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Estas son las condenas de la primera sentencia del caso Gürtel en Valencia

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La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha condenado a penas de entre 3 y 13 años de prisión a 11 de los 13 acusados de amañar contratos entre la Generalitat Valenciana y la trama Gürtel para el montaje del expositor de la Comunidad en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) en las ediciones de 2005 a 2009.

El Alto Tribunal Valenciano condena a la exconsellera de Turismo, Milagrosa Martínez, a los considerados “cabecillas” de la trama Gürtel, Francisco Correa, Álvaro Pérez, Pablo Crespo y Cándido Herrero, a varios exaltos cargos de la Administración Autonómica y a trabajadores de las empresas de Correa por asociación ilícita, prevaricación administrativa, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, falsedad documental y cohecho.

La Sala absuelve a la exconsellera de Turismo Angélica Such y a Juan Bover, exjefe de servicio de infraestructuras turísticas de la Conselleria, de prevaricación administrativa, único delito por el que estaban acusados.

En la sentencia, notificada hoy a las partes, el Tribunal, considera probado que los acusados crearon una trama empresarial para obtener distintos contratos de la Generalitat Valenciana en diversas ferias de turismo (fundamentalmente en las edificios de FITUR entre 2005 y 2009) tras realizar distintas actuaciones encaminadas a manipular, alterar e influir a su favor en la tramitación de los procedimientos administrativos de adjudicación de tales trabajos.

El grupo de empresas de Correa era una organización empresarial creada ex profeso para manipular concursos públicos y participar activamente en el cambio de las condiciones exigidas a los adjudicatarios.

Las mercantiles de Correa carecían de medios personales y materiales para ejecutar esos trabajos, motivo por el que los subcontrataban con terceros. De esta forma obtenían un enriquecimiento irregular al lucrarse aplicando unos márgenes desproporcionados, duplicando partidas o facturando gastos inexistentes.

Tales importes eran admitidos por la Administración Autonómica (Agencia Valenciana de Turismo, Conselleria de Turismo, Conselleria de Territorio y vivienda y Conselleria de Infraestructuras y Transporte), que no solo no llevó un control efectivo de los pagos sino que alteró los criterios de adjudicación de los contratos y benefició irregularmente a las empresas del Grupo Correa.

Estas mercantiles, según recoge la sentencia de 558 páginas, cuyo ponente ha sido el magistrado Juan Climent, tenían información privilegiada: conocían por anticipado las condiciones de los contratos públicos, contratos que, en algunos casos, se modificaban a su conveniencia.

La sentencia, notificada hoy a las partes, recoge las siguientes penas para los condenados:

-FRANCISCO CORREA: 13 años de prisión

Asociación ilícita

3 años de prisión
13.500 euros de multa
9 años de inhabilitación especial para el desempeño de empleos o cargos públicos relacionados con actividades propias de la contratación administrativa.

Tráfico de influencias (delito continuado cometido por particular como medio para cometer un delito continuado de prevaricación)

1 año de prisión
Multa de 3,9 millones de euros

Malversación de caudales públicos (delito continuado)

6 años de prisión
10 años de inhabilitación absoluta

Cohecho activo

3 años de prisión
Multa de 5.000 euros
8 años de inhabilitación especial para el desempeño de empleos o cargos públicos relacionados con actividades propias de la contratación administrativa.

-PABLO CRESPO SABARIS: 13 años y 3 meses

Asociación ilícita

2 años y 6 meses de cárcel
Multa de 11.250 euros
7 años y seis meses de inhabilitación especial para el desempeño de empleos o cargos públicos relacionados con actividades propias de la contratación administrativa.

Tráfico de influencias (delito continuado cometido por particular como medio para cometer un delito continuado de prevaricación)

1 año de prisión
Multa de 3,9 millones de euros

Malversación de caudales públicos (delito continuado)

6 años de prisión
10 años de inhabilitación absoluta

Falsedad documental

1 año y 9 meses de prisión
Multa de 6.750 euros

Cohecho activo

2 años de prisión
Multa de 2.400 euros
7 años de inhabilitación especial para el desempeño de empleos o cargos públicos relacionados con actividades propias de la contratación administrativa.

-ÁLVARO PÉREZ ALONSO: 12 años y 3 meses de cárcel

Asociación ilícita.

18 meses de prisión.
Multa de 11.250 euros

Tráfico de influencias (delito continuado cometido por particular como medio para cometer un delito continuado de prevaricación)

1 año de prisión
Multa de 3,9 millones de euros

Malversación de caudales públicos (delito continuado)

6 años de prisión
10 años de inhabilitación absoluta

Falsedad documental

1 año y 9 meses de prisión
Multa de 6.750 euros

Cohecho activo

2 años de prisión
Multa de 2.400 euros
7 años de inhabilitación especial para el desempeño de empleos o cargos públicos relacionados con actividades propias de la contratación administrativa.

-ISABEL JORDÁN 6 años de prisión

Asociación ilícita

18 meses de prisión
Multa de 11.250 euros

Prevaricación administrativa

7 años de inhabilitación especial para el desempeño de empleos o cargos públicos relacionados con actividades propias de la contratación administrativa

Tráfico de influencias

ABSUELTA

Malversación de caudales públicos (delito continuado)

3 años de prisión
7 años de inhabilitación absoluta

Falsedad documental

1 año y 6 meses de prisión
Multa de 6.000 euros

-CÁNDIDO HERRERO MARTÍNEZ 4 años y cuatro meses de cárcel

Asociación ilícita

16 meses de prisión
5.850 euros de multa.

Prevaricación administrativa

5 años de inhabilitación especial para el desempeño de empleos o cargos públicos relacionados con actividades propias de la contratación administrativa

Tráfico de influencias

ABSUELTO

Malversación de caudales públicos

1 año y 6 meses de prisión
3 años de inhabilitación absoluta

Falsedad documental

1 año y 6 meses de prisión
Multa de 3.600 euros

-MÓNICA MAGARIÑOS PÉREZ 3 años de prisión

Asociación ilícita

12 meses de prisión
1.800 euros de multa

Prevaricación administrativa

5 años de inhabilitación especial para el desempeño de empleos o cargos públicos relacionados con actividades propias de la contratación administrativa

Tráfico de influencias

ABSUELTA

Malversación de caudales públicos

2 años de prisión
5 años de inhabilitación absoluta

-MILAGROSA MARTÍNEZ 9 años de prisión

Prevaricación administrativa

9 años de inhabilitación especial para el desempeño de empleos o cargos públicos relacionados con actividades propias de la contratación administrativa

Malversación de caudales públicos

6 años de prisión
10 años de inhabilitación absoluta

Cohecho pasivo

3 años de prisión
5.000 euros de multa
8 años de inhabilitación especial para el desempeño de empleos o cargos públicos relacionados con actividades propias de la contratación administrativa.

-RAFAEL BETORET 6 años de prisión

Prevaricación administrativa

7 años de inhabilitación especial para el desempeño de empleos o cargos públicos relacionados con actividades propias de la contratación administrativa

Malversación de caudales públicos y falsedad documental

6 años de prisión
10 años de inhabilitación absoluta

-ISAAC VIDAL 7 años de prisión

Prevaricación administrativa

5 años de inhabilitación especial para el desempeño de empleos o cargos públicos relacionados con actividades propias de la contratación administrativa

Malversación de caudales públicos

4 años de prisión
10 años de inhabilitación absoluta

falsedad documental

3 años de prisión
2.700 euros de multa
2 años de inhabilitación especial para el desempeño de empleos o cargos públicos relacionados con actividades propias de la contratación administrativa.

-JORGE GUARRO 4 años de prisión

Prevaricación administrativa

5 años de inhabilitación especial para el desempeño de empleo o cargos públicos relacionados con actividades propias de la contratación administrativa

Malversación de caudales públicos

4 años de prisión
10 años de inhabilitación absoluta

-ANA GRAU 3 años de prisión

Prevaricación administrativa

4 años, tres meses y un día de inhabilitación especial para el desempeño de empleos o cargos públicos relacionados con actividades propias de la contratación administrativa

Falsedad documental

3 años de prisión
900 euros de multa
2 años de inhabilitación especial para el desempeño de empleos o cargos públicos relacionados con actividades propias de la contratación administrativa.

Malversación de caudales públicos

ABSUELTA

-ANGÉLICA SUCH

Prevaricación administrativa

ABSUELTA

-JUAN BOVER

Prevaricación administrativa

ABSUELTO

La Sala condena además, a Francisco Correa, Pablo Crespo, Álvaro Pérez, Cándido Herrero, Isabel Jordán, Mónica Magariños, Milagrosa Martínez, Rafael Betoret, Isaac Vidal y Jorge Guarro a indemnizar solidariamente a la Generalitat Valenciana con 272.000 euros.

La sentencia establece la responsabilidad subsidiaria de las mercantiles Orange Market, Easy Concept Comunicación, Boomerangdrive y Servimadrid Integral, que deberán hacer frente al pago de dicha indemnización si los condenados anteriormente citados no abonan la parte que les corresponde.

La Sala de lo Civil y Penal prohíbe contratar con el sector público a Francisco Correa, Pablo Crespo, Álvaro Pérez, Cándido Herrero, Isabel Jordán, Mónica Magariños, Milagrosa Martínez, Rafael Betoret, Isaac Vidal, Jorge Guarro y Ana Grau por lo que se acuerda comunicar la sentencia a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado y al órgano equivalente en la Comunidad Valenciana.

El Tribunal ordena, por otro lado, el comiso de bienes de la sociedad Orange Market S.L., por importe de casi dos millones de euros 1.938.000 y el comiso del reloj, valorado en 2.400 euros, con el que fue obsequiada la exconsellera de Turismo condenada.

El juicio por esta pieza separada del “caso Gürtel” comenzó en marzo de 2015 y quedó visto para sentencia un año después tras 65 sesiones.

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El ‘zasca’ de Ouigo a la vicepresidenta María Jesús Montero 

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Ouigo
Ouigo-ARCHIVO

La operadora francesa defiende su posición tras las declaraciones de la vicepresidenta María Jesús Montero, quien sugirió que los trenes de Ouigo podrían haber provocado el fallo en la línea de alta velocidad.

La compañía ferroviaria Ouigo España ha negado rotundamente ser responsable de la incidencia registrada el pasado lunes en la línea de alta velocidad que conecta Madrid y Andalucía, después de que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dejara entrever que el operador privado podría estar detrás de los problemas que afectaron al servicio.

Montero sugiere “sabotaje” e implica a operadores privados

Durante una conversación informal con periodistas —captada por las cámaras antes de una reunión con representantes de Sumar—, Montero afirmó que el suceso podría tratarse incluso de un «sabotaje» y apuntó directamente a los operadores privados como posibles responsables. En su intervención, también criticó el funcionamiento de los trenes de Ouigo:

“Las máquinas de Ouigo tienen dificultades, se paran fácilmente y provocan retrasos en toda la cadena. Tienen servicios de mantenimiento que nosotros desde Renfe les aportamos. No retiran los trenes de las vías o tardan en retirarlos, y eso afecta a todo el sistema”, declaró.

Ouigo se defiende: “No somos responsables de la incidencia”

En respuesta, fuentes oficiales de Ouigo han asegurado que ninguno de sus trenes estuvo implicado en el origen de las incidencias ocurridas el lunes y han defendido la profesionalidad de sus servicios técnicos. Además, han querido aclarar que el mantenimiento de sus unidades lo realiza la propia compañía, no Renfe, tal como había insinuado la ministra.

Asimismo, Ouigo ha señalado que la responsabilidad sobre la infraestructura ferroviaria y la coordinación en caso de avería recae exclusivamente sobre Adif, el gestor público de la red ferroviaria española.

“El mantenimiento de la infraestructura ferroviaria y la gestión del tráfico, tanto en condiciones normales como en caso de avería, es competencia exclusiva de Adif”, recalca la compañía. “Además, es Adif quien repercute los costes de estos servicios a las operadoras a través de los cánones correspondientes”.

Críticas por la gestión y menciones al ‘dumping’

Durante esa misma conversación, el ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, también lanzó una crítica velada al modelo de negocio de Ouigo, preguntando si la compañía “seguía haciendo dumping”, en referencia a la estrategia de precios bajos que ha generado controversia en el sector. Montero respondió que ese tema aún no está resuelto.

Un contexto de tensión en el transporte ferroviario

El incidente en la línea AVE Madrid-Sevilla, que coincidió con el final de la Feria de Abril, generó un caos ferroviario en la estación de Santa Justa, afectando a numerosos pasajeros. Aunque inicialmente se atribuyó a una “incidencia técnica”, algunos afectados especularon sobre otras causas, incluidas las sustracciones de cobre, frecuentes en algunos tramos ferroviarios.

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