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Resultados elecciones generales 23J

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Los resultados de las elecciones generales del 23J pueden abocar a España a una situación de bloqueo político, ya que ni el PP ni el PSOE han obtenido escaños suficientes como para lograr investir presidentes a sus candidatos con facilidad.

El PP gana pero no suma mayoría absoluta con Vox y tendrá difícil gobernar

Con el 97% del voto escrutado, el PP ha ganado las elecciones generales al obtener 136 escaños, 47 más que los que logró en 2019, con el PSOE como segunda fuerza política y 122 escaños, dos más, si bien el resultado de los comicios complica mucho la posibilidad de una investidura exitosa.

Y ello porque ninguno de los bloques de derecha e izquierda reúnen en principio representantes suficientes como para llegar a una mayoría absoluta en la primera vuelta de una investidura o simple en una segunda con más votos a favor que en contra.

Vox se deja 19 escaños en estas elecciones y se queda con 33 diputados en el Congreso, mientras Sumar, la coalición de izquierdas encabezada por Yolanda Díaz, se sitúa como cuarta fuerza con 31 escaños, cuatro menos que los que obtuvo Unidas Podemos en los anteriores comicios.

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Entre las fuerzas independentistas, ERC sufre un duro revés, al caer de 13 a 7 representantes, Junts per Catalunya pierde uno y se queda con seis, y EH-Bildu supera por vez primera al PNV, con seis diputados frente a cinco de los jeltzales.

El BNG conserva su único escaño, Coalición Canaria logra uno y también UPN, de modo que el nuevo hemiciclo quedará conformado con once partidos diferentes.

Resultados elecciones generales 23J

El resultado del 23J ha dejado un Congreso liderado por el PP en el que gana peso el bipartidismo, ya que las dos grandes fuerzas políticas, PP y PSOE, se han reforzado en escaños mientras que Sumar y Vox se han quedado con una treintena de diputados.

Con 11 formaciones políticas de muy diferente signo se vuelve a augurar una XV Legislatura donde si hay investidura, la aritmética parlamentaria se hará difícil para aprobar o rechazar leyes.

Los 350 escaños han quedado repartidos de la siguiente manera con casi el 99 % escrutado: el PP (136 escaños), el PSOE (122), Vox (33), Sumar (31), ERC (7), JxCAT-Junts (7), EH Bildu (6), PNV (5), BNG (1), CC (1) y UPN (1).

En la nueva legislatura que oficialmente se abre el 17 de agosto con la Constitución de las Cortes ya no estarán ni Teruel Existe ni el PRC -que no se presentaba en estos comicios-, pero tampoco estarán la CUP y Más País, este último integrado ahora en Sumar.

Aunque haya 7 formaciones menos, el número de partidos sigue siendo elevado ya que solo Sumar aglutina a una treintena de diputados de diferente índole dentro de la izquierda.

En estos comicios, el PP ha sido el que más ha aumentado en escaños en el Congreso y frente a los 89 que consiguió en la XIV Legislatura ha pasado a tener 136 diputados, 47 más.

De hecho, ha alcanzado casi el nivel que registró en las elecciones generales de 2016, cuando consiguió 137 escaños.

Pedro Sánchez resiste

Por su parte los socialistas han sumado solo 2 más y se han situado en los mismos resultados electorales que en abril de 2019 o en las generales de 2015, cuando obtuvieron 123 parlamentarios, uno más que hoy.

Vox, como tercera fuerza política, ha pasado de sus 52 diputados a obtener 33 y perder una veintena (19), lo que hace que se acerque a Sumar y sean llave de la derecha o de la izquierda para aprobar leyes.

En el entorno nacionalista catalán, ERC ha bajado de sus 13 escaños a 7, mientras que JxCAT se ha mantenido prácticamente igual que en la XIV Legislatura, con 7 diputados.

No obstante, el independentismo catalán deja de tener fuerza en el Congreso, ya que la salida de la CUP que no ha logrado representación hace que ERC y JxCAT -en liza en la anterior legislatura-, lleguen tan solo a los 14 escaños.

En el ámbito del nacionalismo vasco, EH Bildu da el sorpaso al PNV y le gana en un escaño, al obtener 6 diputados, uno más que en la anterior legislatura, y PNV se queda con 5, uno menos.

Por otra parte, UPN, Coalición Canaria y BNG han obtenido 1 escaño cada uno.

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La Audiencia Nacional archiva la investigación penal del apagón y descarta un sabotaje terrorista

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El juez concluye que no existen indicios de terrorismo ni ciberataque y apunta a un conflicto civil o administrativo por el control de la tensión eléctrica.

La Audiencia Nacional (AN) ha archivado la investigación penal abierta tras el apagón eléctrico del 28 de abril, al descartar que el histórico cero energético tuviera su origen en un sabotaje terrorista o un ciberataque. El magistrado José Luis Calama determina que no existe “ni el mínimo indicio” de una acción delictiva y sitúa el origen del incidente en una disfunción del sistema eléctrico.

En un auto difundido este lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 decreta el sobreseimiento provisional de la causa y concluye que lo ocurrido responde a un conflicto de naturaleza administrativa y/o civil entre los distintos operadores del sector eléctrico, que deberá resolverse fuera de la vía penal.

Sin rastro de terrorismo ni ciberataque

El juez adopta esta decisión tras analizar los informes elaborados por diversos organismos especializados en ciberseguridad y lucha antiterrorista. Todos ellos coinciden en descartar de forma absoluta que el apagón se produjera por una acción externa, ya fuera de grupos terroristas, actores estatales o redes de cibercrimen.

Entre los análisis examinados figuran los del Centro Criptológico Nacional, el Mando Conjunto del Ciberespacio, el Instituto Nacional de Ciberseguridad y la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, ninguno de los cuales detectó intrusiones, ataques informáticos ni actividades maliciosas en los sistemas eléctricos.

Un conflicto por el control de la tensión eléctrica

Lejos de la hipótesis del sabotaje, el auto judicial señala que el apagón tuvo un origen multifactorial, vinculado principalmente a problemas en el control de la tensión del sistema eléctrico. Según el informe del Ministerio para la Transición Ecológica, citado por el juez, se produjo una combinación de factores técnicos.

Entre ellos destacan una programación insuficiente de centrales síncronas, el hecho de que algunas centrales capaces de regular la tensión no respondieran adecuadamente a las consignas de Red Eléctrica y la aparición de oscilaciones y desconexiones de determinadas instalaciones de generación, algunas de ellas aparentemente indebidas.

El magistrado subraya que no faltaban recursos en el sistema eléctrico español, sino que estos no fueron gestionados o utilizados de forma adecuada, lo que derivó en el colapso.

La vía penal queda cerrada

En su resolución, Calama insiste en que no aprecia indicios delictivos y que, por tanto, el caso debe quedar fuera del ámbito penal. El conflicto entre Red Eléctrica y las compañías eléctricas deberá resolverse, en su caso, por la vía administrativa o civil, donde ya actúan otros organismos reguladores.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) mantiene abierta su propia investigación y podría imponer sanciones económicas o incluso retirar autorizaciones para operar, además de abrir la puerta a futuras reclamaciones por daños y perjuicios.

Con este auto, la Audiencia Nacional cierra definitivamente la hipótesis de un apagón provocado por terrorismo o ciberataque, y centra el foco en las responsabilidades técnicas y de gestión dentro del sistema eléctrico.

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