ALICANTE, 14 Feb. (EUROPA PRESS) –

La acusación particular ejercida por Esquerra Unida en la rama del caso Brugal relativa al presunto amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante solicita penas que suman diez años de prisión para los exalcaldes ‘populares’ Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, y 13 años para el empresario Enrique Ortiz, acusados de revelación de información privilegiada, cohecho y tráfico de influencias. Además, a Castedo le atribuye prevaricación.

En su calificación provisional, la acusación particular solicita además para Castedo, Alperi y Ortiz una multa que cifra en 42.200.911 euros.

En el escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, también se solicitan penas para otros seis acusados entre los que se encuentran el hermano de la exalcaldesa, José Luis Castedo, y el del constructor, Virgilio Ortiz.

En el escrito de acusación, de 41 páginas, el abogado de Esquerra Unida señala que los tres acusados «principales de la trama» son los autores «intelectuales y materiales» de los delitos imputados, que tenían como objetivo «conseguir un PGOU que favoreciera los intereses» del empresario y de otros investigados en la causa.

Al respecto, el documento desgrana los distintos cargos que se imputan a los acusados, en base a los informes policiales derivados de la investigación del caso Brugal, en los que «se pone de manifiesto la influencia ejercida» por Ortiz sobre Castedo y Alperi y sobre funcionarios de la Gerencia de Urbanismo, para que el empresario pudiera «imponer sus intereses» en la confección del PGOU.