València, 11 may (EFE).-
Repartidores proautónomos han criticado que la llamada «Ley Rider» viene dada por una sentencia de un «caso en particular» de 2017 que no tiene en cuenta los cambios que han llevado a cabo las plataformas digitales y han lamentado «la nula voluntad» del Gobierno de interactuar con las asociaciones que representan a la mayoría de estos trabajadores.
«En ‘petit comité’ han negociado y han decidido por nosotros sin escucharnos», ha manifestado el portavoz en Valencia de Repartidores Unidos, Adrián Porres, en referencia a la negociación entre el Gobierno y los agentes sociales para sacar adelante la nueva legislación.
La ley obliga a las plataformas digitales a asalariar a todos los trabajadores que quieren mantener en plantilla pero, según Porres, «no tienen ni idea» de cómo funciona su trabajo.
«Nos han apuntado con el dedo y han dicho que somos pobres, precarios. No somos pobres, legislan sin conocer nuestra realidad», ha manifestado Porres, que ha participado este martes en València en una manifestación de repartidores en bici y moto bajo la etiqueta #StopLeyRider.
La protesta, que ha reunido a unos sesenta «riders», ha salido de la plaza del Ayuntamiento y se ha dirigido a la sede de UGT para realizar una pitada.
Según Repartidores Unidos, los trabajadores del sector «no están pidiendo» una ley, sino cambios porque quieren seguir siendo autónomos y negociar con las plataformas para mejorar sus condiciones laborales dentro de un modelo autónomo.
Por eso, piden que se tramite una ley ordinaria en cuyo debate participen los representantes de los trabajadores y no que «la voluntad del 25% esté por encima del resto».
En Valencia hay unos 800 repartidores autónomos de las plataformas UberEats, Deliveroo, Glovo y Shargo, según los datos de Repartidores Unidos.
En España, cientos de repartidores proautónomos han participado en las manifestaciones convocadas en diez ciudades españolas para protestar contra la llamada «Ley Rider», que también ha recibido críticas por parte de grupos «antiautónomos» por considerarla «insuficiente».
En Madrid, más de 300 repartidores han recorrido el centro de la capital y han llegado hasta el Congreso de los Diputados, donde han leído un manifiesto que resume su oposición a una «Ley Rider» que fue consensuada en marzo por el Ministerio de Trabajo con patronal y sindicatos.
Se han producido también concentraciones en Barcelona (donde la Guardia Urbana ha cifrado en 80 el número de asistentes), Alicante, Palma de Mallorca, Las Palmas de Gran Canaria, Oviedo, Gijón, Málaga y Albacete.
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