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Valencia

La nueva ley de À Punt impedirá externalizar la producción de informativos

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Imagen de archivo de una persona entrando en las instalaciones de À Punt. EFE/Kai Försterling/Archivo

València, 10 jun (OFFICIAL PRESS-EFE).- La futura ley de la Corporación Audiovisual de la Comunitat Valenciana impedirá contratar o ceder a terceros la producción de los informativos de À Punt, y obligará a que en la contratación de servicios externos los trabajadores tengan unas condiciones laborales similares a las que tienen los del ente público.

Así lo recogen dos enmiendas del PP y Vox que han sido aprobadas este lunes, con el apoyo de Compromís, en la comisión de Radiotelevisión Valenciana y del Espacio Audiovisual de Les Corts, donde se han debatido y votado las propuestas de los grupos parlamentarios a esta norma, impulsada por el PP y Vox, que ha quedado lista para su aprobación definitiva en el pleno.

En la sesión, han salido adelante las 38 enmiendas que los partidos que sustentan al Consell han presentado a su propio proyecto de ley, mientras que se han rechazado las más de 150 del grupo socialista y las 50 de Compromís.

La nueva ley de À Punt

De las enmiendas aprobadas, cuatro han contado con el apoyo de Compromís. En concreto, la que incluye que la Corporación Audiovisual «no podrá contratar ni ceder a terceros la producción de los informativos, sin perjuicio del intercambio de contenidos, la producción conjunta de noticias y obras audiovisuales o la colaboración en transmisiones, que se puedan acordar con otras entidades».

También otra que señala que «en la contratación de servicios equivalentes a los que son prestados directamente por la corporación se deberá garantizar que el personal que participe en dicho servicio contratado tenga unas condiciones laborales similares a las del personal que desarrolla esas funciones» en À Punt.

Compromís también ha votado a favor de que la ley garantice «el acceso a toda la información elaborada, propuesta o aprobada» por la corporación a los miembros del Consejo de Administración, la comisión correspondiente de Les Corts y el Consell.

Además, ha apoyado incluir que se garantice «una financiación suficiente y viable» para que este ente público pueda cumplir los objetivos de servicio público recogidos en la ley y mantener la estabilidad y continuidad de su plantilla.

El PSPV dispuesto a pactar con PP sin Vox       

El PSPV había avanzado que no iba a apoyar ninguna enmienda del PP y Vox porque no pacta nada con Vox, aunque la diputada Mercedes Caballero se había mostrado dispuesta a negociar con el PP «siempre que deje a Vox fuera el pacto».

El PP y Vox han rechazado todas las enmiendas de la oposición, que entre otras cuestiones, planteaban mantener la ley existente con algunas modificaciones por considerar que es una buena norma.

En concreto, el PSPV planteaba incluirla la radiotelevisión en la próxima remodelación del Estatut de Autonomía para que «ningún gobierno pueda nunca cerrar la tele, como se cerró Canal 9»; mantener las oposiciones actuales o unir los dos entes actuales en uno solo por absorción.

Desde Compromís, Nathalie Torres ha dicho que en sus enmiendas han recogido y hecho suyo el sentir de las entidades y asociaciones afectadas por esta ley, que a su juicio, no es necesaria, pues bastaba con modificar la ley actual.

Para el diputado del PP José Juan Zaplana lo que han hecho el PSPV y Compromís ha sido presentar «una enmienda a la totalidad por fascículos», frente a «la reflexión» que han hecho su partido y Vox tras la fase de participación ciudadana del proyecto de ley, para darle «más solvencia» y hacerla «permanente en el tiempo».

Joaquín Alés (Vox) ha declarado que esperan que la nueva ley abra «una nueva etapa en À Punt, con una regulación que va a dejar de lado los lastres ideológicos y los condicionantes que tenían a la dirección financiera con las manos completamente atadas».

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Valencia

La jueza de la dana pide al TSJCV que impute a Carlos Mazón

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Carlos Mazón imputación dana
La jueza de la dana pide al TSJCV que impute a Carlos Mazón-EUROPA PRESS

La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 ha acordado elevar una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) para que se investigue al expresident de la Generalitat Carlos Mazón por una presunta “inactividad negligente” durante la emergencia que causó 230 víctimas mortales y una más en estudio.

La magistrada considera que existen indicios suficientes para que el alto tribunal asuma la investigación sobre el exjefe del Consell, dado que mantiene su acta de diputado en Les Corts y, por tanto, su condición de aforado. En la causa ya figuran como investigados la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y su ex número dos Emilio Argüeso.

La instructora ve “conexidad” para investigar al expresident

Según el auto judicial, de 109 páginas, la investigación debe “extenderse de manera inevitable” a Mazón por la “evidente conexidad” con los hechos y la normativa de protección civil. La magistrada sostiene que, desde la perspectiva de la Presidencia de la Generalitat, la gestión de la emergencia “se detuvo de facto” durante varias horas en las que el entonces president permaneció en el reservado de un restaurante.

La resolución subraya que esa permanencia “absolutamente pasiva” durante cerca de cinco horas podría constituir una “grosera negligencia” con un resultado mortal de 230 fallecidos y numerosos heridos.

Competencia autonómica en la emergencia

La jueza recuerda que la gestión de la emergencia correspondía “exclusivamente” a la Generalitat Valenciana al haberse declarado el nivel dos. En ese contexto, cita resoluciones de la Audiencia Provincial que inciden en la competencia autonómica conforme al Estatuto de Autonomía, la Ley de Protección Civil y el plan especial frente a inundaciones.

El auto detalla además las circunstancias de cada una de las víctimas mortales y sitúa la dirección del plan de emergencias en la entonces consellera Salomé Pradas.

Cadena de negligencias y responsabilidad jerárquica

La instructora describe una “cadena de negligencias” en la que habrían intervenido distintos responsables. Entre los elementos señalados figuran:

  • La convocatoria tardía del CECOPI.

  • El retraso en el envío de la alerta a la población, que se produjo a las 20.11 horas cuando la mayoría de víctimas ya habían fallecido.

  • La falta de coordinación entre organismos autonómicos.

  • Los avisos previos de la Agencia Estatal de Meteorología y la Confederación Hidrográfica del Júcar.

  • El elevado número de llamadas al 112 durante la jornada.

A juicio de la magistrada, la estructura jerárquica implicaba que el president debía supervisar y controlar la actuación de los responsables inferiores, lo que sitúa su eventual responsabilidad en un plano de mayor gravedad.

Horas clave sin decisiones relevantes

El auto apunta a una “situación de ajenidad” del entonces president entre las 14.30 y las 20.28 horas, cuando llegó al CECOPI en l’Eliana. En ese periodo, la jueza aprecia una supuesta minimización de la gravedad de la emergencia y ausencia de decisiones relevantes por parte de la máxima autoridad autonómica.

También ve indicios de una posible participación en el proceso de envío de la alerta Es-Alert, al considerar que los mensajes del jefe de gabinete del expresident a la consellera no eran simples opiniones, sino órdenes.

La instructora cuestiona además la falta de comunicación directa en momentos críticos y la imposibilidad de coordinar la emergencia si el teléfono no estaba operativo o accesible.

Sin valoración política

La magistrada recalca que la exposición razonada no se basa en un análisis moral o político, sino en la posible relevancia penal de la actuación del aforado y en su papel en la coordinación de la emergencia.

El TSJCV deberá decidir ahora si asume la investigación sobre Carlos Mazón en el marco de la causa abierta por la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 en la Comunitat Valenciana.

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