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La Generalitat pide 8 años de prisión para Camps por el circuito de F1

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La Abogacía de la Generalitat pide en su escrito de acusación casi ocho años de prisión para el expresidente Francisco Camps por malversación y tráfico de influencias en la causa por las presuntas irregularidades durante el proceso de construcción del circuito urbano de F1 en València. También solicita cerca de 18 años de inhabilitación absoluta y más de 13 de inhabilitación especial para empleo o cargo público.

Así figura en el escrito de acusación que la Abogacía presentó este martes, último día para la presentar los escritos correspondientes, y del que fuentes conocedoras del contenido han informado a Europa Press. Este órgano de control pide la apertura de juicio oral contra el exjefe del Consell y 13 procesados más.

En concreto, para Camps solicita una pena de siete años y un día de prisión, 17 años y seis meses de inhabilitación absoluta y 9 años y tres meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito continuado de malversación de causales públicos en delito con otro de prevaricación. Asimismo, pide 9 meses y un día de cárcel e inhabilitación especial para empleo o cargo público por cuatro años por presunto tráfico de influencias.

La Abogacía presentó este escrito de acusación ‘ad cautelam’ –preventivamente– contra el expresidente de la Generalitat y empresarios por las presuntas irregularidades durante el proceso de construcción del circuito de F1, pendiente de que la magistrada resuelva definitivamente su petición de completar la prueba pericial de la causa, una solicitud que la instructora ha rechazado y esta acusación ha recurrido debido a que, desde el punto de vista de esta parte, en el informe realizado por el Interventor, este advirtió de que no tenía el «criterio técnico suficiente» para evaluar determinados aspectos.

Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción solicitó el sobreseimiento por prescripción de la causa debido a que, según exponía en su escrito, la posible prevaricación en la que basaba su acusación, en caso de ser constitutiva de delito, estaría prescrita.

 

ACUSA A FLORES, PERO NO A RAMBLA

En este escrito, la Abogacía ha decidido no acusar al que fuera vicepresidente de Camps, Vicente Rambla, que había sido procesado por la instructora. Por el contrario, sí acusa al exconseller de Infraestructuras Mario Flores y a cargos del Ente Gestor de la Red de Transporte y Puertos de la Generalitat (GTP) y empresarios. Entre ellos, tres responsables o trabajadores de la empresa Typsa (en esta mercantil trabajaba la hija del exconseller de Infraestructuras) y dos de Ayesa.

De este modo, este órgano solicita para Flores siete años de prisión, 17 años y seis meses de inhabilitación absoluta y nueve años y tres meses de especial por un delito continuado de malversación en concurso con prevaricación; para el ex secretario autonómico de Infraestructuras, Victoriano Sánchez-Barcaiztegui, la misma petición por los mismos delitos, mientras que para el resto de procesados solicita penas de entre tres y medio y siete años de cárcel más inhabilitaciones.

Entre este último grupo figura el representante de FCC Construcción S.A. José Mayor Oreja, hermano del exministro Jaime Mayor Oreja y quien aparece en los llamados ‘papeles de Bárcenas’ como donante del PP (hasta con 165.000 euros), según constaba en el auto de procesamiento y recuerda la Abogacía en su escrito. Para este procesado piden una condena de tres años y medio de prisión, ocho años de inhabilitación absoluta y cuatro de inhabilitación especial.

 

TRABAJOS ANTES DE LOS CONCURSOS

En el documento, el abogado de la Generalitat recuerda que el exempleado de Typsa que denunció estos hechos informaba de que se produjeron reuniones en el año 2007, con anterioridad a la adjudicación a la UTE Typsa-Ayesa de los contratos relativos al proyecto de construcción del circuito, en las que el denunciante «ya estuvo trabajando en dichos proyectos, incluso en fechas anteriores a la licitación del oportuno concurso público».

Explicaba también que dichos concursos estuvieran «adjudicados de antemano» a Typsa al existir una «relación de amistad» entre los responsables de la empresa con el que entonces era secretario autonómico, Victoriano Sánchez-Barcaiztegui y con el exconseller de Infraestructuras Mario Flores. Tras la licitación, estas mercantiles acabaron resultando adjudicatarias de los contratos para ejecutar las infraestructuras de conexión de la avenida Francia, prolongación del Paseo de la Alameda y puerto, así como la realización de equipamientos complementarios para construir el circuito urbano.

Señala también la Abogacía que de la documentación intervenida en la sede de Typsa concluye que se abordaron «trámites que fueron realizados con la única intención de dar una apariencia de legalidad a un procedimiento que parecía adjudicado de antemano». Esta misma dinámica se habría reproducido en otros contratos adjudicados a FCC y Hormigones Martínez, añade.

En opinión de la acusación particular, «todos los contratos traen causa de la decisión de Camps de celebrar el Gran Premio de la Fórmula Uno en la ciudad de València» y para sustentar esta afirmación se basa en el decreto 3/2007, de 14 de marzo, del presidente de la Generalitat que –continúa– se firmó «sin recabar informe alguno y arrogándose una competencia que no le correspondía como presidente de la Generalitat por estar atribuida al Consell como órgano colegiado, de acuerdo con el artículo 16.1 b) de la Ley 5/1983, de 30
de diciembre, del Gobierno Valenciano o Consell, invocado en el Decreto».

 

DICE QUE «NO HUBO COSTE CERO» Y LO CIFRA EN CASI 100 MILLONES

También destaca el escrito que «aun cuando se anunció por el presidente Camps el coste cero de este gran evento y proyecto emblemático para la ciudad de València y la Comunitat Valenciana, con mejoras de comunicaciones, infraestructuras y desarrollo tecnológico, lo cierto es que no hubo tal coste cero, sino merma para las arcas públicas con utilización indebida de fondos públicos y gastos innecesarios que favorecieron a empresas a las que se les eligió al margen del procedimiento legalmente establecido de concurso público y a través de un organismo no competente, el Ente Gestor de Infraestructuras de la Generalitat (GTP), designado al efecto en el Decreto del presidente».

Sobre el GTP, agrega que a este ente «no le compete construcción de
infraestructura urbana, ni de circuitos, recintos e instalaciones deportivas» y que sirvió para «distraer recursos y fondos públicos para fines ajenos y diversos a los que son su objeto social y funciones propias, y a través del concierto y suscripción de irregulares contratos tanto en su adjudicación
inicial como en su posterior modificación». Todo ello con el fin de construir un circuito que, a juicio de la Abogacía tenía como fin cumplir el «deseo» de Camps de celebrar un Gran Premio urbano en València.

Con todo, la Abogacía de la Generalitat realiza un desglose de las distintas inversiones que afrontaron las administraciones públicas para la construcción del circuito urbano de F1 y las cifra en un total de 98.674.484 euros. De este montante, diferencia entre el total de gasto «que no resulta en ningún caso recuperable», que afirma que asciende a 55,7 millones, y la parte «que podría ser recuperable por la vía prevista en el convenio suscrito con el Ayuntamiento el año 2007», que sitúa en cerca de 34,5 millones. A esta suma añade gastos financieros del préstamo que se solicitó por 60 millones, además de intereses.

«Por lo tanto, la decisión de Camps de construir el circuito, imponiendo a GTP a través del Decreto 3/2007 obligaciones que excedían de su objeto social y que no son susceptibles de recuperación alcanza la cifra de 55.742.724,57 euros», concluye.

 

Fuente: Europa Press

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El programa electoral del PP, al detalle: qué cambiaría Feijóo en vivienda e impuestos

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Programa electoral PP
Alberto Núñez Feijóo-PARTIDO POPULAR

El programa electoral del PP para las generales del 29 de noviembre de 2026 reúne 249 propuestas sobre vivienda, impuestos, inmigración, ayudas sociales y reforma de las instituciones.

El programa electoral del PP para las elecciones generales de 2026 sitúa el acceso a la vivienda, las rebajas fiscales para los jóvenes y el control de la inmigración entre sus principales ejes. Bajo el título «La Reconstrucción Nacional», Alberto Núñez Feijóo presenta 249 medidas con las que aspira a orientar su acción de gobierno si alcanza la Presidencia tras los comicios del 29 de noviembre.

Las propuestas incluyen impulsar la construcción de un millón de viviendas, modificar los requisitos para obtener la nacionalidad española y reorganizar las prestaciones sociales mediante una nueva renta vinculada a la formación y la búsqueda de empleo.

Se trata de compromisos electorales, cuya aplicación dependería de su posterior desarrollo y, cuando corresponda, de la aprobación de los cambios legislativos necesarios.

Vivienda: un millón de inmuebles y rebaja del IVA para menores de 40 años

La vivienda es una de las prioridades del programa del PP. La formación propone impulsar la construcción de un millón de viviendas durante la próxima legislatura, apoyándose en una nueva Ley del Suelo y en la reducción de los trámites administrativos.

El planteamiento busca facilitar el desarrollo de nuevas promociones y aumentar la oferta residencial. También incluye la derogación de la actual Ley de Vivienda y la eliminación de los mecanismos de intervención sobre los precios del alquiler.

IVA del 4 % para comprar la primera vivienda nueva

Una de las medidas dirigidas a los jóvenes es reducir del 10 % al 4 % el IVA de la primera vivienda nueva para menores de 40 años.

En el mercado del alquiler, el partido plantea reducciones en el IRPF para los propietarios que actualicen las rentas por debajo del IPC.

El apartado incorpora, además, una propuesta normativa para permitir la recuperación de viviendas ocupadas en un plazo de 48 horas, conforme a las condiciones que establezca esa regulación.

Menos IRPF para trabajadores y autónomos jóvenes

La rebaja de impuestos a los jóvenes constituye otro de los puntos destacados del programa de Feijóo.

El PP propone reducir la carga fiscal de trabajadores y autónomos de entre 18 y 35 años durante sus primeros cuatro años como contribuyentes del IRPF.

La medida se plantea de forma progresiva y persigue aumentar la renta disponible en los primeros años de actividad laboral. La formación la vincula también con la posibilidad de ahorrar y afrontar la compra de una primera vivienda.

Inmigración: identificación en siete días y refuerzo de las fronteras

El programa electoral del PP de 2026 apuesta por reforzar el control fronterizo y acelerar los procedimientos de devolución de quienes entren irregularmente en España.

Entre sus propuestas figura identificar en un máximo de siete días a las personas que crucen irregularmente la frontera, con el objetivo de agilizar la tramitación de sus casos.

El documento también contempla:

  • Impulsar centros en terceros países para inmigrantes en situación irregular.
  • Reforzar los efectivos policiales y los medios de vigilancia en las fronteras terrestres, marítimas y aeroportuarias.
  • Establecer visados asociados a cupos anuales de trabajadores y a las necesidades de los sectores económicos.
  • Introducir compromisos de integración para renovar los permisos de residencia.
  • Prohibir el burka y el niqab en los espacios públicos.

Los compromisos de integración incluirían el aprendizaje del español y el conocimiento de la Constitución y de los valores de la Unión Europea.

Nuevos requisitos para conseguir la nacionalidad española

El PP propone una nueva Ley de Nacionalidad para modificar las condiciones de acceso a la nacionalidad española.

El planteamiento contempla reforzar los requisitos de residencia legal y continuada, conocimiento del idioma y acreditación de conocimientos sobre la historia y la cultura de España.

Asimismo, recoge un tratamiento preferente para ciudadanos procedentes de países de la Hispanidad.

Una Renta de Activación para reorganizar las ayudas sociales

En protección social, Feijóo plantea crear una Renta de Activación que integre el Ingreso Mínimo Vital y otros subsidios.

El objetivo declarado es vincular la prestación a un acuerdo de formación y búsqueda activa de empleo, con mecanismos de seguimiento de los compromisos asumidos por sus beneficiarios.

Según el planteamiento recogido en el texto, rechazar reiteradamente ofertas de trabajo consideradas adecuadas podría conllevar la pérdida de la ayuda. La definición de los requisitos y de las condiciones de aplicación necesitaría un desarrollo normativo.

Familia y natalidad: permisos por nacimiento y congelación de óvulos

El programa incluye distintas iniciativas de apoyo a las familias y fomento de la natalidad.

Una de ellas consiste en contabilizar al concebido no nacido para determinar determinadas ayudas y beneficios familiares.

También propone facilitar la congelación de óvulos para mujeres jóvenes y ampliar los permisos por nacimiento, con mayor flexibilidad para distribuir los periodos de disfrute.

Una ley nacional de cuidados paliativos

En el ámbito sanitario, el PP plantea aprobar una ley nacional de cuidados paliativos para reforzar la atención a pacientes con enfermedades graves y las prestaciones asistenciales al final de la vida.

La formación sostiene que la falta de recursos o de atención no debe condicionar las decisiones de los pacientes. Este apartado se sitúa en el contexto de su oposición a la legislación sobre eutanasia, aunque las medidas descritas se centran en el desarrollo de los cuidados paliativos.

Seguridad: respuesta a la multirreincidencia y los actos violentos

Las propuestas de seguridad incluyen reforzar los juicios rápidos y endurecer la respuesta frente a la multirreincidencia.

El PP también plantea que la ocultación del rostro pueda constituir una circunstancia agravante en determinados delitos y establecer responsabilidades para los tutores cuando menores a su cargo participen en actos violentos.

Estas iniciativas requerirían concretar su alcance y las condiciones de aplicación en las correspondientes reformas legales.

Auditoría del gasto público y reducción de la burocracia

La reforma de la Administración incorpora una auditoría de las cuentas públicas durante los primeros cien días de gobierno, junto con la reducción del número de ministerios, altos cargos y asesores.

El programa propone una regla de simplificación administrativa basada en eliminar tres normas vigentes por cada nueva norma aprobada.

En materia presupuestaria, plantea cambios para que una segunda prórroga consecutiva de los Presupuestos Generales del Estado implique la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones.

Cambios en la Fiscalía y el Tribunal Constitucional

El documento contempla un mandato único de cinco años para el fiscal general del Estado, así como un informe vinculante del Consejo General del Poder Judicial para su designación.

Respecto al Tribunal Constitucional, propone impedir el acceso de candidatos que hayan desempeñado cargos políticos durante los cinco años anteriores.

Derogación de las leyes de Amnistía y Memoria Democrática

Entre los compromisos legislativos del PP figura derogar la Ley de Amnistía y la Ley de Memoria Democrática.

La formación plantea, además, recuperar en el Código Penal los delitos de sedición y de convocatoria de referéndum ilegal.

Se trata de uno de los bloques del programa que concentra las propuestas de cambio respecto a la legislación aprobada en anteriores etapas.

Un plan de infraestructuras de más de 300.000 millones

El programa de Feijóo contempla un plan nacional de inversiones superior a los 300.000 millones de euros durante quince años, con participación pública y privada.

El proyecto abarcaría carreteras, ferrocarriles e infraestructuras hidráulicas y energéticas, con el propósito de renovar y modernizar estas redes.

Prevención de catástrofes y sistemas de alerta

El PP también propone mejorar la detección de riesgos y los mecanismos de aviso ante fenómenos meteorológicos extremos.

El texto da prioridad al mantenimiento, limpieza y ampliación de cauces y barrancos por parte de las confederaciones hidrográficas.

Asimismo, defiende que el Gobierno central intervenga desde el primer momento ante una catástrofe, sin esperar a que las administraciones afectadas soliciten su actuación.

Reforma de RTVE y de la agencia EFE

El apartado dedicado a los medios públicos propone modificar el funcionamiento de RTVE y la agencia EFE.

El PP presenta estas reformas con el objetivo de reforzar su independencia, pluralidad y credibilidad, así como su vocación de servicio público.

Aquí puedes descargarte el programa electoral completo:

LA-RECONSTRUCCION-NACIONAL

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