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Valencia

Repartidores proautónomos cargan contra el Gobierno: «Han decidido por nosotros sin escucharnos. No tienen ni idea»

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València, 11 may (EFE).- Repartidores proautónomos han criticado que la llamada «Ley Rider» viene dada por una sentencia de un «caso en particular» de 2017 que no tiene en cuenta los cambios que han llevado a cabo las plataformas digitales y han lamentado «la nula voluntad» del Gobierno de interactuar con las asociaciones que representan a la mayoría de estos trabajadores.

«En ‘petit comité’ han negociado y han decidido por nosotros sin escucharnos», ha manifestado el portavoz en Valencia de Repartidores Unidos, Adrián Porres, en referencia a la negociación entre el Gobierno y los agentes sociales para sacar adelante la nueva legislación.

La ley obliga a las plataformas digitales a asalariar a todos los trabajadores que quieren mantener en plantilla pero, según Porres, «no tienen ni idea» de cómo funciona su trabajo.

«Nos han apuntado con el dedo y han dicho que somos pobres, precarios. No somos pobres, legislan sin conocer nuestra realidad», ha manifestado Porres, que ha participado este martes en València en una manifestación de repartidores en bici y moto bajo la etiqueta #StopLeyRider.

La protesta, que ha reunido a unos sesenta «riders», ha salido de la plaza del Ayuntamiento y se ha dirigido a la sede de UGT para realizar una pitada.

Según Repartidores Unidos, los trabajadores del sector «no están pidiendo» una ley, sino cambios porque quieren seguir siendo autónomos y negociar con las plataformas para mejorar sus condiciones laborales dentro de un modelo autónomo.

Por eso, piden que se tramite una ley ordinaria en cuyo debate participen los representantes de los trabajadores y no que «la voluntad del 25% esté por encima del resto».

En Valencia hay unos 800 repartidores autónomos de las plataformas UberEats, Deliveroo, Glovo y Shargo, según los datos de Repartidores Unidos.

En España, cientos de repartidores proautónomos han participado en las manifestaciones convocadas en diez ciudades españolas para protestar contra la llamada «Ley Rider», que también ha recibido críticas por parte de grupos «antiautónomos» por considerarla «insuficiente».

En Madrid, más de 300 repartidores han recorrido el centro de la capital y han llegado hasta el Congreso de los Diputados, donde han leído un manifiesto que resume su oposición a una «Ley Rider» que fue consensuada en marzo por el Ministerio de Trabajo con patronal y sindicatos.

Se han producido también concentraciones en Barcelona (donde la Guardia Urbana ha cifrado en 80 el número de asistentes), Alicante, Palma de Mallorca, Las Palmas de Gran Canaria, Oviedo, Gijón, Málaga y Albacete.

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Valencia

Sanidad cobrará las consultas y operaciones ambulatorias por accidentes de tráfico

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La Generalitat facturará a las compañías de seguros la asistencia sanitaria derivada de estos siniestros en la sanidad pública valenciana

La Conselleria de Sanidad cobrará las consultas médicas, intervenciones quirúrgicas ambulatorias y demás asistencias sanitarias derivadas de accidentes de tráfico a las aseguradoras, tras la renovación de los convenios que regulan esta prestación en la Comunitat Valenciana. La medida estará vigente durante el período 2026-2029 y permitirá repercutir estos costes al sector asegurador, evitando que recaigan sobre el sistema público.

El Pleno del Consell ha autorizado la renovación de dos convenios de asistencia sanitaria por accidentes de tráfico, que actualizan el marco de colaboración entre la Generalitat y las principales entidades del sector asegurador. En concreto, se ha aprobado la firma de un nuevo convenio entre la Generalitat —a través de la Conselleria de Sanidad— y el Consorcio de Compensación de Seguros, la Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (UNESPA), así como con el Consorcio Hospital General Universitario de València y el Consorcio Hospitalario Provincial de Castelló.

Facturación a las aseguradoras por la atención sanitaria

Gracias a estos acuerdos, la sanidad pública valenciana podrá facturar a las compañías aseguradoras los gastos derivados de la atención a víctimas de accidentes de tráfico, incluyendo consultas, pruebas diagnósticas, tratamientos y operaciones ambulatorias. El objetivo es garantizar que los costes asistenciales derivados de este tipo de sucesos sean asumidos por las entidades responsables, de acuerdo con la normativa vigente.

Desde la Generalitat señalan que esta medida contribuye a la sostenibilidad del sistema sanitario público, al tiempo que asegura la correcta atención sanitaria a las personas accidentadas, con independencia de la cobertura de su póliza o de la entidad aseguradora implicada.

Convenio vigente hasta 2029

El nuevo convenio tendrá vigencia hasta el año 2029 y da continuidad a un modelo de colaboración que ya se venía aplicando en ejercicios anteriores. La renovación permitirá mantener un marco estable de coordinación entre la administración sanitaria y el sector asegurador, facilitando la gestión administrativa y la compensación económica por la asistencia prestada.

La decisión del Consell se produce en un contexto de elevada siniestralidad en las carreteras valencianas, especialmente en vías de gran capacidad como la AP-7, donde se registran numerosos accidentes de tráfico que requieren atención hospitalaria urgente y seguimiento médico posterior.

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