El Ministerio de Trabajo aprueba nuevos derechos para la protección de las empleadas del hogar, incluyendo la evaluación de riesgos laborales y revisiones médicas periódicas.

El Ministerio de Trabajo llevará al Consejo de Ministros el nuevo real decreto que regula la prevención de riesgos laborales para las empleadas del hogar. Esta normativa obligará a los empleadores, en su mayoría familias, a evaluar los riesgos que enfrentan las trabajadoras en el domicilio, una medida clave para mejorar su seguridad laboral.

Evaluación de riesgos y formación obligatoria

La evaluación de los riesgos se realizará a través de una herramienta que proporcionará el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST), mientras que el Sistema Nacional de Salud (SNS) ofrecerá exámenes médicos gratuitos y periódicos a las trabajadoras del hogar.

Las empleadas deberán realizar una formación online sobre los riesgos laborales, que será única y válida para todos los hogares en los que trabajen. Esta formación deberá completarse en horario laboral o, si no es posible, fuera de la jornada con el correspondiente tiempo de descanso compensatorio.

Exámenes médicos y protección en el hogar

El real decreto establece que las trabajadoras tendrán derecho a un reconocimiento médico cada tres años, aunque trabajen en varios domicilios. Este examen será voluntario y respetará la privacidad de las empleadas.

Asimismo, los empleadores tendrán la responsabilidad de proporcionar equipos de trabajo adecuados y gratuitos para el desempeño de las funciones del hogar, además de informar y actuar en caso de peligro grave e inminente en el domicilio.

Medidas contra el acoso y violencia en el hogar

La normativa también introduce un protocolo de actuación contra la violencia y el acoso en el servicio del hogar familiar, que será desarrollado por el INSST en el plazo de un año. Estas medidas buscan garantizar un entorno de trabajo seguro y libre de abusos.

Vigencia y retos del sector

Aunque la norma no entrará en vigor hasta enero de 2026, las nuevas obligaciones no serán exigibles hasta seis meses después de que el INSST finalice la plataforma de evaluación de riesgos, para lo cual dispone de diez meses.

El empleo doméstico sigue enfrentándose a problemas estructurales, como el trabajo no declarado. Según los últimos datos, un tercio de las empleadas del hogar trabajan sin estar dadas de alta en la Seguridad Social, una situación que se ha agravado desde la pandemia.

En 2023, la afiliación en el sistema especial de empleadas del hogar cayó un 2,9%, y en comparación con 2019, el descenso es del 9%, reflejando el retroceso en la formalización del sector.

Conclusión

Estas nuevas medidas suponen un avance en los derechos de las empleadas del hogar, buscando mejorar las condiciones laborales y reducir la precariedad. La correcta implementación de la normativa será clave para garantizar un trabajo doméstico más seguro y digno.

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