Valencia
Todas las novedades del nuevo curso escolar
Publicado
hace 1 añoen
El curso escolar 2025-2026 arranca en la Comunitat Valenciana con un paquete de novedades que marcarán el futuro inmediato del sistema educativo autonómico. El conseller de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, José Antonio Rovira, ha presentado las principales medidas en una rueda de prensa en la que ha destacado tres ejes fundamentales:
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La aplicación plena de la ley de libertad educativa, que permite elegir la lengua base de enseñanza.
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La reconstrucción de centros educativos afectados por la DANA de 2024.
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El refuerzo de recursos y programas para mejorar las competencias básicas del alumnado, especialmente en lectura y matemáticas.
En total, 810.730 estudiantes desde Infantil hasta Formación Profesional vuelven a las aulas. Aunque la cifra supone un ligero descenso respecto al año pasado debido a la baja natalidad, las etapas de Secundaria, Bachillerato y Educación Especial son las que registran mayor crecimiento.
Más profesorado y ratios más bajas en las aulas
Uno de los anuncios más destacados es el incremento del profesorado: este curso habrá 83.592 docentes, un 1,72 % más que el anterior, lo que consolida una tendencia de crecimiento sostenido desde 2020/21. En apenas cinco cursos, la escuela pública valenciana ha sumado 7.572 profesores más.
Este aumento permite mantener ratios más bajas que la media estatal:
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Infantil y Primaria: 21 alumnos por clase (máximo legal 25).
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Secundaria: 24 alumnos (máximo legal 30).
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Bachillerato: 28,5 alumnos (límite de 35).
Además, en 59 municipios la ratio está por debajo de los 25 estudiantes por aula. En las escuelas rurales se garantiza la continuidad de los centros incluso con solo tres alumnos matriculados, lo que supone un alivio para las familias de zonas con baja densidad de población.
Sin embargo, los sindicatos educativos discrepan de este optimismo. CCOO, UGT y STEPV denuncian que el Acuerdo de Plantillas de 2023, que preveía más de 5.000 plazas adicionales, sigue sin aplicarse pese a una sentencia favorable del TSJCV. Aseguran que en áreas como la Formación Profesional, la Educación de Personas Adultas y las Escuelas Oficiales de Idiomas los recortes son palpables.
Reconstrucción tras la DANA: barracones y centros provisionales
El curso escolar también está marcado por la DANA que afectó gravemente a la provincia de Valencia en 2024. La Generalitat ha destinado ya 70 millones de euros a la reconstrucción de centros educativos y prevé duplicar la inversión en 2026.
Aun así, 3.079 alumnos inician el curso en aulas prefabricadas y cerca de 600 estudiantes todavía desconocen la fecha de regreso a sus colegios definitivos. Los casos más preocupantes se encuentran en Alfafar y Massanassa, donde las demoras han sido más acusadas. Rovira pidió disculpas a las familias, aunque insistió en que instalar una prefabricada no equivale a “poner un contenedor”, sino a un proceso complejo con trámites, adecuación de parcelas y conexión a servicios.
Refuerzo en matemáticas y lectura: inversiones millonarias
Con el objetivo de mejorar el rendimiento académico, la Conselleria ha lanzado dos programas específicos:
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Competencia lectora: 9,46 millones de euros, 171 docentes adicionales y 209 centros beneficiados.
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Matemáticas: 21,7 millones de euros, 349 nuevos profesores y 277 centros implicados.
Además, se incorporan 30 nuevos puestos de personal administrativo y de ordenanza en centros públicos para reducir burocracia y mejorar la atención a las familias.
En materia sanitaria, este curso se incluye por primera vez una campaña de vacunación contra la gripe dirigida al alumnado de segundo ciclo de Infantil (nacidos en 2020, 2021 y 2022), siempre con autorización de las familias.
Inclusión educativa: más aulas específicas y apoyo al alumnado
La inclusión gana protagonismo en este curso con la creación de 82 nuevas aulas UECO (Unidades Específicas en Centros Ordinarios) en los dos últimos años. Actualmente, existen 237 en Infantil y Primaria y 102 en Secundaria, destinadas a alumnado con necesidades educativas especiales.
Este avance es valorado por las asociaciones de familias, aunque los sindicatos insisten en que la lentitud del Pla Edificant y la permanencia de barracones deterioran la calidad de la enseñanza.
Formación Profesional en expansión
La Formación Profesional (FP) registra un crecimiento notable: 165.926 alumnos matriculados en 2025-2026. La oferta incluye 43 nuevos ciclos y la apertura de dos centros integrados en Orihuela y Alicante, con previsión de sumar otros en Gandia y Sagunt.
La Comunitat Valenciana contará además con un centro de excelencia nacional en química industrial, lo que la sitúa en una posición estratégica en la innovación y la formación especializada. El conseller Rovira destacó que el objetivo es reforzar la empleabilidad y la colaboración con empresas para consolidar un modelo de formación dual.
Escuelas Oficiales de Idiomas y nuevas lenguas
Las Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI) ofertan este curso 91.623 plazas, con un crecimiento del 50 % en la modalidad semipresencial y la ampliación de idiomas impartidos de 6 a 11.
No obstante, los sindicatos recuerdan que en el curso 2024-2025 apenas se cubrió el 60 % de las plazas disponibles, y alertan de que la reducción de grupos puede dificultar el acceso de estudiantes adultos.
Ley de libertad educativa: elección de lengua base
La gran novedad normativa es la aplicación completa de la ley de libertad educativa. Por primera vez, las familias han podido elegir la lengua base en el proceso de admisión. El resultado: el 99,8 % del alumnado estudiará en la lengua escogida.
En las zonas castellanohablantes, las excepciones lingüísticas han descendido del 80 % al 74 %. Rovira calificó la medida como un éxito de libertad y participación, pero los sindicatos denuncian un arrinconamiento del valenciano y alertan de un conflicto lingüístico reabierto.
A esta medida se suma la entrada en vigor del nuevo decreto de convivencia, que regula el uso de móviles en las aulas y fija protocolos de actuación frente a las agresiones al profesorado.
Un curso con luces y sombras
El Gobierno autonómico presenta el curso 2025-2026 como el de las oportunidades: más profesorado, menos alumnos por aula, refuerzos en competencias básicas y mayor libertad lingüística. Sin embargo, los sindicatos y parte de la comunidad educativa critican recortes encubiertos, lentitud en infraestructuras y riesgos de retroceso en la normalización del valenciano.
El pulso está servido: habrá que esperar para comprobar si este curso se recordará por los avances anunciados por la Conselleria o por las movilizaciones sindicales que ya se preparan.
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Valencia
Una «histórica» manifestación recorre València por la vivienda como «toque de atención» a todos los gobiernos
Publicado
hace 1 horaen
11 noviembre, 2026
Miles de personas recorren las calles del centro bajo la lluvia para exigir alquileres asequibles, mejores sueldos y unos servicios públicos fuertes. Los sindicatos advierten de que las movilizaciones continuarán hasta conseguir cambios
Valencia ha vivido este miércoles una de las movilizaciones más multitudinarias de los últimos años por el derecho a la vivienda y la mejora de las condiciones laborales. Una manifestación que ha recorrido las principales calles del centro de la ciudad durante la jornada de huelga general del 11 de noviembre y que los sindicatos y organizaciones convocantes han calificado de «histórica».
La marcha ha arrancado a las 18.00 horas y ha avanzado por las calles comerciales del centro, con una importante concentración de manifestantes que ha llegado a desbordar la calle Colón hasta alcanzar la plaza del Ayuntamiento. La lluvia no ha frenado a los asistentes, que han participado protegidos con paraguas y chubasqueros.
La protesta ha servido como un mensaje directo a todas las administraciones, tanto actuales como futuras, para reclamar soluciones ante el encarecimiento de la vivienda, la pérdida de poder adquisitivo, la precariedad laboral y el deterioro de los servicios públicos.
La cabecera de la manifestación ha estado encabezada por una pancarta con el lema ‘Habitatge. Salaris. Serveis Públics. Pensions. 11N Vaga General’. A lo largo del recorrido se han escuchado consignas como «Violencia es no llegar a fin de mes», «Queremos vivir, no sobrevivir» y «Els carrers seran sempre nostres».
También han llamado la atención los mensajes de las pancartas, con reivindicaciones como ‘La vivienda tiene que ser un derecho real, no un sueño’ y ‘Se busca artículo 47 en la Constitución’. Algunos participantes han llevado llaves de cartón y otros objetos simbólicos para denunciar las dificultades de acceso a una vivienda.
Los sindicatos advierten de que no será la última movilización
La secretaria general de CCOO PV, Ana García Alcolea, se ha mostrado satisfecha con el seguimiento de la jornada de huelga y ha destacado la participación registrada tanto durante los piquetes informativos como en la manifestación de la tarde.
«No va a ser la última, evidentemente. Hasta que no se solucionen los problemas de la clase trabajadora», ha advertido.
García Alcolea ha insistido en que las principales reivindicaciones pasan por conseguir salarios dignos, garantizar que la vivienda sea un derecho y no un negocio y defender los servicios y las pensiones públicas.
También ha criticado la postura de la patronal por negarse a cerrar acuerdos colectivos mientras las empresas generan importantes beneficios económicos. A su juicio, la riqueza debe repartirse entre quienes contribuyen a producirla.
Por su parte, el secretario general de UGT PV, Tino Calero, ha calificado las dificultades para acceder a una vivienda como un «problema nuclear». También ha alertado de que los salarios actuales no permiten llegar a final de mes y de que se está consolidando la figura del trabajador pobre.
Calero ha reclamado a las administraciones y a los partidos políticos propuestas «serias» y «realistas» para facilitar el acceso a una vivienda digna, además de acuerdos laborales que permitan mejorar los sueldos.
Un toque de atención a todos los gobiernos
La movilización ha reunido a representantes de CCOO, UGT, Intersindical, CGT, CNT y COS, además de colectivos y plataformas vinculados a la defensa del derecho a la vivienda, como la PAH, el Sindicat de Llogateres, el Sindicat de l’Habitatge y Entrebarris.
Beatriu Cardona, de Intersindical, ha definido la jornada como histórica y ha asegurado que los movimientos ciudadanos no permitirán que se pierdan derechos conquistados.
«No consentiremos que ningún derecho que hemos conseguido se nos sea robado», ha señalado, antes de comprometerse a continuar las movilizaciones hasta conseguir salarios y pensiones dignas y unos servicios públicos fuertes.
Desde CGT, Juan Ramón Ferrandis ha considerado que la jornada supone un «punto de inflexión» y un toque de atención tanto para el Gobierno actual como para los que puedan llegar en el futuro.
La representante de CNT, Mar Bueno, ha destacado la colaboración entre los sindicatos laborales y los movimientos por la vivienda como una fórmula para hacer frente a lo que considera una situación de injusticia social.
Los movimientos por la vivienda reclaman bajar los alquileres
Las plataformas por el derecho a la vivienda también han tenido un papel protagonista en la manifestación.
Andrea Leixos, portavoz del Sindicat de Llogateres de Valencia, ha defendido que la movilización ha conseguido paralizar distintos ámbitos de la actividad económica y ha reclamado medidas para frenar la subida de los alquileres y los desahucios.
Desde la PAH, José Luis González ha definido la protesta como un «acto rabioso de protesta» contra una situación que, según ha denunciado, está condicionando la vida de miles de personas.
Por su parte, Pablo Fuster, de Entrebarris, ha insistido en que la convocatoria no responde a intereses partidistas, sino a un proceso de reivindicación social que pretende que la vivienda deje de ser un negocio.
La jornada de movilizaciones del 11N también ha tenido reflejo en Alicante y Castellón de la Plana, donde se han celebrado manifestaciones con reivindicaciones similares.
Los convocantes han dejado claro que la protesta de este miércoles no supone un punto final. Su intención es mantener la presión sobre las administraciones hasta conseguir avances en vivienda, salarios, pensiones y servicios públicos.
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