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La jueza envía a prisión a Alfonso Grau, Rafael Rubio y tres empresarios por corrupción en el caso Azud

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Valencia, 15 may (EFE).- El exsubdelegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana Rafael Rubio (PSOE) y el exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau (PP) han ingresado en prisión incondicional junto a tres empresarios por orden de la jueza que investiga el caso Azud, una supuesta trama de corrupción en el ayuntamiento de la capital valenciana.

Los empresarios encarcelados son Joaquín P.R., Jaime F.R. y Mónica M.G., según ha informado esta madrugada en un comunicado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCM).

Tras la declaración judicial a lo largo de este sábado de los 13 detenidos esta semana por la Guardia Civil en el caso Azud, la jueza encargada de la investigación decidió a última hora la prisión provisional, comunicada y sin fianza de cinco de ellos «al apreciar riesgo de destrucción de pruebas», según las mismas fuentes.

Los otros ocho detenidos que comparecieron ante la jueza de Instrucción número 13 de Valencia quedaron en libertad provisional con medidas cautelares como la retirada de pasaportes, prohibición de salida de territorio nacional y comparecencias semanales en sede judicial, según el Tribunal Superior de Justicia valenciano.

Uno de ellos es José Luis Vera, jefe de los servicios jurídicos de Divalterra, una empresa pública de la Diputación de Valencia.

Los trece acusados fueron detenidos en la segunda fase de esta operación, desarrollada entre el jueves y el viernes, y en la que se han llevado a cabo 46 registros en empresas, despachos profesionales y domiciliarios particulares de las provincias de Valencia, Alicante, Ciudad Real y Madrid.

El caso Azud investiga el supuesto cobro de comisiones irregulares en el Ayuntamiento de Valencia.

La titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Valencia -que cuenta con un juez de refuerzo- sigue tramitando una instrucción que nació en 2017 pero que no saltó a la luz pública hasta 2019, con la detención del abogado y cuñado de la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá, José María Corbín.

En esta causa, que se encuentra bajo secreto de sumario, se investiga el posible cobro de comisiones ilegales relacionadas con operaciones urbanísticas y adjudicaciones de contratos en el Ayuntamiento de Valencia, otros consistorios de la Comunidad Valenciana y diversas entidades públicas locales y estatales.

El grueso de las pesquisas se centra en el periodo comprendido entre los años 2004 y 2011.

Las diligencias judiciales suman ya cerca de medio centenar de investigados por delitos de prevaricación, cohecho, falsedad documental, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y asociación ilícita, «sin perjuicio de ulterior de calificación», según el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

Uno de los detenidos esta semana que ha ingresado en prisión, Rafael Rubio, era subdelegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana hasta su arresto el pasado jueves, momento en el que fue cesado por la delegada del Gobierno, Gloria Calero.

Rubio, que anteriormente fue concejal del PSPV-PSOE en el Ayuntamiento de Valencia, fue nombrado subdelegado del Gobierno en Valencia el 1 de julio de 2020, por lo que ha estado en el cargo poco más de diez meses.

El consejo de administración de la empresa pública Divalterra, dependiente de la Diputación de Valencia, se reunirá el próximo lunes por la tarde para analizar la situación de su responsable jurídico, José Luis Vera, que fue detenido este jueves y ahora se encuentra en libertad con medidas cautelares.

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El PP desvela registros en empresas de los socios de Francis Puig

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València, 27 may (EFE).- La síndica del PP en Les Corts, Eva Ortiz, ha desvelado este jueves en la sesión de control que la policía judicial ha registrado la sede de las empresas del hermano del president de la Generalitat Francis Puig y de los socios de este.

Ortiz ha anunciado que su partido va a presentar una «reclamación formal» para que el hermano del president, Ximo Puig, y sus socios devuelvan a los valencianos el dinero «defraudado» y que han recibido de forma «irregular y fraudulenta» de la Generalitat.

La síndica del PP ha indicado que están «muy de acuerdo» con que el Consell diga que persigue el dinero que se ha defraudado a los valencianos, pero ha opinado que es «incoherente» con que no lo hagan con el hermano del president y sus socios.

Ortiz ha destacado que hay «numerosas irregularidades» que se están investigando en ese dinero que se ha dado «con generosidad familiar» y que ha cifrado en «más de 2 millones de euros» al «cártel de sus hermanos».

La dirigente popular ha reclamado que la Abogacía de la Generalitat «no haga distinción entre quién se lleva el dinero» y «se persone ya» en esta causa.

En el turno de repreguntas, el diputado del PP Miguel Barrachina ha pedido «explicaciones» sobre esas ayudas, a lo que el conseller de Hacienda, Vicent Soler, le ha replicado que el PP lleva 900 peticiones de información sobre este asunto, de las que ya se le han respondido la mitad.

Soler ha reprochado que estas cuestiones las plantee «el partido más corrupto de la historia de España» y ha destacado que esta es la decimoctava sesión de control en la que piden clarificaciones sobre este asunto, aunque ahora le ha tocado hacerlo a un «hijo político de Carlos Fabra».

El PP ha facilitado un auto del Juzgado de Instrucción número 4 de València del 21 de mayo por el que se desestima el recurso interpuesto por Francis Puig, Canal Maestrat, Kriol Produccions, Nova, Enrique Adell Bover y TVCS Retransmisiones contra registros efectuados en ellas.

Los recurrentes señalaban que considera esa la actuación es «desproporcionada», y que si se les hubiera dado traslado «se podría haber evitado el desplazamiento de la Guardia Civil», porque no tienen «inconveniente alguno en aportar cuantas facturas» les sean requeridas.

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