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La UCO detecta más vinculaciones de Zaplana con fondos investigados en el caso Erial

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La UCO detecta más vinculaciones de Zaplana con fondos investigados en el caso Erial

València, 8 mar (EFE).- La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detectado una «nueva vinculación» el exministro Eduardo Zaplana con fondos investigados en el caso Erial, que le relacionarían «con la estructura societaria» a través de la que se canalizaron fondos procedentes supuestamente de comisiones ilícitas.

Así consta en el informe de la UCO al que ha tenido acceso EFE remitido al Juzgado de Instrucción número 8 de València, encargado del caso Erial, que investiga el posible cobro de comisiones derivadas de las concesiones de ITV y parques eólicos en la Comunitat Valenciana y que tiene entre sus investigados a Zaplana cuando era president de la Generalitat.

El informe, que amplía el elaborado en junio de 2020 sobre la vinculación entre el exministro y el empresario de Ibiza Carlos Gutiérrez Mondedeu y las gestiones aparentemente desarrolladas por este último «en beneficio o relacionadas» con Zaplana, analiza varias líneas de investigación.

La primera de ellas, un pago de 2’2 millones de euros de la mercantil Nuevo Sol Granadella a la sociedad holandesa Natland en mayo de 2009, en fechas muy cercanas a las transferencias que la luxemburguesa Imison International ordenó a Natland, supuestamente con comisiones de la privatización de las ITV y del Plan Eólico.

Los elementos recopilados por la UCO relacionan al exministro con los fondos transferidos por Nuevo Sol Granadella, «lo que resulta una nueva vinculación de Eduardo Zaplana con los fondos investigados, en este caso a través de la mercantil Natland».

Poco después de producirse ese pago de 2’2 millones, la mercantil Nuevo Sol Granadella se declaró en concurso de acreedores, y la UCO considera que Zaplana intermedió para la obtención de refinanciación por parte de Bancaja, al tiempo que le relaciona con «otros pagos» efectuados con los fondos obtenidos de esa operación.

Entre esos «otros pagos» figuran cuatro empresas que al parecer asumieron el pago del alquiler de embarcaciones de recreo y cruceros, así como de vuelos internacionales que supuestamente habría disfrutado Zaplana.

Las otras líneas de investigación se refieren al alquiler de tres embarcaciones de recreo cuyo principal destinatario, según la UCO, fue Zaplana pero lo pagaron «dos sociedades ajenas a este y a cualesquiera del resto de personal asistente a los mismos», relacionadas con los empresarios Carlos Gutiérrez y Francisco Pérez. En esas embarcaciones se hicieron viajes a Croacia, Italia o la Costa Azul.

La UCO también considera que, a través de varias mercantiles relacionadas con Carlos Gutiérrez, se habrían asumido gastos relacionados con embarcaciones que se vinculan a Zaplana, y además se habría titulado en nombre de terceros una embarcación, Naikamo, que según los indicios recabados podría ser en última instancia del exministro.

Entre otros viajes, con esa embarcación se habría hecho en 2008 un crucero por la Islas Eolias que, según la propia agenda de Zaplana, partió de Altea (Alicante) y tras el que regresó en avión privado desde Calabria. Su agenda también refleja que, de las cinco ocasiones en las que la embarcación se ausentó del puerto de Altea, en cuatro las anotaciones resultan compatibles con el uso por parte del exministro.

Finalmente, se analiza la posible asunción por parte del entorno empresarial de Carlos Gutiérrez del pago de servicios de vuelos privados en beneficio de Zaplana, quien anotaba en su agenda personal esos vuelos privados como «avioneta».

El informe señala que en el ejercicio 2011 constan en la agenda de Zaplana 16 vuelos reflejados como ‘avioneta’; en 2012 figuran 31 y 2013 son 13.

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La Audiencia Nacional archiva la investigación penal del apagón y descarta un sabotaje terrorista

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Última hora apagón

El juez concluye que no existen indicios de terrorismo ni ciberataque y apunta a un conflicto civil o administrativo por el control de la tensión eléctrica.

La Audiencia Nacional (AN) ha archivado la investigación penal abierta tras el apagón eléctrico del 28 de abril, al descartar que el histórico cero energético tuviera su origen en un sabotaje terrorista o un ciberataque. El magistrado José Luis Calama determina que no existe “ni el mínimo indicio” de una acción delictiva y sitúa el origen del incidente en una disfunción del sistema eléctrico.

En un auto difundido este lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 decreta el sobreseimiento provisional de la causa y concluye que lo ocurrido responde a un conflicto de naturaleza administrativa y/o civil entre los distintos operadores del sector eléctrico, que deberá resolverse fuera de la vía penal.

Sin rastro de terrorismo ni ciberataque

El juez adopta esta decisión tras analizar los informes elaborados por diversos organismos especializados en ciberseguridad y lucha antiterrorista. Todos ellos coinciden en descartar de forma absoluta que el apagón se produjera por una acción externa, ya fuera de grupos terroristas, actores estatales o redes de cibercrimen.

Entre los análisis examinados figuran los del Centro Criptológico Nacional, el Mando Conjunto del Ciberespacio, el Instituto Nacional de Ciberseguridad y la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, ninguno de los cuales detectó intrusiones, ataques informáticos ni actividades maliciosas en los sistemas eléctricos.

Un conflicto por el control de la tensión eléctrica

Lejos de la hipótesis del sabotaje, el auto judicial señala que el apagón tuvo un origen multifactorial, vinculado principalmente a problemas en el control de la tensión del sistema eléctrico. Según el informe del Ministerio para la Transición Ecológica, citado por el juez, se produjo una combinación de factores técnicos.

Entre ellos destacan una programación insuficiente de centrales síncronas, el hecho de que algunas centrales capaces de regular la tensión no respondieran adecuadamente a las consignas de Red Eléctrica y la aparición de oscilaciones y desconexiones de determinadas instalaciones de generación, algunas de ellas aparentemente indebidas.

El magistrado subraya que no faltaban recursos en el sistema eléctrico español, sino que estos no fueron gestionados o utilizados de forma adecuada, lo que derivó en el colapso.

La vía penal queda cerrada

En su resolución, Calama insiste en que no aprecia indicios delictivos y que, por tanto, el caso debe quedar fuera del ámbito penal. El conflicto entre Red Eléctrica y las compañías eléctricas deberá resolverse, en su caso, por la vía administrativa o civil, donde ya actúan otros organismos reguladores.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) mantiene abierta su propia investigación y podría imponer sanciones económicas o incluso retirar autorizaciones para operar, además de abrir la puerta a futuras reclamaciones por daños y perjuicios.

Con este auto, la Audiencia Nacional cierra definitivamente la hipótesis de un apagón provocado por terrorismo o ciberataque, y centra el foco en las responsabilidades técnicas y de gestión dentro del sistema eléctrico.

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