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Valencia

Repartidores proautónomos cargan contra el Gobierno: «Han decidido por nosotros sin escucharnos. No tienen ni idea»

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València, 11 may (EFE).- Repartidores proautónomos han criticado que la llamada «Ley Rider» viene dada por una sentencia de un «caso en particular» de 2017 que no tiene en cuenta los cambios que han llevado a cabo las plataformas digitales y han lamentado «la nula voluntad» del Gobierno de interactuar con las asociaciones que representan a la mayoría de estos trabajadores.

«En ‘petit comité’ han negociado y han decidido por nosotros sin escucharnos», ha manifestado el portavoz en Valencia de Repartidores Unidos, Adrián Porres, en referencia a la negociación entre el Gobierno y los agentes sociales para sacar adelante la nueva legislación.

La ley obliga a las plataformas digitales a asalariar a todos los trabajadores que quieren mantener en plantilla pero, según Porres, «no tienen ni idea» de cómo funciona su trabajo.

«Nos han apuntado con el dedo y han dicho que somos pobres, precarios. No somos pobres, legislan sin conocer nuestra realidad», ha manifestado Porres, que ha participado este martes en València en una manifestación de repartidores en bici y moto bajo la etiqueta #StopLeyRider.

La protesta, que ha reunido a unos sesenta «riders», ha salido de la plaza del Ayuntamiento y se ha dirigido a la sede de UGT para realizar una pitada.

Según Repartidores Unidos, los trabajadores del sector «no están pidiendo» una ley, sino cambios porque quieren seguir siendo autónomos y negociar con las plataformas para mejorar sus condiciones laborales dentro de un modelo autónomo.

Por eso, piden que se tramite una ley ordinaria en cuyo debate participen los representantes de los trabajadores y no que «la voluntad del 25% esté por encima del resto».

En Valencia hay unos 800 repartidores autónomos de las plataformas UberEats, Deliveroo, Glovo y Shargo, según los datos de Repartidores Unidos.

En España, cientos de repartidores proautónomos han participado en las manifestaciones convocadas en diez ciudades españolas para protestar contra la llamada «Ley Rider», que también ha recibido críticas por parte de grupos «antiautónomos» por considerarla «insuficiente».

En Madrid, más de 300 repartidores han recorrido el centro de la capital y han llegado hasta el Congreso de los Diputados, donde han leído un manifiesto que resume su oposición a una «Ley Rider» que fue consensuada en marzo por el Ministerio de Trabajo con patronal y sindicatos.

Se han producido también concentraciones en Barcelona (donde la Guardia Urbana ha cifrado en 80 el número de asistentes), Alicante, Palma de Mallorca, Las Palmas de Gran Canaria, Oviedo, Gijón, Málaga y Albacete.

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Valencia

Los taxistas convocan paros y manifestaciones en la Comunitat Valenciana el 4 de noviembre ante la “dejación” del Consell

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huelga de taxis en valencia
Taxis de Valencia secundando una huelga en protesta por el alto precio de los carburantes. Archivo/EFE/J.C.CARDENAS.

La Confederación de Taxistas Autónomos de la Comunitat Valenciana ha anunciado una jornada de paros y manifestaciones para el próximo 4 de noviembre. La decisión llega como respuesta a lo que el sector considera una “dejación total” por parte de la Conselleria de Transportes, a la que acusan de inacción ante el incremento de irregularidades en los servicios de transporte con conductor (VTC).


El sector denuncia falta de control y competencia desleal

Según la Confederación, la Conselleria de Transportes “no ha incoado expedientes sancionadores contra las multinacionales que incumplen la normativa en la Comunitat Valenciana”, pese a contar —afirman— con sentencias que lo demuestran. Además, denuncian que se han concedido cientos de licencias VTC “sin cumplir requisitos esenciales”.

Los representantes del taxi también acusan al departamento autonómico de no facilitar información esencial sobre los procesos de concesión y de permitir la actividad irregular de VTC de otras comunidades autónomas que “operan de forma ilegal” en territorio valenciano.


“Más de 7.000 familias afectadas por la falta de control”

La Confederación advierte que esta situación pone en riesgo el sustento de más de 7.000 familias que viven del taxi en la Comunitat Valenciana, frente a lo que consideran “el beneficio de cuatro multinacionales que ni siquiera tributan en España”.

Asimismo, critican que “la mayoría de localidades valencianas carecen de un Servicio de Inspección formado y dotado adecuadamente”, lo que impide garantizar el cumplimiento de las normas y agrava la competencia desleal y el intrusismo profesional que el sector denuncia desde hace años.


El taxi estudia posibles acciones legales

En un tono más contundente, la Confederación no descarta presentar querellas penales por dejación de funciones o prevaricación contra los responsables de la administración si la situación no cambia “de manera inmediata”.

El colectivo exige una actuación firme por parte del Consell para frenar lo que califican como una situación insostenible que “pone en jaque el futuro del servicio público del taxi y el equilibrio del transporte urbano en la Comunitat Valenciana”.


Paros y concentraciones el 4 de noviembre en toda la Comunitat Valenciana

Como medida de protesta, los taxistas convocan paros, manifestaciones y concentraciones simultáneas en todas las áreas de prestación de la Comunitat Valenciana durante la mañana del lunes 4 de noviembre.

Además, está prevista una concentración frente a la Conselleria de Transportes en València, donde representantes del sector reclamarán una mayor regulación, inspección y control sobre las VTC y una política de transporte “justa y equilibrada” que proteja al taxi valenciano como servicio público esencial.


Un nuevo pulso entre el sector del taxi y la administración autonómica

La convocatoria del 4 de noviembre supone un nuevo episodio de tensión entre el sector del taxi y la Generalitat Valenciana, tras varios años de reivindicaciones sin respuesta efectiva, según denuncian los profesionales.

Los taxistas esperan que estas protestas sirvan para abrir un diálogo real con la administración y poner en marcha medidas que garanticen la igualdad de condiciones frente a las plataformas de transporte privado y el respeto a la normativa vigente.


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