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Escándalo en València por el dificilísimo examen de Matemáticas de Selectividad

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Escándalo en València por el dificilísimo examen de Matemáticas para la Prueba de Acceso a la Universidad. Los estudiantes se han quejado públicamente de la dificultad en la prueba de Matemáticas de la primera jornada de la PAU y han abierto una petición en Change.org para reunir firmas en contra del supuesto nivel del test. Además exigen un examen único nacional y denuncian que se hayan preguntado por conceptos que «dijeron estrictamente» que no entraban en la materia.

La petición ya cuenta con más de 24.000 firmas y cuenta cual es el motivo de reunir firmas:

«El motivo principal de la impugnación es el alto nivel de dificultad del examen comparado con todos los años anteriores. Los alumnos no hemos sido capaces de demostrar nuestros conocimientos de la misma forma que durante todo el curso. No tiene sentido que muchísima gente que ha estado sacando dieces durante todo el curso, ahora no pueda llegar ni al 7, a pesar de haberle estado dedicando horas y horas a la materia. Matemáticas es una asignatura de las que más cuenta en la prueba de acceso a la universidad, por lo que la nota que saquemos en ese examen posiblemente sea más relevante que cualquier otra, y la que nos permita entrar o no a la carrera que teníamos en mente. En conclusión, consideramos que este examen no ha tenido el nivel correspondiente y deseamos una impugnación del mismo».

Aunque los otros exámenes de historia y valenciano han sido más esperados. En historia las primera opción ha sido la dictadura de Franco y Primo de Rivera, y como segunda opción el régimen político de la Restauración borbónica.

CHANGE.ORG

El examen no se revisará

La noticia de la denuncia de los estudiantes ha corrido como la pólvora en los medios de comunicación y el coordinador de las Pruebas de Selectividad en la Comunitat Valenciana ha hablado en una entrevista en la Cadena Ser y ha asegurado que el examen calificado de «dificilísimo» por los alumnos no será revisado como se pedía en una petición en Change.org.

Antoni Gil también ha manifestado que en el 2018 se originó una polémica similar con el examen de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales: los alumnos de ese año también realizaron una petición en Change.org y posteriormente se comprobó que las calificaciones no fueron malas.

Por último ha dejado claro que cuando concluyan los procesos de corrección de los exámenes se podrán realizar las reclamaciones pertinentes siempre que el alumno considere injusta una calificación. Esta fase podrá realizarse cuando estén  publicadas las notas.

EL AÑO PASADO, LA POLÉMICA «ACABÓ CON LAS NOTAS»
Recuerdan, además, que el año pasado ya se produjo una situación prácticamente igual –quejas por un examen de Matemáticas que se difundió en la misma plataforma de internet– y que la polémica «acabó cuando salieron las notas». Las mismas fuentes comentan que la persona que promovió la protesta «sacó un diez» y se comprobó que las calificaciones fueron parecidas a las de otros años.

Así, el secretario de esta comisión gestora, el profesor Toni Gil, ha explicado, en declaraciones a Europa Press, que los exámenes son propuestos por las comisiones de las diversas materias integradas por docentes de las cinco universidades públicas valencianas y que, además, se mantienen una o dos reuniones al año con profesores de Bachillerato.

Respecto al contenido del examen de Matemáticas II, afirma que, según los propios vocales correctores «el nivel de dificultad no es tan superior al de cursos anteriores» y «no es el examen más difícil de la historia» de la Comunitat Valenciana. Sí es cierto, apunta, que en algunas preguntas se plantean al alumno cosas de una manera que puede no ser la forma en la que se lo han pedido siempre pero «no rebuscada» y, desde luego, «siempre dentro del currículum».

Gil achaca la magnitud del debate a «los nervios» propios de estas pruebas y a la acción multiplicadora de las redes sociales. En cualquier caso, ha recordado que, una vez se conozcan las notas, existe la posibilidad de reclamar y pedir una segunda corrección.

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Así es la nueva Ley para Influencers: todo lo que cambia y a quién afecta

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Ley para Influencers
Marta Lozano-INSTAGRAM

Este martes, el Consejo de Ministros aprobó un nuevo real decreto que establece las pautas para la regulación de los ‘influencers’, definiendo criterios específicos para considerar a una persona como tal. Uno de los requisitos fundamentales es la necesidad de facturar al menos 300.000 euros anuales con su actividad audiovisual.

El decreto define a los «usuarios de especial relevancia» (‘influencers’) basándose en tres criterios clave. Además del aspecto económico, se considera relevante la audiencia, con un requisito de al menos un millón de seguidores en una única plataforma de intercambio de vídeos o dos millones en su actividad global. También se establece un requisito de actividad, que incluye la publicación o compartición de al menos 24 vídeos al año.

Ley para Influencers

Los ‘influencers’ que cumplan con estos criterios deberán inscribirse en el Registro Estatal de Prestadores Audiovisuales como usuarios de especial relevancia en un plazo de dos meses a partir de la entrada en vigor del decreto.

Una vez inscritos, estarán sujetos a cumplir con las normativas de protección de menores y de publicidad en el ámbito audiovisual. Esto incluye la identificación de espacios publicitarios y la prohibición de publicitar tabaco, medicamentos o alcohol. En resumen, sus obligaciones se equipararán a las de otros agentes audiovisuales.

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá, destacó la importancia de homologar a estos creadores de contenido con otros actores del ámbito audiovisual, especialmente en lo relacionado con la protección de menores y la transparencia en la publicidad.

Se establece también la obligación de identificar claramente la publicidad y etiquetar el contenido según las edades a las que va dirigido. Los ‘influencers’ deberán acordar un código de conducta al respecto con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

En cuanto a la publicidad, se prohíbe la promoción de tabaco, alcohol o medicamentos, así como cualquier contenido que pueda causar perjuicio psicológico o físico a menores.

Esta regulación busca garantizar una mayor protección a los consumidores y ofrecer seguridad jurídica a los ‘influencers’, que han adquirido una relevancia económica notable en las plataformas de intercambio de vídeos donde difunden sus contenidos.

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