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Las empresas de gran consumo alertan: subir impuestos amenazaría la recuperación

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supermercados abiertos puente de diciembre
Barcelona, 20 oct (EFECOM).- El sector de gran consumo ha advertido de los riesgos para la recuperación económica que conllevaría aumentar la presión fiscal en España, en un contexto marcado por los mayores costes empresariales, una inflación al alza y una capacidad de gasto mermada para una parte de la población.

Éste ha sido uno de los principales mensajes lanzados en el congreso anual que celebra este miércoles la Asociación de Empresas de Gran Consumo (Aecoc), que ha reunido de forma presencial a más de 950 directivos de un sector que agrupa a empresas como Mercadona, Inditex, El Corte Inglés o Coca-Cola, y que de forma conjunta representa un 20 % del producto interior bruto (PIB) y da empleo a 4,5 millones de personas.

Representantes de la patronal y de compañías como Campofrío, Angulas Aguinaga o Frit Ravich han citado las nuevas leyes en materia de envases o la posibilidad de gravar la llamada «comida basura» como ejemplos de políticas que pueden afectar el crecimiento económico.

Además, han reconocido que ya están subiendo los precios de algunos de sus productos o al menos estudian hacerlo en breve ante el encarecimiento de las materias primas, los transportes y el coste de la electricidad.

«Estamos ante un escenario complejo y las medidas de acompañamiento tienen que ser prudentes para no poner palos en las ruedas a la salida de la crisis», ha incidido el presidente de Aecoc, Ignacio González.

El también consejero delegado de Nueva Pescanova ha recordado que los Presupuestos Generales del Estado para 2022 se basan en una hipótesis de crecimiento del PIB del 7 %, una estimación que considera optimista y que espera que se cumpla, ya que si no «se corre el riesgo de que caiga todo lo demás».

La clave a corto plazo, en su opinión, es que aflore el ahorro acumulado -lo ha cifrado en cerca de 55.000 millones de euros- por esa parte de la población que dejó de gastar, no por tener más dificultades económicas o por miedo ante la incertidumbre, sino por haber dejado de viajar y salir a bares y restaurantes.

«Podríamos ser más escuchados como sector porque nuestra intención también es ayudar a la recuperación del país y a salir de la crisis lo antes posible, pero el ahorro es el que es, y si el consumidor percibe que ese dinero irá a impuestos dejará de gastar», ha esgrimido González.

El presidente de Aecoc ha insistido en que la actual coyuntura supone «un desafío» para un sector como el del gran consumo, que opera con márgenes de beneficio «muy ajustados» y se enfrenta a una «tormenta perfecta» con un incremento fuerte de sus costes y un segmento de población con dificultades económicas.

A medio plazo, González ha puesto el acento en «ganar productividad y competitividad», dos aspectos que ha calificado como el «gran talón de Aquiles de la economía española», y para ello ha reclamado flexibilidad laboral, entre otras medidas.

El consejero delegado de Campofrío, Javier Dueñas, ha coincidido en señalar que elevar la presión fiscal supone una medida que va contra el consumo, pese a ser un motor económico, sobre todo «para las familias con una renta más ajustada».

Sobre el incremento de costes, ha admitido que ahora mismo se encuentran analizando si suben el precio de algunas de sus referencias: «Si esto continúa así habrá que afrontarlo, sin duda».

En esta misma línea, la directora general de Frit Ravich (fabricante de patatas fritas, aperitivos y frutos secos), Judith Viader, ha señalado que ya están repercutiendo en sus precios este incremento de los costes.

«Nosotros sí que hemos subido los precios en algunas de nuestras marcas porque lo importante es ser capaces de proteger la estructura financiera» para seguir invirtiendo e innovando», ha defendido el consejero delegado de Angulas Aguinaga, Ignacio Muñoz.

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El TSJM obliga a investigar a Pedro Sánchez en el rescate de Air Europa por los negocios de Begoña Gómez

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Pedro Sánchez Air Europa
Pedro Sánchez

Un varapalo judicial para el Gobierno de Pedro Sánchez

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha dado un paso clave en el caso del rescate de Air Europa. La justicia obliga ahora a la Oficina de Conflicto de Intereses, dependiente del Ejecutivo, a investigar la denuncia presentada por el Partido Popular contra el presidente del Gobierno por su participación en el rescate de la aerolínea y la posible vinculación con los negocios de su esposa, Begoña Gómez.

La decisión se produce después de que el Gobierno dejara pasar el plazo para recurrir la sentencia, lo que la convierte en firme.

La sentencia del TSJM: firmeza y exigencia de investigación

Según el decreto al que ha tenido acceso Europa Press, la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo declaró firme la sentencia dictada en junio de 2024, que ordenaba la tramitación de la denuncia. Los magistrados remarcan que la Oficina de Conflicto de Intereses debe realizar una actividad investigadora y adoptar una resolución motivada.

El tribunal da diez días a la Administración para acusar recibo del fallo y comunicar qué órgano será el encargado de ejecutarlo. Además, se envía copia autenticada de la sentencia para que se cumpla íntegramente.

El origen de la denuncia del PP

El Partido Popular, liderado por Alberto Núñez Feijóo, denunció que Pedro Sánchez debía haberse abstenido en las deliberaciones del Consejo de Ministros relacionadas con el rescate de Air Europa. El argumento: los supuestos intereses personales vinculados a las actividades de su esposa, Begoña Gómez.

En un primer momento, la Oficina de Conflicto de Intereses archivó la denuncia con base en un informe de la Secretaría General de la Presidencia, que sostenía que Gómez no tenía relación laboral ni profesional con Air Europa o Globalia.

Sin embargo, el TSJM consideró que esa justificación era insuficiente y que no se practicó ninguna diligencia de investigación adicional.

La crítica de los jueces: falta de investigación

Los magistrados subrayaron que la Oficina de Conflicto de Intereses no realizó una investigación mínima y se limitó a emitir un informe sin aportar documentación de respaldo. Recordaron que la denuncia del PP solicitaba pruebas concretas que podían haber sido valoradas, pero que no se llevaron a cabo.

El tribunal destacó que este caso no solo es de interés para un partido político de la oposición, sino también para la transparencia de la administración pública. Por ello, remarcan la necesidad de garantizar que los altos cargos actúen con la imparcialidad que exige su responsabilidad.

Un tema de interés público y político

El rescate de Air Europa, valorado en 475 millones de euros a través de fondos estatales, ha estado rodeado de polémica desde su aprobación en plena pandemia. La participación del Gobierno en el proceso y las posibles vinculaciones con la actividad profesional de Begoña Gómez se han convertido en un punto de debate tanto político como judicial.

Con esta sentencia firme, el TSJM refuerza la obligación de investigar y deja claro que la actuación de la Oficina de Conflicto de Intereses deberá ser transparente y fundamentada, evitando un simple archivo sin motivación.

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