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Valencia

Repartidores proautónomos cargan contra el Gobierno: «Han decidido por nosotros sin escucharnos. No tienen ni idea»

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València, 11 may (EFE).- Repartidores proautónomos han criticado que la llamada «Ley Rider» viene dada por una sentencia de un «caso en particular» de 2017 que no tiene en cuenta los cambios que han llevado a cabo las plataformas digitales y han lamentado «la nula voluntad» del Gobierno de interactuar con las asociaciones que representan a la mayoría de estos trabajadores.

«En ‘petit comité’ han negociado y han decidido por nosotros sin escucharnos», ha manifestado el portavoz en Valencia de Repartidores Unidos, Adrián Porres, en referencia a la negociación entre el Gobierno y los agentes sociales para sacar adelante la nueva legislación.

La ley obliga a las plataformas digitales a asalariar a todos los trabajadores que quieren mantener en plantilla pero, según Porres, «no tienen ni idea» de cómo funciona su trabajo.

«Nos han apuntado con el dedo y han dicho que somos pobres, precarios. No somos pobres, legislan sin conocer nuestra realidad», ha manifestado Porres, que ha participado este martes en València en una manifestación de repartidores en bici y moto bajo la etiqueta #StopLeyRider.

La protesta, que ha reunido a unos sesenta «riders», ha salido de la plaza del Ayuntamiento y se ha dirigido a la sede de UGT para realizar una pitada.

Según Repartidores Unidos, los trabajadores del sector «no están pidiendo» una ley, sino cambios porque quieren seguir siendo autónomos y negociar con las plataformas para mejorar sus condiciones laborales dentro de un modelo autónomo.

Por eso, piden que se tramite una ley ordinaria en cuyo debate participen los representantes de los trabajadores y no que «la voluntad del 25% esté por encima del resto».

En Valencia hay unos 800 repartidores autónomos de las plataformas UberEats, Deliveroo, Glovo y Shargo, según los datos de Repartidores Unidos.

En España, cientos de repartidores proautónomos han participado en las manifestaciones convocadas en diez ciudades españolas para protestar contra la llamada «Ley Rider», que también ha recibido críticas por parte de grupos «antiautónomos» por considerarla «insuficiente».

En Madrid, más de 300 repartidores han recorrido el centro de la capital y han llegado hasta el Congreso de los Diputados, donde han leído un manifiesto que resume su oposición a una «Ley Rider» que fue consensuada en marzo por el Ministerio de Trabajo con patronal y sindicatos.

Se han producido también concentraciones en Barcelona (donde la Guardia Urbana ha cifrado en 80 el número de asistentes), Alicante, Palma de Mallorca, Las Palmas de Gran Canaria, Oviedo, Gijón, Málaga y Albacete.

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Valencia

Polémica en València: el Ayuntamiento ordena al Circ de Nadal desalojar un solar municipal por falta de permiso

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El Ayuntamiento de València ha ordenado al Circ de Nadal desalojar el solar municipal donde estaba instalando su carpa al carecer de la autorización necesaria. Según fuentes municipales, además de ocupar sin permiso el terreno, la empresa circense mantiene pagos pendientes en vía ejecutiva con la administración local, motivo por el que también ha sido requerida a regularizar su situación económica.

La Policía Local ya había advertido en varias ocasiones a los responsables del circo, al constatar que estaban montando la infraestructura en un suelo de titularidad municipal sin la aprobación del consistorio. Tras trasladar la incidencia al servicio de Dominio Público, se ha emitido un requerimiento formal ordenando el desmontaje inmediato de lo instalado y la liberación de la parcela.

Críticas desde la oposición: “Un auténtico despropósito”

La concejala socialista Maite Ibáñez ha acusado al gobierno municipal, encabezado por la alcaldesa María José Catalá (PP), de actuar con improvisación y “desgobierno”. Ibáñez sostiene que el consistorio ha bloqueado la licencia del circo con apenas 48 horas de margen respecto a su primer espectáculo, y critica que no se haya aplicado antes el acuerdo municipal que prohíbe las funciones con animales en la ciudad.

Según la edil del PSPV-PSOE, la decisión de exigir el desalojo no responde a motivos de protección animal, sino a la “falta de permisos”, lo que a su juicio “borra cualquier medida” en favor del circo sin animales. Ibáñez también apunta a una supuesta cesión del PP a Vox, sugiriendo que la resolución se ha producido coincidiendo con la investidura del candidato popular en Les Corts.

Para la concejala, esta situación podría formar parte de una estrategia para revertir la prohibición de espectáculos con animales vigente desde hace una década. “Los socialistas no vamos a consentir que el PP nos lleve a un pasado de maltrato animal”, ha afirmado.

Respuesta del gobierno local: “Falsedades y falta de rigor”

El equipo de gobierno ha rechazado rotundamente las acusaciones socialistas y ha lamentado las “mentiras” atribuidas al proceso administrativo. Desde el consistorio insisten en que no se ha denegado ninguna autorización, sino que se ha emitido un requerimiento para subsanar irregularidades previas a una posible concesión.

“El Ayuntamiento sigue trabajando para que la empresa cumpla toda la normativa”, recalcan fuentes municipales, que exigen a la oposición “rigor” y respeto por el trabajo de los técnicos. El gobierno local sostiene que sólo si el circo no atiende el requerimiento se procederá a denegar la autorización de ocupación del dominio público.

Asimismo, han pedido al PSPV que deje de generar “confusión” y de difundir “fake news” sobre un expediente que, según subrayan, continúa en curso.

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