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La jueza procesa a Camps, Rambla y Mario Flores por la construcción del Circuito de Fórmula 1
Publicado
hace 6 añosen

VALÈNCIA, 3 May. – La titular del Juzgado de Instrucción número 17 de Valencia ha decidido procesar al expresidente de la Generalitat Francisco Camps; al que fuera su vicepresidente Vicente Rambla; al exconseller de Infraestructuras Mario Flores y a cargos del Ente Gestor de la Red de Transporte y Puertos de la Generalitat (GTP) y empresarios, en la causa por la construcción del circuito urbano de la Fórmula 1 en València, una actuación que supuso un coste cercano a los 89 millones de euros entre 2007 y 2008. La magistrada sostiene que Camps «capitaneó» al resto de procesados para obtener un «rédito político y personal» como «máxime artífice» de un evento de interés mundial.
Además de estos ex altos cargos, el auto de procesamiento, al que ha tenido acceso Europa Press, se dirige contra el ex director general de Obras Públicas y más tarde secretario autonómico de Infraestructuras, Victoriano Sánchez-Barcaiztegui; tres responsables del ente GTP y los empresarios. Entre ellos, tres responsables o trabajadores de la empresa Typsa (en esta mercantil trabajaba la hija del exconseller de Infraestructuras) y dos de Ayesa.
Además, figura el representante de FCC Construcción S.A. José Mayor Oreja, hermano del exministro Jaime Mayor Oreja y quien aparece en los llamados ‘papeles de Bárcenas’ como donante del PP (hasta con 165.000 euros), según consta en el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, y en el que se asegura que Camps «capitaneó» al resto de procesados en estas actuaciones.
Asimismo, se procesa a los hermanos Tomás y Rafael Martínez Berna, de Hormigones Martínez, ya condenados por conformidad por la Audiencia Nacional por facturas falsas por reflejar servicios inexistentes prestados por Orange Market para pagar actos del PP (hasta 172.000 euros) y al presidente de Construcciones y Estudios (Cyes), Felipe Almenar, sobre el que consta en otras causas la entrega de 200.000 euros a la Caja B de Orange Market bajo el concepto de ‘El Príncipe’, en septiembre de 2007. En ambos casos se infiere correlación temporal entre esas actuaciones y las adjudicaciones de que fueron objeto para el circuito.
TRATO DE FAVOR
Sobre Camps, la jueza sostiene que «ideó, planificó, impulsó y dirigió» la construcción del circuito urbano de la F1 –«con la única intención de proyectar su imagen» como máximo representante de la Comunitat– «al margen de las funciones propias» de su competencia de presidente; de la legislación y «utilizando indebidamente los fondos públicos, alterando datos y fechas en documentos de expedientes administrativos, dándose trato de favor a determinadas empresas que resultaban beneficiadas de adjudicaciones públicas por donaciones y entregas de dinero no hechas de modo altruista, sino con carácter finalista, para obtener como contrapartida adjudicaciones irregulares».
De Rambla, la magistrada subraya que intervino «activamente» en el proyecto y realizó labores de «control directo», con un papel «director» en grandes eventos, y de Flores que tuvo un papel «relevante», aprobando resoluciones hasta en domingo.
En total, son 16 los procesados mientras que la instructora ha acordado el archivo para otras 17 personas, entre ellas, el que fuera secretario autonómico de Deportes y ex secretario general del PP, David Serra, y la asesora del expresidente Belén Reyero, trabajadores y representantes legales de otras constructoras y empresas, al considerar que si bien intervinieron y participaron en el proceso su actuación no tiene relevancia y trascendencia penal.
La magistrada señala en el auto de incoación de procedimiento abreviado que adopta esta decisión tras las diligencias practicadas; las declaraciones de investigados y testigos (entre ellas, las del ex secretario general del PPCV, Ricardo Costa o del resposnable de Orange Market, Álvaro Pérez); informes de Guardia Civil y Policía; documentos de los registros o de la administración y el informe de la Intervención de la Generalitat, que revelan indicios «suficientes, sólidos, razonables y consistentes» contra Camps por prevaricación, malversación y falsedad documental; cohecho y/o tráfico de influencias.
NO FUE A «COSTE CERO»
De hecho, según señala la magistrada, a pesar del anuncio publicitado por Camps de «coste cero» para la Generalitat del evento, lo que sí hubo fue «una merma para las arcas públicas, con utilización indebida de fondos públicos y gastos innecesarios que favorecieron a empresas a las que se les eligió al margen del procedimiento legalmente establecido de concurso público y a través de un organismo no competente», el GTP, designado para ello mediante el Decreto 3/2007 del propio jefe del Consell.
Por este decreto se asignó a la Conselleria dirigida por Flores la competencia para, a través de ese ente, desarrollar las actuaciones necesarias para ejecutar las infraestructuras de conexión de la Avenida de Francia, Alameda y Puerto y la construcción del circuito urbano.
En total, según un informe de Intervención, este órgano, por asignación de competencias de Camps, licitó, adjudicó y ejecutó la totalidad de las obras del circuito urbano entre 2007 y 2008, con un coste total que ascendió a 88.829.624 euros.
20 EXPEDIENTES ANALIZADOS
La jueza explica que, de acuerdo con Intervención, se analizaron 20 expedientes de contratación que tramitó GTP relacionados con el circuito, de los que 19 fundamentan su actuación y necesidad «de manera explícita» en ese Decreto 3/2007, y el primero, el E07/4, de soluciones para las vías de acceso y conexión a la ciudad desde el Puerto, vino motivado por encargo de la Conselleria sin establecer criterios de adjudicación, ni informe de servicios jurídicos de los pliegos, ni fórmula para determinar la oferta más ventajosa.
En relación a las empresas adjudicatarias, consta en la resolución que a Tysa y Ayesa, en UTE, se les adjudicó las tres primeras fases del proyecto de construcción del circuito urbano, y trabajaron y realizaron labores y actuaciones antes de las fechas de licitación y adjudicación de sus cometidos, en sucesivos meses de 2007; adelantándose a fechas de apertura de ofertas y admitiendo algún responsable la «presión» de la administración para que el circuito estuviera listo en agosto de 2008.
EXPEDIENTES FIRMADOS EN DOMINGO
Se da la circunstancia que en uno de estos expedientes –el E07/6 que modificaba un contrato inicial para añadir un importe adicional de 1,3 millones de euros–, fue firmado por el conseller Flores un domingo, el 15 de julio de 2007, lo que para la magistrada evidencia el «actuar precipitado y a contrarreloj» en el que se movían.
Por su parte, FCC fue adjudicataria del expediente E07/23 –relativo a la conexión Alameda-Avenida Francia y Puerto, que ascendió a más de 57 millones de euros y que acabó divido en dos– que fue cuestionado por la Intervención por faltar facturas u órdenes de pago, entre otras, y del que la UDEF hizo mención a esa división.
En la adjudicación a Cyes, adjudicataria de las obras de jardinería y mobiliario urbano de infraestructura de conexión Alameda.-Avenida Francia-Puerto y acondicionamiento de la Marina Real, la magistrada refleja también modificaciones de contrato y qyue la Intervención apreció igualmente falta de facturas u órdenes de pago y la UDEF irregularidades por discrepancias en fechas así como puntuaciones con «consideraciones genéricas».
En el auto, la jueza da traslado a Ministerio Fiscal y Abogacía de la Generalitat para que en diez días formulen escrito de acusación, pidan apertura de juicio oral, el archivo de la causa o soliciten la práctica de diligencias complementarias. La resolución no es firme por lo que cabe la interposición de recurso.
Fuente: (EUROPA PRESS)
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Santos Cerdán ante el Tribunal Supremo: “No me he llevado ni un euro y el PSOE tampoco”
Publicado
hace 41 minsen
4 julio, 2025
El dirigente socialista asegura que su “único delito” fue contribuir a la formación de un Gobierno de izquierdas
Madrid, 3 de julio de 2025 – El secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, compareció este miércoles ante el Tribunal Supremo para declarar en el marco de una investigación judicial, reiterando su inocencia y desvinculando al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) de cualquier implicación económica ilícita. “No me he llevado ni un euro y el PSOE tampoco”, afirmó tajantemente durante su intervención ante los magistrados.
El político navarro defendió que su actuación ha estado siempre dentro de la legalidad y que las acusaciones que pesan sobre él forman parte de una estrategia política para desacreditar al Gobierno progresista. “Mi único delito ha sido ayudar a formar un Gobierno de izquierdas”, manifestó, insistiendo en que no existe prueba alguna que lo relacione con actividades irregulares.
Cerdán niega cualquier implicación económica ilegal
Las declaraciones de Cerdán se producen en un momento clave del proceso judicial, donde se analizan presuntos casos de corrupción política vinculados a figuras del actual Ejecutivo. El dirigente socialista negó de forma categórica haber participado en ninguna operación ilegal, asegurando que no ha percibido beneficio económico personal ni ha canalizado fondos indebidos al partido.
Según fuentes cercanas al caso, la estrategia de la defensa se centra en desacreditar las acusaciones, calificándolas de infundadas y motivadas por intereses partidistas. El PSOE, por su parte, ha reiterado públicamente su confianza en Cerdán y ha asegurado que no existe responsabilidad institucional por los hechos investigados.
El caso continúa en fase de instrucción y está siendo seguido de cerca tanto por los medios de comunicación como por los principales actores políticos del país, en un clima de creciente tensión mediática y judicial.
La UCO rastrea el dinero de las mordidas de la trama Cerdán en 479 cuentas y 12 bancos extranjeros
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil intensifica la investigación sobre la trama de corrupción liderada por Santos Cerdán, ex número tres del PSOE, junto a Koldo García Izaguirre y el exministro de Transportes José Luis Ábalos. El foco principal es seguir el rastro del dinero procedente de supuestas mordidas en adjudicaciones públicas.
Actualmente, la UCO analiza 479 cuentas bancarias abiertas en 35 entidades financieras, incluyendo 12 bancos extranjeros, para desvelar el camino del dinero que podría superar los millones de euros involucrados en esta red de corrupción política.
El caso, uno de los más importantes y delicados en la lucha contra la corrupción en España, pretende esclarecer cómo se repartieron los fondos ilícitos vinculados a contratos públicos amañados y detectar a todos los implicados.
La investigación también incluye el análisis de movimientos financieros de los principales sospechosos para determinar la extensión de la trama y posibles implicaciones de terceros. La UCO continúa trabajando en colaboración con la Agencia Tributaria para rastrear todos los indicios económicos y judiciales que ayuden a cerrar este caso.
Así serán los primeros cinco días de Santos Cerdán en la prisión de Soto del Real tras ser encarcelado por el caso Koldo
Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, ha ingresado oficialmente en el centro penitenciario de Soto del Real (Madrid V) tras la decisión del Tribunal Supremo de decretar prisión provisional, comunicada y sin fianza, por su presunta implicación en la trama de comisiones ilegales conocida como el caso Koldo.
Durante sus primeros cinco días en prisión, Cerdán permanecerá en el departamento de ingresos, una fase clave para todos los reclusos preventivos en la que será evaluado por los distintos técnicos del centro penitenciario antes de que se le asigne una celda definitiva.
Evaluación médica, social y psicológica: el protocolo de ingreso penitenciario
Según establece el artículo 20 del Reglamento Penitenciario, todos los internos recién llegados pasan por un proceso de evaluación integral. Cerdán será examinado a la mayor brevedad posible por el médico del centro y entrevistado por un educador y un trabajador social, quienes detectarán sus posibles necesidades sociales, personales o psicológicas. Esta evaluación inicial también ayudará a determinar su inclusión en programas de tratamiento o intervención específicos.
El objetivo de este procedimiento es ofrecer un modelo individualizado de intervención y velar tanto por su salud como por su seguridad y adaptación al entorno penitenciario.
La celda definitiva y el informe técnico
Durante estos días, los profesionales de Soto del Real emitirán un primer informe de clasificación interior conforme al artículo 99 del Reglamento Penitenciario, que determinará su ubicación definitiva dentro del centro. Esta fase puede incluir una propuesta de separación interior, inclusión en módulos específicos o incluso, en casos puntuales, el traslado a otro centro penitenciario si así se considera oportuno.
Solo se podrá prolongar esta fase inicial más allá de los cinco días por motivos sanitarios o de seguridad, debiendo ser notificado al juez de vigilancia penitenciaria.
Además, la prisión planificará desde el primer momento las actividades educativas, socioculturales, deportivas y de desarrollo personal en las que podrá participar el exdirigente socialista.
El papel de la Junta de Tratamiento
Una vez finalizado el ingreso, la Junta de Tratamiento del centro valorará factores como su ocupación laboral previa, nivel de estudios, formación profesional y situación familiar para definir un modelo de intervención adaptado. Todo ello respetando el principio de presunción de inocencia, dado que Cerdán se encuentra en calidad de investigado y no condenado.
Las acusaciones del Tribunal Supremo: organización criminal, cohecho y tráfico de influencias
El ingreso en prisión de Santos Cerdán se produce tras un auto firmado por el magistrado Leopoldo Puente, que lo considera pieza clave en la presunta red de adjudicación irregular de obra pública a cambio de comisiones, conocida como el caso Koldo. El Supremo atribuye a Cerdán delitos de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias.
Según el juez, Cerdán habría actuado con un papel de “cierta preeminencia” dentro de la trama, encargándose de reclamar las cantidades pactadas a las constructoras beneficiadas, para después distribuir esos fondos ilícitos entre José Luis Ábalos y Koldo García, exasesor de Ábalos en el Ministerio de Transportes.
Soto del Real, la cárcel de referencia para presos políticos y mediáticos
Soto del Real es una prisión tipo ubicada al norte de la Comunidad de Madrid y ha sido en los últimos años centro de ingreso habitual para figuras relevantes envueltas en causas judiciales. Desde políticos hasta grandes empresarios o celebridades mediáticas, este centro penitenciario ha adquirido un perfil altamente visible en causas de impacto nacional.
La adjudicación de obras, clave en la presunta trama
El juez detecta un patrón común en los presuntos amaños de contratos públicos: todas las obras fueron adjudicadas a Acciona Construcción, que operaba en UTE con otras empresas más pequeñas. Llama la atención que, en ninguno de los casos, la adjudicataria presentó la mejor oferta económica, siendo favorecida sistemáticamente por criterios de valoración subjetivos.
La clave: los audios grabados por Koldo
Uno de los puntos más relevantes de la investigación es la existencia de grabaciones realizadas por Koldo García entre 2019 y 2023, en las que figuran conversaciones directas con Cerdán y Ábalos. El juez considera estas pruebas como «notabilísimos indicios», subrayando que son conversaciones explícitas protagonizadas por los propios implicados, lo que les otorga un alto valor probatorio.
El magistrado descarta que estas grabaciones hayan sido manipuladas o que Koldo actuase como agente encubierto. Asegura que fueron encontradas en poder del propio García, lo que refuerza su autenticidad.
Declaración de Cerdán: niega los hechos y habla de «persecución política»
Durante su declaración, que ha durado aproximadamente una hora, Cerdán solo respondió a preguntas de su abogado. Según fuentes jurídicas citadas por Europa Press, el exdirigente socialista ha negado su implicación en los hechos y ha asegurado que todo responde a una cacería política, afirmando ser el «arquitecto» de los gobiernos progresistas liderados por Pedro Sánchez.
Tras la declaración, se celebró una vistilla de medidas cautelares. En ella, el fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, solicitó el ingreso inmediato en prisión, argumentando que Cerdán era el jefe de la organización criminal. A esta petición se sumaron también las acusaciones populares, lo que no ocurrió en su momento con Ábalos y García.
Riesgo de destrucción de pruebas
Aunque el magistrado instructor no considera que exista riesgo de fuga ni de reiteración delictiva, sí identifica un peligro fundado de que Cerdán pueda destruir o manipular pruebas relevantes de cara al juicio. Por este motivo, ha ordenado su ingreso inmediato en prisión sin posibilidad de fianza.
Posibles nuevos delitos: malversación y fraude fiscal
Durante la vistilla, la Fiscalía Anticorrupción también apuntó a posibles delitos de malversación y contra la Hacienda Pública, aunque el juez Puente ha indicado que «no es ahora el momento de profundizar» en estos extremos. No obstante, no se descarta que estas acusaciones se sumen en el futuro a la causa.
El Supremo sospecha que más personas podrían haberse lucrado en la trama del ‘caso Koldo’ y cifra el botín en 5 millones de euros
El Tribunal Supremo considera que en la trama del ‘caso Koldo’, por la que ha sido enviado a prisión Santos Cerdán, más personas físicas o jurídicas podrían haber participado y obtenido beneficios económicos ilícitos. Así lo ha señalado el magistrado Leopoldo Puente en el auto por el que acuerda prisión provisional sin fianza para el exsecretario de Organización del PSOE.
Según detalla el instructor, el «botín» de los presuntos amaños en adjudicaciones de obra pública ascendería a 5 millones de euros, muy por encima del millón que habrían recibido José Luis Ábalos y Koldo García, según los indicios recogidos.
El papel de Santos Cerdán en la supuesta red corrupta
El auto judicial establece que Cerdán era el encargado de reclamar a las constructoras favorecidas las comisiones pactadas, supuestamente obtenidas a cambio de adjudicaciones públicas, y posteriormente repartía esas cantidades entre los miembros clave de la trama. La investigación sostiene que existía un patrón organizado que podría implicar a más beneficiarios de lo que inicialmente se creía.
En palabras del magistrado, “el botín indiciariamente obtenido por o comprometido para Ábalos y García representa un porcentaje insólitamente mínimo en el marco de esta clase de operaciones delictivas”. Calcula que si se hubiese aplicado un 1 % de comisión sobre el valor total de las obras adjudicadas, el beneficio económico superaría los 5 millones de euros, “una cantidad varias veces mayor que la parte que indiciariamente correspondía a Ábalos y García”.
Más personas implicadas: una posibilidad abierta
Para el juez instructor, esta diferencia entre el supuesto monto total y lo recibido por los principales investigados sugiere que podría haber más implicados en la trama de corrupción: “refuerza así, siempre en los términos indiciarios, la idea de que más personas, físicas o jurídicas, además de Ábalos, García y Cerdán, pudieran haberse lucrado con las tan mencionadas adjudicaciones”.
A pesar de que todavía no hay imputaciones formales adicionales, el magistrado no descarta nuevas investigaciones en función de cómo evolucionen las diligencias y el análisis de las pruebas obtenidas.
Cerdán niega su implicación y habla de «cacería política»
Durante su comparecencia, Santos Cerdán ha negado cualquier relación con la trama corrupta, rechazando también la existencia de pagos al PSOE. Ha asegurado que su implicación en la causa responde a una persecución política motivada por su papel como «arquitecto» de los gobiernos progresistas liderados por Pedro Sánchez.
Tras la declaración, se celebró una vistilla para valorar las medidas cautelares, en la que el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, solicitó el ingreso inmediato en prisión provisional sin fianza, al considerar que Cerdán es el jefe de la organización criminal. Según fuentes jurídicas, la Fiscalía Anticorrupción ha sido tajante al asegurar que las pruebas y mensajes son lo suficientemente explícitos como para justificar la gravedad de las medidas adoptadas.
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