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El jurado declara culpable al único acusado del crimen del canónigo de València, cometido junto a otra persona

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muerte cura Valencia
El acusado del crimen del canónigo de la Catedral de València en enero de 2024 - EUROPA PRESS

El tribunal popular considera probado que el crimen fue planificado, con alevosía, y que el acusado participó en el robo y uso fraudulento de las tarjetas de la víctima.

Un jurado popular ha declarado culpable de asesinato al único acusado por la muerte del canónigo de la Catedral de València, ocurrida en 2024, al considerar que actuó de común acuerdo con otra persona no identificada dentro de un plan previamente diseñado para acabar con la vida de la víctima y apropiarse de sus bienes.

El fallo, adoptado por siete votos frente a dos, concluye que el acusado participó de forma decisiva en el crimen, aunque no fuera el autor material de la asfixia que provocó la muerte del religioso, Alfonso, de 79 años.

Asesinato planificado y con alevosía

Según el veredicto, la muerte no fue accidental y se produjo por asfixia, en un contexto en el que la víctima no pudo defenderse debido a su edad y condición física. El jurado aprecia alevosía, al considerar que el ataque se llevó a cabo de manera sorpresiva y premeditada.

La resolución sitúa al acusado en el lugar y en el momento del crimen, basándose en el análisis del posicionamiento de los teléfonos móviles tanto de la víctima como del procesado.

Robo con violencia y estafa continuada

Además del asesinato, el jurado ha declarado probado por unanimidad que el acusado y su cómplice se apoderaron de tarjetas bancarias y comerciales del canónigo con el objetivo de obtener beneficios económicos.

El acusado realizó compras y gastos con una tarjeta bancaria por un valor superior a 2.300 euros, además de varias adquisiciones con una tarjeta comercial. En el momento de su detención, los agentes le intervinieron 875 euros en efectivo, procedentes de extracciones realizadas con dichas tarjetas.

La versión del acusado

Durante el juicio, celebrado en la Audiencia Provincial de València, el acusado se declaró inocente del homicidio y negó haber estado en el domicilio de la víctima. Sí reconoció haber utilizado las tarjetas, aunque aseguró que se las entregó un tercero no identificado y que desconocía que el canónigo hubiera fallecido.

Las investigaciones policiales no hallaron huellas ni ADN del acusado en la vivienda, aunque sí restos genéticos y huellas pertenecientes a personas no identificadas.

Fiscalía pide 28 años de prisión

Tras el veredicto, la Fiscalía mantiene su petición de 28 años de cárcel, repartidos entre el delito de asesinato, el robo con violencia y la estafa continuada. La acusación sostiene que el procesado tuvo una participación directa y determinante en un crimen que califica de especialmente grave.

Por su parte, la defensa ha solicitado la imposición de la pena mínima prevista por la ley. El jurado ha recomendado que no se concedan beneficios penitenciarios ni un eventual indulto, y el acusado permanece en prisión provisional a la espera de sentencia.

 

El hallazgo del cadáver del canónigo

El cadáver lo descubrió el portero, que reside en el edificio y que ha declarado en esta jornada. Según su versión, el día de los hechos abrió la portería a las 9.00 horas como de costumbre, y a los pocos minutos le llegó un mensaje del canónigo diciéndole que se iba a ausentar hasta el fin de semana. Le generó «duda» la forma en la que estaba escrito, pero no lo vio con «normalidad» porque tenía un apartamento en la playa de El Perelló.

Sobre las 11.15 horas se personó un amigo de Alfonso —decía que eran «como hermanos»— preocupado porque habían quedado para «una cosa importante» y no le cogía el móvil. Subieron y, tras llamar dos veces y no recibir respuesta, el portero abrió con la copia de las llaves que tenía.

Al girar la llave la puerta no estaba cerrada. Entró y, al asomarse al dormitorio, vio al canónigo tumbado boca arriba y la cama «revuelta, usada».
«Claramente vi que estaba muerto, lo vi como una especie de momia con la boca abierta, salí chillando en un estado de nervios muy grande», ha recordado.

Testimonio del portero: chicos vulnerables y conflictos frecuentes

El portero ha declarado que era «muy frecuente» que subieran chicos al piso del canónigo, en etapas «muchos», y que cuando Alfonso percibió que «los vecinos comenzaban a darse cuenta de que ocurría algo extraño», los citaba fuera del horario de portería.

En su mayoría eran personas «muy necesitadas», algunos con signos visibles de adicción a drogas, todos mayores de edad. Alfonso tenía «un carácter fuerte, complicado», y solía ir a buscarlos a la estación de autobuses o a la calle Bailén.

«Yo porque sabía torearlo a pesar del asco que me daba a mí por lo que estaba haciendo, pero los vecinos estaban hartos», ha afirmado.

Incidentes y testimonios de vecinos

El portero ha relatado numerosos episodios:

  • Jóvenes encerrados con llave cuando el canónigo salía

  • Conflictos por pagos de servicios sexuales

  • Amenazas de denuncia

  • Discusiones por dinero no abonado

Una vecina escuchó cómo Alfonso ofrecía dinero a cambio de sexo oral.
«Los vecinos estaban hartos, a ellos y a mí nos resultaba repugnante y doloroso», ha recalcado.

Incluso una vecina del anterior edificio advirtió:
«Que se preparen todos los vecinos porque lo que viene es muy fuerte. Es un sacerdote al que le gustan los chicos».

 

Alfonso López Benito-AVAN / A. Sáiz

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Desahucian a Daniel, físico de la Universitat de València: «Quiero vivir tranquilo y hacer valer mis derechos»

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El desahucio de Daniel González Iglesias, físico e investigador de la Universitat de València (UV), se ha ejecutado este jueves por la mañana después de diez años de litigios para intentar evitarlo. «No tengo ganas de más follones, quiero intentar vivir tranquilo y está siendo muy difícil hacer valer mis derechos», ha manifestado el investigador en un audio facilitado a los medios.

El lanzamiento estaba previsto inicialmente para las 9.30 horas, pero la Policía Nacional ha acudido a la vivienda alrededor de las seis de la mañana con un dispositivo de ocho furgones. Ante la llegada de los agentes, Daniel decidió colaborar, se identificó y abandonó el inmueble.

El investigador ha explicado que estaba durmiendo cuando comenzó a escuchar ruido en la calle y vio el despliegue policial. La situación le provocó síntomas de ansiedad, precisamente el escenario que había querido evitar. Según el Sindicat d’Habitatge de València, Daniel tuvo que acudir a un centro de salud tras sufrir un cuadro de ansiedad.

Diez años de conflicto por una vivienda en Valencia

Daniel llegó al piso en 2009 como estudiante, mediante un alquiler compartido de 594 euros. Con el paso del tiempo se quedó solo en la vivienda y, durante la crisis económica, el entonces propietario incorporó anexos que redujeron el alquiler a 350 euros.

Posteriormente, se firmó un nuevo acuerdo que contemplaba una opción de compra por 71.000 euros y el derecho de tanteo y retracto, según relató el investigador anteriormente a Europa Press TV.

Tres años después, la empresa propietaria entró en concurso de acreedores y Daniel comenzó a consignar los pagos del alquiler en los juzgados. En 2017, la vivienda salió a subasta pública y fue adquirida por Caixabank a través de la sociedad participada Coral Homes S.L., que posteriormente presentó una demanda contra el investigador por ocupación ilegal.

Según la cronología expuesta por Daniel, en 2018 el administrador concursal le comunicó que dejara de ingresar las rentas en el juzgado. En 2020 inició un procedimiento de jurisdicción voluntaria y trató de volver a pagar, pero no pudo realizar los abonos al no disponer de la cuenta bancaria del arrendador.

La vivienda se vendió en 2025 y la última sentencia ordenó el desalojo

La propiedad volvió a denunciar al investigador en 2023. En 2025, el inmueble fue vendido a una propietaria particular por un importe superior a los 71.000 euros contemplados en la opción de compra, según la información facilitada sobre el caso.

Después de resoluciones anteriores favorables a Daniel, la última demanda concluyó con una condena al desalojo y al pago de 35.620,88 euros en concepto de rentas vencidas. La cantidad corresponde a las diferencias reclamadas entre los importes del alquiler, según la explicación difundida por el sindicato.

El Sindicat d’Habitatge de València sostiene que durante el procedimiento se han vulnerado los derechos del investigador y cuestiona que el lanzamiento se haya ejecutado mientras, según denuncia, existen medidas legales de protección para determinados inquilinos. Estas afirmaciones forman parte de la posición de la organización.

Dos recursos judiciales siguen en marcha

El portavoz del Sindicat d’Habitatge de València, Esteban Arellano, ha asegurado que el procedimiento no ha terminado y que mantienen dos vías judiciales abiertas: un recurso de queja para elevar el asunto al Tribunal Supremo y otro de reposición.

La organización sostiene que no se han respetado los diez días hábiles que, a su juicio, Daniel debía tener para intentar que los recursos llegaran a su último recorrido posible. También defiende que el contrato de alquiler y la opción de compra debían haber sido tenidos en cuenta.

El sindicato ha criticado, además, que el dispositivo policial se adelantara varias horas respecto al horario inicialmente previsto. Según Arellano, no se convocó una concentración para intentar frenar el lanzamiento porque el propio Daniel no quería exponer a otras personas a un posible enfrentamiento con los agentes.

El sindicato denuncia la crisis de vivienda

El Sindicat d’Habitatge considera que el caso refleja las dificultades de acceso y permanencia en una vivienda y denuncia que los procedimientos judiciales prolongados pueden dejar a los inquilinos en una situación de especial vulnerabilidad.

«Por mucho que el procedimiento judicial siga adelante, el resultado es que llaman a ocho furgones de policía, llegan a las seis de la mañana a tu casa, te echan y, por mucho que tengas la razón y ganes el juicio, ya has perdido la casa», ha resumido Arellano.

Mientras continúan los recursos anunciados por la organización, Daniel se enfrenta a una nueva etapa tras abandonar la vivienda en la que había residido durante años. Su deseo, según ha expresado, es poder vivir tranquilo y hacer valer sus derechos.

 

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