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Esta es la hipótesis de la Polícia sobre el crimen de la viuda del expresidente de la CAM

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La Policía Nacional considera que el presunto asesino de la viuda del expresidente de Caja Mediterráneo (CAM) Vicente Sala «tuvo tiempo para lavarse y ocultar el arma» en su casa tras el crimen para «posteriormente deshacerse de la misma ya con cierta tranquilidad».

Así lo plasma un informe policial del día 8 de febrero, fecha en que se produjo la detención de Miguel López, yerno de la víctima. En el citado documento, la Unidad de Delincuencia Económica y Violenta (UDEV) resume los indicios que, hasta esa fecha, inculpaban al sospechoso y por los que solicitaban al juez una orden de registro de su domicilio y del concesionario que regenta, Novocar, donde María del Carmen Martínez fue asesinada el pasado 9 de diciembre.

Según la hipótesis de los agentes, el detenido, que actualmente está en prisión desde el pasado viernes, tenía un «claro motivo para matar» a su suegra, dado que la «tensión familiar era insostenible, especialmente para él» ya que «su negocio podía estar en peligro».

Es por ello que señalan que «la lucha por dinero y poder» en el seno de la familia «queda fuera de toda duda, como atestiguan los acontecimientos» sucedidos en las juntas de accionistas de las empresas.

Sin embargo, el arrestado negó esos problemas familiares al ser interrogado, pese a que los problemas eran «evidentes y graves hasta el punto de encontrarse la familia dividida en dos bandos y proferirse amenazas contra la abuela por parte de algunos de los nietos».

Es ahí, en los nietos donde se refuerza la hipótesis. Los hijos de Miguel López se mostraban «más beligerantes» hacia su abuela y mostraban hacia ella «un gran sentimiento de odio y rencor» que, según los investigadores, «solo se entiende» por lo que su padre les ha «inculcado» y lo que han «vivido en su casa».

En esta línea de la investigación, cobra importancia el hecho de que el mayor de estos jóvenes publicase en una red social una fotografía suya a la que incorporó el mensaje «jaque mate» apenas horas después de que su abuela hubiera sido asesinada. Su hermano pequeño también lanzaba improperios públicos hacia su abuela a través de Instagram: «Maldita zorra, decepcionado es la palabra, más falsa que tus putos bolsos».

Sobre Miguel López, la Policía considera que preparó la escena del crimen al dejar el vehículo que debía recoger esa tarde su suegra «dentro del lavadero y a oscuras», consciente de que ahí no había cámaras de vigilancia y que era «el lugar más idóneo y solitario para matar dentro del establecimiento».

El informe recoge las sospechas de que el presunto asesino ensayó su plan cinco días antes y se aseguró de que el empleado que trabaja en el citado lavadero no estuviera allí el día en que Mari Carmen Martínez fue tiroteada.

Por último, los investigadores acusan a López de «mentir» y ocultar la parada que hizo en su vivienda después de que la víctima fuese asesinada.

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Así es la nueva Ley para Influencers: todo lo que cambia y a quién afecta

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Ley para Influencers
Marta Lozano-INSTAGRAM

Este martes, el Consejo de Ministros aprobó un nuevo real decreto que establece las pautas para la regulación de los ‘influencers’, definiendo criterios específicos para considerar a una persona como tal. Uno de los requisitos fundamentales es la necesidad de facturar al menos 300.000 euros anuales con su actividad audiovisual.

El decreto define a los «usuarios de especial relevancia» (‘influencers’) basándose en tres criterios clave. Además del aspecto económico, se considera relevante la audiencia, con un requisito de al menos un millón de seguidores en una única plataforma de intercambio de vídeos o dos millones en su actividad global. También se establece un requisito de actividad, que incluye la publicación o compartición de al menos 24 vídeos al año.

Ley para Influencers

Los ‘influencers’ que cumplan con estos criterios deberán inscribirse en el Registro Estatal de Prestadores Audiovisuales como usuarios de especial relevancia en un plazo de dos meses a partir de la entrada en vigor del decreto.

Una vez inscritos, estarán sujetos a cumplir con las normativas de protección de menores y de publicidad en el ámbito audiovisual. Esto incluye la identificación de espacios publicitarios y la prohibición de publicitar tabaco, medicamentos o alcohol. En resumen, sus obligaciones se equipararán a las de otros agentes audiovisuales.

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá, destacó la importancia de homologar a estos creadores de contenido con otros actores del ámbito audiovisual, especialmente en lo relacionado con la protección de menores y la transparencia en la publicidad.

Se establece también la obligación de identificar claramente la publicidad y etiquetar el contenido según las edades a las que va dirigido. Los ‘influencers’ deberán acordar un código de conducta al respecto con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

En cuanto a la publicidad, se prohíbe la promoción de tabaco, alcohol o medicamentos, así como cualquier contenido que pueda causar perjuicio psicológico o físico a menores.

Esta regulación busca garantizar una mayor protección a los consumidores y ofrecer seguridad jurídica a los ‘influencers’, que han adquirido una relevancia económica notable en las plataformas de intercambio de vídeos donde difunden sus contenidos.

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