València, 16 sep (EFE).- El Ayuntamiento de València sancionará con hasta 3.000 euros a quien convoque botellones e impondrá multas de hasta 750 a las personas que se agrupen en la calle para beber y causen molestias y problemas de convivencia, según se articula en el borrador de la nueva ordenanza de Convivencia y Civismo.
El concejal de Protección Ciudadana, Aarón Cano, ha presentado este jueves el documento, que también contempla sanciones a quienes hagan grafitis y orinen en la vía pública (hasta 750 euros) o acosen sexualmente a las mujeres por la calle (3.000), y ha sostenido que pretende ser «preventiva y sancionadora pero también educadora».
La nueva norma, que quiere «generar más espacios de seguridad que garanticen derechos y libertades», ha sido «costosa» de desarrollar, ha contado con aportaciones de diferentes asociaciones y entidades y quiere «hacer frente a situaciones que no son delitos ni falta» pero son su «antesala», ha indicado.
Quiere ser, ha añadido, «útil y no solo una declaración de intenciones» y ha valorado que establece como mecanismo de resolución de conflictos la mediación (capítulo 9), una herramienta eficaz durante la pandemia, ya que ha solucionado entre un 70 y 80 % de los conflictos antes de la fase judicial.
Cano ha explicado que se creará una mesa de convivencia en la que, además de la Federación de Hostelería, la Unión de Consumidores y la Asociación de Vecinos de Valencia, que han hecho sus aportaciones al texto, la integrarán otros colectivos para «ayudar a detectar situaciones de riesgo en la convivencia o problemas que ya existen».
La ordenanza incluye la creación de campañas informativas «que ayuden a educar y sensibilizar» y de guías didácticas para los centros escolares y poder crear «ciudadanía cercana, amigable y respetuosa con las diferencias» entre la comunidad estudiantil.
«Queremos transitar de la coexistencia a la convivencia», ha sentenciado, a la par que ha señalado que pasará el borrador a los grupos políticos para tener el mayor «consenso» y, tras el trámite de exposición pública, alegaciones y aprobación provisional, el texto final podría estar aprobado en «un par de meses».
Respecto al régimen sancionador, ha apuntado que las faltas leves tendrán hasta 750 euros de multa, las graves hasta 1.500 y las muy graves hasta 3.000, y ha indicado que aunque en algunos casos puedan ser elevadas, «hay actuaciones que no deben pasarse por alto».
Ha detallado que el primer capítulo hace referencia a la protección de la dignidad de las personas y el segundo a la protección del patrimonio y contra la degradación visual como son las pintadas y los grafitis, tanto en bienes públicos como privados y que serán infracciones leves, sancionadas hasta con 750 euros.
El capítulo tres hace referencia a los usos impropios de los bienes públicos y actos vandálicos, y ha puesto como ejemplo el uso de instalaciones deportivas al aire libre fuera del horario estipulado que «provoquen problemas de convivencia y molestias al vecindario».
También se actuará (capítulo 4) contra las formas invasivas de mendicidad que «generan situaciones poco agradables» como son los limpiadores de parabrisas y evitará (capítulo 5) el acoso callejero y el comportamiento sexual indeseado «que sucede a las mujeres y no es aceptable», que será una falta muy grave.
El capítulo 6 hace referencia a la prevención del botellón y según Cano, no contempla la sanción por el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública de un grupo de gente, algo que ya regula la ley autonómica, sino que apuesta «por la vía de la convivencia» y actuará contra grupos que generen molestias.
Querían una «herramienta útil para la Policía, no para atajarlo, pero sí para minorarlo», ha dicho y ha añadido que «había que afrontar con viabilidad las sanciones», además de valorar que hasta ahora «nunca» han tenido «una herramienta administrativa que evite el botellón», «un clásico» en la ciudad.
Respecto a las necesidades fisiológicas (capítulo 7) en la vía pública serán sancionadas con hasta 750 euros, igual que las deposiciones y micciones de mascotas (capítulo 8).
«Se trata -ha concluido- de una herramienta para la gestión de la convivencia dentro del ámbito competencial municipal».
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