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La Generalitat pide 8 años de prisión para Camps por el circuito de F1
Publicado
hace 7 añosen
La Abogacía de la Generalitat pide en su escrito de acusación casi ocho años de prisión para el expresidente Francisco Camps por malversación y tráfico de influencias en la causa por las presuntas irregularidades durante el proceso de construcción del circuito urbano de F1 en València. También solicita cerca de 18 años de inhabilitación absoluta y más de 13 de inhabilitación especial para empleo o cargo público.
Así figura en el escrito de acusación que la Abogacía presentó este martes, último día para la presentar los escritos correspondientes, y del que fuentes conocedoras del contenido han informado a Europa Press. Este órgano de control pide la apertura de juicio oral contra el exjefe del Consell y 13 procesados más.
En concreto, para Camps solicita una pena de siete años y un día de prisión, 17 años y seis meses de inhabilitación absoluta y 9 años y tres meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito continuado de malversación de causales públicos en delito con otro de prevaricación. Asimismo, pide 9 meses y un día de cárcel e inhabilitación especial para empleo o cargo público por cuatro años por presunto tráfico de influencias.
La Abogacía presentó este escrito de acusación ‘ad cautelam’ –preventivamente– contra el expresidente de la Generalitat y empresarios por las presuntas irregularidades durante el proceso de construcción del circuito de F1, pendiente de que la magistrada resuelva definitivamente su petición de completar la prueba pericial de la causa, una solicitud que la instructora ha rechazado y esta acusación ha recurrido debido a que, desde el punto de vista de esta parte, en el informe realizado por el Interventor, este advirtió de que no tenía el «criterio técnico suficiente» para evaluar determinados aspectos.
Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción solicitó el sobreseimiento por prescripción de la causa debido a que, según exponía en su escrito, la posible prevaricación en la que basaba su acusación, en caso de ser constitutiva de delito, estaría prescrita.
ACUSA A FLORES, PERO NO A RAMBLA
En este escrito, la Abogacía ha decidido no acusar al que fuera vicepresidente de Camps, Vicente Rambla, que había sido procesado por la instructora. Por el contrario, sí acusa al exconseller de Infraestructuras Mario Flores y a cargos del Ente Gestor de la Red de Transporte y Puertos de la Generalitat (GTP) y empresarios. Entre ellos, tres responsables o trabajadores de la empresa Typsa (en esta mercantil trabajaba la hija del exconseller de Infraestructuras) y dos de Ayesa.
De este modo, este órgano solicita para Flores siete años de prisión, 17 años y seis meses de inhabilitación absoluta y nueve años y tres meses de especial por un delito continuado de malversación en concurso con prevaricación; para el ex secretario autonómico de Infraestructuras, Victoriano Sánchez-Barcaiztegui, la misma petición por los mismos delitos, mientras que para el resto de procesados solicita penas de entre tres y medio y siete años de cárcel más inhabilitaciones.
Entre este último grupo figura el representante de FCC Construcción S.A. José Mayor Oreja, hermano del exministro Jaime Mayor Oreja y quien aparece en los llamados ‘papeles de Bárcenas’ como donante del PP (hasta con 165.000 euros), según constaba en el auto de procesamiento y recuerda la Abogacía en su escrito. Para este procesado piden una condena de tres años y medio de prisión, ocho años de inhabilitación absoluta y cuatro de inhabilitación especial.
TRABAJOS ANTES DE LOS CONCURSOS
En el documento, el abogado de la Generalitat recuerda que el exempleado de Typsa que denunció estos hechos informaba de que se produjeron reuniones en el año 2007, con anterioridad a la adjudicación a la UTE Typsa-Ayesa de los contratos relativos al proyecto de construcción del circuito, en las que el denunciante «ya estuvo trabajando en dichos proyectos, incluso en fechas anteriores a la licitación del oportuno concurso público».
Explicaba también que dichos concursos estuvieran «adjudicados de antemano» a Typsa al existir una «relación de amistad» entre los responsables de la empresa con el que entonces era secretario autonómico, Victoriano Sánchez-Barcaiztegui y con el exconseller de Infraestructuras Mario Flores. Tras la licitación, estas mercantiles acabaron resultando adjudicatarias de los contratos para ejecutar las infraestructuras de conexión de la avenida Francia, prolongación del Paseo de la Alameda y puerto, así como la realización de equipamientos complementarios para construir el circuito urbano.
Señala también la Abogacía que de la documentación intervenida en la sede de Typsa concluye que se abordaron «trámites que fueron realizados con la única intención de dar una apariencia de legalidad a un procedimiento que parecía adjudicado de antemano». Esta misma dinámica se habría reproducido en otros contratos adjudicados a FCC y Hormigones Martínez, añade.
En opinión de la acusación particular, «todos los contratos traen causa de la decisión de Camps de celebrar el Gran Premio de la Fórmula Uno en la ciudad de València» y para sustentar esta afirmación se basa en el decreto 3/2007, de 14 de marzo, del presidente de la Generalitat que –continúa– se firmó «sin recabar informe alguno y arrogándose una competencia que no le correspondía como presidente de la Generalitat por estar atribuida al Consell como órgano colegiado, de acuerdo con el artículo 16.1 b) de la Ley 5/1983, de 30
de diciembre, del Gobierno Valenciano o Consell, invocado en el Decreto».
DICE QUE «NO HUBO COSTE CERO» Y LO CIFRA EN CASI 100 MILLONES
También destaca el escrito que «aun cuando se anunció por el presidente Camps el coste cero de este gran evento y proyecto emblemático para la ciudad de València y la Comunitat Valenciana, con mejoras de comunicaciones, infraestructuras y desarrollo tecnológico, lo cierto es que no hubo tal coste cero, sino merma para las arcas públicas con utilización indebida de fondos públicos y gastos innecesarios que favorecieron a empresas a las que se les eligió al margen del procedimiento legalmente establecido de concurso público y a través de un organismo no competente, el Ente Gestor de Infraestructuras de la Generalitat (GTP), designado al efecto en el Decreto del presidente».
Sobre el GTP, agrega que a este ente «no le compete construcción de
infraestructura urbana, ni de circuitos, recintos e instalaciones deportivas» y que sirvió para «distraer recursos y fondos públicos para fines ajenos y diversos a los que son su objeto social y funciones propias, y a través del concierto y suscripción de irregulares contratos tanto en su adjudicación
inicial como en su posterior modificación». Todo ello con el fin de construir un circuito que, a juicio de la Abogacía tenía como fin cumplir el «deseo» de Camps de celebrar un Gran Premio urbano en València.
Con todo, la Abogacía de la Generalitat realiza un desglose de las distintas inversiones que afrontaron las administraciones públicas para la construcción del circuito urbano de F1 y las cifra en un total de 98.674.484 euros. De este montante, diferencia entre el total de gasto «que no resulta en ningún caso recuperable», que afirma que asciende a 55,7 millones, y la parte «que podría ser recuperable por la vía prevista en el convenio suscrito con el Ayuntamiento el año 2007», que sitúa en cerca de 34,5 millones. A esta suma añade gastos financieros del préstamo que se solicitó por 60 millones, además de intereses.
«Por lo tanto, la decisión de Camps de construir el circuito, imponiendo a GTP a través del Decreto 3/2007 obligaciones que excedían de su objeto social y que no son susceptibles de recuperación alcanza la cifra de 55.742.724,57 euros», concluye.
Fuente: Europa Press
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Iván Redondo señala los 700.000 votos que podrían cambiar el escenario electoral del PSOE frente a PP y Vox
Publicado
hace 8 horasen
9 octubre, 2026
El exdirector del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, Iván Redondo, ha puesto el foco en un grupo de electores que, según su análisis, puede resultar determinante en el escenario político español: 700.000 ciudadanos que votaron a Pedro Sánchez en las anteriores elecciones generales y que ahora se inclinarían por el Partido Popular o Vox.
Durante una intervención en el programa Más Vale Tarde, de La Sexta, el consultor político examinó las dificultades que afronta el PSOE ante la convocatoria de elecciones generales del 29 de noviembre de 2026, según la información publicada por ABC.
Redondo cuestionó que los sondeos actuales permitan anticipar con certeza el resultado de las urnas y recordó que, en anteriores convocatorias, las encuestas no consiguieron reflejar correctamente el comportamiento final de los votantes.
Su análisis gira alrededor de dos cuestiones: la posible recuperación de antiguos electores socialistas que se han desplazado hacia otras formaciones y la movilización de los ciudadanos de izquierdas que actualmente se situarían en la abstención.
Iván Redondo identifica el principal desafío electoral de Pedro Sánchez
Para el antiguo asesor de Pedro Sánchez, uno de los factores que deben tenerse en cuenta al interpretar las encuestas es el movimiento de votantes entre los principales partidos.
En este sentido, Redondo considera especialmente significativo el grupo de aproximadamente 700.000 electores que, según sus estimaciones, respaldaron al PSOE en 2023 y ahora manifestarían su intención de votar al PP o a Vox.
Esta cifra constituye una estimación expuesta por el analista y no un resultado electoral confirmado.
El trasvase de votos entre formaciones políticas puede tener consecuencias relevantes en el reparto de escaños, especialmente en aquellas circunscripciones donde las diferencias entre partidos son reducidas.
Los 700.000 electores que centran el análisis del exasesor socialista
Redondo situó precisamente a estos antiguos votantes socialistas en el centro de su reflexión sobre la situación electoral.
Su planteamiento distingue entre los ciudadanos que tradicionalmente apoyan a una determinada formación y aquellos que han modificado su preferencia política durante los últimos años.
El comportamiento de este segundo grupo puede resultar especialmente relevante en unas elecciones generales, ya que el sistema electoral español distribuye los escaños por provincias y no exclusivamente en función del porcentaje nacional de votos.
Por tanto, pequeñas variaciones en determinados territorios pueden modificar la representación parlamentaria de los partidos.
Las encuestas del PSOE y del PP: por qué Iván Redondo pide cautela
Otro de los aspectos que abordó el exdirector del Gabinete de la Presidencia fue la interpretación de los sondeos electorales.
Durante su intervención televisiva, Redondo sostuvo que las encuestas pueden equivocarse y recurrió a diferentes antecedentes históricos para explicar por qué considera necesario evitar conclusiones definitivas antes de las votaciones.
Entre los ejemplos mencionados figura el comportamiento electoral de 1993, cuando el PSOE de Felipe González consiguió mantenerse en el Gobierno pese a las expectativas favorables al Partido Popular.
También hizo referencia a las elecciones de 2016, en un contexto marcado por la competencia entre las principales fuerzas políticas y la transformación del sistema de partidos.
La importancia del margen de error en los sondeos
Redondo situó al Partido Popular alrededor de los 130 diputados y habló de una diferencia de aproximadamente tres puntos entre PP y PSOE, de acuerdo con las cifras que manejó durante su intervención.
Estas estimaciones deben entenderse como parte de su análisis, no como una proyección electoral verificada.
El margen de error estadístico, las diferencias metodológicas entre encuestadoras y la distribución provincial del voto son elementos fundamentales para interpretar los sondeos.
Además, una diferencia de tres puntos porcentuales entre dos partidos no significa necesariamente que la distancia real quede cubierta por el margen de error de una encuesta. Para determinarlo es necesario conocer su ficha técnica, el tamaño de la muestra y el método utilizado.
El adelanto electoral de Pedro Sánchez abre una nueva etapa política
Las declaraciones de Iván Redondo llegan después de que Pedro Sánchez anunciara el pasado 5 de octubre la convocatoria anticipada de elecciones generales para el domingo 29 de noviembre de 2026.
La decisión se produjo tras el rechazo parlamentario de dos decretos relacionados con la vivienda, en una legislatura caracterizada por la dificultad del Ejecutivo para reunir mayorías suficientes en el Congreso.
El Real Decreto 806/2026, publicado en el Boletín Oficial del Estado el 6 de octubre, confirmó oficialmente la disolución del Congreso y del Senado y la convocatoria electoral.
Las fechas clave de las elecciones generales de noviembre de 2026
|
Fecha |
Acontecimiento |
|---|---|
|
5 de octubre |
Anuncio del adelanto electoral |
|
6 de octubre |
Publicación del decreto en el BOE |
|
13 de noviembre |
Inicio de la campaña electoral |
|
27 de noviembre |
Finalización de la campaña |
|
28 de noviembre |
Jornada de reflexión |
|
29 de noviembre |
Elecciones generales |
|
23 de diciembre |
Constitución de las nuevas Cortes |
El calendario oficial establece una campaña electoral de quince días, durante los cuales los partidos podrán presentar sus propuestas y solicitar el voto de los ciudadanos.
La abstención de la izquierda, otro factor en el análisis electoral
Además del movimiento de votantes hacia PP y Vox, Iván Redondo mencionó la existencia de aproximadamente un millón y medio de electores de izquierdas que, según sus estimaciones, se encontrarían actualmente en la abstención.
Este colectivo representa otro elemento de incertidumbre en el escenario electoral.
La participación constituye uno de los indicadores más importantes de cualquier convocatoria. Un incremento o descenso de la movilización puede modificar los porcentajes obtenidos por las formaciones y, en consecuencia, el reparto de diputados.
No obstante, las estimaciones sobre abstención deben interpretarse con prudencia. La intención declarada de no votar puede variar durante la campaña y no siempre se corresponde con el comportamiento final en las urnas.
Madrid, Barcelona, Sevilla y Málaga: las provincias que menciona Iván Redondo
El exasesor de Pedro Sánchez también hizo referencia a varias circunscripciones donde considera que las diferencias electorales pueden adquirir especial relevancia.
Entre ellas citó Madrid, Barcelona, Sevilla y Málaga, cuatro provincias con un peso significativo en la representación parlamentaria.
Por qué el reparto de escaños puede cambiar el resultado
El sistema electoral español utiliza circunscripciones provinciales para elegir a los diputados del Congreso.
Cada provincia tiene asignado un número determinado de representantes y los escaños se distribuyen mediante el sistema D’Hondt, de acuerdo con los votos obtenidos por cada candidatura.
Por esta razón, dos partidos con porcentajes nacionales relativamente próximos pueden conseguir cifras diferentes de diputados.
En las elecciones del 29 de noviembre, Madrid elegirá 38 diputados; Barcelona, 32; Sevilla, 12; y Málaga, 11, según el decreto oficial de convocatoria.
El comportamiento de los electores en estas provincias, junto con el resultado de las circunscripciones más pequeñas, determinará la composición definitiva del Congreso.
Qué papel puede desempeñar Vox en las elecciones del 29 de noviembre
La evolución electoral de Vox fue otra de las cuestiones abordadas por Iván Redondo.
El consultor señaló la fortaleza que, a su juicio, muestra la formación de Santiago Abascal en los sondeos y relacionó parte de su situación política con acontecimientos recientes.
Sin embargo, la distribución del voto entre PP y Vox plantea diferentes escenarios parlamentarios.
El resultado dependerá no solo del número de votos que obtenga cada partido, sino también de su distribución territorial y de la cantidad de escaños asignados a cada provincia.
En este contexto, Redondo cuestionó las estimaciones que atribuyen una mayoría muy amplia al conjunto de las fuerzas de derecha. En otras intervenciones recientes ha defendido que sus propios cálculos sitúan a PP y Vox alrededor de los 190 diputados, aunque se trata de una proyección personal y no de un resultado confirmado.
¿Qué posibilidades tiene el PSOE de recuperar a sus antiguos votantes?
La principal conclusión del análisis de Iván Redondo es que el comportamiento de los electores que han cambiado su intención de voto constituye una variable importante para entender las próximas elecciones.
El exdirector del Gabinete de Pedro Sánchez considera que las diferencias entre bloques pueden ser menores de lo que reflejan determinadas proyecciones.
Sin embargo, la existencia de votantes indecisos, los cambios de preferencia política y la movilización electoral impiden conocer con certeza cuál será el resultado del 29 de noviembre.
Las próximas semanas permitirán observar cómo evolucionan las encuestas y qué cuestiones adquieren mayor protagonismo durante la campaña.
La cifra de los 700.000 antiguos votantes socialistas mencionada por Redondo se incorpora así al debate sobre los movimientos electorales entre PSOE, PP y Vox, aunque será necesario esperar al escrutinio para conocer el respaldo real que obtiene cada formación.
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