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Valencia

La Generalitat exigirá el C1 de valenciano a los altos funcionarios

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c1 valenciano altos funcionarios
EFE/Manuel Bruque

València, 28 nov (EFE).- La Generalitat reclamará a cada categoría funcionarial un grado de capacitación de valenciano -el C1 en el caso de los altos funcionarios- y el alumnado que acabe el Bachillerato tendrá acreditado un B2, aunque con una nota a partir de 7 puntos en la asignatura de valenciano los dos cursos se obtendrá el C1.

La Conselleria de Justicia y la de Educación Cultura y Deporte han acordado los detalles del decreto que regula la acreditación de la competencia lingüística en valenciano como requisito para las oposiciones a la Generalitat, los organismos públicos autonómicos y consorcios adscritos, las entidades locales y el personal no docente de las universidades públicas de la Comunitat Valenciana.

El decreto que desplegará la Conselleria de Justicia en aplicación de la ley de Función pública valenciana aprobada el año pasado, en la que se remitía a un reglamento posterior la concreción del requisito lingüístico, concreta los grados de capacitación lingüística en valenciano para cada categoría funcionarial.

ESCALA DE GRADOSPor lo que respecta a los grados de capacitación de cada cuerpo de funcionarios, quienes concursen para opositar al nivel de funcionarios A1 y A2, es decir, altos funcionarios con estudios universitarios, deberán contar con un nivel C1 de valenciano, según han informado desde la Generalitat.

Las personas aspirantes al grupo B funcionarial deberán tener un B2 de valenciano, el mismo que para las que opten al subgrupo C1, y para el subgrupo C2 se exigirá un B1. Las personas que aspiren a una agrupación profesional funcionarial deberán contar con el certificado A2 de valenciano.

FECHA DE APLICACIÓN

Se prevé que este decreto entre en vigor durante el primer semestre de 2023. Una vez que se publique en el Diari Oficial de la Generalitat, las posibles oposiciones para acceder a los grupos funcionariales de las categorías de los grupos B, C1, C2 y agrupación profesional funcionarial que se convoquen ya contemplarán el requisito lingüístico necesario en cada categoría.

Para los grupos de altos funcionarios A1 y A2 habrá un periodo transitorio, de forma que el C1 de capacitación en valenciano se requerirá a partir de las convocatorias de oposiciones que se desprendan de la oferta pública de empleo del año 2025. Hasta entonces, para aspirar a plazas de esta categoría se necesitará el B2.

HOMOLOGACIÓN EDUCATIVA

Por su parte, la Conselleria de Educación desplegará el decreto que regulará el reconocimiento de la competencia lingüística de valenciano para la homologación de los estudios en el sistema educativo valenciano, con entrada en vigor también en el primer semestre de 2023.

La normativa determinará que el alumnado que acabe la ESO cuente con un nivel B1 de valenciano, y que el alumnado que finalice el Bachillerato tendrá acreditado un nivel B2 de valenciano.

En el caso de Bachillerato, el alumnado que supere la materia de valenciano con al menos un 7 de puntuación en cada curso de esta etapa contará con el nivel C1 de valenciano al finalizar esta etapa educativa, un nivel de acreditación aplicable desde el curso 2021-2022.

Cuando el decreto entre en vigor, el alumnado que haya superado alguna de estas etapas educativas contará con las pertinentes acreditaciones en competencias de valenciano. Todo el alumnado que haya cursado estos estudios con anterioridad podrá solicitar las acreditaciones a través de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.

Desde la Generalitat se ha señalado que el fin último de esta medida es «dar un servicio óptimo» a la ciudadanía desde las administraciones públicas valencianas, para lo que se equipara la competencia lingüística en ambas lenguas oficiales para la atención al ciudadano y de tramitación administrativa por parte del personal que ejerce la función pública.

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Valencia

Polémica en València: el Ayuntamiento ordena al Circ de Nadal desalojar un solar municipal por falta de permiso

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El Ayuntamiento de València ha ordenado al Circ de Nadal desalojar el solar municipal donde estaba instalando su carpa al carecer de la autorización necesaria. Según fuentes municipales, además de ocupar sin permiso el terreno, la empresa circense mantiene pagos pendientes en vía ejecutiva con la administración local, motivo por el que también ha sido requerida a regularizar su situación económica.

La Policía Local ya había advertido en varias ocasiones a los responsables del circo, al constatar que estaban montando la infraestructura en un suelo de titularidad municipal sin la aprobación del consistorio. Tras trasladar la incidencia al servicio de Dominio Público, se ha emitido un requerimiento formal ordenando el desmontaje inmediato de lo instalado y la liberación de la parcela.

Críticas desde la oposición: “Un auténtico despropósito”

La concejala socialista Maite Ibáñez ha acusado al gobierno municipal, encabezado por la alcaldesa María José Catalá (PP), de actuar con improvisación y “desgobierno”. Ibáñez sostiene que el consistorio ha bloqueado la licencia del circo con apenas 48 horas de margen respecto a su primer espectáculo, y critica que no se haya aplicado antes el acuerdo municipal que prohíbe las funciones con animales en la ciudad.

Según la edil del PSPV-PSOE, la decisión de exigir el desalojo no responde a motivos de protección animal, sino a la “falta de permisos”, lo que a su juicio “borra cualquier medida” en favor del circo sin animales. Ibáñez también apunta a una supuesta cesión del PP a Vox, sugiriendo que la resolución se ha producido coincidiendo con la investidura del candidato popular en Les Corts.

Para la concejala, esta situación podría formar parte de una estrategia para revertir la prohibición de espectáculos con animales vigente desde hace una década. “Los socialistas no vamos a consentir que el PP nos lleve a un pasado de maltrato animal”, ha afirmado.

Respuesta del gobierno local: “Falsedades y falta de rigor”

El equipo de gobierno ha rechazado rotundamente las acusaciones socialistas y ha lamentado las “mentiras” atribuidas al proceso administrativo. Desde el consistorio insisten en que no se ha denegado ninguna autorización, sino que se ha emitido un requerimiento para subsanar irregularidades previas a una posible concesión.

“El Ayuntamiento sigue trabajando para que la empresa cumpla toda la normativa”, recalcan fuentes municipales, que exigen a la oposición “rigor” y respeto por el trabajo de los técnicos. El gobierno local sostiene que sólo si el circo no atiende el requerimiento se procederá a denegar la autorización de ocupación del dominio público.

Asimismo, han pedido al PSPV que deje de generar “confusión” y de difundir “fake news” sobre un expediente que, según subrayan, continúa en curso.

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