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Valencia

València clama contra la «cruel violencia» machista

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Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres
Inicio de la manifestación convocada por el Moviment Feminista de València bajo el lema "Dones, vives i unides contra el masclisme", donde dos mujeres supervivientes leerán el manifiesto. EFE/ Biel Aliño
València, 25 nov (EFE).- Miles de personas se han manifestado este viernes por las calles de València para alzar la voz y denunciar la «cruel violencia» machista que sufren las mujeres, poniendo el foco en las mujeres y niñas iraníes y afganas que «están sometidas por el patriarcado religioso», y reclamar su «fin».

La manifestación de este Día Internacional de la Lucha contra la Violencia de Género ha arrancado a las 19.30 horas de la Porta del Mar de la capital, tras una pancarta con el lema «Dones vives i unides contra el masclisme», y está previsto que concluya en la plaza del Ayuntamiento, donde dos mujeres supervivientes de la violencia machista leerán un manifiesto.

En la marcha, que transcurre sin incidentes, pueden leerse frases como «Mi posición sexual favorita es yo arriba y abajo el patriarcado», «#Hartas de violencia machista», «Cuando salga a la calle quiero sentirme libre, no valiente», «Nos queremos vivas y libres» o «Contra el machista, lucha feminista».

Entre otros, han asistido la vicealcaldesa y concejala de Desarrollo Urbano, Sandra Gómez; el vicealcalde y concejal de Ecología Urbana, Sergi Campillo; y las concejalas de Igualdad y Políticas de Género LGTBI, Lucía Beamud; de Servicios Sociales, Isabel Lozano; de Gestión de Recursos, Lluïsa Notario; y de Educación, Maite Ibáñez.

La Coordinadora Feminista de Valencia ha puesto en valor la «valentía» con la que las mujeres de países como Irán, Afganistán y también Catar «están respondiendo», y al mismo tiempo ha mostrado su preocupación por «cómo están poniendo incluso en peligro sus vidas, como en el caso de Mahsa Amini y muchas otras».

Cándida Barroso, secretaria de Igualdad de CCOO en la Comunitat Valenciana, ha explicado a EFE que es necesario que «salgamos todas a la calle a reivindicar el fin de la violencia machista y reconociéndonos como mujeres que queremos estar vivas y unidas contra el machismo imperante».

El motor imperante de esta reivindicación, ha indicado, «ha sido siempre el asesinato de las mujeres». Una lucha que se emprendió mucho antes de que en 1999 las Naciones Unidas determinara el 25 de noviembre como día contra esta violencia, y que continúa porque «seguimos siendo objeto de asesinato, burla, escarnio, acoso y discriminación vivamos en la parte del mundo que vivamos».

El «patriarcado universal», ha dicho Barroso, «se rearma cada vez que conseguimos un logro las mujeres», por lo que salimos a la calle «a poner el acento en todas las necesidades» que van «desde las mujeres que no tienen libertad para hablar en países como Irán, Afganistán o Catar, a mujeres víctimas de guerras, la necesidad de acabar con la misoginia judicial o el acoso a las madres protectoras».

El movimiento feminista quiere mostrar también su preocupación por la «cosificación y mercantilización de nuestros cuerpos». En este sentido, Barroso ha criticado unas jornadas en la Universidad de Cantabria sobre vientres de alquiler, una práctica «prohibida en nuestro sistema judicial y que constituye explotación reproductiva».

Al mismo tiempo exigen una educación afectiva-sexual «en todos los ciclos» y que sea laica, así como la corresponsabilidad en el ámbito de los cuidados.

Del mismo modo, critica los discursos «negacionistas», que responden «a ese hacer de la ultraderecha autoritaria que critica todos los avances que ha conseguido el feminismo».

Es además, una actitud «dictatorial», explica la activista, ante «el miedo a perder los privilegios masculinos». Ante esto, ha agregado, «atacan a quienes pueden cuestionarlos».

Algo que, ha señalado, «vivimos esta semana con la ministra de Igualdad, Irene Montero», contra la cual «estaba el PP y Vox juntos» para atacar una acción de gobierno «de una manera visceral y miserable» que «nunca se había visto» en sede parlamentaria.

En el manifiesto se denuncia también la violencia obstetricia; los matrimonios concertados; la explotación reproductiva; la necesidad de tener políticas activas de empleo para mujeres -especialmente para las superviventes de la violencia machista- y que haya control y seguimiento de los protocolos contra el acoso sexual en los centros de trabajo.

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Valencia

La jueza de la dana pide al TSJCV que impute a Carlos Mazón

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Carlos Mazón imputación dana
La jueza de la dana pide al TSJCV que impute a Carlos Mazón-EUROPA PRESS

La titular del juzgado de Catarroja que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 ha acordado elevar una exposición razonada a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) para que se investigue al expresident de la Generalitat Carlos Mazón por una presunta “inactividad negligente” durante la emergencia, que dejó 230 víctimas mortales y una más en estudio.

La magistrada considera que existen indicios para extender la investigación al exjefe del Consell por su actuación el día de las riadas, al entender que la cadena de decisiones y omisiones en la gestión de la emergencia debe analizarse de forma conjunta por su “evidente conexidad”.

Competencia del TSJCV y aforamiento de Mazón

La causa debe remitirse al TSJCV porque Mazón, aunque ya no es president de la Generalitat, mantiene su condición de diputado en Les Corts Valencianes, lo que implica su aforamiento. En el procedimiento ya figuran como investigados la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y su exsecretario autonómico Emilio Argüeso.

Según el auto, de 109 páginas, la instructora entiende que la investigación “debe extenderse de manera inevitable” a Mazón por su presunta responsabilidad en la coordinación de la emergencia.

Cinco horas en un restaurante y “pasividad” ante la emergencia

La jueza sitúa uno de los ejes de la posible negligencia en la permanencia del entonces president durante cerca de cinco horas en el reservado de un restaurante, donde comió con la periodista Maribel Vilaplana. Para la magistrada, la emergencia “se detuvo de facto” desde la perspectiva de la Presidencia de la Generalitat en ese periodo.

El auto sostiene que esa “permanencia absolutamente pasiva” podría constituir una “grosera negligencia” con un resultado de 230 fallecidos y numerosos heridos. La instructora detalla además las circunstancias de cada víctima y remarca que la gestión de la emergencia correspondía “exclusivamente” a la Generalitat al haberse declarado el nivel dos.

Cadena de negligencias en la gestión de la dana

La resolución describe una “cadena de negligencias sucesiva” en la que habrían intervenido distintos responsables políticos y técnicos. Entre los elementos señalados por la magistrada figuran:

  • La convocatoria tardía del CECOPI.

  • El retraso en el envío de la alerta a la población, que se produjo a las 20.11 horas, cuando la mayoría de víctimas ya habían fallecido.

  • La falta de coordinación entre organismos autonómicos.

  • La existencia de avisos previos de la Agencia Estatal de Meteorología y de la Confederación Hidrográfica del Júcar.

  • El elevado número de llamadas al 112 durante la jornada.

La jueza rechaza además la existencia de un “apagón informativo” por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar y recuerda que la Audiencia Provincial ya se pronunció sobre la competencia autonómica en la gestión de la emergencia, conforme al Estatuto de Autonomía, la Ley de Protección Civil y el plan especial frente a inundaciones.

Responsabilidad jerárquica del president

El auto subraya que la estructura jerárquica de la Generalitat implicaba que el president debía supervisar y controlar la actuación de los responsables inferiores. En ese sentido, la magistrada sostiene que la responsabilidad del jefe del Consell se sitúa en un “plano de mayor gravedad” por sus funciones y por el conocimiento del riesgo mortal existente.

También señala que a Mazón se le ofreció hasta en tres ocasiones la posibilidad de declarar en las diligencias.

Análisis penal, no político

La instructora insiste en que la exposición razonada no se basa en un análisis moral o político, sino en la posible relevancia penal de la actuación del aforado. A su juicio, la “prolongada ajenidad” del entonces president en los momentos de mayor mortandad debe examinarse desde el marco jurídico de la jurisdicción penal y de sus competencias en la coordinación de la emergencia.

Entre los puntos destacados figuran la supuesta minimización pública de la gravedad de la situación, la falta de decisiones relevantes durante horas clave y los indicios de participación en el proceso de envío de la alerta Es-Alert a la población.

El TSJCV deberá ahora decidir si asume la investigación sobre el expresident en el marco de la causa abierta por la gestión de la dana que asoló la Comunitat Valenciana el 29 de octubre de 2024.

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