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Desmantelan en València una red lituana dedicada al tráfico de seres humanos

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VALÈNCIA, 28 Mar. (EUROPA PRESS) – Agentes de la Guardia Civil han desmantelado una organización lituana dedicada al tráfico de seres humanos para su explotación sexual. La operación, denominada Sanura, ha sido desarrollada en
colaboración con la Policía Lituana y coordinada por EUROPOL, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

En la operación han sido detenidas seis personas, cuatro varones y dos mujeres de edades comprendidas entre los 29 y los 60 años, y de nacionalidad lituana a los que se les imputa los supuestos delitos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral, contra el derecho de los trabajadores, falsificación de documentos, tráfico de drogas, lesiones, coacciones y pertenencia a organización criminal.

Se han realizado cinco registros domiciliarios, en las localidades de Sueca, Mareny de Barraquetas, Naquera y Olocau, donde se ha liberado a 12 personas que vivían hacinadas en pisos y en condiciones insalubres, además las victimas eran maltratadas física y sicológicamente para que aceptasen continuar trabajando.

Durante los registros se incautó de 10.450 euros en metálico, contratos de alquiler y líneas de teléfono e Internet a nombre de las víctimas. Los documentos de carácter personal y económico de las víctimas estaban también bajo custodia de la organización.

Las investigaciones se iniciaron el pasado mes de junio cuando la Guardia Civil detectó la presencia de esta pequeña comunidad lituana realizando tareas de trabajos en los campos de cultivo de cítricos en los campos de València.

Además de las labores de recolección de cítricos con horarios de sol a sol, los cabecillas de la organización utilizaban a los trabajadores para beneficio propio, trasladándolos a otras localidades para limpiar y cuidar de sus propios hijos.

Estas personas estaban siendo obligadas a realizar trabajos en el campo sin percibir sueldos algunos, hacinados en pisos y en condiciones insalubres.

FALSAS EXPECTATIVAS DE TRABAJO
La organización, compuesta por ciudadanos lituanos, se encargaba de captar mediante el engaño a las víctimas, todas originarias de Lituania, ofertándoles falsas expectativas de trabajo en nuestro país, ya que les decían que podrían ejercer un trabajo bien remunerado con la posibilidad de residir en una vivienda digna cobrando de 1.200 a 1.600 euros, cuando verdaderamente solo cobraban 39 euros al mes.

Posteriormente eran trasladados a España en furgonetas de la propia organización o en autobuses de líneas regulares. Una vez en nuestro país, el responsable de la organización comunicaba a las víctimas la contracción de una deuda por el traslado a España.

Asimismo, la organización les obligaba a residir en la misma vivienda en condiciones de insalubridad y seguridad, con conexiones ilegales al tendido público, en habitaciones o buhardillas y sin agua caliente.

Del dinero que ingresaban se les descontaba una parte por gastos de manutención y del viaje por el traslado a nuestro país llegando algún trabajador a percibir tan solo 39 euros por mes de trabajo.

Como método de financiación el líder de la organización se lucraba con la venta de droga, pudiendo intervenir unas 140 plantas de marihuana, así como el equipamiento necesario para realizar la plantación (tipo indoor), según las mismas fuentes.

La operación ha sido desarrollada por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Valencia, y ha sido dirigida por el Juzgado de Instrucción nº 2 de Sueca (Valencia).

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Juzgan al arrendatario de un hotel-discoteca por incendiar el local para cobrar el seguro

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incendio cobrar seguro discoteca Alicante

El arrendatario de un hotel-discoteca situada frente a la playa del Postiguet de Alicante es juzgado a partir de este viernes por, supuestamente, organizar el incendio del local para cobrar las indemnización del seguro.

El juicio por estos hechos se celebrará a partir de las 10 horas de este viernes en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Alicante, según el Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV).

Además del arrendatario del negocio, se juzga a otros dos hombres, colaboradores, para todos los cuales la fiscalía pide penas de entre 12 y 15 años de cárcel.

El ministerio público sostiene que el empresario, que gestionaba los negocios desde 2015, comenzó a acumular deudas con proveedores y trabajadores, y que dejó de pagar el alquiler.

Por ello, junto a otro de los encausados, decidió provocar un siniestro en el local para cobrar las correspondientes indemnizaciones de los seguros, cuya cobertura había aumentado en diciembre de 2022.

En enero de 2023 los dos encausados rociaron con gasolina hasta 18 puntos distintos de los locales de la discoteca y del hotel, y desenroscaron una tuerca de la instalación de gas de la cocina para provocar una fuga.

A continuación, pactaron con el tercer encausado que, a cambio de 2.000 euros, prendiera fuego a las instalaciones, lo que realizó el día 23 de madrugada.

La Fiscalía pide penas que oscilan entre los 12 y los 15 años de prisión por un delito de incendio con peligro para las personas en concurso con un delito de estafa agravada.

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