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Valencia

La nueva ley de À Punt impedirá externalizar la producción de informativos

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nueva ley À Punt 
Imagen de archivo de una persona entrando en las instalaciones de À Punt. EFE/Kai Försterling/Archivo

València, 10 jun (OFFICIAL PRESS-EFE).- La futura ley de la Corporación Audiovisual de la Comunitat Valenciana impedirá contratar o ceder a terceros la producción de los informativos de À Punt, y obligará a que en la contratación de servicios externos los trabajadores tengan unas condiciones laborales similares a las que tienen los del ente público.

Así lo recogen dos enmiendas del PP y Vox que han sido aprobadas este lunes, con el apoyo de Compromís, en la comisión de Radiotelevisión Valenciana y del Espacio Audiovisual de Les Corts, donde se han debatido y votado las propuestas de los grupos parlamentarios a esta norma, impulsada por el PP y Vox, que ha quedado lista para su aprobación definitiva en el pleno.

En la sesión, han salido adelante las 38 enmiendas que los partidos que sustentan al Consell han presentado a su propio proyecto de ley, mientras que se han rechazado las más de 150 del grupo socialista y las 50 de Compromís.

La nueva ley de À Punt

De las enmiendas aprobadas, cuatro han contado con el apoyo de Compromís. En concreto, la que incluye que la Corporación Audiovisual «no podrá contratar ni ceder a terceros la producción de los informativos, sin perjuicio del intercambio de contenidos, la producción conjunta de noticias y obras audiovisuales o la colaboración en transmisiones, que se puedan acordar con otras entidades».

También otra que señala que «en la contratación de servicios equivalentes a los que son prestados directamente por la corporación se deberá garantizar que el personal que participe en dicho servicio contratado tenga unas condiciones laborales similares a las del personal que desarrolla esas funciones» en À Punt.

Compromís también ha votado a favor de que la ley garantice «el acceso a toda la información elaborada, propuesta o aprobada» por la corporación a los miembros del Consejo de Administración, la comisión correspondiente de Les Corts y el Consell.

Además, ha apoyado incluir que se garantice «una financiación suficiente y viable» para que este ente público pueda cumplir los objetivos de servicio público recogidos en la ley y mantener la estabilidad y continuidad de su plantilla.

El PSPV dispuesto a pactar con PP sin Vox       

El PSPV había avanzado que no iba a apoyar ninguna enmienda del PP y Vox porque no pacta nada con Vox, aunque la diputada Mercedes Caballero se había mostrado dispuesta a negociar con el PP «siempre que deje a Vox fuera el pacto».

El PP y Vox han rechazado todas las enmiendas de la oposición, que entre otras cuestiones, planteaban mantener la ley existente con algunas modificaciones por considerar que es una buena norma.

En concreto, el PSPV planteaba incluirla la radiotelevisión en la próxima remodelación del Estatut de Autonomía para que «ningún gobierno pueda nunca cerrar la tele, como se cerró Canal 9»; mantener las oposiciones actuales o unir los dos entes actuales en uno solo por absorción.

Desde Compromís, Nathalie Torres ha dicho que en sus enmiendas han recogido y hecho suyo el sentir de las entidades y asociaciones afectadas por esta ley, que a su juicio, no es necesaria, pues bastaba con modificar la ley actual.

Para el diputado del PP José Juan Zaplana lo que han hecho el PSPV y Compromís ha sido presentar «una enmienda a la totalidad por fascículos», frente a «la reflexión» que han hecho su partido y Vox tras la fase de participación ciudadana del proyecto de ley, para darle «más solvencia» y hacerla «permanente en el tiempo».

Joaquín Alés (Vox) ha declarado que esperan que la nueva ley abra «una nueva etapa en À Punt, con una regulación que va a dejar de lado los lastres ideológicos y los condicionantes que tenían a la dirección financiera con las manos completamente atadas».

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Valencia

La jueza solicita a la Generalitat el registro de llamadas del chófer de Mazón para verificar cuándo fue movilizado al Cecopi

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Carlos Mazón última hora
El ex secretario autonómico de Presidencia de la Generalitat Valenciana, Cayetano García Ramírez. - Eduardo Parra - Europa Press

Sigue la última hora de la investigación de la justicia en la gestión de la DANA:

La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Catarroja que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 —que dejó 230 fallecidos en la provincia de València— ha reclamado a la Dirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (DGTIC) el listado de llamadas del teléfono corporativo del chófer del expresident Carlos Mazón.

El objetivo es determinar la hora exacta en la que fue requerido para trasladar al entonces jefe del Consell al Cecopi, ubicado en l’Eliana, en plena emergencia por el temporal.

Petición judicial tras la declaración del conductor

La decisión llega después de la comparecencia del conductor como testigo el pasado viernes. En su declaración, explicó que el sistema de alertas masivas Es-Alert —enviado a la ciudadanía a las 20.11 horas— sonó cuando aún se encontraban en València, de camino hacia l’Eliana.

Según relató ante la magistrada, tras finalizar la jornada, sobre las 19.00 horas, se dirigió a repostar combustible junto al vehículo de los escoltas. Sin embargo, no llegaron a hacerlo porque recibió una llamada de la secretaria de Mazón en la que se le indicaba que regresara para trasladar al president al centro de coordinación operativa.

“Dimos la vuelta y volvimos al Palau”, afirmó. De acuerdo con las imágenes de las cámaras de seguridad, la llegada al Cecopi se produjo a las 20.28 horas.

Franja horaria bajo análisis

La instructora ha solicitado el detalle de las llamadas entrantes y salientes realizadas entre las 19.00 y las 20.00 horas del 29 de octubre. La finalidad es que la Letrada de la Administración de Justicia verifique:

  • La hora exacta de la llamada recibida por el conductor desde la secretaría de Presidencia para ordenar el regreso al Palau.

  • El momento en que el chófer comunicó la instrucción al escolta.

La investigación judicial trata de esclarecer la cronología de decisiones adoptadas durante la jornada de la dana y el tiempo de reacción institucional ante la emergencia que afectó a numerosos municipios de la provincia de València.

La causa continúa abierta mientras se practican diligencias dirigidas a reconstruir con precisión los movimientos y comunicaciones de los responsables implicados en la gestión del episodio meteorológico más grave registrado en la Comunitat Valenciana en los últimos años.

 


Así es Nuria Ruiz Torraba, la jueza encargada de la investigación de la DANA

Carta abierta de Maribel Vilaplana sobre su comida con Mazón

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