Comunitat Valenciana

Puig: “Hablar valenciano, castellano o inglés no es ni de derechas ni de izquierdas”

A la espera que se pronuncie el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valencianas sobre el decreto de plurilingüismo del Consell, el President de la Generalitat, Ximo Puig, ha querido salir al paso del mismo y defender la acción de su gobierno en esta materia. A respuesta de una pregunta de la líder popular, Isabel Bonig, en la que le ha pedido explicaciones por los ‘tres varapalos judiciales” que ha sufrido dicho decreto, el President de la Generalitat ha defendido que la Comunitat no tiene un “problema de libertades” sino de “resultados”, y ha asegurado que la lengua no tiene ideologías, sino que hay que procurar dominar todas ellas.

“Hablar castellano no es de derechas ni de izquierdas y las cifras dicen que todos los valencianos lo podemos y lo hacemos; hablar valenciano no es de derechas ni de izquierdas pero lamentablemente muchos valencianos no dominan su lengua co-oficial y hablar inglés no es de derechas o de izquierdas pero ha sido más difícil para la mayoría de los valencianos que no podían pagarse una escuela privada”, ha dicho. Puig ha vuelto a defender la legalidad del decreto de plurilingüismo del Consell ya que hay “informes jurídicos que lo avalan”, ha asegurado que espera una “resolución favorable” del TSJCV ) y ha acusado al PP de querer “arrinconar el valenciano” cuando en la autonomía “no hay un problema de libertades, hay un problema de resultados” en el aprendizaje de las lenguas.

Puig también ha asegurado que su gobierno “ha cumplido, cumple y cumplirá las sentencias judiciales” y ha defendido el decreto plurilingüismo como mecanismo de reacción al “fracaso de 20 años” de gobiernos populares en los que “sólo el 6% de los niños tienen capacitación en inglés y sólo el 36% domina el valenciano”.

Bonig, por su parte, además de interrogarle sobre la actitud del Consell ante lo que definió como “varapalos jurídicos” a la gestión lingüística del Consell, le ha recordado a Puig que, tras casi dos años de gobierno y veinte en la oposición, su gobierno sigue aplicando el “decreto consensuado” del PP en 2012.”Veinte años de oposición y dos años de gobierno de la izquierda para acabar aplicando el decreto del PP, esa es su realidad. Su sectarismo nos sale caro”, señalaba la portavoz popular en Les Corts. También ha reiterado que dicho decreto discrimina a la enseñanza en castellano, y que además la suspensión cautelar supone un “caos” a la comunidad educativa: “no saben qué planes aplicar”.

‘Puig no se ha leído el decreto’
En una nota de prensa posterior a la sesión de control de Les Corts, Bonig ha vuelto a arremeter contra el presidente Puig, asegurando que ni se ha leído el decreto de Plurilingüismo presentado por el conseller de Compromís, Vicent marz`, ni tampoco la resolución del TSJCV: “El Consell tiene que aceptar el Estado de Derecho y asumir la suspensión del decreto de chantaje lingüístico”, y que todas las partes estarán vigilantes en su cumplimiento: “además de los padres y docentes, también el PP y el Ministerio vigilarán para que se cumpla la suspensión y la resolución de los tribunales ante un Consell que parece declararse insumiso”, asegura Bonig en la nota remitida por el Grupo Popular.

Además de no leerse el decreto de Plurilingüisme, Bonig arremete contra Puig al que acusa de hacer lo propio con el auto del tribunal. “Ahora parece que tampoco se ha leído el auto del TSJ en el que los jueces dicen que se tiene que paralizar sosteniendo que en caso contrario se producirían graves daños y perjuicios de difícil reparación, los alumnos verían sus derechos disminuidos, existe diferencia entre las distintas acreditaciones de los idiomas, el nivel básico de castellano tiene menor carga docente respecto al valenciano, las zonas castellanohablantes tendrían menos opciones y por tanto menos horas de inglés y que podría vulnerarse el artículo 20 de la Llei d’Us sobre la discriminación de los alumnos por la lengua. No se puede justificar y vincular más horas de inglés si cogen más de valenciano”, asegura.

“En lugar de asumir la suspensión —continua la nota—, han arremetido contra todos diciendo que no pintan fava. El Consell tiene que aceptar el Estado de Derecho. Ya llevan tres varapalos judiciales y aún quedan algunos otros pendientes, pero no sabemos qué piensa hacer el Consell porque esta situación ha generado inseguridad y caos: en la matriculación y en los centros educativos que no han recibido instrucciones”. Y por último ha arremetido contra el conseller responsable. “El sectarismo de Marzà nos sale caro”

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