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Valencia

El anestesista Juan Maeso, condenado por infectar de hepatitis C a 275 pacientes, en libertad condicional

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anestesista Juan Maeso
Fotografía de archivo, tomada el 12/09/05, del anestesista Juan Maeso.Archivo/ EFE/Juan Carlos Cárdenas
Valencia, 8 mar (EFE).- La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia ha concedido al anestesista Juan Maeso la libertad condicional tras haber pasado más de 15 años en prisión por la condena a 1.933 años que se le impuso en 2007 por infectar con hepatitis C a 275 pacientes entre 1988 y 1997.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, la Audiencia, como ha adelantado este miércoles El Español, ha admitido un recurso contra un reciente auto en el que se le denegó la libertad y finalmente ha acordado este régimen para Maeso, que ya disfrutaba del tercer grado desde hace un año, e incluso dormía en su domicilio.

Según la resolución judicial que emitió la Audiencia de Valencia el 15 de mayo de 2007, durante las intervenciones quirúrgicas, el procesado se inyectaba parte de las sustancias anestésicas que minutos después administraba a los pacientes, y lo hacía empleando la misma aguja, por lo que les contagió el virus.

El Tribunal Supremo confirmó la sentencia en 2009, más de 20 años después de que se registraran los primeros contagios y tras un juicio que duró cerca de año y medio, en el que declararon más de 600 testigos.

La Sección Segunda, en el auto hecho público por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, entiende ahora que concurren los requisitos legales para acceder a la libertad condicional, por lo que estima el recurso de apelación formulado por su defensa contra la resolución del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria que le denegaba ese acceso.

Esa denegación se basó en que Maeso seguía sin mostrar arrepentimiento y sin asumir su culpabilidad, e insistía en que «él es la víctima, condenada injustamente», según argumentó Vigilancia Penitenciaria.

Además, la Junta de Tratamiento, en sesión ordinaria de 20 de octubre de 2022 acordó, por unanimidad, informar desfavorablemente la propuesta de concesión de libertad condicional al interno.

La representación legal de Maeso argumentó que «es una persona octogenaria, con demencia senil y enfermedades y padecimientos incurables», que ha tenido un buen comportamiento en prisión y que la pena ya cumplida «es de una extensión suficiente como para que se cumpla el efecto intimidatorio de la misma».

La Audiencia recuerda que la edad del penado, 81 años, el tiempo de condena que ya ha cumplido, casi 16 de los 20 años de prisión de cumplimiento máximo (se extinguirá totalmente la pena de prisión el 5 de junio de 2027), y sus circunstancias vitales «parecen dificultar, si no impedir, que pueda reanudar la actividad profesional con ocasión de la que cometió los delitos por los que cumple condena».

En definitiva, no se aprecia dato alguno «que permita cuestionar que el penado se encuentre en condiciones para su reinserción» o que permita «sostener que no se encuentre en condiciones de vivir respetando la ley penal», concluye la Sala.

En la parte dispositiva de este auto se añade que «el período de libertad condicional durará todo el tiempo que falta para cumplir el total de la condena; si en dicho período el penado delinquiere el Juez de Vigilancia Penitenciaria revocará la libertad concedida, y el penado reingresará en prisión en el período o grado penitenciario que corresponda, sin perjuicio del cómputo del tiempo pasado en libertad condicional a efectos de cumplimiento de la pena».

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Valencia

Los afectados del incendio de Campanar podrán seguir 3 meses más en las viviendas municipales de Safranar

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Familias afectados incendio Campanar dejan Safranar
Viviendas facilitadas por el Ayuntamiento de València en el barrio de Safranar a los afectados por el incendio de Campanar. EFE/Manuel Bruque

València, 26 abr (EFE).- Las personas afectadas por el incendio de un edificio en el barrio de Campanar de València el pasado 22 de febrero y que fueron alojadas en unas viviendas municipales del barrio de Safranar para un periodo de tres meses, podrán seguir en ellas tres meses más.

Así lo ha aprobado la Junta de Gobierno municipal tras informar la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá, al resto de formaciones políticas municipales en la Junta de Portavoces.

Catalá ha afirmado que el objetivo de esta prórroga es que las personas afectadas por el incendio en el que murieron diez personas tengan «un poco más de margen para buscar una vivienda de alquiler y recomponer su situación».

Con esta prórroga de tres meses, que ya no podrá ampliarse más, ha destacado la alcaldesa, se hace coincidir el tiempo ofrecido por el Ayuntamiento en estas viviendas públicas de forma totalmente gratuita con el plazo que tienen para presentar la solicitud de ayudas al alquiler de la Generalitat.

De esta forma, ha añadido Catalá, «las personas saldrían de las viviendas de Safranar y podrían estar en viviendas con una ayuda para pagar el alquiler de la Generalitat».

Ha asegurado que se trata de un «criterio objetivo» con el que se tiene una «especial sensibilidad» con la situación que han vivido estas personas, y al mismo tiempo, se hace compatible con el uso final de las viviendas de Safranar y el listado de más de 1.000 personas que esperan una vivienda de alquiler asequible.

Catalá ha asegurado que no van a dejar a nadie atrás, ni a los vecinos de Campanar ni a los de la avenida de la Constitución, que fueron desalojados el miércoles tras detectarse una grieta en la finca, supuestamente provocada por unas obras contiguas.

 

Familias de afectados por incendio de Campanar dejan Safranar

Las familias fueron alojadas en el edificio de 131 viviendas de propiedad municipal y según explicó en su momento el concejal de Urbanismo, Juan Giner, comenzaron a trasladarse pocos días después del siniestro, con prioridad para las familias con niños, mayores, dependientes y con necesidades especiales.

De las 131 viviendas, 85 tienen dos dormitorios con una superficie útil de 45-53 metros cuadrados, mientras las 46 viviendas restantes tienen tres dormitorios y cuentan con una superficie entre 65 y 74 metros cuadrados.

El edificio tiene una superficie de 15.104,05 metros cuadrados, de los que 10.476,04 metros son de uso residencial y también dispone de 84 plazas de garaje distribuidas en dos sótanos y 22 cuartos trasteros, igualmente construidos en los dos sótanos.

Además, tiene habilitadas 131 plazas de bicicleta en la planta baja con acceso desde el zaguán.

Los trabajos de adecuación de los inmuebles se llevaron a cabo por una treintena de trabajadores de la Concejalía de Vivienda y Urbanismo que, desde el día siguiente al incendio trabajaron voluntariamente para dotar a estos hogares de los servicios de luz y agua.

El personal de esta Concejalía se sumaba a otros centenares de trabajadores y trabajadoras municipales que se movilizaron para atender las necesidades surgidas y varias empresa contribuyeron para su adecuación total como hogares.

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