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Las empresas de gran consumo alertan: subir impuestos amenazaría la recuperación

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supermercados abiertos puente de diciembre
Barcelona, 20 oct (EFECOM).- El sector de gran consumo ha advertido de los riesgos para la recuperación económica que conllevaría aumentar la presión fiscal en España, en un contexto marcado por los mayores costes empresariales, una inflación al alza y una capacidad de gasto mermada para una parte de la población.

Éste ha sido uno de los principales mensajes lanzados en el congreso anual que celebra este miércoles la Asociación de Empresas de Gran Consumo (Aecoc), que ha reunido de forma presencial a más de 950 directivos de un sector que agrupa a empresas como Mercadona, Inditex, El Corte Inglés o Coca-Cola, y que de forma conjunta representa un 20 % del producto interior bruto (PIB) y da empleo a 4,5 millones de personas.

Representantes de la patronal y de compañías como Campofrío, Angulas Aguinaga o Frit Ravich han citado las nuevas leyes en materia de envases o la posibilidad de gravar la llamada «comida basura» como ejemplos de políticas que pueden afectar el crecimiento económico.

Además, han reconocido que ya están subiendo los precios de algunos de sus productos o al menos estudian hacerlo en breve ante el encarecimiento de las materias primas, los transportes y el coste de la electricidad.

«Estamos ante un escenario complejo y las medidas de acompañamiento tienen que ser prudentes para no poner palos en las ruedas a la salida de la crisis», ha incidido el presidente de Aecoc, Ignacio González.

El también consejero delegado de Nueva Pescanova ha recordado que los Presupuestos Generales del Estado para 2022 se basan en una hipótesis de crecimiento del PIB del 7 %, una estimación que considera optimista y que espera que se cumpla, ya que si no «se corre el riesgo de que caiga todo lo demás».

La clave a corto plazo, en su opinión, es que aflore el ahorro acumulado -lo ha cifrado en cerca de 55.000 millones de euros- por esa parte de la población que dejó de gastar, no por tener más dificultades económicas o por miedo ante la incertidumbre, sino por haber dejado de viajar y salir a bares y restaurantes.

«Podríamos ser más escuchados como sector porque nuestra intención también es ayudar a la recuperación del país y a salir de la crisis lo antes posible, pero el ahorro es el que es, y si el consumidor percibe que ese dinero irá a impuestos dejará de gastar», ha esgrimido González.

El presidente de Aecoc ha insistido en que la actual coyuntura supone «un desafío» para un sector como el del gran consumo, que opera con márgenes de beneficio «muy ajustados» y se enfrenta a una «tormenta perfecta» con un incremento fuerte de sus costes y un segmento de población con dificultades económicas.

A medio plazo, González ha puesto el acento en «ganar productividad y competitividad», dos aspectos que ha calificado como el «gran talón de Aquiles de la economía española», y para ello ha reclamado flexibilidad laboral, entre otras medidas.

El consejero delegado de Campofrío, Javier Dueñas, ha coincidido en señalar que elevar la presión fiscal supone una medida que va contra el consumo, pese a ser un motor económico, sobre todo «para las familias con una renta más ajustada».

Sobre el incremento de costes, ha admitido que ahora mismo se encuentran analizando si suben el precio de algunas de sus referencias: «Si esto continúa así habrá que afrontarlo, sin duda».

En esta misma línea, la directora general de Frit Ravich (fabricante de patatas fritas, aperitivos y frutos secos), Judith Viader, ha señalado que ya están repercutiendo en sus precios este incremento de los costes.

«Nosotros sí que hemos subido los precios en algunas de nuestras marcas porque lo importante es ser capaces de proteger la estructura financiera» para seguir invirtiendo e innovando», ha defendido el consejero delegado de Angulas Aguinaga, Ignacio Muñoz.

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La Audiencia Nacional archiva la investigación penal del apagón y descarta un sabotaje terrorista

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Última hora apagón

El juez concluye que no existen indicios de terrorismo ni ciberataque y apunta a un conflicto civil o administrativo por el control de la tensión eléctrica.

La Audiencia Nacional (AN) ha archivado la investigación penal abierta tras el apagón eléctrico del 28 de abril, al descartar que el histórico cero energético tuviera su origen en un sabotaje terrorista o un ciberataque. El magistrado José Luis Calama determina que no existe “ni el mínimo indicio” de una acción delictiva y sitúa el origen del incidente en una disfunción del sistema eléctrico.

En un auto difundido este lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 decreta el sobreseimiento provisional de la causa y concluye que lo ocurrido responde a un conflicto de naturaleza administrativa y/o civil entre los distintos operadores del sector eléctrico, que deberá resolverse fuera de la vía penal.

Sin rastro de terrorismo ni ciberataque

El juez adopta esta decisión tras analizar los informes elaborados por diversos organismos especializados en ciberseguridad y lucha antiterrorista. Todos ellos coinciden en descartar de forma absoluta que el apagón se produjera por una acción externa, ya fuera de grupos terroristas, actores estatales o redes de cibercrimen.

Entre los análisis examinados figuran los del Centro Criptológico Nacional, el Mando Conjunto del Ciberespacio, el Instituto Nacional de Ciberseguridad y la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, ninguno de los cuales detectó intrusiones, ataques informáticos ni actividades maliciosas en los sistemas eléctricos.

Un conflicto por el control de la tensión eléctrica

Lejos de la hipótesis del sabotaje, el auto judicial señala que el apagón tuvo un origen multifactorial, vinculado principalmente a problemas en el control de la tensión del sistema eléctrico. Según el informe del Ministerio para la Transición Ecológica, citado por el juez, se produjo una combinación de factores técnicos.

Entre ellos destacan una programación insuficiente de centrales síncronas, el hecho de que algunas centrales capaces de regular la tensión no respondieran adecuadamente a las consignas de Red Eléctrica y la aparición de oscilaciones y desconexiones de determinadas instalaciones de generación, algunas de ellas aparentemente indebidas.

El magistrado subraya que no faltaban recursos en el sistema eléctrico español, sino que estos no fueron gestionados o utilizados de forma adecuada, lo que derivó en el colapso.

La vía penal queda cerrada

En su resolución, Calama insiste en que no aprecia indicios delictivos y que, por tanto, el caso debe quedar fuera del ámbito penal. El conflicto entre Red Eléctrica y las compañías eléctricas deberá resolverse, en su caso, por la vía administrativa o civil, donde ya actúan otros organismos reguladores.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) mantiene abierta su propia investigación y podría imponer sanciones económicas o incluso retirar autorizaciones para operar, además de abrir la puerta a futuras reclamaciones por daños y perjuicios.

Con este auto, la Audiencia Nacional cierra definitivamente la hipótesis de un apagón provocado por terrorismo o ciberataque, y centra el foco en las responsabilidades técnicas y de gestión dentro del sistema eléctrico.

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