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Valencia

86 agresores sexuales han rebajado condenas en la Comunitat gracias a la ‘ley del solo sí es sí’

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agresores sexuales valencia
Irene Montero-INSTAGRAM
Madrid/València, 3 mar (OFFICIAL PRESS- EFE).-Un total de 86 agresores sexuales han visto rebajadas sus condenas en la Comunitat Valenciana gracias a la ley del solo sí es sí.

Las audiencias provinciales de la Comunitat Valenciana han rebajado 86 condenas a agresores sexuales, ocho de los cuales han sido excarcelados, en aplicación de la conocida como ley del solo sí es sí, según los datos oficiales hechos públicos este jueves por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

La Audiencia Provincial de Valencia ha reducido 23 condenas, la de Castellón 17 y la de Alicante 46. En Castellón se han producido cinco excarcelaciones y en Alicante tres, mientras que Valencia no ha aportado este dato.

La de Valencia, sin embargo, es la única de las tres audiencias que aporta la cifra total de condenas revisadas, con un total de 139, e informa de que tiene otros 105 asuntos en trámite.

Los tribunales españoles han acordado 721 reducciones de penas de agresores sexuales, que han supuesto al menos 74 excarcelaciones.

En un comunicado, este órgano puntualiza que no todos los juzgados le han facilitado la información completa solicitada, que irá actualizando de forma periódica.

En las cifras hechas públicas falta información sobre el total de sentencias revisadas en los diferentes juzgados desde la entrada en vigor de la ley el 7 de octubre, lo que impide conocer en cuántos casos se ha mantenido la pena, y tampoco aparecen todas las excarcelaciones acordadas.

De los tribunales que sí han facilitado el total de casos revisados, la mayoría ha mantenido más condenas que las que ha rebajado.

Por ejemplo, la Audiencia Provincial de Madrid había revisado hasta mediados de febrero 451 condenas (el 84 % de todas las susceptibles) y había bajado la pena en 71 casos (el 15,7 % de todas las estudiadas). Ocho de las rebajas derivaron en la excarcelación del preso.

El CGPJ, que señala que varios tribunales han achacado a la huelga de los letrados de la administración de justicia la dificultad para ofrecer datos completos, advierte también de que sus cifras no incluyen las revisiones de pena que se hayan podido tramitar en juzgados de lo penal, competentes para enjuiciar delitos penados con hasta cinco años de prisión.

Según las tablas facilitadas, las audiencias provinciales han acordado 674 reducciones de penas, que han derivado en 73 excarcelaciones; los tribunales superiores de justicia han dictado 37 rebajas, con una excarcelación; y el Tribunal Supremo ha tomado esa decisión en diez ocasiones.

Contra las resoluciones dictadas en las audiencias provinciales cabe recurso ante los respectivos tribunales superiores, con lo que las cifras podrían variar en el futuro. Esta semana el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León revocó una rebaja de pena que había acordado previamente la Audiencia de Zamora.

Según las cifras que ha logrado recopilar el CGPJ, la Audiencia Provincial de Madrid es la que más sentencias ha revisado.

El segundo lugar se sitúan las de la Comunitat Valenciana con 193 revisiones y 23 reducciones de condena; y Baleares, con 111 revisiones, 46 rebajas de pena y 6 excarcelaciones.

De las 50 audiencia provinciales, 19 no han facilitado datos del total de revisiones.

Solo en 7 de las 31 que sí han proporcionado ese dato son más las rebajas de penas que las condenas que se han mantenido.

Se trata de Burgos (21 revisiones y 12 rebajas), Cuenca (3 y 2), Lleida (12 y 8), Lugo (7 y 5), Ourense (12 y 9), Pontevedra (28 y 16) y Zamora (10 y 9).

También hay disparidad entre los tribunales superiores de justicia. Mientras que el catalán ha rebajado las cinco condenas que ha revisado, el de Castilla y León ha mantenido todas y ha revocado una rebaja.

El Tribunal Supremo ha bajado la pena en 10 de las 26 sentencias estudiadas. Tiene pendientes de resolver 224 recursos de casación.

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Valencia

Los afectados del incendio de Campanar podrán seguir 3 meses más en las viviendas municipales de Safranar

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Familias afectados incendio Campanar dejan Safranar
Viviendas facilitadas por el Ayuntamiento de València en el barrio de Safranar a los afectados por el incendio de Campanar. EFE/Manuel Bruque

València, 26 abr (EFE).- Las personas afectadas por el incendio de un edificio en el barrio de Campanar de València el pasado 22 de febrero y que fueron alojadas en unas viviendas municipales del barrio de Safranar para un periodo de tres meses, podrán seguir en ellas tres meses más.

Así lo ha aprobado la Junta de Gobierno municipal tras informar la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá, al resto de formaciones políticas municipales en la Junta de Portavoces.

Catalá ha afirmado que el objetivo de esta prórroga es que las personas afectadas por el incendio en el que murieron diez personas tengan «un poco más de margen para buscar una vivienda de alquiler y recomponer su situación».

Con esta prórroga de tres meses, que ya no podrá ampliarse más, ha destacado la alcaldesa, se hace coincidir el tiempo ofrecido por el Ayuntamiento en estas viviendas públicas de forma totalmente gratuita con el plazo que tienen para presentar la solicitud de ayudas al alquiler de la Generalitat.

De esta forma, ha añadido Catalá, «las personas saldrían de las viviendas de Safranar y podrían estar en viviendas con una ayuda para pagar el alquiler de la Generalitat».

Ha asegurado que se trata de un «criterio objetivo» con el que se tiene una «especial sensibilidad» con la situación que han vivido estas personas, y al mismo tiempo, se hace compatible con el uso final de las viviendas de Safranar y el listado de más de 1.000 personas que esperan una vivienda de alquiler asequible.

Catalá ha asegurado que no van a dejar a nadie atrás, ni a los vecinos de Campanar ni a los de la avenida de la Constitución, que fueron desalojados el miércoles tras detectarse una grieta en la finca, supuestamente provocada por unas obras contiguas.

 

Familias de afectados por incendio de Campanar dejan Safranar

Las familias fueron alojadas en el edificio de 131 viviendas de propiedad municipal y según explicó en su momento el concejal de Urbanismo, Juan Giner, comenzaron a trasladarse pocos días después del siniestro, con prioridad para las familias con niños, mayores, dependientes y con necesidades especiales.

De las 131 viviendas, 85 tienen dos dormitorios con una superficie útil de 45-53 metros cuadrados, mientras las 46 viviendas restantes tienen tres dormitorios y cuentan con una superficie entre 65 y 74 metros cuadrados.

El edificio tiene una superficie de 15.104,05 metros cuadrados, de los que 10.476,04 metros son de uso residencial y también dispone de 84 plazas de garaje distribuidas en dos sótanos y 22 cuartos trasteros, igualmente construidos en los dos sótanos.

Además, tiene habilitadas 131 plazas de bicicleta en la planta baja con acceso desde el zaguán.

Los trabajos de adecuación de los inmuebles se llevaron a cabo por una treintena de trabajadores de la Concejalía de Vivienda y Urbanismo que, desde el día siguiente al incendio trabajaron voluntariamente para dotar a estos hogares de los servicios de luz y agua.

El personal de esta Concejalía se sumaba a otros centenares de trabajadores y trabajadoras municipales que se movilizaron para atender las necesidades surgidas y varias empresa contribuyeron para su adecuación total como hogares.

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