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Valencia

Las prisiones valencianas, sin psiquiatras ni personal sanitario suficiente

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València, 26 mar (EFE).- El tercer informe del Observatorio de Derechos Humanos, Salud Mental y Prisión, correspondiente a 2023, vuelve a alertar sobre la total ausencia de médicos psiquiatras en los centros penitenciarios valencianos y la escasez de personal sanitario.

Según el referido informe, presentado este martes en la Facultad de Derecho de la Universitat de València, únicamente el centro de Albocàsser dispone de una psiquiatra externa, mientras que el de Villena tiene un consultor también externo.

Tampoco existe coordinación con la unidad de salud mental, ni con un hospital de referencia ni hay protocolo alguno para ingreso de agudos en unidades psiquiátricas en los centros penitenciarios de Picassent, Alicante II-Villena o Castellón II (sí que existe en Castellón I).

Las autoras de este estudio, la criminóloga Aurora Fernández y la jurista Catalina Angulo, señalan igualmente que de las 80 plazas ofertadas en sanidad penitenciaria en 2021 sólo se cubrieron 7.

La población reclusa con problemas de salud mental oscila entre el 20 y el 70 % en cada centro penitenciario (no se especifican datos más concretos), si bien se incluyen en estos porcentajes las personas con adicciones.

En todas las prisiones valencianas hay internos pendientes de diagnóstico sin que en ninguna de ellas existan servicios de prevención de salud mental.

Un árbol de Navidad en el acceso a un centro penitenciario. EFE/Carlos Barba/Archivo

El informe vuelve a llamar la atención sobre el hecho de que han pasado más de 20 años sin que la Comunitat Valenciana haya tramitado la transferencia de las competencias de sanidad penitenciaria. De hecho, sólo tres autonomías (País Vasco, Cataluña y Navarra) lo han hecho; de modo que en el resto los servicios sanitarios continúan siendo competencia del Ministerio del Interior.

Actualmente no existen centros disponibles para la hospitalización de enfermos mentales graves que requieran un internamiento superior a los 15 días.

En los hospitales, según el referido informe, cuando se ingresa a algún preso por agravamiento de su trastorno mental «se le procura un alta rápida o ni siquiera se les acepta, porque van custodiados policialmente».

«Teniendo en cuenta que las estimaciones indican que un 5 % de la población reclusa tiene un trastorno mental grave, estaríamos dejando a unas 3.000 personas en una situación crítica. La escasez de recursos obliga a la administración a recurrir a los únicos hospitales psiquiátricos penitenciarios que existen, en Alicante y Sevilla».

Este problema, a juicio de las investigadoras, «se solucionaría implantando pequeñas unidades en cada comunidad autónoma que atiendan a un máximo de 20 pacientes. Con sistemas ágiles de coordinación y derivación».

Por último, el informe advierte sobre la «relación errónea» entre crimen y trastorno mental, que ha ido en aumento en los últimos años, en parte alentada por la literatura, el cine o la televisión. «Basta con ver algunas series policiales o de crímenes para darnos cuenta de que sus protagonistas, en un 90 %, padecen algún trastorno mental».

«Si bien existe un cierto porcentaje de personas que padecen problemas de salud mental y que cometen delitos, no se puede concluir que esta sea una de las causas de su conducta, puesto que las condiciones sociodemográficas y psicosociales tienen gran influencia a la hora de la determinación de un individuo para delinquir», concluye el informe.

 

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Valencia

Investigan a una falsa médica por realizar tratamientos estéticos ilegales en Valencia

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Investigan a una falsa médica por realizar tratamientos estéticos ilegales en Valencia-GUARDIA CIVIL

La Guardia Civil, en el marco de la operación ‘Zubar’, ha investigado a una mujer de 36 años por realizar cientos de tratamientos estéticos sin estar habilitada para ello, en distintos centros de la provincia de Valencia y, en algunos casos, en su propio domicilio.

Investigación iniciada tras una denuncia en Sueca

Tras una denuncia presentada en marzo por parte de una profesional de la rama sanitaria en la que exponía que una persona estaba realizando tratamientos con fines estéticos en una peluquería de la localidad de Sueca (Valencia), sin ningún tipo de control sanitario y no estando habilitada para ello, la Guardia Civil dio comienzo a la investigación, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

Continuando con la investigación, los agentes comprobaron cómo esta persona estaba actuando en múltiples establecimientos de la provincia, donde se presentaba como doctora y realizaba numerosos tratamientos estéticos como aumento de labios y pómulos, rinomodelación o infiltraciones de toxina botulínica, entre otros. Asimismo, a través de sus redes sociales, la investigada difundía los tratamientos realizados.

Titulación en odontología pero sin autorización para medicina estética

De ese modo, los agentes localizaron los centros donde desarrollaba estas actividades y averiguaron que la supuesta doctora estaba graduada en odontología por una universidad privada. Una vez que los agentes contactaron con las autoridades sanitarias competentes en materia de estética y en competencia profesional, para solicitar información acerca de la potestad de la citada facultativa para realizar este tipo de tratamientos, se comprobó que solo están reservados en exclusividad a los médicos especialistas en medicina estética, existiendo conformidad por parte del Colegio de Médicos con el Colegio de Estomatología y Odontología.

De los testimonios recogidos por los agentes, tanto de los centros donde había desarrollado la actividad la investigada, como de varias clientas que se habían realizado tratamientos estéticos, se comprobó que esta persona había realizado cientos de tratamientos.

Más de 80 clientas y 180 tratamientos documentados

80 clientas registradas y más de 180 tratamientos

Contaba, al menos, con 80 clientas registradas en los centros, y con más de 180 tratamientos de toxina botulínica en tercio superior y ácido hialurónico, documentados y firmados por la presunta doctora. Algunas de las clientes manifestaron haberse realizado tratamientos en el propio domicilio particular de la supuesta doctora.

Igualmente, se comprobó que la mayoría de los centros, donde la supuesta doctora había realizado los tratamientos estéticos, no presentaban la licencia administrativa correspondiente, autorizada y emitida por la Conselleria de Sanidad de la Comunitat Valenciana, para ofertar y realizar estos tratamientos (Permiso U48).

Además, muchos de estos centros no disponían de ningún tipo sistema de refrigeración para mantener los productos, medios para la correcta gestión de los residuos biológicos generados, así como de las condiciones legalmente exigidas para poder ofertar dichos tratamientos.

Delitos investigados y posible riesgo para la salud pública

Por tal motivo, se procedió a investigar a la supuesta doctora, una mujer de 36 años, por un delito de intrusismo profesional, un delito contra la salud pública mediante suministración de medicamentos (toxina botulínica), así como un delito de falsedad documental.

Cabe destacar que no se ha podido constatar la legalidad y trazabilidad de los productos sanitarios suministrados, por lo que se presupone que fueron adquiridos por la supuesta doctora de una manera ilegal no siguiendo los cauces legales, tanto para su obtención como para su manipulación.

Recomendaciones de la Guardia Civil antes de someterse a tratamientos estéticos

Por ello, la Guardia Civil aconseja a los usuarios interesados en este tipo de tratamientos que, antes de realizarlos, procedan a asesorarse por profesionales cualificados, evitando de este modo poner en riesgo su salud. La mala aplicación de un tratamiento estético por parte de una persona no autorizada para ello y sin garantías de que el producto esté bien conservado, recuerda, puede llegar a costarle la vida.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de Sueca y dirigida por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Sueca.

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