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Valencia

La nueva ley de À Punt impedirá externalizar la producción de informativos

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nueva ley À Punt 
Imagen de archivo de una persona entrando en las instalaciones de À Punt. EFE/Kai Försterling/Archivo

València, 10 jun (OFFICIAL PRESS-EFE).- La futura ley de la Corporación Audiovisual de la Comunitat Valenciana impedirá contratar o ceder a terceros la producción de los informativos de À Punt, y obligará a que en la contratación de servicios externos los trabajadores tengan unas condiciones laborales similares a las que tienen los del ente público.

Así lo recogen dos enmiendas del PP y Vox que han sido aprobadas este lunes, con el apoyo de Compromís, en la comisión de Radiotelevisión Valenciana y del Espacio Audiovisual de Les Corts, donde se han debatido y votado las propuestas de los grupos parlamentarios a esta norma, impulsada por el PP y Vox, que ha quedado lista para su aprobación definitiva en el pleno.

En la sesión, han salido adelante las 38 enmiendas que los partidos que sustentan al Consell han presentado a su propio proyecto de ley, mientras que se han rechazado las más de 150 del grupo socialista y las 50 de Compromís.

La nueva ley de À Punt

De las enmiendas aprobadas, cuatro han contado con el apoyo de Compromís. En concreto, la que incluye que la Corporación Audiovisual «no podrá contratar ni ceder a terceros la producción de los informativos, sin perjuicio del intercambio de contenidos, la producción conjunta de noticias y obras audiovisuales o la colaboración en transmisiones, que se puedan acordar con otras entidades».

También otra que señala que «en la contratación de servicios equivalentes a los que son prestados directamente por la corporación se deberá garantizar que el personal que participe en dicho servicio contratado tenga unas condiciones laborales similares a las del personal que desarrolla esas funciones» en À Punt.

Compromís también ha votado a favor de que la ley garantice «el acceso a toda la información elaborada, propuesta o aprobada» por la corporación a los miembros del Consejo de Administración, la comisión correspondiente de Les Corts y el Consell.

Además, ha apoyado incluir que se garantice «una financiación suficiente y viable» para que este ente público pueda cumplir los objetivos de servicio público recogidos en la ley y mantener la estabilidad y continuidad de su plantilla.

El PSPV dispuesto a pactar con PP sin Vox       

El PSPV había avanzado que no iba a apoyar ninguna enmienda del PP y Vox porque no pacta nada con Vox, aunque la diputada Mercedes Caballero se había mostrado dispuesta a negociar con el PP «siempre que deje a Vox fuera el pacto».

El PP y Vox han rechazado todas las enmiendas de la oposición, que entre otras cuestiones, planteaban mantener la ley existente con algunas modificaciones por considerar que es una buena norma.

En concreto, el PSPV planteaba incluirla la radiotelevisión en la próxima remodelación del Estatut de Autonomía para que «ningún gobierno pueda nunca cerrar la tele, como se cerró Canal 9»; mantener las oposiciones actuales o unir los dos entes actuales en uno solo por absorción.

Desde Compromís, Nathalie Torres ha dicho que en sus enmiendas han recogido y hecho suyo el sentir de las entidades y asociaciones afectadas por esta ley, que a su juicio, no es necesaria, pues bastaba con modificar la ley actual.

Para el diputado del PP José Juan Zaplana lo que han hecho el PSPV y Compromís ha sido presentar «una enmienda a la totalidad por fascículos», frente a «la reflexión» que han hecho su partido y Vox tras la fase de participación ciudadana del proyecto de ley, para darle «más solvencia» y hacerla «permanente en el tiempo».

Joaquín Alés (Vox) ha declarado que esperan que la nueva ley abra «una nueva etapa en À Punt, con una regulación que va a dejar de lado los lastres ideológicos y los condicionantes que tenían a la dirección financiera con las manos completamente atadas».

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Valencia

Ilusión y sacrificio en Alzira: jóvenes acampan días para reservar una VPO y cumplir el sueño de una vivienda propia

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Decenas de jóvenes y familias viven desde hace tres días frente a una inmobiliaria de Alzira, esperando turno para poder optar a una vivienda de protección oficial (VPO) en una promoción que ha generado una enorme expectación en la Comunitat Valenciana. La escena —personas sentadas con sillas, sacos y hamacas al raso para mantener su posición en la cola— refleja la crisis del acceso a la vivienda asequible y la ilusión de quienes buscan estabilidad y futuro.

La promoción, impulsada por una empresa constructora local, incluye 123 viviendas protegidas con precios asequibles que oscilan entre unos 119.000 y 140.000 euros, situándolas muy por debajo de los elevados precios del mercado libre que condenan a muchos a pagos de alquiler elevados sin perspectivas de obtener un hogar propio.

Colas que hablan de esperanza y frustración

Las personas que esperan turno destacan que han venido acompañadas por amigos o familiares, turnándose para descansar o cumplir sus obligaciones, sin perder la posición en la fila que se formó la mañana del pasado sábado. Muchos pagan el alquiler mes a mes —a menudo con pagos que superan los 700 euros— y ven en esta oferta una oportunidad única para construir un proyecto de vida estable con un piso de obra nueva.

El sistema de adjudicación será por orden de llegada, lo que ha motivado que algunos llegaran incluso días antes de que se abra el plazo de inscripción esta mañana, con la esperanza de poder elegir las viviendas más deseadas antes de que se agoten los turnos.

Emoción, expectativa y un problema más amplio

Entre quienes hacen cola no faltan historias humanas que ilustran la falta de alternativas habitacionales: jóvenes que han pasado años en alquiler y parejas que quieren formar una familia sin la incertidumbre de los precios del mercado, o personas mayores que esperan un futuro más seguro para sus hijos. La situación se ha convertido en tema de conversación en la ciudad y en numerosos medios, donde se percibe que esta promoción ha llegado como una luz de esperanza en un contexto donde muchas ofertas públicas similares son escasas o inexistentes desde hace décadas.

Responsables de la inmobiliaria promotora han mostrado su satisfacción por la enorme participación y han señalado que, aunque esperaban asistencia, no imaginaban que tantas personas se animarían a presentar su candidatura con tanta antelación.

¿Qué significa esta escena?

Lo que ocurre en Alzira es un síntoma de la crisis de vivienda asequible que vive España y, en particular, la Comunitat Valenciana, donde los precios de compra y alquiler continúan alejándose de las posibilidades económicas de amplios sectores de la población. La actitud de quienes esperan durante días para tener una oportunidad real de acceder a un hogar propio pone de manifiesto la urgencia social de medidas y políticas que amplíen la oferta de vivienda protegida y faciliten el acceso a la propiedad para jóvenes, familias y hogares con recursos limitados.

 

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