La Fiscalía de lo Civil del Tribunal Supremo ha abierto diligencias para averiguar las razones de los «sucesivos aumentos» del precio de los recibos de la luz, según ha informado este viernes la Fiscalía General del Estado.
Estas diligencias «se realizan en defensa de la protección de los intereses de los consumidores y usuarios con el fin de determinar la realidad y naturaleza de estos hechos».
La Fiscalía recuerda que, desde la reforma de 2014, la Ley de Enjuiciamiento Civil habilita a los fiscales a iniciar acciones para defender los intereses de los consumidores que, de otro modo, «quedarían indefensos».
En las últimas semanas, los precios de la electricidad en el mercado mayorista se han disparado hasta alcanzar niveles que no se veían desde diciembre de 2013.
Estas subidas están siendo analizadas también por el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital y por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para comprobar si, además de las circunstancias coyunturales, existe algún comportamiento anticompetitivo por parte de los agentes del sector.
El encarecimiento de la electricidad en el mercado mayorista se produce en medio de una ola de frío, que ha elevado el consumo, con escasez de agua y viento, y con precios altos del petróleo y del gas natural.
La sequía y la falta de viento han limitado el funcionamiento de las centrales hidroeléctricas y de los parques eólicos, las dos tecnologías que permiten generar electricidad con menos costes, y ha obligado a depender de las centrales de ciclo combinado, que utilizan el gas natural como combustible.
El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, anunció este jueves una serie de medidas para aumentar la competencia en el mercado gasista, Mibgas, y conseguir mejores precios.
Puesto que en la actualidad son los ciclos combinados los que marcan el precio en el mercado mayorista, una bajada del gas repercutiría favorablemente en el recibo de la luz de los consumidores acogidos a la tarifa regulada.
El precio mayorista de la electricidad supone algo menos de la mitad de la tarifa regulada, a la que están acogidos doce millones de consumidores.
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