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Luces y sombras de la vacuna de AstraZeneca: Todo lo que sabemos hasta hoy

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Madrid, 7 abr (EFE).- La aprobación a finales de enero de la vacuna de AstraZeneca debía haber acelerado la inmunización en Europa; sin embargo, la polémica por la falta de dosis suministradas por la empresa y, ante todo, la aparición de casos de trombosis tras el pinchazo mantienen a este preparado en permanente examen.

Finalmente, la Agencia Europea del Medicamento (EMA) ha confirmado un «posible vínculo» entre la formulación y los casos «inusuales» de trombos, que los considera un efecto secundario «muy raro» y estima que el beneficio de su uso sigue estando por encima del riesgo.

Esta vacuna contra la covid-19 se perfiló como la gran baza europea para hacer frente a la pandemia y era además un ejemplo de la colaboración pública y privada en el mundo científico, al unir en un mismo cometido a la Universidad de Oxford y a la empresa anglo sueca AstraZeneca.

Sin embargo, desde su aprobación no ha dejado de toparse con problemas, lo que ha puesto en tela de juicio su credibilidad y le ha valido la desconfianza creciente de parte de los ciudadanos europeos.

En todo caso, el preparado europeo es el más usado en el mundo y se administra en 105 países, seguido de la vacuna de Pfizer-BionTech (82) y Moderna (35), según datos publicados esta semana por el portal alemán Statista.

Con una tecnología basada en un vector viral no replicante, esta vacuna presenta algunas ventajas frente a las de Pfizer y Moderna, desde un menor precio a una logística mucho más simple, pues se puede transportar y conservar entre 2 y 8 grados.

Llamada Covid-19 Vaccine AstraZeneca, hasta que el pasado día 30 cambió su nombre por Vaxzevria, se ha visto cuestionada no solo porque su eficacia, al menos en los ensayos clínicos, es menor que la de sus competidoras más directas, sino porque las reacciones leves tras la administración serían más frecuentes.

Tampoco ha ayudado que los grupos de edad a los que se podía suministrar hayan sido modificados en algunos países a medida que se iban conociendo sus efectos, ni las dificultades de AstraZeneca para cumplir con los compromisos adquiridos con la Unión Europea para suministrar el número de dosis pactadas.

Los problemas subieron de tono cuando se empezaron a detectar casos de trombosis de senos venosos cerebrales tras recibir la vacuna. A mediados de marzo, países como Alemania, España o Francia decidieron una suspensión temporal, hasta que la EMA aseguró que no veía evidencias de una relación directa, aunque lo seguiría investigando.

Mientras algunos países continuaron con la vacunación, otros como Noruega y Dinamarca decidieron mantener la inoculación de ese suero en suspenso.

En las últimas semanas se ha seguido produciendo un goteo de casos de trombosis y aunque suponen una pequeña proporción frente a los millones de dosis administradas, la desazón de los ciudadanos es cada vez más patente.

Hasta el 31 de marzo, en Reino Unido hubo 79 casos de trombos con bajo número de plaquetas, de los que 19 fallecieron -aunque en algunos se desconoce la causa-, mientras en Francia son cuatro los decesos que podrían estar vinculados con este producto.

Ahora que la EMA ha confirmado ese posible vínculo entre la vacuna de AstraZeneca y la aparición de trombosis, habrá que esperar a que los ministros europeos de Sanidad analicen hoy mismo esas conclusiones y ver si toman alguna acción.

En España, las conclusiones de la EMA serán también estudiadas esta tarde por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

Reino Unido, uno de los países que más ha apostado por la vacunación con esta fórmula, ha decidido este miércoles que ofrecerá alternativas a los menores de 30 años, para que puedan elegir otro preparado.

Mientras, desde el punto de vista más científico, la Universidad de Oxford decidió ayer detener las pruebas clínicas de la vacuna en niños y adolescentes, a la espera de tener información adicional sobre los casos de trombosis en adultos.

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Pablo Iglesias pide una indemnización de 5.300€ mensuales como exvicepresidente

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El exvicepresidente segundo del Gobierno y candidato por Unidas Podemos a la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, ha solicitado la indemnización de 5.316 euros mensuales a la que tiene derecho por haber sido miembro del Ejecutivo durante 14 meses.

La percibirá durante un mes, dado que tras las elecciones del 4 de mayo tiene el compromiso de tomar posesión como diputado de la Asamblea de Madrid como candidato de Unidas Podemos, según ha confirmado fuentes conocedoras de su petición a diversos medios de comunicación.

El medio ‘Maldita.es’ ha avanzado, a través de una solicitud a la Oficina de Conflictos de Intereses que depende del Ministerio de Política Territorial, que el pasado 6 de abril entró en registro la solicitud de Iglesias de acogerse a esta retribución compensatoria.

La ley reguladora del ejercicio de alto cargo de la Administración General del Estado pauta esta opción para cargos que hayan cesado su función y siempre que no ostenten ningún cargo público ni trabajo en el sector privado. Y es que la normativa pauta que es incompatible con cualquier otra retribución.

De esta forma, los exmiembros del Ejecutivo pueden recibir esta pensión indemnizatoria durante un periodo igual al tiempo durante el que desempeñaron este cargo y que corresponde al 80% del salario, que se formaliza al mes siguiente de solicitarla.

Según los Presupuestos Generales del Estado, la retribución de Iglesias fue de 79.746,24 euros anuales durante su etapa en el Gobierno, por lo que la indemnización en términos mensuales equivaldría a unos 5.300 euros al mes.

No obstante, la previsión es que Iglesias utilice esta retribución compensatoria únicamente un mes, pues ha manifestado que su compromiso es tomar posesión de diputado autonómico. De hecho y como ha repetido en varias entrevista, su voluntad es ocupar el puesto que decidan los madrileños con su voto en los próximos comicios.

Hace dos años, el exministro de Cultura y Deporte Màxim Huerta renunció a esta retribución compensatoria, que en su caso ascendía a poco más de 1.000 euros tras estar solo seis días en el Ejecutivo.

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