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La Generalitat exigirá el C1 de valenciano a los altos funcionarios
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Jéssica, expareja de Ábalos: «Me dijo que mirara casas y que eligiera la que me gustara»
Publicado
hace 3 añosen
València, 28 nov (EFE).- La Generalitat reclamará a cada categoría funcionarial un grado de capacitación de valenciano -el C1 en el caso de los altos funcionarios- y el alumnado que acabe el Bachillerato tendrá acreditado un B2, aunque con una nota a partir de 7 puntos en la asignatura de valenciano los dos cursos se obtendrá el C1.
La Conselleria de Justicia y la de Educación Cultura y Deporte han acordado los detalles del decreto que regula la acreditación de la competencia lingüística en valenciano como requisito para las oposiciones a la Generalitat, los organismos públicos autonómicos y consorcios adscritos, las entidades locales y el personal no docente de las universidades públicas de la Comunitat Valenciana.
El decreto que desplegará la Conselleria de Justicia en aplicación de la ley de Función pública valenciana aprobada el año pasado, en la que se remitía a un reglamento posterior la concreción del requisito lingüístico, concreta los grados de capacitación lingüística en valenciano para cada categoría funcionarial.
Las personas aspirantes al grupo B funcionarial deberán tener un B2 de valenciano, el mismo que para las que opten al subgrupo C1, y para el subgrupo C2 se exigirá un B1. Las personas que aspiren a una agrupación profesional funcionarial deberán contar con el certificado A2 de valenciano.
FECHA DE APLICACIÓN
Se prevé que este decreto entre en vigor durante el primer semestre de 2023. Una vez que se publique en el Diari Oficial de la Generalitat, las posibles oposiciones para acceder a los grupos funcionariales de las categorías de los grupos B, C1, C2 y agrupación profesional funcionarial que se convoquen ya contemplarán el requisito lingüístico necesario en cada categoría.
Para los grupos de altos funcionarios A1 y A2 habrá un periodo transitorio, de forma que el C1 de capacitación en valenciano se requerirá a partir de las convocatorias de oposiciones que se desprendan de la oferta pública de empleo del año 2025. Hasta entonces, para aspirar a plazas de esta categoría se necesitará el B2.
HOMOLOGACIÓN EDUCATIVA
Por su parte, la Conselleria de Educación desplegará el decreto que regulará el reconocimiento de la competencia lingüística de valenciano para la homologación de los estudios en el sistema educativo valenciano, con entrada en vigor también en el primer semestre de 2023.
La normativa determinará que el alumnado que acabe la ESO cuente con un nivel B1 de valenciano, y que el alumnado que finalice el Bachillerato tendrá acreditado un nivel B2 de valenciano.
En el caso de Bachillerato, el alumnado que supere la materia de valenciano con al menos un 7 de puntuación en cada curso de esta etapa contará con el nivel C1 de valenciano al finalizar esta etapa educativa, un nivel de acreditación aplicable desde el curso 2021-2022.
Cuando el decreto entre en vigor, el alumnado que haya superado alguna de estas etapas educativas contará con las pertinentes acreditaciones en competencias de valenciano. Todo el alumnado que haya cursado estos estudios con anterioridad podrá solicitar las acreditaciones a través de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.
Desde la Generalitat se ha señalado que el fin último de esta medida es «dar un servicio óptimo» a la ciudadanía desde las administraciones públicas valencianas, para lo que se equipara la competencia lingüística en ambas lenguas oficiales para la atención al ciudadano y de tramitación administrativa por parte del personal que ejerce la función pública.
Publicado
hace 12 horasen
7 abril, 2026
MADRID, 7 Abr. 2026 (EUROPA PRESS) –
Jéssica Rodríguez, expareja del exministro de Transportes José Luis Ábalos, ha asegurado ante el Tribunal Supremo que fue el propio dirigente quien le indicó que buscara vivienda y eligiera la que quisiera, en referencia al piso situado en la Plaza de España de Madrid donde residió durante su relación.
“Me dijo que mirara casas y que eligiera la que me gustara”, ha declarado este martes como testigo en el juicio por los presuntos amaños en contratos de mascarillas.
Rodríguez ha comparecido en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo, en el marco del procedimiento que investiga posibles irregularidades en la adjudicación de contratos durante la pandemia.
Durante su testimonio, ha explicado que antes de trasladarse a ese inmueble compartía piso con compañeras de la universidad y mantenía una relación frecuente con Ábalos.
“Nos veíamos prácticamente todos los días y no teníamos un sitio donde vernos. Me dijo que con 30 años lo normal era tener mi propio espacio”, ha señalado.
A preguntas de la Fiscalía Anticorrupción, Rodríguez ha reconocido que eligió la vivienda con la intención de compartir tiempo con el exministro, que entonces seguía residiendo en el domicilio oficial del Ministerio con su familia.
“La idea era tenerla para poder estar los dos”, ha afirmado.
En cuanto al pago del alquiler, ha admitido que pensaba que lo asumía Ábalos, pese a que los investigadores apuntan a que el coste habría sido cubierto por la presunta trama.
“Nunca he sido una persona que haga ese tipo de preguntas”, ha añadido.
Uno de los puntos clave de su declaración ha sido su relación laboral con empresas públicas como Ineco, donde, según ha reconocido, percibió ingresos sin desempeñar funciones.
Rodríguez ha asegurado que desconocía que se tratara de una empresa pública:
“No sabía ni siquiera que fuera una empresa pública”.
Según su relato, acudió a una entrevista acompañada por Koldo García y consideraba que el puesto se ajustaba a su perfil: “Estaba sobrada de cualificación”.
Sin embargo, ha confirmado que no llegó a trabajar. Ha explicado que mantuvo una reunión con Joseba García, hermano de Koldo, quien le enseñó las instalaciones, tras lo cual regresó a casa sin realizar ninguna tarea.
Rodríguez ha detallado que conoció a Ábalos en octubre de 2018 y que la relación se intensificó semanas después, con encuentros frecuentes, viajes y actividades juntos.
No obstante, ha señalado que el entonces ministro no tenía intención de divorciarse mientras permaneciera en el cargo, lo que marcó el final de la relación en noviembre de 2019.
“Cuando vimos que el Gobierno iba a continuar cuatro años, decidí no seguir en esa situación”, ha explicado.
La testigo ha subrayado que la ruptura no fue conflictiva, sino consecuencia de la situación personal del exministro.
Según ha indicado, Ábalos le permitió continuar en el piso mientras finalizaba sus estudios, ya que su situación económica complicaba encontrar otra vivienda en Madrid.
“Se sentía en deuda conmigo porque cambié mi estilo de vida”, ha señalado, insistiendo en que la relación y sus circunstancias “solo las conocemos él y yo”.
Víctor Ábalos, hijo del exministro de Transportes José Luis Ábalos, compareció este martes como testigo en el juicio del Tribunal Supremo por la presunta trama de mascarillas durante la pandemia de Covid-19. Durante su declaración, negó categóricamente haber sido “custodio” del dinero de su padre y aclaró el polémico uso de la palabra “café” que había detectado la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
Víctor Ábalos aseguró ante el tribunal que todo el dinero que ha entregado a su padre proviene de sus propios ingresos: “Yo no tengo dinero de nadie, yo no soy custodio de nadie. Todo lo que le he dado a mi padre es de mi cuenta bancaria, sin más”, declaró.
Reconoció haber prestado unos 20.000 euros a su padre tras su divorcio, pero negó que el dinero provenga de empresas de Colombia, país donde su padre “trabaja más”. “En el caso de que tuviera que prestarle algo, es mi dinero, no viene de ninguna empresa”, precisó.
Respecto a Koldo García, exasesor ministerial, Víctor Ábalos negó haberle dado dinero o haber tenido negocios con él: “Contraté los servicios de una empresa administrada por su pareja, pero solo duró dos meses”. También afirmó que nunca ha utilizado teléfonos encriptados ni habla en clave con nadie, incluido su padre.
Sobre el término “café”, detectado por la UCO como supuesto lenguaje cifrado, aclaró que simplemente hace referencia a la afición de Koldo al café y a sus viajes frecuentes a Colombia: “Ni hablo en clave, ni tengo costumbre ni sé hablar en clave”.
Víctor Ábalos calificó la situación económica de su padre como “lamentable” y detalló que su familia ha sufrido una “campaña reputacional brutal”, que afectó sus ingresos. Admitió que sus intervenciones televisivas estaban motivadas por la necesidad de mantener a su familia y apoyar a su padre: “Estamos ahí para lo que necesite, con ingresos de peculio, de teléfono o de los gastos del día a día”.
El juicio contra José Luis Ábalos, Koldo García y el empresario Víctor de Aldama se celebra entre el 7 y el 30 de abril en el Tribunal Supremo, en relación con presuntas comisiones ilegales en contratos de mascarillas durante la pandemia. La Fiscalía pide 24 años de prisión para Ábalos y 19,5 años para Koldo García, mientras que Aldama afronta 7 años de cárcel.
El juicio, que se celebrará entre el 7 y el 30 de abril, juzga supuestas comisiones ilegales en la adjudicación de contratos de mascarillas durante la crisis de la COVID-19 en 2020.
Junto a Ábalos también están acusados su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama, considerado presunto intermediario en la trama.
La Fiscalía solicita:
Las acusaciones populares elevan incluso la petición de pena hasta los 30 años para algunos de los implicados.
Según la acusación, los implicados se habrían concertado para aprovechar la posición de Ábalos como ministro y dirigente político con el objetivo de favorecer a determinadas empresas en contratos públicos.
A cambio, habrían recibido presuntas comisiones ilegales vinculadas a la compra de material sanitario durante la pandemia.
La primera jornada del juicio contará con la declaración de once testigos, entre ellos familiares y personas del entorno del exministro.
También se analizarán supuestas contrataciones irregulares en empresas públicas y pagos relacionados con alquileres que, según la investigación, podrían formar parte de las comisiones investigadas.
Más de 50 medios de comunicación están acreditados para cubrir este proceso judicial, considerado el primer gran juicio del denominado caso Koldo, que cuenta con otras piezas abiertas en la Audiencia Nacional.
El juicio marcará un punto de inflexión en la investigación sobre la gestión de contratos durante la pandemia, poniendo el foco en la transparencia y el uso de fondos públicos en situaciones de emergencia.
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