València, 4 nov (EFE).- La pasarela que une València con algunas de las zonas más afectadas por dana es un flujo constante de voluntarios que acuden a ayudar pero este lunes empieza a haber, a cuentagotas, quien la cruza en sentido contrario, hacia la ciudad: son vecinos afectados de los pueblos de L’Horta Sud, que comienzan a retomar su actividad laboral.
Unos, obligados; otros, necesitados de facturar y otros por poder salir al menos durante unas horas de la ‘zona cero’, aunque eso les provoque sentimientos encontrados.
“Voy a trabajar a ver cómo me siento, a ver si puedo tener un poco de paz en el trabajo pero a la vez me siento fatal porque aquí me necesitan. En Paiporta hay un negocio de mi familia y sé que necesitan ayuda, tengo amigos en Massanassa, en Catarroja, en Benetússer. Sé que me necesitan, pero… Me estoy yendo casi llorando y no sé cómo voy a volver”, explica a EFE Sandra, vecina de la pedanía de La Torre (València).
Ella trabaja en una tienda en el centro de la capital y, en su caso, le han dado facilidades. “Me han dicho que (me coja libres) los días que me hagan falta”, agradece. Acostumbrada a coger un autobús en su barrio que le trasladaba al centro, ahora tiene que buscar otra manera de acudir y así también tiene otra cosa en la que pensar.
“Estamos en casa y en la calle limpiando y ayudando, y cuando intentas descansar al anochecer, es ver noticias, redes sociales, estás tres horas al teléfono con la gente que te busca y que te quiere, que se agradece. En la tele están mintiendo muchísimo y al final quieres saber lo que está pasando», relata.
«Pero estás 24 horas con esto, yo no sé otra gente pero yo no duermo. Me acuesto y me duermo tarde porque no puedo, y a las cinco o las seis ya estoy en pie y estás agotada”, confiesa.
Por la rebautizada ‘Pasarel·la de L’Esperança’, un puente peatonal que une con València tanto este barrio como los pueblos más cercanos, pasa también Sergio, vecino de Benetússer, que trabaja en una fábrica de pinturas.
“A nosotros no nos han dicho que podamos no ir a trabajar y en este caso lo entiendo. La fábrica está en Riba-roja y entró mucha agua. Nos quedamos encerrados ahí el martes y ahora hay que achicar. Además, hay que llevar dinero a casa para ayudar”, recuerda.
“Tenemos que ir a trabajar porque (de) ayudas no hay nada”, destaca. En su pueblo, cuenta, se han quedado este lunes muchos voluntarios mientras muchos vecinos vuelven a sus trabajos, aunque apunta que también puede suponer cierta liberación.
“Ahora lo que tenemos son los voluntarios que vienen a ayudar porque los del pueblo tenemos que salir fuera. Había necesidad de salir un poco, de no estar tantos días ahí porque te entristece. Hay que intentar ayudar a la familia y a los amigos lo que podamos y lo que se pueda”, resume.
Cuando llegan al puente, Jose y Sandra, una pareja de autónomos que tiene un negocio de fotografía, llevan ya seis kilómetros andados desde Catarroja y les quedan aún casi dos más pero se consideran unos privilegiados: su empresa estaba al otro lado del nuevo cauce del Turia.
“Nosotros somos superprivilegiados. Venimos andando seis kilómetros y nos queda uno y medio pero lo tenemos ahí para poder trabajar. Pero hay gente que lo ha perdido todo y esa gente necesita que le ayuden como sea. Somos un país muy rico y creo que debe haber medios”, señala Jose.
“Yo he sido más de votar a la derecha pero me da igual derecha que izquierda, son una basura todos. Han abandonado a la gente”, lamenta. “Que no nos olviden en una semana”, apunta Sandra.
En su caso, y como autónomos, “si no abres el negocio y empiezas a facturar no comes y los gastos siguen viniendo”, recuerda Jose. “El día 1 pagué autónomos e impuestos exactamente igual. Haya dana o no, pagas. Tenemos que seguir adelante”, señala.
Dice que ahora hay mucha gente “envalentonada” porque “hay que sacar barro e intentar recuperar un poco la normalidad”. Pero asume que costará mucho y que no todos lo lograrán porque hay gente “más depresiva” o que ya no cuenta con tantas fuerzas.
“Al final vamos a caer, intentas apretar todo lo que puedes y hay gente muy joven que tiene mucha fuerza pero los que estamos en una edad, después de estar moviendo el barro, cuando te levantas casi no puedes ni ponerte derecho pero no hay más narices que seguir”, asume.
Nacho Herrero
VÍDEO| Testimonios de la dura vuelta al trabajo de los afectados por la DANA
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Una empleada con el 'tocado' que las trabajadoras se negaron a poner, en una imagen facilitada por la empresa a EFE.
El TSJCV confirma que imponer una diadema ornamental exclusivamente a las mujeres constituye discriminación por razón de sexo. La compañía llegó a sancionar a 18 empleadas que se negaron a utilizarla durante tres eventos de gala.
Una empresa de cáterin de Valencia tendrá que pagar una multa de 25.000 euros por obligar a sus trabajadoras a llevar una cofia o diadema como complemento del uniforme. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha confirmado la sanción al considerar que esta exigencia, impuesta exclusivamente al personal femenino y sin una justificación objetiva, constituye una discriminación directa por razón de sexo.
La Sala de lo Social del alto tribunal autonómico ha rechazado el recurso presentado por la mercantil y ha ratificado la resolución judicial que ya había avalado la sanción administrativa. Los magistrados consideran que la prenda se exigía a las mujeres por motivos meramente estéticos o de imagen, sin que existiera una obligación equivalente para los trabajadores hombres.
La sentencia, dictada el pasado 22 de septiembre, respalda así el criterio de la Inspección de Trabajo y de la Dirección General de Trabajo, Bienestar y Seguridad Laboral de la Generalitat.
La empresa sancionó a 18 trabajadoras por no llevar la diadema
Los hechos se remontan a julio de 2022, cuando la empresa impuso a sus empleadas una prenda ornamental adicional a la uniformidad obligatoria. La exigencia afectaba únicamente al personal femenino y no respondía, según las resoluciones judiciales, a ninguna necesidad objetiva relacionada con el desempeño del trabajo.
Uno de los elementos que tuvo especialmente en cuenta el Juzgado de lo Social número 13 de Valencia fue que la compañía llegó a sancionar a 18 trabajadoras por negarse a utilizar la diadema durante tres eventos de gala.
La empresa dejó posteriormente sin efecto esas sanciones y comunicó al comité de empresa que, por el momento, se abandonaría el uso de la prenda. Sin embargo, esta rectificación se produjo después de que la mercantil hubiera sido citada para comparecer ante la Inspección de Trabajo.
En enero de 2023, la Inspección levantó un acta de infracción al apreciar una falta muy grave por discriminación directa por razón de sexo. La Administración autonómica confirmó posteriormente la infracción e impuso una multa de 25.000 euros.
La compañía recurrió la resolución administrativa ante los tribunales, pero el Juzgado de lo Social número 13 de Valencia desestimó su demanda en mayo del pasado año y mantuvo la sanción.
El TSJCV confirma que la exigencia era discriminatoria
La empresa volvió a recurrir la sentencia, esta vez ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. El tribunal ha rechazado ahora sus argumentos y considera acreditado que la imposición de la cofia afectaba exclusivamente a las mujeres y carecía de una causa objetiva que la justificara.
Los magistrados subrayan que no existía una prenda equivalente para los hombres en condiciones comparables y que la diferencia de trato no respondía a una finalidad legítima, necesaria y proporcionada.
La resolución recuerda la doctrina del Tribunal Supremo sobre los uniformes diferenciados por sexo: imponer una indumentaria femenina específica, sin una alternativa equivalente y sin justificación objetiva, puede vulnerar el principio de igualdad.
El tribunal también descarta que la ausencia de una intención discriminatoria por parte de la empresa sea suficiente para evitar la sanción. Lo determinante, según recoge la sentencia, es que existió una diferencia de trato directa por razón de sexo.
Una infracción muy grave por discriminación laboral
La conducta empresarial fue encuadrada en el artículo 8.12 de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, que considera infracción muy grave las decisiones unilaterales de la empresa que impliquen discriminaciones directas o indirectas desfavorables por razón de sexo, entre otros motivos protegidos.
La sanción económica de 25.000 euros queda así confirmada por el TSJCV, aunque contra la sentencia todavía cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo para la unificación de doctrina.
El fallo vuelve a poner el foco en las normas de vestimenta en el entorno laboral y en los límites que tienen las empresas a la hora de establecer uniformes o complementos distintos para hombres y mujeres. La imagen corporativa no puede justificar por sí sola una exigencia que suponga un trato desigual por razón de sexo.
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