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Más del 60% de los valencianos a favor de restringir el tráfico en el centro de las ciudades

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València prohibirá entrada vehículos contaminantes 2028

MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS)- El 63% de los valencianos se muestra a favor de restringir el tráfico en el centro de las ciudades, según se desprende de la última oleada del ‘Barómetro sobre Neurociencia y Sociedad’ llevado a cabo por IPSOS a nivel nacional. El porcentaje es el mismo que se obtiene a nivel nacional, aunque son los españoles de entre 30 y 39 años los menos convencidos de restringir el tráfico, con un 47% de detractores.

Según los últimos datos del Barómetro, en el conjunto del país, los votantes del PSOE (76%) y Unidos Podemos (73%) apoyan mayoritariamente esta medida, mientras que en el caso de Ciudadanos, el porcentaje de apoyo en inferior (61%). Al igual que en los del PP: los afines a restringir el tráfico en el ámbito urbano sólo alcanzan el 52%.

Por regiones, Galicia es la comunidad autónoma que más apoya la iniciativa, con un 78% de encuestados a favor, 15 puntos por encima de la media nacional. En segundo lugar, y en línea con los resultados obtenidos a nivel nacional, se sitúa Cataluña (65% a favor), Madrid (64%) y Comunitat Valenciana (63%).

Por el contrario, parece que los vascos no cuentan con una opinión mayoritaria en este aspecto, con un 55% de la población partidaria a la restricción del tráfico, frente al 45% en contra.

El Barómetro también ha analizado esta cuestión en la Comunidad de Madrid, donde entrará en vigor este viernes 30 de noviembre el Plan de Movilidad regional.

Así, el 64% de los encuestados se muestran partidarios de restringir el uso del vehículo privado en la almendra central, frente al 36% que está en contra. Resultados que van muy en línea con la opinión del conjunto de los residentes en España sobre este tema.

Por intención de voto, los datos muestran una clara preferencia por la adopción de esta medida por parte de los votantes de Unidos Podemos en Madrid, con un 93% a favor, y entre los votantes del PSOE, con un apoyo mayoritario que alcanza el 88%, porcentajes muy superiores a la media nacional.

Sin embargo, el electorado madrileño de Ciudadanos y PP se debaten entre el sí y el no, sin una clara preferencia, aunque con victoria del ‘no’: 48% a favor y 52% en contra entre los votantes de la formación naranja, y el 42% a favor y 58% en contra en el caso de los ‘populares’.

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Confirmada la fecha que entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios

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El Gobierno implantará la jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios de la Administración General del Estado en la primera quincena de abril. La medida beneficiará a unos 220.000 empleados públicos y será de aplicación inmediata tras la publicación de la resolución oficial.

El anuncio lo ha realizado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, quien ha confirmado que el acuerdo con los sindicatos se materializará en los próximos días.

Vuelta a las 35 horas tras años de recortes

La recuperación de esta jornada supone volver al modelo previo a los ajustes aplicados tras la crisis financiera. La medida forma parte del Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y busca reforzar tanto la calidad del servicio como las condiciones laborales.

Desde el Ejecutivo aseguran que la reducción de jornada se aplicará garantizando la atención a la ciudadanía y la continuidad de los servicios públicos, mediante una mejor planificación de plantillas y organización interna.

Los sindicatos celebran un acuerdo “histórico”

Organizaciones como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios han calificado la medida como “histórica”, destacando que mejorará la conciliación, el bienestar laboral y la productividad.

Además, subrayan que puede contribuir a la creación de empleo en un contexto en el que una parte importante de la plantilla se acerca a la jubilación: más del 20% de los funcionarios se retirará en los próximos cinco años.

Nueva figura del cuidador para la conciliación

La resolución incluirá también la figura del cuidador, dirigida a empleados públicos que atienden a familiares o convivientes con necesidades médicas graves.

Esta medida, alineada con la normativa europea, busca reforzar los derechos de conciliación y adaptar la Administración a las nuevas realidades sociales.

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