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La UCO detecta más vinculaciones de Zaplana con fondos investigados en el caso Erial

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La UCO detecta más vinculaciones de Zaplana con fondos investigados en el caso Erial

València, 8 mar (EFE).- La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detectado una «nueva vinculación» el exministro Eduardo Zaplana con fondos investigados en el caso Erial, que le relacionarían «con la estructura societaria» a través de la que se canalizaron fondos procedentes supuestamente de comisiones ilícitas.

Así consta en el informe de la UCO al que ha tenido acceso EFE remitido al Juzgado de Instrucción número 8 de València, encargado del caso Erial, que investiga el posible cobro de comisiones derivadas de las concesiones de ITV y parques eólicos en la Comunitat Valenciana y que tiene entre sus investigados a Zaplana cuando era president de la Generalitat.

El informe, que amplía el elaborado en junio de 2020 sobre la vinculación entre el exministro y el empresario de Ibiza Carlos Gutiérrez Mondedeu y las gestiones aparentemente desarrolladas por este último «en beneficio o relacionadas» con Zaplana, analiza varias líneas de investigación.

La primera de ellas, un pago de 2’2 millones de euros de la mercantil Nuevo Sol Granadella a la sociedad holandesa Natland en mayo de 2009, en fechas muy cercanas a las transferencias que la luxemburguesa Imison International ordenó a Natland, supuestamente con comisiones de la privatización de las ITV y del Plan Eólico.

Los elementos recopilados por la UCO relacionan al exministro con los fondos transferidos por Nuevo Sol Granadella, «lo que resulta una nueva vinculación de Eduardo Zaplana con los fondos investigados, en este caso a través de la mercantil Natland».

Poco después de producirse ese pago de 2’2 millones, la mercantil Nuevo Sol Granadella se declaró en concurso de acreedores, y la UCO considera que Zaplana intermedió para la obtención de refinanciación por parte de Bancaja, al tiempo que le relaciona con «otros pagos» efectuados con los fondos obtenidos de esa operación.

Entre esos «otros pagos» figuran cuatro empresas que al parecer asumieron el pago del alquiler de embarcaciones de recreo y cruceros, así como de vuelos internacionales que supuestamente habría disfrutado Zaplana.

Las otras líneas de investigación se refieren al alquiler de tres embarcaciones de recreo cuyo principal destinatario, según la UCO, fue Zaplana pero lo pagaron «dos sociedades ajenas a este y a cualesquiera del resto de personal asistente a los mismos», relacionadas con los empresarios Carlos Gutiérrez y Francisco Pérez. En esas embarcaciones se hicieron viajes a Croacia, Italia o la Costa Azul.

La UCO también considera que, a través de varias mercantiles relacionadas con Carlos Gutiérrez, se habrían asumido gastos relacionados con embarcaciones que se vinculan a Zaplana, y además se habría titulado en nombre de terceros una embarcación, Naikamo, que según los indicios recabados podría ser en última instancia del exministro.

Entre otros viajes, con esa embarcación se habría hecho en 2008 un crucero por la Islas Eolias que, según la propia agenda de Zaplana, partió de Altea (Alicante) y tras el que regresó en avión privado desde Calabria. Su agenda también refleja que, de las cinco ocasiones en las que la embarcación se ausentó del puerto de Altea, en cuatro las anotaciones resultan compatibles con el uso por parte del exministro.

Finalmente, se analiza la posible asunción por parte del entorno empresarial de Carlos Gutiérrez del pago de servicios de vuelos privados en beneficio de Zaplana, quien anotaba en su agenda personal esos vuelos privados como «avioneta».

El informe señala que en el ejercicio 2011 constan en la agenda de Zaplana 16 vuelos reflejados como ‘avioneta’; en 2012 figuran 31 y 2013 son 13.

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Consumo

Consumo multa a Airbnb con 64 millones de euros por anunciar viviendas turísticas sin licencia

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Airbnb
Airbnb

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha impuesto una sanción de más de 64 millones de euros a Airbnb por publicar anuncios de viviendas turísticas sin licencia, así como por incurrir en prácticas consideradas desleales y engañosas para los consumidores. La resolución, impulsada por el departamento que dirige Pablo Bustinduy, es firme y pone fin a la vía administrativa.

Además de la multa económica, el Ministerio obliga a la plataforma a rectificar los incumplimientos detectados, eliminar los contenidos ilícitos y hacer pública la sanción, en aplicación de la normativa de consumo vigente.

Más de 65.000 anuncios irregulares retirados

La investigación llevada a cabo por Consumo ha detectado 65.122 anuncios ilegales en la plataforma de alquiler turístico. Entre las infracciones más graves se encuentra la publicación de alojamientos sin número de licencia, un requisito obligatorio en la mayoría de normativas autonómicas.

También se han identificado anuncios con números de registro falsos o incorrectos, así como otros que no informaban correctamente sobre la naturaleza jurídica del anfitrión, lo que supone un caso de publicidad engañosa hacia los usuarios.

Por estos hechos, el Ministerio ha impuesto una sanción principal de 64.055.311 euros, una cuantía que, según Consumo, equivale a seis veces el beneficio ilícito obtenido por Airbnb durante el periodo en el que se mantuvieron estas prácticas.

Respaldo judicial a la actuación de Consumo

La actuación del Ministerio ya había sido respaldada previamente por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que avaló en distintos autos la orden de retirada de los anuncios irregulares dictada por Consumo.

La resolución también contempla sanciones adicionales por otras infracciones detectadas durante la instrucción del expediente.

Otras infracciones detectadas en el expediente

Entre ellas figura el incumplimiento de las obligaciones en los contratos celebrados a distancia, al no informar adecuadamente sobre si el anfitrión actuaba como particular o como profesional, una infracción leve sancionada con 10.000 euros.

Asimismo, el Ministerio sanciona a Airbnb por no facilitar la información requerida durante la investigación, lo que supone otra infracción leve con una multa adicional de 10.000 euros. A ello se suma el incumplimiento de las órdenes provisionales dictadas por el órgano instructor, considerado una infracción grave y sancionado con 55.000 euros.

Vivienda y alquiler, en el foco del Ministerio

En paralelo, el Ministerio de Consumo mantiene expedientes sancionadores abiertos contra varias agencias inmobiliarias por posibles prácticas abusivas en la gestión del alquiler, en un contexto marcado por la escasez de vivienda y el encarecimiento de los precios.

El ministro Pablo Bustinduy ha reiterado que estas actuaciones buscan atajar la crisis de la vivienda en España, subrayando que “miles de familias viven al límite mientras algunos modelos de negocio expulsan a las personas de sus hogares”.


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