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El jurado declara culpable al único acusado del crimen del canónigo de València, cometido junto a otra persona

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muerte cura Valencia
El acusado del crimen del canónigo de la Catedral de València en enero de 2024 - EUROPA PRESS

El tribunal popular considera probado que el crimen fue planificado, con alevosía, y que el acusado participó en el robo y uso fraudulento de las tarjetas de la víctima.

Un jurado popular ha declarado culpable de asesinato al único acusado por la muerte del canónigo de la Catedral de València, ocurrida en 2024, al considerar que actuó de común acuerdo con otra persona no identificada dentro de un plan previamente diseñado para acabar con la vida de la víctima y apropiarse de sus bienes.

El fallo, adoptado por siete votos frente a dos, concluye que el acusado participó de forma decisiva en el crimen, aunque no fuera el autor material de la asfixia que provocó la muerte del religioso, Alfonso, de 79 años.

Asesinato planificado y con alevosía

Según el veredicto, la muerte no fue accidental y se produjo por asfixia, en un contexto en el que la víctima no pudo defenderse debido a su edad y condición física. El jurado aprecia alevosía, al considerar que el ataque se llevó a cabo de manera sorpresiva y premeditada.

La resolución sitúa al acusado en el lugar y en el momento del crimen, basándose en el análisis del posicionamiento de los teléfonos móviles tanto de la víctima como del procesado.

Robo con violencia y estafa continuada

Además del asesinato, el jurado ha declarado probado por unanimidad que el acusado y su cómplice se apoderaron de tarjetas bancarias y comerciales del canónigo con el objetivo de obtener beneficios económicos.

El acusado realizó compras y gastos con una tarjeta bancaria por un valor superior a 2.300 euros, además de varias adquisiciones con una tarjeta comercial. En el momento de su detención, los agentes le intervinieron 875 euros en efectivo, procedentes de extracciones realizadas con dichas tarjetas.

La versión del acusado

Durante el juicio, celebrado en la Audiencia Provincial de València, el acusado se declaró inocente del homicidio y negó haber estado en el domicilio de la víctima. Sí reconoció haber utilizado las tarjetas, aunque aseguró que se las entregó un tercero no identificado y que desconocía que el canónigo hubiera fallecido.

Las investigaciones policiales no hallaron huellas ni ADN del acusado en la vivienda, aunque sí restos genéticos y huellas pertenecientes a personas no identificadas.

Fiscalía pide 28 años de prisión

Tras el veredicto, la Fiscalía mantiene su petición de 28 años de cárcel, repartidos entre el delito de asesinato, el robo con violencia y la estafa continuada. La acusación sostiene que el procesado tuvo una participación directa y determinante en un crimen que califica de especialmente grave.

Por su parte, la defensa ha solicitado la imposición de la pena mínima prevista por la ley. El jurado ha recomendado que no se concedan beneficios penitenciarios ni un eventual indulto, y el acusado permanece en prisión provisional a la espera de sentencia.

 

El hallazgo del cadáver del canónigo

El cadáver lo descubrió el portero, que reside en el edificio y que ha declarado en esta jornada. Según su versión, el día de los hechos abrió la portería a las 9.00 horas como de costumbre, y a los pocos minutos le llegó un mensaje del canónigo diciéndole que se iba a ausentar hasta el fin de semana. Le generó «duda» la forma en la que estaba escrito, pero no lo vio con «normalidad» porque tenía un apartamento en la playa de El Perelló.

Sobre las 11.15 horas se personó un amigo de Alfonso —decía que eran «como hermanos»— preocupado porque habían quedado para «una cosa importante» y no le cogía el móvil. Subieron y, tras llamar dos veces y no recibir respuesta, el portero abrió con la copia de las llaves que tenía.

Al girar la llave la puerta no estaba cerrada. Entró y, al asomarse al dormitorio, vio al canónigo tumbado boca arriba y la cama «revuelta, usada».
«Claramente vi que estaba muerto, lo vi como una especie de momia con la boca abierta, salí chillando en un estado de nervios muy grande», ha recordado.

Testimonio del portero: chicos vulnerables y conflictos frecuentes

El portero ha declarado que era «muy frecuente» que subieran chicos al piso del canónigo, en etapas «muchos», y que cuando Alfonso percibió que «los vecinos comenzaban a darse cuenta de que ocurría algo extraño», los citaba fuera del horario de portería.

En su mayoría eran personas «muy necesitadas», algunos con signos visibles de adicción a drogas, todos mayores de edad. Alfonso tenía «un carácter fuerte, complicado», y solía ir a buscarlos a la estación de autobuses o a la calle Bailén.

«Yo porque sabía torearlo a pesar del asco que me daba a mí por lo que estaba haciendo, pero los vecinos estaban hartos», ha afirmado.

Incidentes y testimonios de vecinos

El portero ha relatado numerosos episodios:

  • Jóvenes encerrados con llave cuando el canónigo salía

  • Conflictos por pagos de servicios sexuales

  • Amenazas de denuncia

  • Discusiones por dinero no abonado

Una vecina escuchó cómo Alfonso ofrecía dinero a cambio de sexo oral.
«Los vecinos estaban hartos, a ellos y a mí nos resultaba repugnante y doloroso», ha recalcado.

Incluso una vecina del anterior edificio advirtió:
«Que se preparen todos los vecinos porque lo que viene es muy fuerte. Es un sacerdote al que le gustan los chicos».

 

Alfonso López Benito-AVAN / A. Sáiz

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Hallan mercurio y metanol en una anciana con alzhéimer mientras dos abogados y un notario la expoliaban en València

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La Policía Nacional ha detenido en València a cinco personas, entre ellas dos abogados, un notario de reconocido prestigio en la ciudad, la cuidadora de la víctima y el comprador de varios inmuebles, por presuntamente expoliar el patrimonio de una mujer octogenaria con alzhéimer. El perjuicio económico asciende a unos 785.000 euros, según ha informado la Jefatura Superior de Policía.

La investigación ha destapado una trama de ventas inmobiliarias irregulares, abusos de confianza y una grave situación de vulnerabilidad, en la que la anciana habría sido despojada de todos sus bienes en apenas un año.

Ventas irregulares y patrimonio enajenado

Las pesquisas policiales comenzaron en junio de 2025, tras la denuncia interpuesta por los familiares de la mujer. Estos alertaron de que cada vez les resultaba más difícil contactar con la anciana o visitarla, lo que despertó su preocupación.

Al consultar el Registro de la Propiedad, comprobaron que la totalidad de los inmuebles de la mujer habían sido vendidos en un corto periodo de tiempo. Las investigaciones revelaron que las operaciones se realizaron con el asesoramiento de dos abogados que, además, actuaban como letrados del comprador, incurriendo en un claro conflicto de intereses y dejando a la víctima en una situación de absoluta indefensión.

Los inmuebles fueron vendidos muy por debajo de su valor real de mercado, lo que permitió a los implicados obtener importantes beneficios económicos.

El papel clave del notario y la cuidadora

Todas las operaciones se formalizaron ante el mismo notario, que dio validez legal a las transacciones. Incluso en la venta de la vivienda habitual de la anciana —realizada bajo la fórmula de nuda propiedad— se incluyeron condiciones especialmente gravosas, que llegaban a contemplar la posible pérdida del usufructo.

Los agentes constataron además que el notario, junto al comprador, realizó gestiones para suprimir dicho usufructo, entrevistándose con vecinos para intentar demostrar que la mujer ya no residía en el inmueble, algo que no era cierto.

La cuidadora, que se encargaba de preparar la comida y atender diariamente a la octogenaria, tenía una posición de especial influencia sobre ella. Fue incluida en el testamento y era quien realizaba extracciones de dinero de las cuentas bancarias de la víctima.

Sustancias tóxicas y agravamiento del caso

Durante una hospitalización de la anciana, los investigadores llegaron a detectar presencia de mercurio y metanol en su organismo, un hallazgo que incrementó la gravedad de las sospechas sobre su entorno más cercano y reforzó la investigación policial.

Delitos y situación judicial

Como resultado de la operación, los cinco detenidos están acusados de prevaricación, falsedad en documento público, estafa, delito contra los derechos de los trabajadores y deslealtad profesional. Uno de ellos cuenta con antecedentes policiales.

Todos han pasado ya a disposición judicial, mientras continúa la investigación para esclarecer completamente los hechos y determinar si existen más personas implicadas.

 

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