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Y el virus llegó a España: cronología del primer positivo

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Madrid, 30 ene (EFE).- Fue un 31 de enero a última hora de la noche cuando el Centro Nacional de Microbiología confirmó el primer caso de coronavirus en España, el de un turista alemán en la isla canaria de La Gomera; desde entonces comenzó a dibujarse una dramática espiral de la que parece verse el fin con las ansiadas vacunas.

Justo un mes antes de esa fecha, las autoridades de la ciudad china de Wuhan habían informado de 27 casos de una neumonía desconocida tras haber visitado el mercado de animales vivos de esa localidad y pocos días después se puso nombre al culpable de la infección, el Sars-Cov-2.

En ese mes de enero, desde el Ministerio de Sanidad con un ministro recién llegado, Salvador Illa, y el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, se aseguró que el riesgo de que el nuevo coronavirus llegara a España era «muy bajo» y que en el caso de que lo hiciera, el país estaría preparado «para actuar ante cualquier eventualidad».

La opinión de Sanidad fue compartida entonces por parte de las principales sociedades médicas y de expertos en enfermedades infecciosas.

Sin embargo, y tras descartar varios casos, el 30 de enero Canarias aisló en el Hospital de La Gomera, por recomendación del Gobierno alemán, a un grupo de ciudadanos alemanes, después de que dos de ellos estuvieran en contacto antes de viajar a la isla con un positivo.

La Consejería de Sanidad canaria activó el protocolo pertinente y envío las muestras al Centro Nacional de Microbiología, dependiente del Instituto de Salud Carlos III. Ninguno de ellos presentaba síntomas.

Un día después, el 31 de enero las miradas estaban además de en la isla canaria, en Madrid, en concreto en la base aérea de Torrejón de Ardoz, donde tenía previsto aterrizar el primer avión con españoles repatriados de Wuhan, la mayoría de ellos eran técnicos que trabajan para el equipo de fútbol local Wuhan Three Towns.

Desde el aeródromo madrileño, los españoles fueron trasladados al Hospital Militar Gómez Ulla de la capital, donde iban a pasar una cuarentena de catorce días. Ninguno de ellos dio positivo en ese tiempo.

Y fue la noche de ese viernes 31 de enero hace mañana justo un año, cuando se conoció que uno del grupo de los turistas alemanes que se encontraban en cuarentena en el hospital de La Gomera había dado positivo, convirtiéndose en el primer caso de coronavirus en España.

El primero de los más de 2,7 millones de casos que desde entonces se han diagnosticado en España, país que se convirtió en uno de los más golpeados durante la primera ola de la pandemia.

Fue la consejería de Sanidad canaria la que informó en un primer momento de los resultados del análisis del ciudadano alemán.

Al día siguiente, compareció el director del CCAES y explicó que el turista alemán presentaba «un cuadro leve». Las autoridades sanitarias empezaron a hacer seguimiento a las personas con las que podía haber tenido contacto durante su estancia en la isla, así como con las que había coincidido en su trayecto hasta allí.

El jefe de servicio de Epidemiología del Servicio Canario de la Salud, Domingo Núñez, informó junto al presidente canario, Ángel Victor Torres, y la consejera de Salud, Teresa Cruz, de que el resto del grupo en cuarentena seguía asintomático y en observación.

El ciudadano alemán fue dado de alta el 13 de febrero y sus compañeros nunca llegaron a dar positivo.

Pero días antes sí lo había dado un ciudadano británico residente en Mallorca, el que fue el segundo caso de coronavirus en el país. Se contagió en Francia y presentaba una carga viral baja, según informaron entonces las autoridades sanitarias.

Este segundo caso no supuso un incremento para Sanidad del riesgo en el país puesto que tanto éste, como el de La Gomera se trataban de casos importados y ambos tenían «rasgos parecidos», según Simón.

En esos días, concretamente también el 13 de febrero, aunque se conocería casi un mes después, el 3 de marzo, se produjo el primer fallecimiento por covid en el país. Fue la primera de las más de 57.000 muertes que se han notificado hasta ahora en España por el virus.

A todo ello le siguieron los meses duros de la pandemia, con una primera ola despiadada, a la que han sucedido otras dos, la última de ellas, está golpeando fuerte en este mes de enero, coincidiendo con el inicio de la campaña de vacunación, que dio el pistoletazo de salida el pasado 27 de diciembre.

Una campaña de vacunación que ya se ha topado con los primeros obstáculos ante el retraso de la llegada de más dosis, que ahora tendrá que gestionar la nueva ministra de Sanidad, Carolina Darias, junto a las autonomías, si bien ésta ya ha asegurado, en sus primeras comparecencias, que la campaña «avanza a buen ritmo» y mantiene la previsión de que en verano el 70 % de la población en España haya sido inmunizada.

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La Audiencia Nacional archiva la investigación penal del apagón y descarta un sabotaje terrorista

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Última hora apagón

El juez concluye que no existen indicios de terrorismo ni ciberataque y apunta a un conflicto civil o administrativo por el control de la tensión eléctrica.

La Audiencia Nacional (AN) ha archivado la investigación penal abierta tras el apagón eléctrico del 28 de abril, al descartar que el histórico cero energético tuviera su origen en un sabotaje terrorista o un ciberataque. El magistrado José Luis Calama determina que no existe “ni el mínimo indicio” de una acción delictiva y sitúa el origen del incidente en una disfunción del sistema eléctrico.

En un auto difundido este lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 decreta el sobreseimiento provisional de la causa y concluye que lo ocurrido responde a un conflicto de naturaleza administrativa y/o civil entre los distintos operadores del sector eléctrico, que deberá resolverse fuera de la vía penal.

Sin rastro de terrorismo ni ciberataque

El juez adopta esta decisión tras analizar los informes elaborados por diversos organismos especializados en ciberseguridad y lucha antiterrorista. Todos ellos coinciden en descartar de forma absoluta que el apagón se produjera por una acción externa, ya fuera de grupos terroristas, actores estatales o redes de cibercrimen.

Entre los análisis examinados figuran los del Centro Criptológico Nacional, el Mando Conjunto del Ciberespacio, el Instituto Nacional de Ciberseguridad y la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, ninguno de los cuales detectó intrusiones, ataques informáticos ni actividades maliciosas en los sistemas eléctricos.

Un conflicto por el control de la tensión eléctrica

Lejos de la hipótesis del sabotaje, el auto judicial señala que el apagón tuvo un origen multifactorial, vinculado principalmente a problemas en el control de la tensión del sistema eléctrico. Según el informe del Ministerio para la Transición Ecológica, citado por el juez, se produjo una combinación de factores técnicos.

Entre ellos destacan una programación insuficiente de centrales síncronas, el hecho de que algunas centrales capaces de regular la tensión no respondieran adecuadamente a las consignas de Red Eléctrica y la aparición de oscilaciones y desconexiones de determinadas instalaciones de generación, algunas de ellas aparentemente indebidas.

El magistrado subraya que no faltaban recursos en el sistema eléctrico español, sino que estos no fueron gestionados o utilizados de forma adecuada, lo que derivó en el colapso.

La vía penal queda cerrada

En su resolución, Calama insiste en que no aprecia indicios delictivos y que, por tanto, el caso debe quedar fuera del ámbito penal. El conflicto entre Red Eléctrica y las compañías eléctricas deberá resolverse, en su caso, por la vía administrativa o civil, donde ya actúan otros organismos reguladores.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) mantiene abierta su propia investigación y podría imponer sanciones económicas o incluso retirar autorizaciones para operar, además de abrir la puerta a futuras reclamaciones por daños y perjuicios.

Con este auto, la Audiencia Nacional cierra definitivamente la hipótesis de un apagón provocado por terrorismo o ciberataque, y centra el foco en las responsabilidades técnicas y de gestión dentro del sistema eléctrico.

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