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La Generalitat no investigará la denuncia por la Cabalgata de Reyes de València

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València, 20 jul (EFE).- La Conselleria de Justicia no va a investigar la celebración de la Cabalgata de Reyes de València, que generó aglomeraciones en la plaza del Ayuntamiento en pleno aumento de los casos de coronavirus, ya que ha archivado las denuncias que presentaron el PP y España 2000.

Fuentes de la Conselleria han explicado a EFE que la secretaría autonómica de Seguridad y Emergencias ha dictado el archivo al considerar que los hechos denunciados «no son constitutivos de infracción administrativa alguna en materia específica de prevención de la salud pública» frente a la covid-19.

Según las mismas fuentes, cuando se celebró el evento estaba vigente la resolución de 5 de diciembre de la Conselleria de Sanidad sobre las restricciones contra la pandemia, en la que figuraba expresamente una medida específica sobre eventos navideños.

Así, se indicaba que, «en todo caso, se autorizará a que los Reyes Magos realicen un recorrido en los pueblos y ciudades a bordo de vehículos de transporte para que puedan verlo el mayor número de niñas y niños, evitando aglomeraciones y recomendando a la población el seguimiento desde balcones o acceso a sus viviendas, evitando desplazamientos».

En virtud de esta resolución, el Servicio de Espectáculos considera que los hechos denunciados no son constitutivos de infracción administrativa en materia específica de prevención de la salud pública frente a la covid-19, por lo que se ha procedido al archivo de las denuncias seis meses después.

El grupo municipal popular del Ayuntamiento de València presentó una denuncia ante la Conselleria de Justicia al considerar que, al organizar ese acto de los Reyes Magos, el Consistorio incumplió las medidas anticovid vigentes.

Según la denuncia popular, en la plaza del Ayuntamiento se concentraron «más de 1.500 personas y hasta 5.000 según cifras de asistencia difundidas por diversos medios», y no se guardó la distancia social de 1,5 metros, ni el aforo máximo ni se repartió gel hidroalcohólico.

«El Ayuntamiento, como organizador de la recepción, debió velar por el correcto cumplimiento de las medidas de protección aprobadas por las autoridades sanitarias», apuntaba la denuncia, que recordaba que en la red social Twitter hubo un cruce de acusaciones entre autoridades municipales y autonómicas sobre la responsabilidad de lo sucedido.

Igualmente, exponía que el acto se celebró el mismo día en que la Generalitat anunció «nuevas y severas restricciones con motivo del récord de nuevos contagios» y que el propio alcalde, Joan Ribó, reconoció que «no» se revisó «adecuadamente el protocolo de las vallas y la llegada de los autobuses».

A juicio de los denunciantes, resultaba «acreditado que el Ayuntamiento de València actuó de forma negligente al difundir que se celebraría esta recepción» y que «no se adoptaron las medidas precisas» como el cierre perimetral de la plaza para evitar las aglomeraciones.

Paralelamente, el PP de València presentó una denuncia ante la Agencia Valenciana Antifraude, que luego amplió, por la adjudicación de los tres autobuses descapotables del acto de la Cabalgata de Reyes, en la que concluyó que las tres empresas que presentaron su oferta tienen vinculación entre sí y relación con el concejal de Cultura Festiva que concedió el contrato, Carlos Galiana.

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Rus informó a Benavent de que se le investigaba y le pidió que se fuera

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Rus informó a Benavent de que se le investigaba y le pidió que se fuera
Archivo/ EFE / KAI FORSTERLING.
El expresidente de la Diputación de Valencia con el PP Alfonso Rus, a su llegada a la Ciudad de la Justicia para el juicio de Imelsa, en una imagen reciente. EFE/Ana Escobar

València, 3 feb (OFFICIAL PRESS/EFE).- Uno de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que ha testificado este viernes en el juicio de la segunda pieza del caso Imelsa ha asegurado que el exgerente de esta empresa pública y autodenominado ‘yonqui del dinero’, Marcos Benavent, les dijo que «Alfonso Rus y otras personas» le advirtieron a finales de 2014 de que se le investigaba y que debía «dejarlo todo solucionado» e irse del país.

La Sección Segunda de la Audiencia de Valencia ha celebrado este viernes la séptima sesión del juicio por la pieza del caso Imelsa que investiga la contratación irregular de trabajadores en las empresas públicas Imelsa (provincial) y Ciegsa (autonómica).

Este agente ha explicado que inició la investigación tras recibir, por parte de la Fiscalía, unos audios que fueron entregados al Ministerio Público por la entonces diputada de EU y actualmente consellera Rosa Pérez Garijo.

«Benavent explica en una de sus declaraciones, en 2015, que una de las cosas que hizo como gerente de Imelsa fue contratar a personal que realmente no desempeñaba ninguna función en la empresa. Por eso pedimos datos a la Seguridad Social, a la Agencia Tributaria… Muchos de estos contratados eran asesores, y determinamos quiénes eran y cuál había sido su trabajo real», ha declarado este testigo.

Los contratos, según ha dicho este agente de la UCO que les contó Benavent, eran decididos por él mismo o «a petición de empresarios, como José Adolfo Vedri, o pedidos como favores por Alfonso Rus o Emilio Llopis».

Las defensas de los procesados en la segunda de las piezas del caso Imelsa que ha llegado a la fase de juicio han tratado -al igual que sucedió en la primera de las causas- de dudar de la integridad de los soportes en los que se contenían los audios que dieron inicio al caso, así como de su custodia y volcado.

Los agentes de la Guardia Civil han explicado que trabajaron con una copia de los audios contenidos en la memoria portátil o «pendrive» de la marca Kingston entregado por Pérez Garijo al fiscal.

Sin embargo, en la causa consta un segundo «pendrive» (de la marca Intenso) entregado por el exsuegro de Marcos Benavent, Mariano López, con los mismos audios -según sostiene el fiscal- extraídos de un ordenador que Benavent dejaba en su casa.

Un informe pericial encargado por la defensa de Alfonso Rus e incorporado a esta causa (no a la primera porque Rus no estaba procesado en ella) concluye que el contenido de ambos «pendrives» no es idéntico, pues tienen una diferente estructura de carpetas y hay ficheros que están en el primero pero no en el segundo.

Ademas, esta pericial concluye también que el ordenador del que supuestamente se extrajeron dichos audios no ha contenido jamás archivos similares a los hallados en los «pendrives».

Los agentes de la Guardia Civil han afirmado que comprobaron que los audios analizados eran iguales en ambos dispositivos.

En el primero de los juicios de este macrocausa el tribunal avaló como prueba las grabaciones que efectuó Benavent durante años y que dieron inicio a esta causa, e inadmitió todas las dudas que sembraron las defensas sobre la custodia, volcado y posible manipulación de las mismas.

«Se concluye que las transcripciones de las grabaciones realizadas por Benavent de conversaciones particulares en las que intervenía se corresponden con el material efectivamente entregado, tanto en el pendrive Kingston como en el pendrive Intenso», señaló el tribunal en su sentencia.

«Una vez efectuada la grabación en el servidor de los equipos de la UCO, se trabajó en todo momento con copias. Los pendrives están incorporados a las actuaciones, tanto el aportado por doña Rosa (Pérez Garijo), como el aportado por don Mariano (López, exsuegro de Benavent), habiéndose comprobado que los audios de las presentes actuaciones son coincidentes», añadieron los magistrados.

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