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Todas las novedades del nuevo curso escolar

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Material escolar a la venta en una librería con motivo del inicio del curso escolar. EFE/Daniel Gonzalez/Archivo

El curso escolar 2025-2026 arranca en la Comunitat Valenciana con un paquete de novedades que marcarán el futuro inmediato del sistema educativo autonómico. El conseller de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, José Antonio Rovira, ha presentado las principales medidas en una rueda de prensa en la que ha destacado tres ejes fundamentales:

  1. La aplicación plena de la ley de libertad educativa, que permite elegir la lengua base de enseñanza.

  2. La reconstrucción de centros educativos afectados por la DANA de 2024.

  3. El refuerzo de recursos y programas para mejorar las competencias básicas del alumnado, especialmente en lectura y matemáticas.

En total, 810.730 estudiantes desde Infantil hasta Formación Profesional vuelven a las aulas. Aunque la cifra supone un ligero descenso respecto al año pasado debido a la baja natalidad, las etapas de Secundaria, Bachillerato y Educación Especial son las que registran mayor crecimiento.

Más profesorado y ratios más bajas en las aulas

Uno de los anuncios más destacados es el incremento del profesorado: este curso habrá 83.592 docentes, un 1,72 % más que el anterior, lo que consolida una tendencia de crecimiento sostenido desde 2020/21. En apenas cinco cursos, la escuela pública valenciana ha sumado 7.572 profesores más.

Este aumento permite mantener ratios más bajas que la media estatal:

  • Infantil y Primaria: 21 alumnos por clase (máximo legal 25).

  • Secundaria: 24 alumnos (máximo legal 30).

  • Bachillerato: 28,5 alumnos (límite de 35).

Además, en 59 municipios la ratio está por debajo de los 25 estudiantes por aula. En las escuelas rurales se garantiza la continuidad de los centros incluso con solo tres alumnos matriculados, lo que supone un alivio para las familias de zonas con baja densidad de población.

Sin embargo, los sindicatos educativos discrepan de este optimismo. CCOO, UGT y STEPV denuncian que el Acuerdo de Plantillas de 2023, que preveía más de 5.000 plazas adicionales, sigue sin aplicarse pese a una sentencia favorable del TSJCV. Aseguran que en áreas como la Formación Profesional, la Educación de Personas Adultas y las Escuelas Oficiales de Idiomas los recortes son palpables.

Reconstrucción tras la DANA: barracones y centros provisionales

El curso escolar también está marcado por la DANA que afectó gravemente a la provincia de Valencia en 2024. La Generalitat ha destinado ya 70 millones de euros a la reconstrucción de centros educativos y prevé duplicar la inversión en 2026.

Aun así, 3.079 alumnos inician el curso en aulas prefabricadas y cerca de 600 estudiantes todavía desconocen la fecha de regreso a sus colegios definitivos. Los casos más preocupantes se encuentran en Alfafar y Massanassa, donde las demoras han sido más acusadas. Rovira pidió disculpas a las familias, aunque insistió en que instalar una prefabricada no equivale a “poner un contenedor”, sino a un proceso complejo con trámites, adecuación de parcelas y conexión a servicios.

Refuerzo en matemáticas y lectura: inversiones millonarias

Con el objetivo de mejorar el rendimiento académico, la Conselleria ha lanzado dos programas específicos:

  • Competencia lectora: 9,46 millones de euros, 171 docentes adicionales y 209 centros beneficiados.

  • Matemáticas: 21,7 millones de euros, 349 nuevos profesores y 277 centros implicados.

Además, se incorporan 30 nuevos puestos de personal administrativo y de ordenanza en centros públicos para reducir burocracia y mejorar la atención a las familias.

En materia sanitaria, este curso se incluye por primera vez una campaña de vacunación contra la gripe dirigida al alumnado de segundo ciclo de Infantil (nacidos en 2020, 2021 y 2022), siempre con autorización de las familias.

Inclusión educativa: más aulas específicas y apoyo al alumnado

La inclusión gana protagonismo en este curso con la creación de 82 nuevas aulas UECO (Unidades Específicas en Centros Ordinarios) en los dos últimos años. Actualmente, existen 237 en Infantil y Primaria y 102 en Secundaria, destinadas a alumnado con necesidades educativas especiales.

Este avance es valorado por las asociaciones de familias, aunque los sindicatos insisten en que la lentitud del Pla Edificant y la permanencia de barracones deterioran la calidad de la enseñanza.

Formación Profesional en expansión

La Formación Profesional (FP) registra un crecimiento notable: 165.926 alumnos matriculados en 2025-2026. La oferta incluye 43 nuevos ciclos y la apertura de dos centros integrados en Orihuela y Alicante, con previsión de sumar otros en Gandia y Sagunt.

La Comunitat Valenciana contará además con un centro de excelencia nacional en química industrial, lo que la sitúa en una posición estratégica en la innovación y la formación especializada. El conseller Rovira destacó que el objetivo es reforzar la empleabilidad y la colaboración con empresas para consolidar un modelo de formación dual.

Escuelas Oficiales de Idiomas y nuevas lenguas

Las Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI) ofertan este curso 91.623 plazas, con un crecimiento del 50 % en la modalidad semipresencial y la ampliación de idiomas impartidos de 6 a 11.

No obstante, los sindicatos recuerdan que en el curso 2024-2025 apenas se cubrió el 60 % de las plazas disponibles, y alertan de que la reducción de grupos puede dificultar el acceso de estudiantes adultos.

Ley de libertad educativa: elección de lengua base

La gran novedad normativa es la aplicación completa de la ley de libertad educativa. Por primera vez, las familias han podido elegir la lengua base en el proceso de admisión. El resultado: el 99,8 % del alumnado estudiará en la lengua escogida.

En las zonas castellanohablantes, las excepciones lingüísticas han descendido del 80 % al 74 %. Rovira calificó la medida como un éxito de libertad y participación, pero los sindicatos denuncian un arrinconamiento del valenciano y alertan de un conflicto lingüístico reabierto.

A esta medida se suma la entrada en vigor del nuevo decreto de convivencia, que regula el uso de móviles en las aulas y fija protocolos de actuación frente a las agresiones al profesorado.

Un curso con luces y sombras

El Gobierno autonómico presenta el curso 2025-2026 como el de las oportunidades: más profesorado, menos alumnos por aula, refuerzos en competencias básicas y mayor libertad lingüística. Sin embargo, los sindicatos y parte de la comunidad educativa critican recortes encubiertos, lentitud en infraestructuras y riesgos de retroceso en la normalización del valenciano.

El pulso está servido: habrá que esperar para comprobar si este curso se recordará por los avances anunciados por la Conselleria o por las movilizaciones sindicales que ya se preparan.

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Valencia

Multan con 25.000 euros a una empresa de Valencia por obligar a sus trabajadoras a llevar cofia

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18 empleadas suspendidas de empleo y sueldo por negarse a llevar cofia
Una empleada con el 'tocado' que las trabajadoras se negaron a poner, en una imagen facilitada por la empresa a EFE.

El TSJCV confirma que imponer una diadema ornamental exclusivamente a las mujeres constituye discriminación por razón de sexo. La compañía llegó a sancionar a 18 empleadas que se negaron a utilizarla durante tres eventos de gala.

Una empresa de cáterin de Valencia tendrá que pagar una multa de 25.000 euros por obligar a sus trabajadoras a llevar una cofia o diadema como complemento del uniforme. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha confirmado la sanción al considerar que esta exigencia, impuesta exclusivamente al personal femenino y sin una justificación objetiva, constituye una discriminación directa por razón de sexo.

La Sala de lo Social del alto tribunal autonómico ha rechazado el recurso presentado por la mercantil y ha ratificado la resolución judicial que ya había avalado la sanción administrativa. Los magistrados consideran que la prenda se exigía a las mujeres por motivos meramente estéticos o de imagen, sin que existiera una obligación equivalente para los trabajadores hombres.

La sentencia, dictada el pasado 22 de septiembre, respalda así el criterio de la Inspección de Trabajo y de la Dirección General de Trabajo, Bienestar y Seguridad Laboral de la Generalitat.

La empresa sancionó a 18 trabajadoras por no llevar la diadema

Los hechos se remontan a julio de 2022, cuando la empresa impuso a sus empleadas una prenda ornamental adicional a la uniformidad obligatoria. La exigencia afectaba únicamente al personal femenino y no respondía, según las resoluciones judiciales, a ninguna necesidad objetiva relacionada con el desempeño del trabajo.

Uno de los elementos que tuvo especialmente en cuenta el Juzgado de lo Social número 13 de Valencia fue que la compañía llegó a sancionar a 18 trabajadoras por negarse a utilizar la diadema durante tres eventos de gala.

La empresa dejó posteriormente sin efecto esas sanciones y comunicó al comité de empresa que, por el momento, se abandonaría el uso de la prenda. Sin embargo, esta rectificación se produjo después de que la mercantil hubiera sido citada para comparecer ante la Inspección de Trabajo.

En enero de 2023, la Inspección levantó un acta de infracción al apreciar una falta muy grave por discriminación directa por razón de sexo. La Administración autonómica confirmó posteriormente la infracción e impuso una multa de 25.000 euros.

La compañía recurrió la resolución administrativa ante los tribunales, pero el Juzgado de lo Social número 13 de Valencia desestimó su demanda en mayo del pasado año y mantuvo la sanción.

El TSJCV confirma que la exigencia era discriminatoria

La empresa volvió a recurrir la sentencia, esta vez ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. El tribunal ha rechazado ahora sus argumentos y considera acreditado que la imposición de la cofia afectaba exclusivamente a las mujeres y carecía de una causa objetiva que la justificara.

Los magistrados subrayan que no existía una prenda equivalente para los hombres en condiciones comparables y que la diferencia de trato no respondía a una finalidad legítima, necesaria y proporcionada.

La resolución recuerda la doctrina del Tribunal Supremo sobre los uniformes diferenciados por sexo: imponer una indumentaria femenina específica, sin una alternativa equivalente y sin justificación objetiva, puede vulnerar el principio de igualdad.

El tribunal también descarta que la ausencia de una intención discriminatoria por parte de la empresa sea suficiente para evitar la sanción. Lo determinante, según recoge la sentencia, es que existió una diferencia de trato directa por razón de sexo.

Una infracción muy grave por discriminación laboral

La conducta empresarial fue encuadrada en el artículo 8.12 de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, que considera infracción muy grave las decisiones unilaterales de la empresa que impliquen discriminaciones directas o indirectas desfavorables por razón de sexo, entre otros motivos protegidos.

La sanción económica de 25.000 euros queda así confirmada por el TSJCV, aunque contra la sentencia todavía cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo para la unificación de doctrina.

El fallo vuelve a poner el foco en las normas de vestimenta en el entorno laboral y en los límites que tienen las empresas a la hora de establecer uniformes o complementos distintos para hombres y mujeres. La imagen corporativa no puede justificar por sí sola una exigencia que suponga un trato desigual por razón de sexo.

 

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