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Valencia

Archivan la causa contra Rus por el desvío de dinero del alumbrado de Llutxent y procesan a Benavent

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VALÈNCIA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) – El titular del Juzgado de Instrucción 9 de València ha acordado el sobreseimiento provisional de la causa en la que se investiga el supuesto desvío del dinero que la Diputación de Valencia iba a destinar al alumbrado de Llutxent (Valencia) respecto al expresidente de la corporación provincial Alfonso Rus y a José Estarlich, presunto testaferro del exgerente de la empresa pública Imelsa (actual Divalterra) Marcos Benavent, autodenominado ‘yonki del dinero’.

Sin embargo, en un auto del pasado viernes, el magistrado ha decidido también abrir procedimiento abreviado contra tres investigados –el propio Benavent, el ex director financiero de esta firma pública José Enrique Montblanch y el administrador único de la empresa Flying Tiger SL– por un delito de estafa en concurso con otro de falsedad en documento privado y un delito de malversación en relación a las irregularidades detectadas en el proyecto de renovación del alumbrado de Llutxent, que contaba con un presupuesto de 60.445 euros, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

El instructor considera que la investigación ha acreditado que las facturas presentadas por Flying Tiger SL fueron pagadas en enero de 2013 con la autorización de Benavent pese a que no existe «ningún soporte documental relativo al proyecto, a los supuestos trabajos facturados, ni a cualquier cuestión relacionada con ello».

En esa misma resolución, el magistrado acuerda el sobreseimiento provisional de la causa respecto a Rus y Estarlich debido a que considera que las declaraciones incriminatorias contra ambos realizadas por el ‘yonki del dinero’ en sede judicial el pasado 7 de mayo «carecen de todo sentido y realidad» y se tratan de «presuntas excusas para derivar en otros sus presuntas responsabilidades, a determinar en juicio oral, en su caso».

En esa declaración, Benavent negó haberse quedado con el importe de dicho contrato y atribuyó el cobro de esa comisión a que Rus le había pedido dinero para financiar al Olímpic, el equipo de fútbol de Xàtiva, de donde era alcalde, y señaló también a Estarlich.

Por su parte, el expresidente de la Diputación compareció como investigado el pasado miércoles y aseguró que fue Benavent quien desvió el dinero que la corporación provincial iba a destinar al alumbrado de Llutxent para quedarse él mismo una parte y el resto, su supuesto testaferro, José Estarlich.

BENAVENT, MONTBLANCH Y EL EMPRESARIO YA FUERON PROCESADOS
Esta causa ha vivido un complicado camino judicial hasta el punto de que en agosto del pasado año el juez dio por concluida la investigación y acordó el procesamiento únicamente de Benavent; del ex director financiero de Imelsa, José Enrique Montblanch, una mercantil y el empresario en relación con el contrato presuntamente irregular para el alumbrado público de Llutxent.

Previamente se había anulado el auto de apertura de juicio oral ya dictado contra tres de ellos porque la Audiencia ordenó que se incluyera a un cuarto procesado, el ex director financiero, sobre el que se había pedido el sobreseimiento, pero que volvió a estar incurso en la causa tras pedirlo el recurso de Fiscalía y la actual Divalterra.

La Audiencia revocó ese auto al entender que este último «presentaba sospechas de haber podido participar en los hechos», al haber podido omitir procedimientos de control propios de su cargo. El empresario reconoció por su parte que se había recibido el dinero sin contraprestación alguna y se comprometió a devolver la deuda.

Sin embargo, Benavent pidió declarar, el juzgado lo rechazó en primera instancia y la Audiencia, en apelación, le dio la razón por garantizar su derecho de defensa y acordó que la causa regresara al momento de diligencias previas para que el exgerente de Imelsa prestara declaración, comparecencia que se hizo el pasado 7 de mayo.

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Valencia

Los afectados del incendio de Campanar podrán seguir 3 meses más en las viviendas municipales de Safranar

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Familias afectados incendio Campanar dejan Safranar
Viviendas facilitadas por el Ayuntamiento de València en el barrio de Safranar a los afectados por el incendio de Campanar. EFE/Manuel Bruque

València, 26 abr (EFE).- Las personas afectadas por el incendio de un edificio en el barrio de Campanar de València el pasado 22 de febrero y que fueron alojadas en unas viviendas municipales del barrio de Safranar para un periodo de tres meses, podrán seguir en ellas tres meses más.

Así lo ha aprobado la Junta de Gobierno municipal tras informar la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá, al resto de formaciones políticas municipales en la Junta de Portavoces.

Catalá ha afirmado que el objetivo de esta prórroga es que las personas afectadas por el incendio en el que murieron diez personas tengan «un poco más de margen para buscar una vivienda de alquiler y recomponer su situación».

Con esta prórroga de tres meses, que ya no podrá ampliarse más, ha destacado la alcaldesa, se hace coincidir el tiempo ofrecido por el Ayuntamiento en estas viviendas públicas de forma totalmente gratuita con el plazo que tienen para presentar la solicitud de ayudas al alquiler de la Generalitat.

De esta forma, ha añadido Catalá, «las personas saldrían de las viviendas de Safranar y podrían estar en viviendas con una ayuda para pagar el alquiler de la Generalitat».

Ha asegurado que se trata de un «criterio objetivo» con el que se tiene una «especial sensibilidad» con la situación que han vivido estas personas, y al mismo tiempo, se hace compatible con el uso final de las viviendas de Safranar y el listado de más de 1.000 personas que esperan una vivienda de alquiler asequible.

Catalá ha asegurado que no van a dejar a nadie atrás, ni a los vecinos de Campanar ni a los de la avenida de la Constitución, que fueron desalojados el miércoles tras detectarse una grieta en la finca, supuestamente provocada por unas obras contiguas.

 

Familias de afectados por incendio de Campanar dejan Safranar

Las familias fueron alojadas en el edificio de 131 viviendas de propiedad municipal y según explicó en su momento el concejal de Urbanismo, Juan Giner, comenzaron a trasladarse pocos días después del siniestro, con prioridad para las familias con niños, mayores, dependientes y con necesidades especiales.

De las 131 viviendas, 85 tienen dos dormitorios con una superficie útil de 45-53 metros cuadrados, mientras las 46 viviendas restantes tienen tres dormitorios y cuentan con una superficie entre 65 y 74 metros cuadrados.

El edificio tiene una superficie de 15.104,05 metros cuadrados, de los que 10.476,04 metros son de uso residencial y también dispone de 84 plazas de garaje distribuidas en dos sótanos y 22 cuartos trasteros, igualmente construidos en los dos sótanos.

Además, tiene habilitadas 131 plazas de bicicleta en la planta baja con acceso desde el zaguán.

Los trabajos de adecuación de los inmuebles se llevaron a cabo por una treintena de trabajadores de la Concejalía de Vivienda y Urbanismo que, desde el día siguiente al incendio trabajaron voluntariamente para dotar a estos hogares de los servicios de luz y agua.

El personal de esta Concejalía se sumaba a otros centenares de trabajadores y trabajadoras municipales que se movilizaron para atender las necesidades surgidas y varias empresa contribuyeron para su adecuación total como hogares.

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