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Valencia

La nueva ley de À Punt impedirá externalizar la producción de informativos

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Imagen de archivo de una persona entrando en las instalaciones de À Punt. EFE/Kai Försterling/Archivo

València, 10 jun (OFFICIAL PRESS-EFE).- La futura ley de la Corporación Audiovisual de la Comunitat Valenciana impedirá contratar o ceder a terceros la producción de los informativos de À Punt, y obligará a que en la contratación de servicios externos los trabajadores tengan unas condiciones laborales similares a las que tienen los del ente público.

Así lo recogen dos enmiendas del PP y Vox que han sido aprobadas este lunes, con el apoyo de Compromís, en la comisión de Radiotelevisión Valenciana y del Espacio Audiovisual de Les Corts, donde se han debatido y votado las propuestas de los grupos parlamentarios a esta norma, impulsada por el PP y Vox, que ha quedado lista para su aprobación definitiva en el pleno.

En la sesión, han salido adelante las 38 enmiendas que los partidos que sustentan al Consell han presentado a su propio proyecto de ley, mientras que se han rechazado las más de 150 del grupo socialista y las 50 de Compromís.

La nueva ley de À Punt

De las enmiendas aprobadas, cuatro han contado con el apoyo de Compromís. En concreto, la que incluye que la Corporación Audiovisual «no podrá contratar ni ceder a terceros la producción de los informativos, sin perjuicio del intercambio de contenidos, la producción conjunta de noticias y obras audiovisuales o la colaboración en transmisiones, que se puedan acordar con otras entidades».

También otra que señala que «en la contratación de servicios equivalentes a los que son prestados directamente por la corporación se deberá garantizar que el personal que participe en dicho servicio contratado tenga unas condiciones laborales similares a las del personal que desarrolla esas funciones» en À Punt.

Compromís también ha votado a favor de que la ley garantice «el acceso a toda la información elaborada, propuesta o aprobada» por la corporación a los miembros del Consejo de Administración, la comisión correspondiente de Les Corts y el Consell.

Además, ha apoyado incluir que se garantice «una financiación suficiente y viable» para que este ente público pueda cumplir los objetivos de servicio público recogidos en la ley y mantener la estabilidad y continuidad de su plantilla.

El PSPV dispuesto a pactar con PP sin Vox       

El PSPV había avanzado que no iba a apoyar ninguna enmienda del PP y Vox porque no pacta nada con Vox, aunque la diputada Mercedes Caballero se había mostrado dispuesta a negociar con el PP «siempre que deje a Vox fuera el pacto».

El PP y Vox han rechazado todas las enmiendas de la oposición, que entre otras cuestiones, planteaban mantener la ley existente con algunas modificaciones por considerar que es una buena norma.

En concreto, el PSPV planteaba incluirla la radiotelevisión en la próxima remodelación del Estatut de Autonomía para que «ningún gobierno pueda nunca cerrar la tele, como se cerró Canal 9»; mantener las oposiciones actuales o unir los dos entes actuales en uno solo por absorción.

Desde Compromís, Nathalie Torres ha dicho que en sus enmiendas han recogido y hecho suyo el sentir de las entidades y asociaciones afectadas por esta ley, que a su juicio, no es necesaria, pues bastaba con modificar la ley actual.

Para el diputado del PP José Juan Zaplana lo que han hecho el PSPV y Compromís ha sido presentar «una enmienda a la totalidad por fascículos», frente a «la reflexión» que han hecho su partido y Vox tras la fase de participación ciudadana del proyecto de ley, para darle «más solvencia» y hacerla «permanente en el tiempo».

Joaquín Alés (Vox) ha declarado que esperan que la nueva ley abra «una nueva etapa en À Punt, con una regulación que va a dejar de lado los lastres ideológicos y los condicionantes que tenían a la dirección financiera con las manos completamente atadas».

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Valencia

Investigan a una falsa médica por realizar tratamientos estéticos ilegales en Valencia

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Investigan a una falsa médica por realizar tratamientos estéticos ilegales en Valencia-GUARDIA CIVIL

La Guardia Civil, en el marco de la operación ‘Zubar’, ha investigado a una mujer de 36 años por realizar cientos de tratamientos estéticos sin estar habilitada para ello, en distintos centros de la provincia de Valencia y, en algunos casos, en su propio domicilio.

Investigación iniciada tras una denuncia en Sueca

Tras una denuncia presentada en marzo por parte de una profesional de la rama sanitaria en la que exponía que una persona estaba realizando tratamientos con fines estéticos en una peluquería de la localidad de Sueca (Valencia), sin ningún tipo de control sanitario y no estando habilitada para ello, la Guardia Civil dio comienzo a la investigación, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

Continuando con la investigación, los agentes comprobaron cómo esta persona estaba actuando en múltiples establecimientos de la provincia, donde se presentaba como doctora y realizaba numerosos tratamientos estéticos como aumento de labios y pómulos, rinomodelación o infiltraciones de toxina botulínica, entre otros. Asimismo, a través de sus redes sociales, la investigada difundía los tratamientos realizados.

Titulación en odontología pero sin autorización para medicina estética

De ese modo, los agentes localizaron los centros donde desarrollaba estas actividades y averiguaron que la supuesta doctora estaba graduada en odontología por una universidad privada. Una vez que los agentes contactaron con las autoridades sanitarias competentes en materia de estética y en competencia profesional, para solicitar información acerca de la potestad de la citada facultativa para realizar este tipo de tratamientos, se comprobó que solo están reservados en exclusividad a los médicos especialistas en medicina estética, existiendo conformidad por parte del Colegio de Médicos con el Colegio de Estomatología y Odontología.

De los testimonios recogidos por los agentes, tanto de los centros donde había desarrollado la actividad la investigada, como de varias clientas que se habían realizado tratamientos estéticos, se comprobó que esta persona había realizado cientos de tratamientos.

Más de 80 clientas y 180 tratamientos documentados

80 clientas registradas y más de 180 tratamientos

Contaba, al menos, con 80 clientas registradas en los centros, y con más de 180 tratamientos de toxina botulínica en tercio superior y ácido hialurónico, documentados y firmados por la presunta doctora. Algunas de las clientes manifestaron haberse realizado tratamientos en el propio domicilio particular de la supuesta doctora.

Igualmente, se comprobó que la mayoría de los centros, donde la supuesta doctora había realizado los tratamientos estéticos, no presentaban la licencia administrativa correspondiente, autorizada y emitida por la Conselleria de Sanidad de la Comunitat Valenciana, para ofertar y realizar estos tratamientos (Permiso U48).

Además, muchos de estos centros no disponían de ningún tipo sistema de refrigeración para mantener los productos, medios para la correcta gestión de los residuos biológicos generados, así como de las condiciones legalmente exigidas para poder ofertar dichos tratamientos.

Delitos investigados y posible riesgo para la salud pública

Por tal motivo, se procedió a investigar a la supuesta doctora, una mujer de 36 años, por un delito de intrusismo profesional, un delito contra la salud pública mediante suministración de medicamentos (toxina botulínica), así como un delito de falsedad documental.

Cabe destacar que no se ha podido constatar la legalidad y trazabilidad de los productos sanitarios suministrados, por lo que se presupone que fueron adquiridos por la supuesta doctora de una manera ilegal no siguiendo los cauces legales, tanto para su obtención como para su manipulación.

Recomendaciones de la Guardia Civil antes de someterse a tratamientos estéticos

Por ello, la Guardia Civil aconseja a los usuarios interesados en este tipo de tratamientos que, antes de realizarlos, procedan a asesorarse por profesionales cualificados, evitando de este modo poner en riesgo su salud. La mala aplicación de un tratamiento estético por parte de una persona no autorizada para ello y sin garantías de que el producto esté bien conservado, recuerda, puede llegar a costarle la vida.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de Sueca y dirigida por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Sueca.

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