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Valencia

Repartidores proautónomos cargan contra el Gobierno: «Han decidido por nosotros sin escucharnos. No tienen ni idea»

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València, 11 may (EFE).- Repartidores proautónomos han criticado que la llamada «Ley Rider» viene dada por una sentencia de un «caso en particular» de 2017 que no tiene en cuenta los cambios que han llevado a cabo las plataformas digitales y han lamentado «la nula voluntad» del Gobierno de interactuar con las asociaciones que representan a la mayoría de estos trabajadores.

«En ‘petit comité’ han negociado y han decidido por nosotros sin escucharnos», ha manifestado el portavoz en Valencia de Repartidores Unidos, Adrián Porres, en referencia a la negociación entre el Gobierno y los agentes sociales para sacar adelante la nueva legislación.

La ley obliga a las plataformas digitales a asalariar a todos los trabajadores que quieren mantener en plantilla pero, según Porres, «no tienen ni idea» de cómo funciona su trabajo.

«Nos han apuntado con el dedo y han dicho que somos pobres, precarios. No somos pobres, legislan sin conocer nuestra realidad», ha manifestado Porres, que ha participado este martes en València en una manifestación de repartidores en bici y moto bajo la etiqueta #StopLeyRider.

La protesta, que ha reunido a unos sesenta «riders», ha salido de la plaza del Ayuntamiento y se ha dirigido a la sede de UGT para realizar una pitada.

Según Repartidores Unidos, los trabajadores del sector «no están pidiendo» una ley, sino cambios porque quieren seguir siendo autónomos y negociar con las plataformas para mejorar sus condiciones laborales dentro de un modelo autónomo.

Por eso, piden que se tramite una ley ordinaria en cuyo debate participen los representantes de los trabajadores y no que «la voluntad del 25% esté por encima del resto».

En Valencia hay unos 800 repartidores autónomos de las plataformas UberEats, Deliveroo, Glovo y Shargo, según los datos de Repartidores Unidos.

En España, cientos de repartidores proautónomos han participado en las manifestaciones convocadas en diez ciudades españolas para protestar contra la llamada «Ley Rider», que también ha recibido críticas por parte de grupos «antiautónomos» por considerarla «insuficiente».

En Madrid, más de 300 repartidores han recorrido el centro de la capital y han llegado hasta el Congreso de los Diputados, donde han leído un manifiesto que resume su oposición a una «Ley Rider» que fue consensuada en marzo por el Ministerio de Trabajo con patronal y sindicatos.

Se han producido también concentraciones en Barcelona (donde la Guardia Urbana ha cifrado en 80 el número de asistentes), Alicante, Palma de Mallorca, Las Palmas de Gran Canaria, Oviedo, Gijón, Málaga y Albacete.

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Sucesos

Desmantelada una red criminal de estafas online con mascotas que tenía aislado y explotado a un octogenario

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Desmantelada red criminal estafas online mascotas
Liberado un octogenario que estaba siendo utilizado para ejercer mendicidad y estafar por internet - GUARDIA CIVIL

MADRID / VALÈNCIA, 17 Ene. (EUROPA PRESS) –La Guardia Civil ha desmantelado una organización criminal dedicada a estafas online mediante falsos anuncios de venta y adopción de mascotas, una trama que llegó a mantener aislado y bajo control a un octogenario, al que utilizaban tanto para ejercer mendicidad como para cometer fraudes por internet.

La operación, denominada Magna-Vallis, se ha saldado con 18 personas detenidas en Bizkaia y una en Burgos, además de tres investigados más, todos ellos presuntamente implicados en una estructura criminal perfectamente organizada.

Un anciano aislado y explotado por un clan familiar

Según ha informado la Guardia Civil, tres miembros de la organización, pertenecientes a un clan familiar, mantenían sometido a un hombre de más de 80 años, al que habían aislado completamente de su entorno familiar. El anciano era obligado a pedir limosna y a abrir numerosas cuentas bancarias que posteriormente eran utilizadas para canalizar el dinero procedente de las estafas.

El hombre ha sido finalmente liberado, poniendo fin a una situación que los investigadores califican como un claro caso de explotación y malos tratos, enmarcado dentro de delitos de trata de seres humanos.

Más de 120 víctimas repartidas por toda España

La investigación ha permitido identificar 121 víctimas de estafa y 10 víctimas de usurpación de identidad, repartidas en un gran número de provincias españolas. Entre ellas figuran Valencia, Alicante y Castellón, además de Tenerife, Las Palmas, Madrid, Barcelona, Málaga, Cádiz, Almería, Baleares, Gipuzkoa, Lleida, Tarragona, Zaragoza, Albacete, Murcia, León, Badajoz, Ávila, Lugo, Granada, Ourense, Córdoba, Cáceres, La Rioja, Álava, Jaén, Girona, Toledo y A Coruña, entre otras.

Las víctimas eran contactadas a través de anuncios falsos en internet en los que se ofrecían perros y otras mascotas en adopción o venta. Una vez iniciado el contacto, los estafadores solicitaban pagos progresivos alegando gastos inexistentes.

El modus operandi: pagos fraccionados y blanqueo

Los miembros de la red exigían a las víctimas desembolsos sucesivos con distintos pretextos, como:

  • Vacunas

  • Transporte del animal

  • Colocación del microchip

  • Jaulas o documentación

Los pagos se realizaban principalmente mediante Bizum o transferencias bancarias. Para dificultar el rastreo del dinero, los estafadores utilizaban el método conocido como “smurfing”, que consiste en fraccionar los cobros en pequeños importes y redistribuirlos a través de múltiples cuentas para blanquear el dinero.

Cuentas bloqueadas y más de 36.000 euros estafados

Durante la investigación, los agentes detectaron 57 cuentas bancarias y 23 líneas telefónicas directamente vinculadas a la organización criminal. Todas ellas han sido bloqueadas por orden judicial.

La Guardia Civil estima que la cantidad directamente asociada a las estafas supera los 36.000 euros, aunque el volumen económico total podría ser mayor.

Fraude con ayudas sociales y criptomonedas

Además, los investigadores han constatado que parte del dinero obtenido de las estafas, junto con prestaciones sociales percibidas de forma indebida, fue destinado a inversiones en criptomonedas, cuyo valor de mercado se estima en más de 55.000 euros.

La mayoría de los implicados no justificaban actividad económica habitual y percibían ingresos procedentes de:

  • Renta de Garantía de Ingresos (RGI)

  • Ingreso Mínimo Vital (IMV)

  • Otras ayudas autonómicas

Se calcula que el fraude en prestaciones sociales podría ascender a más de 560.000 euros.

Delitos imputados a los detenidos

A los detenidos se les imputan los presuntos delitos de:

  • Estafa continuada

  • Blanqueo de capitales

  • Usurpación de estado civil

  • Pertenencia a grupo criminal

  • Trata de seres humanos

  • Malos tratos de obra sin lesión

La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones judiciales.

Recomendaciones para evitar estafas con la compra de mascotas

La Guardia Civil recuerda que la compra de mascotas por internet es legal en España, siempre que se realice conforme a la normativa de bienestar animal y a través de criadores o centros autorizados.

Entre las recomendaciones para evitar estafas destacan:

  • Desconfiar de precios excesivamente bajos.

  • Sospechar de la urgencia por “entregar al animal”.

  • Exigir siempre la identificación del criador o centro.

  • Solicitar documentación veterinaria, cartilla y microchip.

  • No pagar por adelantado ni enviar dinero por Bizum o transferencias sin garantías.

La operación Magna-Vallis pone de nuevo el foco en el auge de las estafas online relacionadas con mascotas, un tipo de fraude que aprovecha la sensibilidad emocional de las víctimas y que sigue creciendo en el entorno digital.

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