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Así es la propuesta de Ribó para convertir el cauce del Turia en un ‘corredor verde’

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VALÈNCIA, 12 Feb. – La ‘renaturalización’ del nuevo cauce del río Túria. Ese es el objetivo del proyecto de crear una nueva infraestructura verde que armonice la función de drenaje de esta zona con su uso público y de espacio ecológico.

El alcalde de València, Joan Ribó, ha presentado un estudio de viabilidad para desarrollar, a largo plazo, este ‘corredor verde’ que enlazará el Parque Natural de La Albufera con el del Túria (que incluye los jardines que ocupan el antiguo lecho de este río), y conectar transversal y longitudinalmente los municipios ribereños. Para hacer posible esta intervención, que permitirá acabar un proyecto comenzado hace 50 años, ha propuesto la creación de un organismo que represente todas las administraciones implicadas, también a la ciudadanía «para abrir un diálogo, para saldar la deuda histórica con la llamada ciudad del Sur y para dignificar este espacio público tan emblemático, que tiene que ser un impulso al trabajo conjunto en el área metropolitana».

Actualmente, el nuevo cauce cuenta con 11,8 km situados entre el l’Assut del Repartiment (en la localidad de Quart de Poblet) y la desembocadura al mar Mediterráneo; 5.000 m3/s de capacidad hidráulica (reducida por la construcción de nuevos puentes); «y un entorno agresivo, con autovías duras en las dos partes», según ha informado el alcalde, al afirmar «que es el momento de actuar para regenerar este enclave urbano».

«Es el momento por la tramitación de la nueva delimitación del PORN (Pla de Ordenación del Parque Natural), al cual hemos hecho alegaciones; por la próxima redistribución del agua, así como por nuestro compromiso con la biodiversidad. Y lo tenemos que hacer en conjunto, València con las poblaciones afectadas, y con el apoyo de la legislación europea que, incluso, financia la regeneración de los hábitats», ha explicado.

El mencionado estudio de viabilidad ha sido encargado por el Ayuntamiento a través de la concejalía de Devesa-Albufera y, tal como ha aclarado el alcalde, «respeta la función hidráulica del nuevo lecho del Túria, que se hizo con un objetivo muy claro que no tenemos que olvidar: canalizar posibles avenidas de agua, después de la experiencia de 1957».

«Obviamente, este uso es el principal y se tiene que mantener, y compatibilizar con otros usos posibles como se ha hecho, con éxito, en otras ciudades como Barcelona, con el río Besòs, o Los Ángeles, dos experiencias que han servido de base para la propuesta que hoy presentamos».

El documento, que ha hecho público el alcalde Joan Ribó acompañado por el concejal de Devesa Albufera, Sergi Campillo, y el arquitecto Rafael Ribera, plantea tres ejes de intervención (hidráulico, ecológico y social) y un sistema de gestión. En su intervención, el edil se ha detenido en la parte del nuevo lecho del Túria que cumplirá la misión de canal de tráfico de flora y fauna entre los dos parques naturales (el del Túria y el de La Albufera), y ha hablado de la recuperación del río y la generación de hábitats alrededor del canal de agua.

«Es muy importante tener en cuenta que esta es una oportunidad de oro para conectar dos espacios naturales en un corredor verde, que posibilitaría la interconexión de estos parques para las especies vegetales y animales que podrían interactuar entre ellas. Esto se puede conseguir separando el eje social del eje ecológico, puesto que no estamos hablando de crear un jardín, sino de ‘renaturalizar’ un espacio conservando su función hidráulica pero con una voluntad inequívoca de que sea un corredor verde para las especies y faunas vegetales», ha argumentado Sergi Campillo.

El concejal también ha explicado el posible uso social de este espacio, con zonas acotadas y miradores. «Hablamos de espacios para la movilidad, accesibles y seguros». El estudio también contempla «posibles actuaciones sobre el entorno como arbolado en ambas orillas, revisión del tráfico de las vías periféricas, la incorporación del transporte público, la señalética y la incorporación de la toponimia».

Además, ha manifestado, que «el uso ciudadano favorecerá la conectividad de las poblaciones humanas de nuestros pueblos del norte y sur del río. De hecho, esta conexión permitiría conectar desde el último pueblo del Parque Natural de la Albufera, que es Cullera, hasta el último pueblo del Parque Natural del Túria, que es Pedralba. Estamos hablando, por lo tanto, de una conectividad muy importante que implica millones de personas».

Por su parte, el arquitecto Rafael Ribera, quien ha intervenido en nombre del equipo multidisciplinar que ha realizado el estudio de viabilidad para la renaturalización del nuevo cauce del Túria, ha explicado el eje hidráulico. Se plantean tres cauces dentro de la actual. Uno, con un caudal mínimo permanente de agua, para sostener el caudal ecológico; otro de reserva, con zonas inundables pero sin contenido permanente de agua; y un tercero que incluye los otros dos y supone la garantía que pone a salvo el área metropolitana. Los accesos para las personas «estarán controlados por puertas, ubicadas próximas en los cascos urbanos, y con las precauciones necesarias para prevenir improbables pero posibles avenidas de agua».

En relación con la gestión, el documento propone crear un organismo que represente a todas las administraciones implicadas, en las proporciones que se consideren oportunas. «Igualmente tiene que incluir a la ciudadanía y sus organizaciones para llevar a cabo una gestión de proximidad y transparencia. Se trata de definir una mínima estructura para dirigir el proceso en todo su desarrollo. Y por supuesto, requerirá un cierto apoyo técnico, económico y jurídico», ha añadido el alcalde.

Por último, el primer edil ha explicado que los pasos a dar en adelante son: abrir un diálogo con la ciudadanía, presentar el proyecto a los alcaldes y responsables de los pueblos de València del Sur de los municipios implicados (Xirivella, Mislata y Quart de Poblet), así como a la asociación de Municipios del Parque Natural Túria, a la dirección y junta rectora del Parque Natural Túria, a la Generalitat y Diputación de València y al Ministerio de Transición Ecológica (donde se inscribe la Confederación Hidrográfica del Júcar) y sociedad civil.

«El estudio que presentamos, que ya ha sido objeto de un proceso de participación ciudadana, y de entes y especialistas, es un primer paso en el debate de este asunto urbano que tiene que estar presente en el futuro de la comarca», ha concluido.

CONOCE EL PROYECTO DE RIBÓ PARA EL CAUCE DEL TURIA AL COMPLETO

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Consumo

Comunicado de Airbnb

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Airbnb rechaza el listado de Consumo y critica el auto del TSJM

Airbnb ha manifestado su «firme oposición» al procedimiento llevado a cabo por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, tras conocerse este lunes un auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que insta a la plataforma a eliminar 5.800 anuncios de pisos turísticos.

La compañía denuncia el uso de una «metodología indiscriminada» en la elaboración del listado de anuncios presuntamente ilegales, que formaría parte de una serie de resoluciones remitidas por Consumo, y ha confirmado que continuará recurriendo las decisiones judiciales por considerar que «están en desacuerdo con las normativas españolas y europeas».


Airbnb defiende la legalidad de su plataforma

Un portavoz de Airbnb ha explicado que el Ministerio de Consumo «no es competente para hacer cumplir regulaciones turísticas» y que ha enviado un listado que incluye anuncios con licencia y otros que, según la plataforma, «podrían no necesitarla, como los arrendamientos de temporada».

Además, ha afirmado que Consumo ha ignorado resoluciones del Tribunal Supremo que aclaran que no todos los anuncios de Airbnb están obligados a mostrar un número de registro. Según la sentencia del Supremo de enero de 2022, la obligación recae sobre el prestador del servicio turístico, no sobre la plataforma de intermediación.


Airbnb se acoge a la Ley de Servicios Digitales

La compañía ha insistido en que actúa conforme a la Ley de Servicios Digitales europea, y que no tiene obligaciones de supervisión activa sobre el contenido publicado por los usuarios. En esta línea, recuerda que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó en diciembre de 2019 que Airbnb es un servicio de la sociedad de la información, y no un agente inmobiliario, por lo que su función es la de intermediación.

Este argumento es clave en la defensa de la plataforma, que reitera que los anfitriones son responsables de cumplir con las leyes locales y de que los anuncios incluyan la información necesaria cuando así se requiera.


Consumo ya ha notificado más de 65.000 anuncios

En los últimos meses, el Ministerio de Consumo ha remitido a Airbnb tres resoluciones diferentes en las que notificó un total de 65.935 anuncios supuestamente ilegales. El auto conocido este lunes por parte del TSJM corresponde a la primera de esas resoluciones, que obliga a retirar 5.800 anuncios concretos.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha calificado esta decisión como una «gran victoria» en defensa del derecho a la vivienda y ha afirmado que se trata de un «aval claro a la labor del ministerio» en su objetivo de proteger a los consumidores.

Respecto a las otras dos resoluciones, el Ministerio espera que la justicia se pronuncie en la misma línea, aunque reconoce que la plataforma «habrá recurrido» también estos casos.


Airbnb recuerda sus políticas de cumplimiento

En relación con sus procedimientos, Airbnb ha recordado que siempre informa a los anfitriones de la necesidad de cumplir las leyes locales antes de publicar sus anuncios. La plataforma exige a los usuarios que certifiquen que cuentan con los permisos necesarios y les recuerda de forma periódica que revisen la normativa aplicable.

Esto se deja claro en los Términos de Servicio y los usuarios que no cumplan con las políticas pueden ser eliminados de la plataforma”, ha indicado el portavoz.

Además, aclaran que no todos los alojamientos publicados en la web corresponden a viviendas turísticas. También se incluyen apartamentos turísticos, hoteles, hostales o arrendamientos de temporada, modalidades que no están sujetas a las mismas obligaciones que el alquiler vacacional de corta duración.


Colaboraciones recientes con gobiernos regionales

Para demostrar su voluntad de cooperación, Airbnb ha puesto en valor sus recientes acuerdos con gobiernos autonómicos como los de Islas Canarias, Región de Murcia y el Consejo Insular de Ibiza, con el objetivo de fomentar un modelo de turismo sostenible. Según la plataforma, estas iniciativas son ejemplos de que «Airbnb quiere trabajar junto a las autoridades locales para crear un sistema equilibrado y beneficioso para todas las partes implicadas».


¿Por qué considera Consumo que los anuncios son ilegales?

La Dirección General de Consumo ha detallado tres motivos principales por los que considera que los anuncios detectados en Airbnb incumplen la normativa vigente:

1. Falta de número de licencia

Una gran parte de los anuncios analizados no incluyen el número de licencia o registro obligatorio, exigido por varias normativas autonómicas. Esta omisión constituye, según el Ministerio, la infracción más frecuente en la publicidad alojada en la plataforma.

2. Falta de información sobre el arrendador

Otro incumplimiento recurrente es que no se identifica la naturaleza jurídica del arrendador. Es decir, no se especifica si quien alquila es un particular o un profesional, algo fundamental para determinar si el contratante está protegido por la legislación de consumo.

3. Licencias no válidas o falsificadas

Consumo también denuncia la presencia de anuncios con números de licencia falsos o inválidos, es decir, no expedidos por ninguna autoridad oficial. Esta práctica puede ser considerada engañosa o fraudulenta, ya que puede inducir a error a los usuarios que creen estar alquilando alojamientos legales.


Conclusión: choque entre Airbnb y Consumo por el control del alquiler turístico

El conflicto entre Airbnb y el Ministerio de Consumo refleja un choque de competencias y de interpretaciones legales sobre cómo debe regularse el alquiler turístico en España. Mientras Consumo insiste en la necesidad de más transparencia y legalidad en las plataformas, Airbnb reivindica su papel como intermediario tecnológico, sin responsabilidad directa sobre el contenido que publican los anfitriones.

La decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid marca un punto de inflexión en la batalla judicial entre la administración y las plataformas digitales, y podría sentar precedente para el control del mercado de alquiler turístico en España.

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