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Valencia

Repartidores proautónomos cargan contra el Gobierno: «Han decidido por nosotros sin escucharnos. No tienen ni idea»

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València, 11 may (EFE).- Repartidores proautónomos han criticado que la llamada «Ley Rider» viene dada por una sentencia de un «caso en particular» de 2017 que no tiene en cuenta los cambios que han llevado a cabo las plataformas digitales y han lamentado «la nula voluntad» del Gobierno de interactuar con las asociaciones que representan a la mayoría de estos trabajadores.

«En ‘petit comité’ han negociado y han decidido por nosotros sin escucharnos», ha manifestado el portavoz en Valencia de Repartidores Unidos, Adrián Porres, en referencia a la negociación entre el Gobierno y los agentes sociales para sacar adelante la nueva legislación.

La ley obliga a las plataformas digitales a asalariar a todos los trabajadores que quieren mantener en plantilla pero, según Porres, «no tienen ni idea» de cómo funciona su trabajo.

«Nos han apuntado con el dedo y han dicho que somos pobres, precarios. No somos pobres, legislan sin conocer nuestra realidad», ha manifestado Porres, que ha participado este martes en València en una manifestación de repartidores en bici y moto bajo la etiqueta #StopLeyRider.

La protesta, que ha reunido a unos sesenta «riders», ha salido de la plaza del Ayuntamiento y se ha dirigido a la sede de UGT para realizar una pitada.

Según Repartidores Unidos, los trabajadores del sector «no están pidiendo» una ley, sino cambios porque quieren seguir siendo autónomos y negociar con las plataformas para mejorar sus condiciones laborales dentro de un modelo autónomo.

Por eso, piden que se tramite una ley ordinaria en cuyo debate participen los representantes de los trabajadores y no que «la voluntad del 25% esté por encima del resto».

En Valencia hay unos 800 repartidores autónomos de las plataformas UberEats, Deliveroo, Glovo y Shargo, según los datos de Repartidores Unidos.

En España, cientos de repartidores proautónomos han participado en las manifestaciones convocadas en diez ciudades españolas para protestar contra la llamada «Ley Rider», que también ha recibido críticas por parte de grupos «antiautónomos» por considerarla «insuficiente».

En Madrid, más de 300 repartidores han recorrido el centro de la capital y han llegado hasta el Congreso de los Diputados, donde han leído un manifiesto que resume su oposición a una «Ley Rider» que fue consensuada en marzo por el Ministerio de Trabajo con patronal y sindicatos.

Se han producido también concentraciones en Barcelona (donde la Guardia Urbana ha cifrado en 80 el número de asistentes), Alicante, Palma de Mallorca, Las Palmas de Gran Canaria, Oviedo, Gijón, Málaga y Albacete.

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Valencia

Nueva manifestación este sábado en Valencia para exigir que Mazón entregue el acta de diputado

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Cerca de 200 entidades convocan una marcha este sábado en Valencia para exigir que Mazón se ponga a disposición judicial y se convoquen elecciones

La movilización, que se suma a una serie de protestas mensuales impulsadas por distintos colectivos, no se ha detenido a pesar del paso al lado anunciado por Mazón. Las entidades promotoras consideran que su decisión «no es suficiente» y reclaman responsabilidades políticas y judiciales.

Una marcha que busca mostrar fuerza ciudadana

La manifestación partirá desde el centro de Valencia y se espera una participación masiva. Las organizaciones convocantes han explicado que su objetivo es «visibilizar el descontento social ante una situación institucional que consideran insostenible» y demandar un nuevo marco político «basado en la transparencia y la regeneración democrática».

Entre los grupos que han confirmado su asistencia figuran asociaciones de defensa de los derechos sociales, plataformas vecinales, sindicatos y entidades culturales que llevan meses alertando del «deterioro de la confianza en las instituciones valencianas».

La dimisión temporal no frena las protestas

Aunque Carlos Mazón anunció recientemente que se apartaba temporalmente de la actividad pública, las entidades consideran que es necesaria una respuesta más contundente ante lo que califican como «una crisis de credibilidad». Por ello, mantienen su demanda principal: que el president quede a disposición judicial y que se abra un proceso electoral que permita a la ciudadanía decidir el futuro político de la Comunitat Valenciana.

Según los organizadores, esta marcha pretende convertirse en un «punto de inflexión» que acelere el cambio al que aspiran los colectivos que participan en la iniciativa.

Expectación ante la respuesta institucional

Mientras crece la presión en la calle, el Gobierno valenciano ha evitado pronunciarse sobre la convocatoria de elecciones. Fuentes del Consell se han limitado a señalar que la situación «evoluciona día a día», lo que mantiene la incertidumbre sobre los próximos pasos.

Lo que está claro es que la movilización de este sábado en Valencia se perfila como una de las más multitudinarias de los últimos meses y podría tener un importante impacto en el escenario político valenciano.

Así fue la comida de Mazón y Vilaplana en El Ventorro y lo que costó

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