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Blasco asegura que la vida de Zaplana peligra en la cárcel

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El abogado de Zaplana cuestiona al juez

VALÈNCIA, 4 Feb – El exconseller ‘popular’ Rafael Blasco, condenado a seis años y medio de cárcel por fraude en las ayudas a la cooperación y en régimen de semilibertad desde el pasado viernes, ha señalado que durante su estancia en la prisión de Picassent (Valencia) ha visto al expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana y ha advertido que «peligra su vida», porque una persona «que tiene un cáncer de la envergadura que tiene Zaplana, no puede ni debe estar en unas instalaciones penitenciarias que no reúnen las condiciones para el tratamiento de esa enfermedad».

Así se ha pronunciado en declaraciones a los medios tras comparecer en la comisión de Les Corts que investiga la contratación de la Generalitat con empresas vinculadas con la Operación Taula, derivada del caso Imelsa.

Blasco, preguntado por cómo ha encontrado a Zaplana al coincidir los dos en la cárcel de Picassent, ha explicado que lo vio «algunas veces». Ha lamentado que «es una persona que tiene una enfermedad cuya estancia en la cárcel peligra su vida». «Y yo he estado en la enfermería y sé lo que es eso», ha destacado respecto a las instalaciones de la prisión.

Además, ha remarcado que Zaplana es «una persona que no está juzgada, y, por tanto, por encima de las cosas que se digan, hay que tener en cuenta la presunción de inocencia porque, si no, no estaríamos en un estado de derecho».

«No sé cuál es la solución, pero desde luego una persona que tiene un cáncer de la envergadura que tiene el señor Zaplana no puede ni debe de estar en unas instalaciones penitenciarias que no reúnen las condiciones para el tratamiento de esa enfermedad», ha subrayado.

En este sentido, ha insistido en que «no está juzgado, no está condenado por nada» y «encima tiene una enfermedad». Ha reivindicado que «desde el punto de vista humanitario» debe «contemplarse la posibilidad de que no esté en un sitio donde con un simple resfriado o una gripe se puede morir».

«Una justicia sin un sentido humano ni es justicia ni es nada, sé que esto no deja de ser una frase que yo quizás no soy el más indicado para decirla, pero a mí me parece que todos los comportamientos humanos tienen que tener un componente de humanidad porque si no, no tienen sentido. Es más, diría en algunas casos no solamente de humanidad sino de tener cierta compasión, frente a personas que están en unas circunstancias económicas, físicas o de enfermedad o lo que sea que se deben contemplar», ha agregado.

CAMPS, EN UN «RECORRIDO DE IMPUTACIONES TODAS FRACASADAS»
Por otro lado, preguntado por su valoración sobre la investigación al expresidente de la Generalitat Francisco Camps, en la pieza 5 del ‘caso Gürtel’ que investiga la posible participación del exdirigente ‘popular’ en la contratación pública de empresas de la trama liderada por Francisco Correa, Rafael Blasco ha afirmado que no ha seguido «muy de cerca» la información desde Picassent.

No obstante, ha recalcado que «Camps lleva un recorrido de imputaciones todas fracasadas que da que pensar», «además de que son imputaciones algunas en falso».

«Es un calvario para una persona, yo estoy cumpliendo condena por unos hechos que arrancaron en 2008-2009, estamos en 2019, eso no hay cuerpo humano que lo aguante, porque tú estas con una situación bajo una investigación y bajo un procedimiento judicial que tienes que atenerte a lo que salga de ese procedimiento», y ese proceso «dura diez años», ha lamentado.

Blasco ha indicado que «cuando uno es condenado tiene que cumplir la condena y ya está, porque vale más el criterio de un tribunal que el criterio personal que tenga uno, piense lo que piense». Sin embargo, «la justicia no las ha acertado todas, hay mucha gente que ha tenido condenas y sentencias que al cabo de trece años se ha descubierto que eran falsas. A ver cómo a esa persona se le rehace todo», ha comentado.

«He aprendido muchas cosas, de los errores y de las desgracias se aprende. Sobre todo, sobreponerse porque la vida es lo más bonito que existe y no se acaba esto. Tenemos la costumbre de todos los años hacer fallas y luego las quemamos, hay que empezar de nuevo otra vez», ha concluido.

Fuente: EuropaPress

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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