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València sale de nuevo a la calle contra la libertad de ‘La Manada’

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Una marcha ha recorrido este viernes las calles de València para protestar contra la libertad provisional bajo fianza de 6.000 euros para los cinco miembros de ‘La Manada’ –condenados a nueve años de prisión por un delito de abuso sexual– y denunciar que «la justicia patriarcal es letal».

Lo que ha comenzado a las 19.00 horas como una concentración ante la sede de la Delegación de Gobierno en la Comunitat Valenciana se ha transformado en una multitudinaria manifestación que ha llenado el centro de la capital del Turia. La marcha ha transcurrido por las calles de la Paz y San Vicente hasta culminar en la plaza del Ayuntamiento.

Antes de que los manifestantes comenzaran a moverse, el recién nombrado delegado del Gobierno, Juan Carlos Fulgencio, ha bajado a la calle y ha estado conversando con algunos de los participantes en la protesta. Además, ha comentado a los medios su voluntad, y la del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez, de escuchar a la ciudadanía y de la necesidad de que las mujeres se sientan seguras.

La pancarta central ha llevado el lema de ‘La justicia patriarcal es letal’ y, tras ella, los asistentes han portado otros carteles en los que se puede leer: ‘Se vende. Violación. 6.000 euros’, imitando a los anuncios clásicos de las inmobiliarias, ‘Manada liberada, justicia afectada’; ‘Condena social frente a la falta de respuesta judicial’ o ‘La Manada viola a una, la justicia nos viola a todas’.

Asimismo, se han coreado gritos como ‘Escucha hermana, esta es tu manada’; ‘Si nos tocan a una nos tocan a todas’; ‘Esta justicia es una mierda’; ‘Disculpa las molestias, nos están asesinando’; ‘No es un caso aislado, se llama patriarcado’; ‘La manada, enjaulada’ o ‘Juntas somos imparables’.

«INDIGNACIÓN, RABIA Y, AL MISMO TIEMPO, FUERZA»
La representante de la Casa de la Dona y de la Asamblea Feminista de Valencia Teresa Meana ha manifestado ante los medios «indignación, rabia y, al mismo tiempo, una fuerza» por la que las manifestantes «no pararán». «La justicia realmente es patriarcal, con lo que realmente no es justicia», ha lamentado.

«Ellos no saben lo que es ir por la calle cruzando de acera, o haciendo la ruta más larga, o llevando en la mano el móvil disimulando hasta que te metes en el portal, no saben lo que es cruzar la calle porque hay una obra y te van a decir cosas, no saben lo que es ese acoso continuo», ha denunciado.

También ha insistido en que es la «barbaridad del caso concreto de ‘La Manada'»: «Lo que le pasó a esa chica, que fue bien valiente, y que ahora ve a esos cinco en la calle, al año y pico, porque en julio haría dos años de los hechos».

En la misma línea, ha mostrado su «indignación» ante situaciones cotidianas que sufren las mujeres: «El que crean que nuestros cuerpos son suyos y que pueden hacer con ellos lo que quieran, bien para decir qué les parece cómo vas vestida o tu aspecto físico, o bien para invadirlo y ocuparlo como hicieron en el caso de los San Fermines».

Por todo ello, ha asegurado que los colectivos feministas no «van a consentir» los «feminicidios» o los asesinatos continuos de mujeres» y ha recriminado que «una chica de 18 años o cualquier mujer no pueda ir a una fiesta sin que le metan mano o sin que se pasen, se tiren encima de ella». «Es que no hay derecho, no queremos ser valientes, queremos ser libres, cuando vayamos a casa por la noche o por el día, las mujeres queremos ser libres, estamos en ello y no nos vamos a parar», ha zanjado.

«ANULACIÓN INMEDIATA» DE LA LIBERTAD PROVISIONAL
Al final de la marcha, en la plaza del Ayuntamiento, representantes de los colectivos feministas han leído un documento en el que han expresado su condena a que los «responsables cuenten con la protección de la Justicia», «mientras las víctimas» quedan sometidas al «escarnio público».

Además, han puesto el foco en que la decisión judicial «ha contado con el voto favorable de una mujer», por lo que han señalado que «la raíz del problema es todo el operativo judicial y el sistema capitalista». De la misma forma, han reivindicado la «anulación inmediata de esta decisión» y la «inhabilitación fulminante» de los jueces que la han dictado.

REUNIÓN DEL DELEGADO DEL GOBIERNO CON CONVOCANTES
Juan Carlos Fulgencio ha bajado a las puertas de la Delegación del Gobierno, donde se celebraba la concentración, para atender las peticiones de las concentradas. Así, ha asegurado que «recoge sus reivindicaciones para trasladarlas al Gobierno de España, que es muy sensible a esta situación y quiere ser corresponsable en la solución de esta circunstancias no deseables y que tienen que cambiar».

Minutos después, se ha reunido con una representación de las convocantes de la concentración tras la puesta en libertad de los miembros de ‘La Manada’.

El delegado ha subrayado, en declaraciones a los medios que el «Gobierno de España es muy respetuoso con las decisiones judiciales», y ha puntualizado: «Si el proceso de encausación ya fue doloroso, y algunos nos sentimos incómodos con aquellas posiciones, que a un cuarto del cumplimiento de la pena máxima queden libres, el Gobierno lo respeta pero desde luego está mucho más cerca del sentimiento de la ciudadanía, que es generalizado, que no de la decisión legitima de los jueces».

El hecho de que haya bajado a escuchar a las manifestantes es la «reacción que tenemos todos los que consideramos que los seres humanos no podemos pasar por estas situaciones, se tienen que acabar». «He bajado porque, hasta la semana pasada, yo estaba en estas concentraciones», ha apuntado, antes de afirmar que el «mandato» que le ha trasladado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es «escuchar a los ciudadanos y estar al lado de las mayorías democráticas».

«Desde el Gobierno queremos plantear una reforma de esta situación», ha remarcado, por lo que se van a «adoptar todas las medidas que sean posibles legislativas, de acuerdo con el arco parlamentario, para dar las instrucciones necesarias a la Fiscalía del Estado para que estas cuestiones no sean así». «Si el sentimiento de los ciudadanos es este, el de los poderes públicos debe estar en correlación», ha subrayado.

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Cuándo entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios del Estado: fecha prevista y a quién afecta

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La jornada laboral de 35 horas semanales en la Administración General del Estado (AGE) entrará en vigor previsiblemente en marzo de 2026, una vez sea aprobada formalmente en la Mesa General de Negociación. Así lo ha confirmado el sindicato Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT), que considera esta medida una “punta de lanza” para extender la reducción de jornada al conjunto de trabajadores.

Fecha prevista de entrada en vigor

Según lo acordado en la Comisión Permanente de Negociación de la AGE, la propuesta será elevada a la Mesa General en las próximas semanas con el objetivo de que la resolución se publique antes de que termine febrero y pueda aplicarse a partir de marzo de 2026.

De este modo, los funcionarios y el personal laboral de la Administración General del Estado no tendrán que esperar demasiado para la aplicación oficial de la jornada de 35 horas semanales.

¿A quién se aplicará la jornada de 35 horas?

La medida afectará a:

  • Todo el personal de la Administración General del Estado (AGE).

  • El sector público estatal.

Quedan excluidos, por el momento:

  • Instituciones Penitenciarias, que requerirán una instrucción específica.

  • Docentes y personal sanitario de Ceuta y Melilla, que también necesitarán una regulación adicional.

UGT defiende la medida tras el rechazo del Congreso

La secretaria general de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque, ha lamentado que el Congreso de los Diputados rechazara hace menos de un año la reducción de la jornada máxima legal a 37,5 horas semanales. Según la dirigente sindical, aquello supuso “perder una oportunidad histórica” para mejorar la salud laboral, la calidad del trabajo y la estabilidad en el empleo.

Araque ha defendido que las 35 horas en la Administración del Estado no deben interpretarse como un agravio comparativo, sino como un paso adelante que podría impulsar cambios en el sector privado y en otras administraciones autonómicas.

Impacto en otras comunidades autónomas

Desde UGT señalan que esta decisión podría influir en comunidades como la Comunidad de Madrid, que había condicionado su aplicación a que el Gobierno central diera primero el paso. La entrada en vigor en la AGE podría, por tanto, acelerar decisiones similares en otros territorios.

Un paso hacia la reducción general de jornada

La aplicación de la jornada de 35 horas semanales en la Administración del Estado se interpreta como un movimiento estratégico que podría abrir la puerta a nuevas negociaciones en el ámbito laboral estatal y privado.

Si se cumplen los plazos previstos, marzo de 2026 marcará el inicio oficial de la nueva jornada laboral para miles de funcionarios en España.

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