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Valencia

SOS Desaparecidos reúne ya a 150 familias de víctimas de la dana en su querella

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Valencia, 15 de enero (EFE). La asociación sin ánimo de lucro SOS Desaparecidos ha anunciado que un total de 150 familias de víctimas de la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) se han adherido a una querella criminal que se presentará el próximo mes de febrero ante la Audiencia Nacional. Esta iniciativa surge tras las trágicas inundaciones ocurridas en Valencia, que han dejado un saldo de 224 fallecidos y tres desaparecidos.

Encuentro con las familias en Valencia

El presidente de SOS Desaparecidos, Joaquín Amills, informó a EFE que el equipo de profesionales encargado de esta querella se reunirá el próximo 26 de enero con los afectados en Valencia. Sin embargo, este encuentro será privado y no habrá acceso para los medios de comunicación, ya que buscan mantener la confidencialidad y privacidad de los afectados.

Amills explicó que el objetivo principal de esta querella es buscar justicia y responsabilidades por la gestión de la emergencia durante y después de las inundaciones. Se iniciará en la vía penal y apunta, en principio, a las administraciones locales, el gobierno autonómico y el central. Además, no se descarta incluir a la Diputación de Valencia, que tiene competencias sobre los municipios con menos de 20.000 habitantes.

Pérdida de información clave

El presidente de la asociación denunció la falta de información oficial sobre la gestión de esta tragedia. Según Amills, «alguna de la información que había está desapareciendo de páginas web, portales de transparencia o redes sociales, incluso de la Generalitat». Por ello, uno de los pasos iniciales será solicitar al juez toda la documentación relevante una vez que la querella sea admitida a trámite.

Delitos que se investigarán

La querella se fundamenta en posibles delitos de imprudencia, negligencia u omisión del deber de socorro. No se limitará únicamente a las decisiones o acciones realizadas durante la jornada del 29 de octubre, cuando ocurrieron las riadas, sino que también analizará las omisiones en medidas de prevención que podrían haber evitado daños mayores.

Amills subrayó que la investigación busca responsabilidades en todos los niveles: desde las autoridades políticas hasta otros organismos implicados. «No estamos cerrados a nada», afirmó, dejando claro que el proceso judicial abarcará todos los aspectos necesarios para esclarecer los hechos.

Un movimiento por justicia y transparencia

Esta iniciativa representa un paso importante para las familias de las víctimas, que buscan justicia y garantías de que se adopten medidas para evitar tragedias similares en el futuro. SOS Desaparecidos se posiciona como un referente en la defensa de los derechos de las víctimas y la búsqueda de respuestas ante las negligencias relacionadas con desastres naturales.

Con esta querella, se abre la posibilidad de que los responsables enfrenten las consecuencias legales de su gestión, y al mismo tiempo se fomente la transparencia y la rendición de cuentas en los procesos de emergencia en España.

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Valencia

Los pisos turísticos en la Comunitat Valenciana caen un 25% en un año hasta los 48.411 apartamentos

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Viviendas turísticas España
Dos turistas recorren con sus maletas el casco antiguo de la ciudad de València. EFE/Manuel Bruque/Archivo

València multiplica por seis el cierre de pisos turísticos ilegales y endurece el control en todos los barrios

El Ayuntamiento de València ha intensificado su ofensiva contra los apartamentos turísticos ilegales, multiplicando por seis las órdenes de cese durante el actual mandato. El consistorio asegura que este incremento refleja un “cambio radical” en la política municipal para frenar la proliferación de viviendas de uso turístico fuera de la legalidad.

Según ha explicado el concejal de Urbanismo, Vivienda y Licencias, Juan Giner, se ha pasado de una media de 71 órdenes anuales en el anterior gobierno a 449 expedientes por año, lo que supone un aumento superior al 600%. De estas órdenes, el 87% ya se han ejecutado.

Más inspecciones y vigilancia continua

Para lograr estos resultados, el Ayuntamiento ha reforzado los equipos de control con cinco grupos de inspectores de Urbanismo y siete unidades de Policía Local, que rastrean de forma constante la actividad ilegal en todos los distritos.

El consistorio defiende que esta estrategia marca el paso de una etapa de “permisividad” a otra de “tolerancia cero”, en un contexto de creciente presión turística en la ciudad.

Moratoria y nuevas normas urbanísticas

El aumento de cierres llega acompañado de medidas estructurales. Desde mayo de 2024 está en vigor una moratoria que suspende la concesión de nuevas licencias turísticas, prorrogada hasta al menos mayo de 2026. Durante este periodo se han paralizado 363 expedientes, evitando la creación de casi 4.700 nuevas plazas.

Además, el gobierno municipal liderado por María José Catalá prepara una nueva normativa urbanística que limitará el crecimiento de estos alojamientos. Entre las principales restricciones destacan:

  • Máximo del 2% de viviendas turísticas por barrio
  • Límite del 8% de plazas turísticas respecto a la población
  • Tope del 15% en plantas bajas por manzana
  • Exigencia de acceso independiente y aprobación vecinal

También se creará un censo municipal de alojamientos turísticos (CATAV) y se reforzarán las inspecciones para detectar irregularidades.

Críticas de la oposición

Desde la oposición, Compromís cuestiona la eficacia de estas medidas. Su portavoz, Papi Robles, sostiene que la normativa “ni reduce ni controla” el número real de plazas turísticas y acusa al gobierno local de utilizar una “cortina de humo”.

En la misma línea, el edil socialista Javier Mateo critica que las cifras ofrecidas por el ejecutivo no reflejan la situación real y denuncia que se está facilitando la expansión de apartamentos turísticos en los barrios.

Presión sobre la vivienda en València

El debate sobre los pisos turísticos se produce en un momento de fuerte tensión en el mercado inmobiliario de València, donde vecinos y colectivos denuncian el impacto de estos alojamientos en el precio del alquiler y en la vida de los barrios.

Con las nuevas medidas, el Ayuntamiento busca equilibrar el atractivo turístico de la ciudad con la protección del uso residencial, aunque el enfrentamiento político sobre su efectividad sigue abierto.


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