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La Generalitat pide 8 años de prisión para Camps por el circuito de F1
Publicado
hace 7 añosen
La Abogacía de la Generalitat pide en su escrito de acusación casi ocho años de prisión para el expresidente Francisco Camps por malversación y tráfico de influencias en la causa por las presuntas irregularidades durante el proceso de construcción del circuito urbano de F1 en València. También solicita cerca de 18 años de inhabilitación absoluta y más de 13 de inhabilitación especial para empleo o cargo público.
Así figura en el escrito de acusación que la Abogacía presentó este martes, último día para la presentar los escritos correspondientes, y del que fuentes conocedoras del contenido han informado a Europa Press. Este órgano de control pide la apertura de juicio oral contra el exjefe del Consell y 13 procesados más.
En concreto, para Camps solicita una pena de siete años y un día de prisión, 17 años y seis meses de inhabilitación absoluta y 9 años y tres meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito continuado de malversación de causales públicos en delito con otro de prevaricación. Asimismo, pide 9 meses y un día de cárcel e inhabilitación especial para empleo o cargo público por cuatro años por presunto tráfico de influencias.
La Abogacía presentó este escrito de acusación ‘ad cautelam’ –preventivamente– contra el expresidente de la Generalitat y empresarios por las presuntas irregularidades durante el proceso de construcción del circuito de F1, pendiente de que la magistrada resuelva definitivamente su petición de completar la prueba pericial de la causa, una solicitud que la instructora ha rechazado y esta acusación ha recurrido debido a que, desde el punto de vista de esta parte, en el informe realizado por el Interventor, este advirtió de que no tenía el «criterio técnico suficiente» para evaluar determinados aspectos.
Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción solicitó el sobreseimiento por prescripción de la causa debido a que, según exponía en su escrito, la posible prevaricación en la que basaba su acusación, en caso de ser constitutiva de delito, estaría prescrita.
ACUSA A FLORES, PERO NO A RAMBLA
En este escrito, la Abogacía ha decidido no acusar al que fuera vicepresidente de Camps, Vicente Rambla, que había sido procesado por la instructora. Por el contrario, sí acusa al exconseller de Infraestructuras Mario Flores y a cargos del Ente Gestor de la Red de Transporte y Puertos de la Generalitat (GTP) y empresarios. Entre ellos, tres responsables o trabajadores de la empresa Typsa (en esta mercantil trabajaba la hija del exconseller de Infraestructuras) y dos de Ayesa.
De este modo, este órgano solicita para Flores siete años de prisión, 17 años y seis meses de inhabilitación absoluta y nueve años y tres meses de especial por un delito continuado de malversación en concurso con prevaricación; para el ex secretario autonómico de Infraestructuras, Victoriano Sánchez-Barcaiztegui, la misma petición por los mismos delitos, mientras que para el resto de procesados solicita penas de entre tres y medio y siete años de cárcel más inhabilitaciones.
Entre este último grupo figura el representante de FCC Construcción S.A. José Mayor Oreja, hermano del exministro Jaime Mayor Oreja y quien aparece en los llamados ‘papeles de Bárcenas’ como donante del PP (hasta con 165.000 euros), según constaba en el auto de procesamiento y recuerda la Abogacía en su escrito. Para este procesado piden una condena de tres años y medio de prisión, ocho años de inhabilitación absoluta y cuatro de inhabilitación especial.
TRABAJOS ANTES DE LOS CONCURSOS
En el documento, el abogado de la Generalitat recuerda que el exempleado de Typsa que denunció estos hechos informaba de que se produjeron reuniones en el año 2007, con anterioridad a la adjudicación a la UTE Typsa-Ayesa de los contratos relativos al proyecto de construcción del circuito, en las que el denunciante «ya estuvo trabajando en dichos proyectos, incluso en fechas anteriores a la licitación del oportuno concurso público».
Explicaba también que dichos concursos estuvieran «adjudicados de antemano» a Typsa al existir una «relación de amistad» entre los responsables de la empresa con el que entonces era secretario autonómico, Victoriano Sánchez-Barcaiztegui y con el exconseller de Infraestructuras Mario Flores. Tras la licitación, estas mercantiles acabaron resultando adjudicatarias de los contratos para ejecutar las infraestructuras de conexión de la avenida Francia, prolongación del Paseo de la Alameda y puerto, así como la realización de equipamientos complementarios para construir el circuito urbano.
Señala también la Abogacía que de la documentación intervenida en la sede de Typsa concluye que se abordaron «trámites que fueron realizados con la única intención de dar una apariencia de legalidad a un procedimiento que parecía adjudicado de antemano». Esta misma dinámica se habría reproducido en otros contratos adjudicados a FCC y Hormigones Martínez, añade.
En opinión de la acusación particular, «todos los contratos traen causa de la decisión de Camps de celebrar el Gran Premio de la Fórmula Uno en la ciudad de València» y para sustentar esta afirmación se basa en el decreto 3/2007, de 14 de marzo, del presidente de la Generalitat que –continúa– se firmó «sin recabar informe alguno y arrogándose una competencia que no le correspondía como presidente de la Generalitat por estar atribuida al Consell como órgano colegiado, de acuerdo con el artículo 16.1 b) de la Ley 5/1983, de 30
de diciembre, del Gobierno Valenciano o Consell, invocado en el Decreto».
DICE QUE «NO HUBO COSTE CERO» Y LO CIFRA EN CASI 100 MILLONES
También destaca el escrito que «aun cuando se anunció por el presidente Camps el coste cero de este gran evento y proyecto emblemático para la ciudad de València y la Comunitat Valenciana, con mejoras de comunicaciones, infraestructuras y desarrollo tecnológico, lo cierto es que no hubo tal coste cero, sino merma para las arcas públicas con utilización indebida de fondos públicos y gastos innecesarios que favorecieron a empresas a las que se les eligió al margen del procedimiento legalmente establecido de concurso público y a través de un organismo no competente, el Ente Gestor de Infraestructuras de la Generalitat (GTP), designado al efecto en el Decreto del presidente».
Sobre el GTP, agrega que a este ente «no le compete construcción de
infraestructura urbana, ni de circuitos, recintos e instalaciones deportivas» y que sirvió para «distraer recursos y fondos públicos para fines ajenos y diversos a los que son su objeto social y funciones propias, y a través del concierto y suscripción de irregulares contratos tanto en su adjudicación
inicial como en su posterior modificación». Todo ello con el fin de construir un circuito que, a juicio de la Abogacía tenía como fin cumplir el «deseo» de Camps de celebrar un Gran Premio urbano en València.
Con todo, la Abogacía de la Generalitat realiza un desglose de las distintas inversiones que afrontaron las administraciones públicas para la construcción del circuito urbano de F1 y las cifra en un total de 98.674.484 euros. De este montante, diferencia entre el total de gasto «que no resulta en ningún caso recuperable», que afirma que asciende a 55,7 millones, y la parte «que podría ser recuperable por la vía prevista en el convenio suscrito con el Ayuntamiento el año 2007», que sitúa en cerca de 34,5 millones. A esta suma añade gastos financieros del préstamo que se solicitó por 60 millones, además de intereses.
«Por lo tanto, la decisión de Camps de construir el circuito, imponiendo a GTP a través del Decreto 3/2007 obligaciones que excedían de su objeto social y que no son susceptibles de recuperación alcanza la cifra de 55.742.724,57 euros», concluye.
Fuente: Europa Press
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Feijóo arrincona a un Sánchez sin crédito en el cara a cara del 29N
Publicado
hace 4 horasen
19 noviembre, 2026
Opinión | A diez días de las elecciones generales, Alberto Núñez Feijóo lleva la iniciativa en el debate de esta noche. Firme en vivienda y economía, el candidato del PP también ha sabido abordar con elegancia los asuntos judiciales que afectan al entorno familiar de Pedro Sánchez.
«El PIB no se come». Con cuatro palabras, Alberto Núñez Feijóo ha dado con la réplica más eficaz de lo que llevamos de cara a cara del 29N. Pedro Sánchez defendía su balance económico y el candidato del PP llevó la discusión a una pregunta que entiende cualquiera que haga la compra, pague un alquiler o mire cuánto le queda en la cuenta el día 25. ¿Cuánto de ese crecimiento se nota en casa? Ahí Feijóo le ha ganado el intercambio con claridad. Un Sánchez agotado que no ha sido capaz de defender nada, absolutamente nada.
El contraste de esta noche está siendo más político que televisivo. Feijóo se muestra firme y creíble como alternativa. Sánchez transmite el agotamiento de un presidente que pide otro mandato con demasiadas explicaciones pendientes. Conserva oficio y sabe devolver un golpe, pero se le ve más cómodo enumerando cifras y reprochando al PP sus votos que explicando por qué su gestión merece otros cuatro años de confianza.
La vivienda deja a Sánchez frente a su propio balance
El debate electoral entre Sánchez y Feijóo ha empezado por la vivienda. El presidente tenía ahí una obligación elemental: explicar qué ha conseguido su Gobierno para quien sigue sin poder alquilar o comprar. Feijóo le ha recordado sus ocho años en el poder. Sánchez ha replicado con los votos del PP contra medidas relacionadas con los pisos turísticos y la protección de la vivienda pública. El reproche merece respuesta. Al presidente le sigue quedando la pregunta más incómoda: con los instrumentos que sí tuvo, ¿cuánto consiguió?
La discusión se vuelve especialmente reveladora cuando Sánchez habla de un millón de viviendas construidas durante su mandato. La verificación de elDiario.es sitúa en unas 752.000 las viviendas construidas desde 2018 y en unos 940.000 los visados. Un visado autoriza un proyecto. Para la familia que busca dónde vivir, lo que cuenta es cuándo puede entrar por la puerta. Mezclar esas dos cifras debilita justo el balance que el presidente necesita defender.
Feijóo pone medidas concretas sobre la mesa
El PP plantea aumentar la oferta en un millón de viviendas y rebajar al 4 % el IVA de la primera vivienda para menores de 40 años. Son compromisos que permiten preguntar por plazos, suelo y beneficiarios. La rebaja fiscal puede aliviar la compra a quien ya ha reunido una entrada. Para quien dedica buena parte del sueldo al alquiler y apenas consigue ahorrar, la cuestión decisiva sigue siendo cuándo habrá más oferta asequible. Feijóo gana credibilidad cuando concreta, porque da al votante medidas que puede examinar y exigirle si llega a la Moncloa.
Feijóo ha sido un señor al abordar los casos del entorno de Sánchez
En el terreno más delicado del cara a cara, Feijóo ha sido un señor. Al aludir a los asuntos judiciales del entorno familiar del presidente, entre los que están los procedimientos que afectan a su esposa, Begoña Gómez, y a su hermano, David Sánchez, el candidato del PP ha mostrado firmeza y elegancia. Tenía delante a un presidente al que podía pedir explicaciones políticas y mantuvo ahí el foco.
La elegancia importa precisamente porque el asunto es incómodo. Se puede exigir transparencia a quien gobierna y respetar al mismo tiempo la presunción de inocencia de las personas afectadas. A los tribunales les corresponde resolver los procedimientos. A Pedro Sánchez le corresponde dar las explicaciones políticas que se le piden como presidente. Feijóo ha marcado esa diferencia con más aplomo del que Sánchez ha mostrado al defender su gestión.
El crecimiento que Sánchez celebra y el bolsillo del que habla Feijóo
El crecimiento económico es un argumento legítimo para un presidente. Su fuerza electoral depende de que la gente pueda relacionarlo con su vida. Si el sueldo sube y el alquiler se come la mejora, el balance del Gobierno tendrá que explicar ambas cosas. Con su réplica sobre el PIB, Feijóo ha sabido señalar esa distancia en una frase. Sánchez llevaba cifras para defender la gestión. El candidato del PP encontró la pregunta que esas cifras dejaban abierta.
El popular también se ha comprometido a revalorizar las pensiones conforme al IPC. Sánchez, por su parte, le ha preguntado si elevaría el salario mínimo hasta el 60 % del salario medio y Feijóo ha dejado esa pregunta sin contestar en el intercambio. Ahí el presidente ha apretado. Aun así, en el tramo que llevamos, la discusión vuelve una y otra vez al terreno elegido por Feijóo: precios, impuestos y poder adquisitivo.
Sánchez puede ganar una réplica. Recuperar el crédito es otra cosa
A estas alturas del cara a cara del 19 de noviembre, el repaso de Feijóo a Sánchez se mide por las preguntas que consigue dejar encima de la mesa. ¿Qué vivienda puede pagar hoy alguien que trabaja? ¿Cuánto se nota el crecimiento cuando llega el recibo del alquiler? ¿Por qué habría que dar por buena una nueva promesa si el balance de la anterior sigue en discusión?
Queda debate. Por lo visto hasta ahora, Feijóo está siendo más firme, más convincente y más elegante en los asuntos más delicados. Sánchez conserva el oficio para ganar una réplica. Lo que parece haber agotado es el crédito para pedir otros cuatro años con las mismas explicaciones.
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