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Valencia

Riba-roja sancionará con hasta 3.000 euros solicitar servicios sexuales en algunas zonas

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Riba-roja de Túria multas prostitución

El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria ha dado un paso histórico al aprobar la primera ordenanza municipal abolicionista contra la prostitución y la explotación sexual. Esta normativa, impulsada por el gobierno del PSPV con el apoyo de Compromís, Esquerra Unida-Podem y Vox, y la abstención del PP, establece sanciones de hasta 3.000 euros para quienes demanden servicios sexuales en áreas sensibles como colegios, parques o lugares con baja visibilidad.

Un plan pionero para abolir la prostitución

La ordenanza forma parte del I Plan Abolicionista Municipal, aprobado en noviembre del año pasado, cuyo objetivo principal es eliminar la prostitución y otras formas de explotación sexual en el término municipal. Este enfoque busca proteger los derechos de las mujeres víctimas del sistema prostitucional y garantizar la convivencia ciudadana en los espacios públicos.

El texto aprobado subraya que, partiendo de la defensa de los derechos humanos y los derechos de las mujeres, se persigue erradicar la prostitución considerando víctimas a todas las mujeres en esta situación. Asimismo, sanciona la demanda como principal causa de la existencia de la prostitución y propone medidas integrales e inclusivas más allá del ámbito sancionador para garantizar la protección y reintegración de las mujeres afectadas.

Clasificación de infracciones y sanciones

La ordenanza divide las infracciones en tres categorías principales: leves, graves y muy graves, cada una con sanciones económicas proporcionales.

Infracciones leves

Se sancionará con multas de entre 500 y 750 euros acciones como:

  • Publicar, repartir o difundir publicidad que fomente el consumo de prostitución o turismo sexual.
  • Utilizar elementos del espacio público para la promoción de actividades relacionadas con la prostitución.

Infracciones graves

Las infracciones graves, que conllevan sanciones de entre 750,01 y 1.500 euros, incluyen:

  • Solicitar, negociar o aceptar servicios sexuales retribuidos, ya sea directa o indirectamente.
  • Pedir servicios sexuales para uso propio o de terceros.
  • Realizar actividades sexuales a cambio de dinero u otros beneficios en el espacio público.

Infracciones muy graves

Las infracciones muy graves, castigadas con multas de entre 1.500,01 y 3.000 euros, abarcan las conductas anteriores cuando ocurren en zonas cercanas a:

  • Centros educativos, culturales, festivos o deportivos.
  • Espacios públicos con alta afluencia de menores o condiciones de vulnerabilidad, como áreas con poca iluminación o aisladas.

Sanciones a menores y medidas alternativas

La ordenanza también aplica a menores de entre 14 y 18 años. En estos casos, las sanciones económicas pueden sustituirse por actividades de interés social y valor educativo para que comprendan la gravedad de sus acciones.

Plazos de prescripción

  • Las infracciones leves prescribirán a los 6 meses.
  • Las graves, a los 2 años.
  • Las muy graves, a los 3 años.

Declaraciones oficiales

La concejala de Igualdad de Riba-roja de Túria, Raquel Pamblanco, destacó:

“Esta ordenanza es un paso muy importante para proteger a las mujeres víctimas de explotación sexual. Nuestro plan abolicionista, pionero en España, ya ha sido reconocido por diversas instituciones públicas, situándonos como referentes en la defensa de los derechos humanos”.

Con esta medida, Riba-roja de Túria se posiciona como un modelo en la lucha contra la explotación sexual, reforzando la protección de las mujeres y fomentando una convivencia basada en el respeto y la igualdad.

 

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Valencia

La jueza de la DANA eleva a 230 las víctimas mortales al incluir a un anciano fallecido en el Hospital La Fe

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fallecidos DANA Valencia
Imagen de archivo (9/12/2024) de una mujer sosteniendo el retrato de un familiares durante el funeral por las víctimas de la DANA celebrado el 9 de diciembre de 2024 en la catedral de Valencia. EFE/Kai Försterling

La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la DANA en la Comunitat Valenciana ha elevado a 230 el número de víctimas mortales asociadas a las devastadoras riadas del 29 de octubre de 2024. La actualización llega tras incluir el fallecimiento de un anciano de 74 años que murió días después en el Hospital La Fe, el 3 de noviembre, a consecuencia directa de las condiciones sufridas durante el temporal.

Un informe forense determina la relación entre la DANA y la muerte del anciano

El auto judicial, emitido este martes, incorpora el caso del vecino de Catarroja después de que su hijo solicitara su reconocimiento como víctima. La instructora pidió al Instituto de Medicina Legal (IML) un informe para determinar la relación de causalidad entre el temporal y el fallecimiento.

El IML concluye que el hombre pasó toda la noche del 29 al 30 de octubre mojado en su vivienda, una planta baja inundada de Catarroja. La entrada de agua le impidió refugiarse o desplazarse a otro lugar seguro.

La combinación de agua fría, limitación de movimiento y estrés físico agravó sus patologías previas hasta provocar un tromboembolismo pulmonar, que finalmente causó su muerte el 3 de noviembre en el Hospital La Fe. Con este dictamen, la jueza lo reconoce oficialmente como la víctima número 230 de la DANA.

Nueve fallecimientos más permanecen en análisis

El juzgado mantiene bajo estudio otros nueve posibles casos, cuyas familias han solicitado su inclusión como víctimas mortales del temporal. Los informes forenses correspondientes se encuentran en evaluación.

La última víctima reconocida: la bebé Scalett

Antes de esta nueva incorporación, la última víctima reconocida en el listado judicial era Scalett, la bebé no nacida de Janine Brigitte, una joven de 26 años embarazada de ocho meses que murió en Riba-roja el mismo 29 de octubre.

Un informe ampliatorio determinó que el feto era viable, al superar las 24 semanas y los 500 gramos de peso, por lo que su fallecimiento fue asociado a la DANA. Scalett ya figura inscrita en el Registro Civil.

 

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