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La Generalitat pide 8 años de prisión para Camps por el circuito de F1
Publicado
hace 7 añosen
La Abogacía de la Generalitat pide en su escrito de acusación casi ocho años de prisión para el expresidente Francisco Camps por malversación y tráfico de influencias en la causa por las presuntas irregularidades durante el proceso de construcción del circuito urbano de F1 en València. También solicita cerca de 18 años de inhabilitación absoluta y más de 13 de inhabilitación especial para empleo o cargo público.
Así figura en el escrito de acusación que la Abogacía presentó este martes, último día para la presentar los escritos correspondientes, y del que fuentes conocedoras del contenido han informado a Europa Press. Este órgano de control pide la apertura de juicio oral contra el exjefe del Consell y 13 procesados más.
En concreto, para Camps solicita una pena de siete años y un día de prisión, 17 años y seis meses de inhabilitación absoluta y 9 años y tres meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito continuado de malversación de causales públicos en delito con otro de prevaricación. Asimismo, pide 9 meses y un día de cárcel e inhabilitación especial para empleo o cargo público por cuatro años por presunto tráfico de influencias.
La Abogacía presentó este escrito de acusación ‘ad cautelam’ –preventivamente– contra el expresidente de la Generalitat y empresarios por las presuntas irregularidades durante el proceso de construcción del circuito de F1, pendiente de que la magistrada resuelva definitivamente su petición de completar la prueba pericial de la causa, una solicitud que la instructora ha rechazado y esta acusación ha recurrido debido a que, desde el punto de vista de esta parte, en el informe realizado por el Interventor, este advirtió de que no tenía el «criterio técnico suficiente» para evaluar determinados aspectos.
Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción solicitó el sobreseimiento por prescripción de la causa debido a que, según exponía en su escrito, la posible prevaricación en la que basaba su acusación, en caso de ser constitutiva de delito, estaría prescrita.
ACUSA A FLORES, PERO NO A RAMBLA
En este escrito, la Abogacía ha decidido no acusar al que fuera vicepresidente de Camps, Vicente Rambla, que había sido procesado por la instructora. Por el contrario, sí acusa al exconseller de Infraestructuras Mario Flores y a cargos del Ente Gestor de la Red de Transporte y Puertos de la Generalitat (GTP) y empresarios. Entre ellos, tres responsables o trabajadores de la empresa Typsa (en esta mercantil trabajaba la hija del exconseller de Infraestructuras) y dos de Ayesa.
De este modo, este órgano solicita para Flores siete años de prisión, 17 años y seis meses de inhabilitación absoluta y nueve años y tres meses de especial por un delito continuado de malversación en concurso con prevaricación; para el ex secretario autonómico de Infraestructuras, Victoriano Sánchez-Barcaiztegui, la misma petición por los mismos delitos, mientras que para el resto de procesados solicita penas de entre tres y medio y siete años de cárcel más inhabilitaciones.
Entre este último grupo figura el representante de FCC Construcción S.A. José Mayor Oreja, hermano del exministro Jaime Mayor Oreja y quien aparece en los llamados ‘papeles de Bárcenas’ como donante del PP (hasta con 165.000 euros), según constaba en el auto de procesamiento y recuerda la Abogacía en su escrito. Para este procesado piden una condena de tres años y medio de prisión, ocho años de inhabilitación absoluta y cuatro de inhabilitación especial.
TRABAJOS ANTES DE LOS CONCURSOS
En el documento, el abogado de la Generalitat recuerda que el exempleado de Typsa que denunció estos hechos informaba de que se produjeron reuniones en el año 2007, con anterioridad a la adjudicación a la UTE Typsa-Ayesa de los contratos relativos al proyecto de construcción del circuito, en las que el denunciante «ya estuvo trabajando en dichos proyectos, incluso en fechas anteriores a la licitación del oportuno concurso público».
Explicaba también que dichos concursos estuvieran «adjudicados de antemano» a Typsa al existir una «relación de amistad» entre los responsables de la empresa con el que entonces era secretario autonómico, Victoriano Sánchez-Barcaiztegui y con el exconseller de Infraestructuras Mario Flores. Tras la licitación, estas mercantiles acabaron resultando adjudicatarias de los contratos para ejecutar las infraestructuras de conexión de la avenida Francia, prolongación del Paseo de la Alameda y puerto, así como la realización de equipamientos complementarios para construir el circuito urbano.
Señala también la Abogacía que de la documentación intervenida en la sede de Typsa concluye que se abordaron «trámites que fueron realizados con la única intención de dar una apariencia de legalidad a un procedimiento que parecía adjudicado de antemano». Esta misma dinámica se habría reproducido en otros contratos adjudicados a FCC y Hormigones Martínez, añade.
En opinión de la acusación particular, «todos los contratos traen causa de la decisión de Camps de celebrar el Gran Premio de la Fórmula Uno en la ciudad de València» y para sustentar esta afirmación se basa en el decreto 3/2007, de 14 de marzo, del presidente de la Generalitat que –continúa– se firmó «sin recabar informe alguno y arrogándose una competencia que no le correspondía como presidente de la Generalitat por estar atribuida al Consell como órgano colegiado, de acuerdo con el artículo 16.1 b) de la Ley 5/1983, de 30
de diciembre, del Gobierno Valenciano o Consell, invocado en el Decreto».
DICE QUE «NO HUBO COSTE CERO» Y LO CIFRA EN CASI 100 MILLONES
También destaca el escrito que «aun cuando se anunció por el presidente Camps el coste cero de este gran evento y proyecto emblemático para la ciudad de València y la Comunitat Valenciana, con mejoras de comunicaciones, infraestructuras y desarrollo tecnológico, lo cierto es que no hubo tal coste cero, sino merma para las arcas públicas con utilización indebida de fondos públicos y gastos innecesarios que favorecieron a empresas a las que se les eligió al margen del procedimiento legalmente establecido de concurso público y a través de un organismo no competente, el Ente Gestor de Infraestructuras de la Generalitat (GTP), designado al efecto en el Decreto del presidente».
Sobre el GTP, agrega que a este ente «no le compete construcción de
infraestructura urbana, ni de circuitos, recintos e instalaciones deportivas» y que sirvió para «distraer recursos y fondos públicos para fines ajenos y diversos a los que son su objeto social y funciones propias, y a través del concierto y suscripción de irregulares contratos tanto en su adjudicación
inicial como en su posterior modificación». Todo ello con el fin de construir un circuito que, a juicio de la Abogacía tenía como fin cumplir el «deseo» de Camps de celebrar un Gran Premio urbano en València.
Con todo, la Abogacía de la Generalitat realiza un desglose de las distintas inversiones que afrontaron las administraciones públicas para la construcción del circuito urbano de F1 y las cifra en un total de 98.674.484 euros. De este montante, diferencia entre el total de gasto «que no resulta en ningún caso recuperable», que afirma que asciende a 55,7 millones, y la parte «que podría ser recuperable por la vía prevista en el convenio suscrito con el Ayuntamiento el año 2007», que sitúa en cerca de 34,5 millones. A esta suma añade gastos financieros del préstamo que se solicitó por 60 millones, además de intereses.
«Por lo tanto, la decisión de Camps de construir el circuito, imponiendo a GTP a través del Decreto 3/2007 obligaciones que excedían de su objeto social y que no son susceptibles de recuperación alcanza la cifra de 55.742.724,57 euros», concluye.
Fuente: Europa Press
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Qué es el balasto ferroviario y cómo puede provocar accidentes de tren
Publicado
hace 14 horasen
18 noviembre, 2026
El estado de las piedras que se colocan bajo las vías es fundamental para garantizar la seguridad ferroviaria: si se degradan, se rompen o pierden estabilidad, pueden comprometer la infraestructura por la que circulan los trenes.
El balasto ferroviario se ha situado en el centro de la investigación del accidente de tren de Adamuz (Córdoba), después de que un antiguo trabajador de una cantera haya alertado ante la jueza de la posible existencia de material defectuoso en el tramo donde se produjo el siniestro. Su declaración ha abierto nuevas preguntas sobre la calidad de los materiales utilizados en las obras ferroviarias y sobre la importancia de su mantenimiento.
Pero ¿qué es exactamente el balasto?, ¿para qué sirve y por qué puede resultar peligroso si no se encuentra en buenas condiciones?
¿Qué es el balasto de las vías del tren?
El balasto es una capa de piedras trituradas que se coloca debajo y alrededor de las traviesas de las vías ferroviarias. Aunque a simple vista puede parecer un simple relleno de grava, se trata de uno de los elementos esenciales para garantizar la estabilidad de la infraestructura.
Estas piedras, que deben cumplir unas características técnicas específicas, forman una base sobre la que descansan las traviesas y los raíles.
Su función es mucho más importante de lo que parece. El balasto permite:
- Repartir el peso de los trenes: distribuye las cargas que soportan los raíles y las traviesas hacia el terreno.
- Mantener la estabilidad de la vía: evita que las traviesas se desplacen por las fuerzas que genera el paso de los convoyes.
- Amortiguar vibraciones: ayuda a absorber parte de los impactos y esfuerzos producidos durante la circulación.
- Drenar el agua: facilita la evacuación de la lluvia y evita acumulaciones que puedan afectar a la plataforma ferroviaria.
- Facilitar el mantenimiento: permite realizar operaciones de nivelación y alineación de las vías.
Por tanto, la calidad de estas piedras es fundamental para que la vía mantenga su geometría y resista las cargas de los trenes.
¿Cómo puede provocar accidentes ferroviarios el balasto?
El balasto no provoca por sí mismo un accidente ferroviario. Sin embargo, cuando pierde sus propiedades o no cumple los requisitos de calidad exigidos, puede comprometer la estabilidad de la vía y convertirse en un factor de riesgo.
Uno de los principales problemas aparece cuando las piedras se rompen o se desgastan en exceso por la presión y el rozamiento que soportan durante la circulación.
Este deterioro genera partículas más pequeñas, conocidas como finos, que pueden acumularse entre las piedras y alterar el comportamiento de la capa de balasto.
Entre las consecuencias de una degradación importante destacan:
1. Pérdida de estabilidad de las traviesas
Si el balasto deja de proporcionar un apoyo adecuado, las traviesas pueden perder firmeza y desplazarse. Esto puede afectar a la posición de los raíles.
2. Alteraciones en la geometría de la vía
Una base deteriorada puede favorecer deformaciones, desniveles o desajustes en la alineación de los carriles. Estas irregularidades pueden comprometer la circulación segura de los trenes.
3. Problemas de drenaje
Cuando los huecos entre las piedras quedan ocupados por partículas finas, el agua puede evacuarse con mayor dificultad. La acumulación de humedad puede afectar a la plataforma y reducir la estabilidad del conjunto.
4. Mayor deterioro de la infraestructura
Un balasto que no cumple sus funciones puede acelerar el desgaste de otros componentes de la vía y aumentar las necesidades de mantenimiento.
Por este motivo, los administradores ferroviarios deben comprobar periódicamente su estado y sustituir o tratar el material cuando pierde sus características originales.
¿Qué ha ocurrido con el balasto del accidente de Adamuz?
El material se encuentra bajo la lupa de la investigación judicial del accidente ferroviario de Adamuz, ocurrido el pasado 18 de enero.
Un antiguo trabajador de una cantera que suministró balasto para las obras de renovación de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla ha alertado de que las piedras utilizadas podrían presentar defectos de calidad.
Según su testimonio, el material tendría un exceso de desgaste y una tendencia a fragmentarse cuando soporta las cargas de los trenes. Esta circunstancia podría provocar la generación de partículas finas y una pérdida de firmeza de la banqueta ferroviaria.
El extrabajador sostiene que el balasto no cumpliría las exigencias técnicas establecidas por Adif y ha solicitado que se analicen las muestras para comprobar sus características.
La jueza que instruye el caso ha ordenado realizar análisis de muestras de balasto y traviesas de hormigón en el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, con pruebas de contraste en el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (Cedex).
También ha reclamado documentación sobre el suministro del material utilizado en las obras, incluidos los pliegos técnicos y los controles de calidad.
¿Está demostrado que el balasto provocó el accidente de Adamuz?
Por el momento, no. Las advertencias sobre la posible mala calidad del balasto forman parte de las líneas que se están examinando, pero no existe una conclusión judicial que demuestre que este material provocara el accidente.
La investigación también ha puesto el foco en la rotura del carril y su soldadura en el punto kilométrico 318,681 de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla.
Por tanto, será necesario conocer los resultados de los análisis técnicos y de las investigaciones para determinar qué ocurrió y si existió alguna relación entre el estado del balasto y el siniestro.
El caso ha vuelto a poner de manifiesto que la seguridad ferroviaria no depende únicamente de los raíles o de los sistemas de señalización. También resulta imprescindible controlar los materiales que sostienen las vías y garantizar que mantienen las condiciones necesarias para soportar el paso de los trenes.
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