VALÈNCIA, 22 Oct.- El desfibrilador de la Ciudad de la Justicia de València que no pudo ser utilizado, por fallo de la batería, con un hombre que sufrió un infarto el pasado jueves cuando iba a ser juzgado por tráfico de drogas, no tenía las pilas recomendadas por el fabricante ni contrato de mantenimiento desde 2016. Este hombre, de 54 años, finalmente falleció.

El último contrato de mantenimiento del aparato se firmó ese año, es decir, en 2016, momento en el que se fijó la próxima revisión en noviembre de 2019. En mayo de 2018 se alertó a la Dirección de Justicia de que se debía actualizar el mismo pero no se hizo al aprobarse un plan de mantenimiento de sedes judiciales por siete millones de euros.

Este novedoso plan dejó fuera el asunto de los desfibriladores, pero este extremo no se conocía, según apuntan fuentes de la Conselleria de Justicia, hasta que tuvo lugar la pasada semana el incidente con el hombre infartado en la Ciudad de la Justicia.

De esta forma, desde la conselleria atribuyen a la exdirectora de Justicia Verónica López cualquier tipo de responsabilidad política, si es que tuviera que haberla, sobre los fallos en el desfibrilador. Es más, advierten de que si tuviera que haber ceses, el suyo sería seguro.

La alerta por los fallos en el desfibrilador saltó a la luz pública el pasado jueves, cuando un hombre que iba a ser juzgado en la Audiencia de Valencia por drogas sufrió una parada cardiorrespiratoria y, en el momento de usar el aparato, se indicaba que no había batería.

El hombre, insisten desde conselleria, estuvo en todo momento asistido por personal médico –primero por facultativos que se encontraban en otro juicio y luego por el Instituto de Medicina Legal y por el Servicio de Ayuda Médico Urgente (SAMU)– y se le estuvo practicando el masaje cardiaco.

Desde el momento en que el hombre desfalleció y llegaron los servicios del SAMU pasaron 11 minutos y luego estos sanitarios intentaron reanimarle durante 45 minutos más sin poder conseguirlo. El SAMU sí pudo utilizar un desfibrilador que ellos portaban.

Al respecto, desde conselleria consideran que es muchísimo más importante el masaje cardiaco que la actuación de un desfibrilador. Es, a su entender, lo que se requiere y lo esencial en este tipo de patologías, y este masaje se le practicó a la víctima.

Por el momento, en todo caso, y con los datos con los que se cuenta, desde Justicia aseguran que no hay nada que haga pensar que el fallo del desfibrilador sea la causa de la muerte del hombre, puesto que se está a la espera de los resultados de la autopsia y de otras diligencias.

¿POR QUÉ FALLÓ?
El desfibrilador de la Ciudad de la Justicia se adquirió en 2009 y había un contrato de mantenimiento de 2012 a 2016. La última revisión que se practicó al aparato fue precisamente en este último ejercicio, en noviembre, y se establecía una revisión cada tres años. Es decir, la revisión tocaba este próximo mes de noviembre de 2019.

Las pilas se cambiaron en aquel momento y supuestamente tenían una duración de cuatro años. Sin embargo, fallaron. Tras el accidente con el hombre infartado comprobaron que las pilas que llevaba puestas no eran las adecuadas, ya que no eran de la marca que recomendaba el fabricante para que la carga fuera más duradera, apuntan desde Justicia.

Por otro lado, el aparato carecía de contrato de mantenimiento desde 2016. De este extremo fue informada la Dirección General de Justicia, mediante unos correos, en 2018. Pero no se llegó a elaborar ningún contrato específico puesto que se estaba preparando un mes antes un nuevo contrato de mantenimiento para sedes judiciales de la Comunitat en el que se iban a invertir siete millones de euros. En total, para este proyecto y otro de seguridad se destinaron 12 millones de euros, pero ninguno contempló los desfibriladores. Y al comprobarse ahora, la conselleria ha sido la primera sorprendida, aseguran.

Así, todo esto ocurre en el marco de la anterior Dirección de Justicia, apuntan desde la conselleria, que han señalado que si tuviera que haber responsabilidades políticas serían contra la anterior dirección, es decir, contra Verónica López, y sería esta la que cesaría.

Desde Justicia, por el momento, se está intentando determinar con fiabilidad qué es lo que falló y quién fue el responsable de no supervisar la inclusión del desfibrilador en el contrato de mantenimiento, pese a las advertencias de 2018, y en cualquier caso apuntan a que hay que hablar con los técnicos, que son los encargados de estos trabajos.

La conselleria, tras estos desgraciados hechos, ha firmado un contrato menor para el mantenimiento de los desfibriladores y la adquisición de algunos nuevos, en concreto, tres más para València. También ha puesto las pilas adecuadas al aparato que falló la pasada semana.

Fuente: EUROPA PRESS