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Un joven colombiano condenado por abusar de una menor y grabarla tras conocerla en Instagram

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Alicante, 27 oct (EFE).- Un joven de 26 años colombiano ha sido condenado a una pena de cinco años de cárcel por un delito de abuso sexual sobre una menor de 16 años, a la que conoció a través de la red social Instagram, y a otra de un año de prisión por corrupción al grabar un vídeo de ella en uno de esos contactos.

El tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia de Alicante ha dictado una sentencia en la que considera probado que el acusado, de origen colombiano, concertó varios encuentros con la menor entre los meses de septiembre y octubre de 2018, en los que ambos mantuvieron relaciones sexuales consentidas en el domicilio de él, en Alicante. Otro de los contactos íntimos se produjo en un centro comercial.

La resolución judicial concreta que, al menos en una ocasión, el procesado grabó la relación sexual mediante la cámara de su teléfono móvil.

Ese vídeo fue hallado días después en los terminales telefónicos del acusado y de la víctima, así como otras fotos de ella.

La madre de la menor descubrió casualmente esas imágenes en su terminal, lo que propició el registro de la denuncia.

Durante su declaración en el juicio, el procesado admitió que había conocido a la joven a través de la red social Instagram y que habían quedado en la casa de él, aunque negó que hubiesen mantenido relaciones sexuales y que le hubiese tomado fotografías o grabado vídeos de contenido pornográfico.

También rechazó que él hubiese participado en los vídeos y solo aseguró que los tenía en su teléfono porque la chica se los había enviado.

No obstante, su relato contrasta con la versión de la menor, que ahora ya habría rebasado la mayoría de edad. El tribunal entiende que su relato «ha resultado totalmente convincente tanto por su forma de expresarse como por la claridad de su exposición, su persistencia, verosimilitud, ausencia de contradicciones y de motivos espurios».

E, igualmente, subraya la existencia de «elementos externos de corroboración de su testimonio», como los vídeos hallados en sus dos teléfonos o los mensajes intercambiados entre ambos.

En esta línea, la Sala concluye que el procesado es responsable de un delito de abuso sexual a menor de 16 años y señala que «el delito existe con independencia de la voluntad o consentimiento de la menor de 16 años». Es más, añade que el propio acusado reconoció que era conocedor de la edad de la chica en el momento de los hechos.

El tribunal rechaza aplicar la agravante de superioridad solicitada por la acusación particular, al tener en cuenta que el informe médico forense practicado tras la evaluación de la joven «no acaba de traslucir una situación de vulnerabilidad específica de intensidad suficiente para incrementar el desequilibrio de posiciones inherente a la menor edad de 16 años».

La Audiencia de Alicante impone además al procesado el pago de una indemnización de 4.000 euros en concepto de responsabilidad civil.

La sentencia es recurrible en apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

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Sucesos

Hallan mercurio y metanol en una anciana con alzhéimer mientras dos abogados y un notario la expoliaban en València

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La Policía Nacional ha detenido en València a cinco personas, entre ellas dos abogados, un notario de reconocido prestigio en la ciudad, la cuidadora de la víctima y el comprador de varios inmuebles, por presuntamente expoliar el patrimonio de una mujer octogenaria con alzhéimer. El perjuicio económico asciende a unos 785.000 euros, según ha informado la Jefatura Superior de Policía.

La investigación ha destapado una trama de ventas inmobiliarias irregulares, abusos de confianza y una grave situación de vulnerabilidad, en la que la anciana habría sido despojada de todos sus bienes en apenas un año.

Ventas irregulares y patrimonio enajenado

Las pesquisas policiales comenzaron en junio de 2025, tras la denuncia interpuesta por los familiares de la mujer. Estos alertaron de que cada vez les resultaba más difícil contactar con la anciana o visitarla, lo que despertó su preocupación.

Al consultar el Registro de la Propiedad, comprobaron que la totalidad de los inmuebles de la mujer habían sido vendidos en un corto periodo de tiempo. Las investigaciones revelaron que las operaciones se realizaron con el asesoramiento de dos abogados que, además, actuaban como letrados del comprador, incurriendo en un claro conflicto de intereses y dejando a la víctima en una situación de absoluta indefensión.

Los inmuebles fueron vendidos muy por debajo de su valor real de mercado, lo que permitió a los implicados obtener importantes beneficios económicos.

El papel clave del notario y la cuidadora

Todas las operaciones se formalizaron ante el mismo notario, que dio validez legal a las transacciones. Incluso en la venta de la vivienda habitual de la anciana —realizada bajo la fórmula de nuda propiedad— se incluyeron condiciones especialmente gravosas, que llegaban a contemplar la posible pérdida del usufructo.

Los agentes constataron además que el notario, junto al comprador, realizó gestiones para suprimir dicho usufructo, entrevistándose con vecinos para intentar demostrar que la mujer ya no residía en el inmueble, algo que no era cierto.

La cuidadora, que se encargaba de preparar la comida y atender diariamente a la octogenaria, tenía una posición de especial influencia sobre ella. Fue incluida en el testamento y era quien realizaba extracciones de dinero de las cuentas bancarias de la víctima.

Sustancias tóxicas y agravamiento del caso

Durante una hospitalización de la anciana, los investigadores llegaron a detectar presencia de mercurio y metanol en su organismo, un hallazgo que incrementó la gravedad de las sospechas sobre su entorno más cercano y reforzó la investigación policial.

Delitos y situación judicial

Como resultado de la operación, los cinco detenidos están acusados de prevaricación, falsedad en documento público, estafa, delito contra los derechos de los trabajadores y deslealtad profesional. Uno de ellos cuenta con antecedentes policiales.

Todos han pasado ya a disposición judicial, mientras continúa la investigación para esclarecer completamente los hechos y determinar si existen más personas implicadas.

 

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