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Valencia

València sancionará con hasta 3.000 euros a quien convoque botellones

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EFE/Biel Aliño/Archivo

València, 16 sep (EFE).- El Ayuntamiento de València sancionará con hasta 3.000 euros a quien convoque botellones e impondrá multas de hasta 750 a las personas que se agrupen en la calle para beber y causen molestias y problemas de convivencia, según se articula en el borrador de la nueva ordenanza de Convivencia y Civismo.

El concejal de Protección Ciudadana, Aarón Cano, ha presentado este jueves el documento, que también contempla sanciones a quienes hagan grafitis y orinen en la vía pública (hasta 750 euros) o acosen sexualmente a las mujeres por la calle (3.000), y ha sostenido que pretende ser «preventiva y sancionadora pero también educadora».

La nueva norma, que quiere «generar más espacios de seguridad que garanticen derechos y libertades», ha sido «costosa» de desarrollar, ha contado con aportaciones de diferentes asociaciones y entidades y quiere «hacer frente a situaciones que no son delitos ni falta» pero son su «antesala», ha indicado.

Quiere ser, ha añadido, «útil y no solo una declaración de intenciones» y ha valorado que establece como mecanismo de resolución de conflictos la mediación (capítulo 9), una herramienta eficaz durante la pandemia, ya que ha solucionado entre un 70 y 80 % de los conflictos antes de la fase judicial.

Cano ha explicado que se creará una mesa de convivencia en la que, además de la Federación de Hostelería, la Unión de Consumidores y la Asociación de Vecinos de Valencia, que han hecho sus aportaciones al texto, la integrarán otros colectivos para «ayudar a detectar situaciones de riesgo en la convivencia o problemas que ya existen».

La ordenanza incluye la creación de campañas informativas «que ayuden a educar y sensibilizar» y de guías didácticas para los centros escolares y poder crear «ciudadanía cercana, amigable y respetuosa con las diferencias» entre la comunidad estudiantil.

«Queremos transitar de la coexistencia a la convivencia», ha sentenciado, a la par que ha señalado que pasará el borrador a los grupos políticos para tener el mayor «consenso» y, tras el trámite de exposición pública, alegaciones y aprobación provisional, el texto final podría estar aprobado en «un par de meses».

Respecto al régimen sancionador, ha apuntado que las faltas leves tendrán hasta 750 euros de multa, las graves hasta 1.500 y las muy graves hasta 3.000, y ha indicado que aunque en algunos casos puedan ser elevadas, «hay actuaciones que no deben pasarse por alto».

Ha detallado que el primer capítulo hace referencia a la protección de la dignidad de las personas y el segundo a la protección del patrimonio y contra la degradación visual como son las pintadas y los grafitis, tanto en bienes públicos como privados y que serán infracciones leves, sancionadas hasta con 750 euros.

El capítulo tres hace referencia a los usos impropios de los bienes públicos y actos vandálicos, y ha puesto como ejemplo el uso de instalaciones deportivas al aire libre fuera del horario estipulado que «provoquen problemas de convivencia y molestias al vecindario».

También se actuará (capítulo 4) contra las formas invasivas de mendicidad que «generan situaciones poco agradables» como son los limpiadores de parabrisas y evitará (capítulo 5) el acoso callejero y el comportamiento sexual indeseado «que sucede a las mujeres y no es aceptable», que será una falta muy grave.

El capítulo 6 hace referencia a la prevención del botellón y según Cano, no contempla la sanción por el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública de un grupo de gente, algo que ya regula la ley autonómica, sino que apuesta «por la vía de la convivencia» y actuará contra grupos que generen molestias.

Querían una «herramienta útil para la Policía, no para atajarlo, pero sí para minorarlo», ha dicho y ha añadido que «había que afrontar con viabilidad las sanciones», además de valorar que hasta ahora «nunca» han tenido «una herramienta administrativa que evite el botellón», «un clásico» en la ciudad.

Respecto a las necesidades fisiológicas (capítulo 7) en la vía pública serán sancionadas con hasta 750 euros, igual que las deposiciones y micciones de mascotas (capítulo 8).

«Se trata -ha concluido- de una herramienta para la gestión de la convivencia dentro del ámbito competencial municipal».

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Valencia

Juanfran Pérez Llorca aboga por inmigración ordenada, publica nacionalidad de delincuentes y promete perdón a víctimas de la DANA

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El secretario general del PPCV, Juanfran Llorca, durante una entrevista para Europa Press.

El candidato del PP a la Presidencia de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha defendido este jueves en el debate de investidura en Les Corts Valencianes una política migratoria ordenada, la publicación de la nacionalidad de los delincuentes y ha anunciado que, de ser investido, sus primeras palabras como ‘president’ estarán dirigidas a los familiares de las 229 víctimas mortales de la DANA que arrasó la provincia de Valencia hace algo más de un año.

Durante su intervención, Llorca ha subrayado que estas medidas no son racistas, sino que buscan garantizar convivencia, seguridad y protección de los valores valencianos. “No se trata de señalar a nadie, sino de ejercer la responsabilidad que se espera de cualquier servidor público”, ha afirmado.

Compromiso con las víctimas de la DANA

El candidato ha asegurado que pedirá perdón en nombre de la Generalitat Valenciana a todas las familias afectadas:

“Pedir perdón a todas las personas y familias que aún sufren las consecuencias, aquellas que han perdido todo y aquellas que han perdido demasiado. Palabras que deberían hacer todos en Les Corts, porque ha sobrado mucha gresca e insultos”.

Tres representantes de la Asociación de Víctimas Mortales de la DANA y tres de la Asociación Damnificaos Dana Horta Sud han seguido el debate desde el interior del parlamento valenciano, mientras que el resto de familiares permanecía atento desde el exterior.

Llorca ha destacado que otras administraciones también deben asumir responsabilidades y ha criticado que el Gobierno de España aún no haya reconocido errores ni dado explicaciones sobre la gestión de la catástrofe. “La naturaleza no entiende de izquierdas ni de derechas, y por eso las respuestas tampoco pueden entenderlo. La única política válida en este terreno es la política que pone por delante a las personas”, ha argumentado.

Reconocimiento del trabajo del Consell de Mazón

A pesar de sus críticas, Llorca ha valorado la labor de reconstrucción del Consell liderado por Carlos Mazón, destacando la movilización de 2.500 millones de euros en recursos propios, ayudas a vehículos, autónomos, agricultores, ganaderos y ERTE, así como la reparación de viviendas, centros educativos y sanitarios, la recuperación de carreteras, pistas forestales y del metro, y la retirada de residuos y vehículos dañados.

“Los datos de impacto, acciones y previsiones demuestran que estamos ante una cuestión de Estado y en la que el Estado no puede fallar”, ha subrayado, insistiendo en la necesidad de mejorar la protección, prevención y gestión de emergencias.

Petición de comisión mixta con el Gobierno

El candidato ha solicitado la creación de una comisión mixta con el Ejecutivo central para garantizar coordinación y eficacia en la prevención y gestión de catástrofes:

“No merecemos más indiferencia, no nos lo merecemos. No vengo a prometer milagros ni a levantar banderas que nos enfrenten, sino a ofrecer una manera distinta de hacer las cosas”.

Política migratoria y publicación de nacionalidades

En materia de inmigración, Llorca ha defendido un control real de la inmigración irregular, destacando que las llegadas desordenadas tensionan los servicios públicos valencianos. Ha criticado el reparto de menores migrantes propuesto por el Gobierno central, calificándolo de injusto para la Comunitat y otras autonomías.

El candidato también ha abogado por hacer pública la nacionalidad de los delincuentes, asegurando que esto permitirá tomar decisiones proporcionadas y basadas en datos reales, y ha subrayado que estas medidas no están ligadas a la ideología política: “Esto no va de derechas o de izquierdas, sino de sentido común”.

Asimismo, ha reiterado que la Comunitat Valenciana es una tierra de acogida, pero que la inmigración debe gestionarse de manera legal, ordenada y ajustada a la capacidad de absorción regional, respetando los valores culturales y democráticos de la sociedad valenciana.

Víctimas de la DANA protestan ante Les Corts: «El pueblo valenciano no confía en Pérez Llorca»

¿Quién es Juanfran Pérez Llorca? La opción transitoria en la Generalitat 

 

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