a Murcia, y en tercero a Andalucía, que son las tres peor financiadas.

También han coincidido en la conveniencia de que, como solución transitoria mientras no sea posible el consenso deseable en torno a un nuevo sistema, se aprueben compensaciones para estos territorios.

Según Juan Bravo, «se trata de ser capaces de tener un posicionamiento común para intentar reclamar ante el Ministerio unas necesidades de financiación que deben permitir, en estos momentos tan difíciles con la pandemia, no solamente cubrir los servicios fundamentales sino también iniciar la recuperación económica».

Para lograr ese objetivo, «es necesario dinero. Eso es lo que vamos a plantear y lo que los presidentes entiendo que llevarán a Madrid», ha explicado.

En palabras del consejero andaluz, «los números tienen esa ventaja: dan resultados que indican que Valencia es la comunidad que está peor financiada, la segunda es Murcia y después estamos nosotros. Esto nos permitirá una posibilidad de entendimiento».

Soler por su lado ha dicho que hay «bastante consenso entre los dos», ya que parten de «una situación injusta, donde este principio de singularidad de los territorios e igualdad de las personas, no se da».

«Estamos hablando de Sanidad, Educación, seguridad… pero también estamos hablando de la oportunidad de salir igualmente bien parados de la crisis. Si tenemos recursos diferentes, en situaciones parecidas, no vamos a tener las mismas oportunidades y eso constitucionalmente no es correcto», ha afirmado Soler.

Bravo ha alabado propuestas como la realizada recientemente por el president de la Generalitat, Ximo Puig: «ante las dificultades que existen para aprobar un nuevo sistema de financiación, la solución puede ser un sistema transitorio, como el Fondo Transitorio de Nivelación. O podemos por ejemplo usar el reparto de fondos COVID como forma de compensación hacia las comunidades que están un poco peor, e ir de ese modo acercando posturas, en la línea de lo que propuso el presidente de la Comunidad Valenciana. Sería un gesto que agradeceríamos las comunidades peor financiadas».

Soler ha agregado: «todo juega a favor de que la solución sea perentoria. Es evidente que la situación de partida es mala, es que no podemos aspirar a un gasto igual que la media, eso en nuestro caso significa más déficit que la media, y la pregunta es por qué».

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El aborto farmacológico llegará a los centros de salud: así será el nuevo método

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El Ministerio de Sanidad prepara un cambio en el acceso al aborto farmacológico en España para que las mujeres puedan realizar este procedimiento en los centros de salud de Atención Primaria cuando sea adecuado para su situación.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado este lunes que su departamento impulsará los cambios necesarios para incorporar el aborto farmacológico a la cartera común de servicios de Atención Primaria del Sistema Nacional de Salud. El objetivo es que las pacientes puedan recibir información, atención y seguimiento desde su centro de salud, sin que el proceso tenga que desarrollarse exclusivamente en un hospital.

La medida todavía no está en vigor. Para ponerla en marcha será necesario modificar la normativa que regula la autorización de los centros sanitarios y actualizar la cartera común de servicios del SNS. Sanidad también iniciará los trámites para modificar la ficha técnica de la mifepristona, uno de los medicamentos empleados en el aborto farmacológico, con el objetivo de permitir su utilización fuera del ámbito exclusivamente hospitalario.

¿En qué consiste el nuevo método de aborto?

El aborto farmacológico es una interrupción voluntaria del embarazo mediante medicamentos, sin necesidad de recurrir a una intervención quirúrgica.

La guía común del Sistema Nacional de Salud contempla actualmente diferentes métodos de interrupción voluntaria del embarazo, entre ellos el farmacológico, el instrumental y el quirúrgico. La elección depende de factores como la edad gestacional, las circunstancias sanitarias y las preferencias de la paciente.

La novedad anunciada este lunes no es, por tanto, la creación de una nueva píldora abortiva, sino un cambio en el lugar y la forma en que se presta este servicio sanitario.

La mifepristona, uno de los medicamentos utilizados

Uno de los cambios previstos afecta a la mifepristona, medicamento utilizado junto con otros fármacos en el aborto farmacológico.

Sanidad pretende iniciar los trámites para modificar su ficha técnica y eliminar la limitación que actualmente condiciona su utilización al ámbito hospitalario. De esta forma, el tratamiento podría integrarse en la atención sanitaria desde los centros de salud cuando esté indicado.

El Ministerio plantea que las mujeres puedan contar con profesionales sanitarios que les proporcionen información y acompañamiento antes, durante y después del proceso.

¿Cuándo se podrá hacer en el centro de salud?

Por el momento no existe una fecha concreta de entrada en funcionamiento.

El Ministerio debe modificar el real decreto que regula la autorización de los centros sanitarios, tramitar el cambio de la ficha técnica de la mifepristona y actualizar la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud.

Además, serán las comunidades autónomas las encargadas de organizar la prestación dentro de su red de Atención Primaria.

Sanidad quiere reducir las diferencias entre comunidades

El anuncio se produce en un contexto de diferencias importantes entre territorios en el acceso al aborto dentro de la sanidad pública.

Según el Ministerio de Sanidad, en 2024 casi ocho de cada diez interrupciones voluntarias del embarazo se realizaron en centros privados.

La intención del Gobierno es ampliar la participación de la red pública y facilitar que las mujeres puedan acceder al aborto farmacológico cerca de su lugar de residencia.

El Ministerio sostiene que llevar esta prestación a Atención Primaria permitirá reducir desplazamientos y facilitar el acompañamiento sanitario durante todo el proceso.

El aborto farmacológico ya está contemplado en el SNS

La medida anunciada no supone incorporar por primera vez el aborto farmacológico al sistema sanitario español. Este método ya forma parte de la cartera de servicios y está recogido en la guía común del Sistema Nacional de Salud.

El cambio planteado ahora consiste en extender su prestación a los centros de Atención Primaria, siempre que resulte adecuado para cada caso y una vez completada la correspondiente tramitación normativa.

Por tanto, la principal novedad anunciada este 28 de septiembre es el traslado de parte de la atención del aborto farmacológico desde el ámbito hospitalario hacia los centros de salud.

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