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Se confirma que el desfibrilador de la Ciudad de la Justicia no tenía las pilas recomendadas

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VALÈNCIA, 22 Oct.- El desfibrilador de la Ciudad de la Justicia de València que no pudo ser utilizado, por fallo de la batería, con un hombre que sufrió un infarto el pasado jueves cuando iba a ser juzgado por tráfico de drogas, no tenía las pilas recomendadas por el fabricante ni contrato de mantenimiento desde 2016. Este hombre, de 54 años, finalmente falleció.

El último contrato de mantenimiento del aparato se firmó ese año, es decir, en 2016, momento en el que se fijó la próxima revisión en noviembre de 2019. En mayo de 2018 se alertó a la Dirección de Justicia de que se debía actualizar el mismo pero no se hizo al aprobarse un plan de mantenimiento de sedes judiciales por siete millones de euros.

Este novedoso plan dejó fuera el asunto de los desfibriladores, pero este extremo no se conocía, según apuntan fuentes de la Conselleria de Justicia, hasta que tuvo lugar la pasada semana el incidente con el hombre infartado en la Ciudad de la Justicia.

De esta forma, desde la conselleria atribuyen a la exdirectora de Justicia Verónica López cualquier tipo de responsabilidad política, si es que tuviera que haberla, sobre los fallos en el desfibrilador. Es más, advierten de que si tuviera que haber ceses, el suyo sería seguro.

La alerta por los fallos en el desfibrilador saltó a la luz pública el pasado jueves, cuando un hombre que iba a ser juzgado en la Audiencia de Valencia por drogas sufrió una parada cardiorrespiratoria y, en el momento de usar el aparato, se indicaba que no había batería.

El hombre, insisten desde conselleria, estuvo en todo momento asistido por personal médico –primero por facultativos que se encontraban en otro juicio y luego por el Instituto de Medicina Legal y por el Servicio de Ayuda Médico Urgente (SAMU)– y se le estuvo practicando el masaje cardiaco.

Desde el momento en que el hombre desfalleció y llegaron los servicios del SAMU pasaron 11 minutos y luego estos sanitarios intentaron reanimarle durante 45 minutos más sin poder conseguirlo. El SAMU sí pudo utilizar un desfibrilador que ellos portaban.

Al respecto, desde conselleria consideran que es muchísimo más importante el masaje cardiaco que la actuación de un desfibrilador. Es, a su entender, lo que se requiere y lo esencial en este tipo de patologías, y este masaje se le practicó a la víctima.

Por el momento, en todo caso, y con los datos con los que se cuenta, desde Justicia aseguran que no hay nada que haga pensar que el fallo del desfibrilador sea la causa de la muerte del hombre, puesto que se está a la espera de los resultados de la autopsia y de otras diligencias.

¿POR QUÉ FALLÓ?
El desfibrilador de la Ciudad de la Justicia se adquirió en 2009 y había un contrato de mantenimiento de 2012 a 2016. La última revisión que se practicó al aparato fue precisamente en este último ejercicio, en noviembre, y se establecía una revisión cada tres años. Es decir, la revisión tocaba este próximo mes de noviembre de 2019.

Las pilas se cambiaron en aquel momento y supuestamente tenían una duración de cuatro años. Sin embargo, fallaron. Tras el accidente con el hombre infartado comprobaron que las pilas que llevaba puestas no eran las adecuadas, ya que no eran de la marca que recomendaba el fabricante para que la carga fuera más duradera, apuntan desde Justicia.

Por otro lado, el aparato carecía de contrato de mantenimiento desde 2016. De este extremo fue informada la Dirección General de Justicia, mediante unos correos, en 2018. Pero no se llegó a elaborar ningún contrato específico puesto que se estaba preparando un mes antes un nuevo contrato de mantenimiento para sedes judiciales de la Comunitat en el que se iban a invertir siete millones de euros. En total, para este proyecto y otro de seguridad se destinaron 12 millones de euros, pero ninguno contempló los desfibriladores. Y al comprobarse ahora, la conselleria ha sido la primera sorprendida, aseguran.

Así, todo esto ocurre en el marco de la anterior Dirección de Justicia, apuntan desde la conselleria, que han señalado que si tuviera que haber responsabilidades políticas serían contra la anterior dirección, es decir, contra Verónica López, y sería esta la que cesaría.

Desde Justicia, por el momento, se está intentando determinar con fiabilidad qué es lo que falló y quién fue el responsable de no supervisar la inclusión del desfibrilador en el contrato de mantenimiento, pese a las advertencias de 2018, y en cualquier caso apuntan a que hay que hablar con los técnicos, que son los encargados de estos trabajos.

La conselleria, tras estos desgraciados hechos, ha firmado un contrato menor para el mantenimiento de los desfibriladores y la adquisición de algunos nuevos, en concreto, tres más para València. También ha puesto las pilas adecuadas al aparato que falló la pasada semana.

Fuente: EUROPA PRESS

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La ministra Tolón cobra por alquilar una vivienda VPO que solo puede usarse como residencia habitual

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Milagros Tolón niega irregularidades en el alquiler de su vivienda protegida en Toledo

La ministra de Educación asegura que pidió autorización a la Junta de Castilla-La Mancha y que cuenta con un informe jurídico que avala el arrendamiento del inmueble, que adquirió en 1998.

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha negado haber cometido irregularidades al alquilar una vivienda de protección oficial (VPO) de su propiedad en Toledo. La también exalcaldesa de la ciudad ha defendido que ha actuado siempre conforme a la normativa de Castilla-La Mancha y con total transparencia.

La polémica surge a raíz de una información publicada por Artículo14, que señala que Tolón estaría alquilando una vivienda protegida que, según las condiciones de este tipo de inmuebles, estaría destinada a servir como residencia de su propietaria.

Ante las preguntas de los periodistas, la ministra ha asegurado que compró la vivienda en 1998 y que se trata del único inmueble que posee. «Yo tengo una vivienda de hace 30 años, que efectivamente es mía desde el año 98», ha explicado, rechazando que exista intención de especular con el alquiler.

Tolón asegura que pidió autorización a la Junta

Uno de los principales argumentos de la ministra para defender la legalidad del arrendamiento es que, según ha explicado, solicitó autorización a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, administración competente en materia de vivienda.

«Yo pedí en ese caso autorización en su momento», ha afirmado al ser preguntada por este asunto. Tolón no ha detallado si recibió una resolución administrativa favorable, aunque ha insistido en que el alquiler cumple las condiciones exigidas por la normativa.

Además, ha asegurado que dispone de un informe jurídico que avala el arrendamiento del inmueble una vez transcurridos 14 años desde su adquisición.

«Totalmente, cumple todos los requisitos», ha respondido al ser preguntada por el cumplimiento de las exigencias legales.

La ministra defiende que declaró la vivienda y los ingresos

Tolón también ha rechazado que haya ocultado información sobre la propiedad o los ingresos derivados del alquiler. Según ha explicado, tanto la vivienda como las cantidades percibidas aparecen reflejadas en sus declaraciones oficiales.

«Siempre he actuado con transparencia, siempre he actuado en mi declaración de bienes desde hace muchos años», ha señalado. La ministra ha insistido en que el inmueble es su única vivienda y que su situación patrimonial puede comprobarse en la documentación presentada.

La exalcaldesa de Toledo ha reiterado que nunca ha existido una operación especulativa y que ha cumplido con las obligaciones que le corresponden como propietaria de una vivienda protegida.

La polémica sobre el alquiler de una VPO

El caso ha abierto el debate sobre las condiciones que regulan el alquiler de las viviendas de protección oficial y las autorizaciones necesarias para destinarlas a ese uso.

La cuestión central es determinar si el arrendamiento del inmueble de Tolón se ajusta a las condiciones bajo las que fue adquirido y a la normativa autonómica aplicable. La ministra sostiene que cuenta con respaldo jurídico y que solicitó permiso a la administración regional.

Por el momento, Tolón mantiene su defensa de la legalidad de la operación y niega cualquier irregularidad en el alquiler de la vivienda protegida que compró hace casi tres décadas.

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