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Valencia

València sancionará con hasta 3.000 euros a quien convoque botellones

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EFE/Biel Aliño/Archivo

València, 16 sep (EFE).- El Ayuntamiento de València sancionará con hasta 3.000 euros a quien convoque botellones e impondrá multas de hasta 750 a las personas que se agrupen en la calle para beber y causen molestias y problemas de convivencia, según se articula en el borrador de la nueva ordenanza de Convivencia y Civismo.

El concejal de Protección Ciudadana, Aarón Cano, ha presentado este jueves el documento, que también contempla sanciones a quienes hagan grafitis y orinen en la vía pública (hasta 750 euros) o acosen sexualmente a las mujeres por la calle (3.000), y ha sostenido que pretende ser «preventiva y sancionadora pero también educadora».

La nueva norma, que quiere «generar más espacios de seguridad que garanticen derechos y libertades», ha sido «costosa» de desarrollar, ha contado con aportaciones de diferentes asociaciones y entidades y quiere «hacer frente a situaciones que no son delitos ni falta» pero son su «antesala», ha indicado.

Quiere ser, ha añadido, «útil y no solo una declaración de intenciones» y ha valorado que establece como mecanismo de resolución de conflictos la mediación (capítulo 9), una herramienta eficaz durante la pandemia, ya que ha solucionado entre un 70 y 80 % de los conflictos antes de la fase judicial.

Cano ha explicado que se creará una mesa de convivencia en la que, además de la Federación de Hostelería, la Unión de Consumidores y la Asociación de Vecinos de Valencia, que han hecho sus aportaciones al texto, la integrarán otros colectivos para «ayudar a detectar situaciones de riesgo en la convivencia o problemas que ya existen».

La ordenanza incluye la creación de campañas informativas «que ayuden a educar y sensibilizar» y de guías didácticas para los centros escolares y poder crear «ciudadanía cercana, amigable y respetuosa con las diferencias» entre la comunidad estudiantil.

«Queremos transitar de la coexistencia a la convivencia», ha sentenciado, a la par que ha señalado que pasará el borrador a los grupos políticos para tener el mayor «consenso» y, tras el trámite de exposición pública, alegaciones y aprobación provisional, el texto final podría estar aprobado en «un par de meses».

Respecto al régimen sancionador, ha apuntado que las faltas leves tendrán hasta 750 euros de multa, las graves hasta 1.500 y las muy graves hasta 3.000, y ha indicado que aunque en algunos casos puedan ser elevadas, «hay actuaciones que no deben pasarse por alto».

Ha detallado que el primer capítulo hace referencia a la protección de la dignidad de las personas y el segundo a la protección del patrimonio y contra la degradación visual como son las pintadas y los grafitis, tanto en bienes públicos como privados y que serán infracciones leves, sancionadas hasta con 750 euros.

El capítulo tres hace referencia a los usos impropios de los bienes públicos y actos vandálicos, y ha puesto como ejemplo el uso de instalaciones deportivas al aire libre fuera del horario estipulado que «provoquen problemas de convivencia y molestias al vecindario».

También se actuará (capítulo 4) contra las formas invasivas de mendicidad que «generan situaciones poco agradables» como son los limpiadores de parabrisas y evitará (capítulo 5) el acoso callejero y el comportamiento sexual indeseado «que sucede a las mujeres y no es aceptable», que será una falta muy grave.

El capítulo 6 hace referencia a la prevención del botellón y según Cano, no contempla la sanción por el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública de un grupo de gente, algo que ya regula la ley autonómica, sino que apuesta «por la vía de la convivencia» y actuará contra grupos que generen molestias.

Querían una «herramienta útil para la Policía, no para atajarlo, pero sí para minorarlo», ha dicho y ha añadido que «había que afrontar con viabilidad las sanciones», además de valorar que hasta ahora «nunca» han tenido «una herramienta administrativa que evite el botellón», «un clásico» en la ciudad.

Respecto a las necesidades fisiológicas (capítulo 7) en la vía pública serán sancionadas con hasta 750 euros, igual que las deposiciones y micciones de mascotas (capítulo 8).

«Se trata -ha concluido- de una herramienta para la gestión de la convivencia dentro del ámbito competencial municipal».

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Valencia

Jéssica, expareja de Ábalos: «Me dijo que mirara casas y que eligiera la que me gustara»

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Caso Koldo-Ábalos
La expareja de José Luis Ábalos, Jéssica Rodríguez (c), a su llegada al Tribunal Supremo a declarar como testigo en el juicio de las mascarillas, a 7 de abril de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 7 Abr. 2026 (EUROPA PRESS)

Jéssica Rodríguez, expareja del exministro de Transportes José Luis Ábalos, ha asegurado ante el Tribunal Supremo que fue el propio dirigente quien le indicó que buscara vivienda y eligiera la que quisiera, en referencia al piso situado en la Plaza de España de Madrid donde residió durante su relación.

“Me dijo que mirara casas y que eligiera la que me gustara”, ha declarado este martes como testigo en el juicio por los presuntos amaños en contratos de mascarillas.


Declaración en el Tribunal Supremo por el caso mascarillas

Rodríguez ha comparecido en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo, en el marco del procedimiento que investiga posibles irregularidades en la adjudicación de contratos durante la pandemia.

Durante su testimonio, ha explicado que antes de trasladarse a ese inmueble compartía piso con compañeras de la universidad y mantenía una relación frecuente con Ábalos.

“Nos veíamos prácticamente todos los días y no teníamos un sitio donde vernos. Me dijo que con 30 años lo normal era tener mi propio espacio”, ha señalado.


“La idea era tener un lugar para estar juntos”

A preguntas de la Fiscalía Anticorrupción, Rodríguez ha reconocido que eligió la vivienda con la intención de compartir tiempo con el exministro, que entonces seguía residiendo en el domicilio oficial del Ministerio con su familia.

“La idea era tenerla para poder estar los dos”, ha afirmado.

En cuanto al pago del alquiler, ha admitido que pensaba que lo asumía Ábalos, pese a que los investigadores apuntan a que el coste habría sido cubierto por la presunta trama.

“Nunca he sido una persona que haga ese tipo de preguntas”, ha añadido.


Admite que cobró de Ineco sin trabajar

Uno de los puntos clave de su declaración ha sido su relación laboral con empresas públicas como Ineco, donde, según ha reconocido, percibió ingresos sin desempeñar funciones.

Rodríguez ha asegurado que desconocía que se tratara de una empresa pública:

“No sabía ni siquiera que fuera una empresa pública”.

Según su relato, acudió a una entrevista acompañada por Koldo García y consideraba que el puesto se ajustaba a su perfil: “Estaba sobrada de cualificación”.

Sin embargo, ha confirmado que no llegó a trabajar. Ha explicado que mantuvo una reunión con Joseba García, hermano de Koldo, quien le enseñó las instalaciones, tras lo cual regresó a casa sin realizar ninguna tarea.


Una relación iniciada en 2018 y marcada por la situación política

Rodríguez ha detallado que conoció a Ábalos en octubre de 2018 y que la relación se intensificó semanas después, con encuentros frecuentes, viajes y actividades juntos.

No obstante, ha señalado que el entonces ministro no tenía intención de divorciarse mientras permaneciera en el cargo, lo que marcó el final de la relación en noviembre de 2019.

“Cuando vimos que el Gobierno iba a continuar cuatro años, decidí no seguir en esa situación”, ha explicado.


“Nuestra historia solo la conocemos él y yo”

La testigo ha subrayado que la ruptura no fue conflictiva, sino consecuencia de la situación personal del exministro.

Según ha indicado, Ábalos le permitió continuar en el piso mientras finalizaba sus estudios, ya que su situación económica complicaba encontrar otra vivienda en Madrid.

“Se sentía en deuda conmigo porque cambié mi estilo de vida”, ha señalado, insistiendo en que la relación y sus circunstancias “solo las conocemos él y yo”.

Víctor Ábalos niega custodiar dinero de su padre y aclara el polémico “café” en el juicio de la trama de mascarillas

Víctor Ábalos, hijo del exministro de Transportes José Luis Ábalos, compareció este martes como testigo en el juicio del Tribunal Supremo por la presunta trama de mascarillas durante la pandemia de Covid-19. Durante su declaración, negó categóricamente haber sido “custodio” del dinero de su padre y aclaró el polémico uso de la palabra “café” que había detectado la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Negativa a custodiar fondos y préstamos familiares

Víctor Ábalos aseguró ante el tribunal que todo el dinero que ha entregado a su padre proviene de sus propios ingresos: “Yo no tengo dinero de nadie, yo no soy custodio de nadie. Todo lo que le he dado a mi padre es de mi cuenta bancaria, sin más”, declaró.

Reconoció haber prestado unos 20.000 euros a su padre tras su divorcio, pero negó que el dinero provenga de empresas de Colombia, país donde su padre “trabaja más”. “En el caso de que tuviera que prestarle algo, es mi dinero, no viene de ninguna empresa”, precisó.

Desmiente transacciones con Koldo García

Respecto a Koldo García, exasesor ministerial, Víctor Ábalos negó haberle dado dinero o haber tenido negocios con él: “Contraté los servicios de una empresa administrada por su pareja, pero solo duró dos meses”. También afirmó que nunca ha utilizado teléfonos encriptados ni habla en clave con nadie, incluido su padre.

Sobre el término “café”, detectado por la UCO como supuesto lenguaje cifrado, aclaró que simplemente hace referencia a la afición de Koldo al café y a sus viajes frecuentes a Colombia: “Ni hablo en clave, ni tengo costumbre ni sé hablar en clave”.

Situación económica familiar y apoyo mediático

Víctor Ábalos calificó la situación económica de su padre como “lamentable” y detalló que su familia ha sufrido una “campaña reputacional brutal”, que afectó sus ingresos. Admitió que sus intervenciones televisivas estaban motivadas por la necesidad de mantener a su familia y apoyar a su padre: “Estamos ahí para lo que necesite, con ingresos de peculio, de teléfono o de los gastos del día a día”.

Contexto del juicio

El juicio contra José Luis Ábalos, Koldo García y el empresario Víctor de Aldama se celebra entre el 7 y el 30 de abril en el Tribunal Supremo, en relación con presuntas comisiones ilegales en contratos de mascarillas durante la pandemia. La Fiscalía pide 24 años de prisión para Ábalos y 19,5 años para Koldo García, mientras que Aldama afronta 7 años de cárcel.

El caso mascarillas llega a juicio en el Supremo

El juicio, que se celebrará entre el 7 y el 30 de abril, juzga supuestas comisiones ilegales en la adjudicación de contratos de mascarillas durante la crisis de la COVID-19 en 2020.

Junto a Ábalos también están acusados su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama, considerado presunto intermediario en la trama.

Penas solicitadas: hasta 24 años de prisión

La Fiscalía solicita:

  • 24 años de cárcel para José Luis Ábalos
  • 19 años y medio para Koldo García
  • 7 años para Víctor de Aldama

Las acusaciones populares elevan incluso la petición de pena hasta los 30 años para algunos de los implicados.

Qué se investiga en el caso

Según la acusación, los implicados se habrían concertado para aprovechar la posición de Ábalos como ministro y dirigente político con el objetivo de favorecer a determinadas empresas en contratos públicos.

A cambio, habrían recibido presuntas comisiones ilegales vinculadas a la compra de material sanitario durante la pandemia.

Testigos clave y primeras declaraciones

La primera jornada del juicio contará con la declaración de once testigos, entre ellos familiares y personas del entorno del exministro.

También se analizarán supuestas contrataciones irregulares en empresas públicas y pagos relacionados con alquileres que, según la investigación, podrían formar parte de las comisiones investigadas.

Un juicio de gran impacto mediático

Más de 50 medios de comunicación están acreditados para cubrir este proceso judicial, considerado el primer gran juicio del denominado caso Koldo, que cuenta con otras piezas abiertas en la Audiencia Nacional.

Un proceso clave en la lucha contra la corrupción

El juicio marcará un punto de inflexión en la investigación sobre la gestión de contratos durante la pandemia, poniendo el foco en la transparencia y el uso de fondos públicos en situaciones de emergencia.

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