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Valencia

La Generalitat exigirá el C1 de valenciano a los altos funcionarios

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c1 valenciano altos funcionarios
EFE/Manuel Bruque

València, 28 nov (EFE).- La Generalitat reclamará a cada categoría funcionarial un grado de capacitación de valenciano -el C1 en el caso de los altos funcionarios- y el alumnado que acabe el Bachillerato tendrá acreditado un B2, aunque con una nota a partir de 7 puntos en la asignatura de valenciano los dos cursos se obtendrá el C1.

La Conselleria de Justicia y la de Educación Cultura y Deporte han acordado los detalles del decreto que regula la acreditación de la competencia lingüística en valenciano como requisito para las oposiciones a la Generalitat, los organismos públicos autonómicos y consorcios adscritos, las entidades locales y el personal no docente de las universidades públicas de la Comunitat Valenciana.

El decreto que desplegará la Conselleria de Justicia en aplicación de la ley de Función pública valenciana aprobada el año pasado, en la que se remitía a un reglamento posterior la concreción del requisito lingüístico, concreta los grados de capacitación lingüística en valenciano para cada categoría funcionarial.

ESCALA DE GRADOSPor lo que respecta a los grados de capacitación de cada cuerpo de funcionarios, quienes concursen para opositar al nivel de funcionarios A1 y A2, es decir, altos funcionarios con estudios universitarios, deberán contar con un nivel C1 de valenciano, según han informado desde la Generalitat.

Las personas aspirantes al grupo B funcionarial deberán tener un B2 de valenciano, el mismo que para las que opten al subgrupo C1, y para el subgrupo C2 se exigirá un B1. Las personas que aspiren a una agrupación profesional funcionarial deberán contar con el certificado A2 de valenciano.

FECHA DE APLICACIÓN

Se prevé que este decreto entre en vigor durante el primer semestre de 2023. Una vez que se publique en el Diari Oficial de la Generalitat, las posibles oposiciones para acceder a los grupos funcionariales de las categorías de los grupos B, C1, C2 y agrupación profesional funcionarial que se convoquen ya contemplarán el requisito lingüístico necesario en cada categoría.

Para los grupos de altos funcionarios A1 y A2 habrá un periodo transitorio, de forma que el C1 de capacitación en valenciano se requerirá a partir de las convocatorias de oposiciones que se desprendan de la oferta pública de empleo del año 2025. Hasta entonces, para aspirar a plazas de esta categoría se necesitará el B2.

HOMOLOGACIÓN EDUCATIVA

Por su parte, la Conselleria de Educación desplegará el decreto que regulará el reconocimiento de la competencia lingüística de valenciano para la homologación de los estudios en el sistema educativo valenciano, con entrada en vigor también en el primer semestre de 2023.

La normativa determinará que el alumnado que acabe la ESO cuente con un nivel B1 de valenciano, y que el alumnado que finalice el Bachillerato tendrá acreditado un nivel B2 de valenciano.

En el caso de Bachillerato, el alumnado que supere la materia de valenciano con al menos un 7 de puntuación en cada curso de esta etapa contará con el nivel C1 de valenciano al finalizar esta etapa educativa, un nivel de acreditación aplicable desde el curso 2021-2022.

Cuando el decreto entre en vigor, el alumnado que haya superado alguna de estas etapas educativas contará con las pertinentes acreditaciones en competencias de valenciano. Todo el alumnado que haya cursado estos estudios con anterioridad podrá solicitar las acreditaciones a través de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.

Desde la Generalitat se ha señalado que el fin último de esta medida es «dar un servicio óptimo» a la ciudadanía desde las administraciones públicas valencianas, para lo que se equipara la competencia lingüística en ambas lenguas oficiales para la atención al ciudadano y de tramitación administrativa por parte del personal que ejerce la función pública.

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Valencia

Así es Nuria Ruiz Torraba, la jueza encargada de la investigación de la DANA

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Nuria Ruiz Tobarra: perfil, trayectoria y papel clave en la investigación de la DANA en Valencia

La jueza Nuria Ruiz Tobarra se ha convertido en una de las figuras judiciales más destacadas de la actualidad por su papel al frente de la investigación de la DANA del 29 de octubre de 2024, una catástrofe que dejó 229 víctimas mortales en la provincia de Valencia y marcó un antes y un después en la gestión de emergencias en la Comunitat Valenciana.

Su trabajo en el Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja ha puesto de relieve su carácter meticuloso, su independencia y su firme compromiso con las víctimas. Hoy, su nombre es sinónimo de rigurosidad judicial y valentía profesional.


Una jueza valenciana con más de 15 años de experiencia

Nacida en Valencia, Nuria Ruiz Tobarra se licenció en Derecho en la Universidad de Valencia y aprobó las oposiciones a la Carrera Judicial en 2005. Desde entonces, ha desarrollado su trayectoria profesional en diversos juzgados de la Comunitat, consolidando un perfil de magistrada técnica, discreta y cercana.

En 2011 alcanzó la condición de magistrada por antigüedad, y desde hace varios años ejerce como titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja (Valencia), donde ha llevado causas complejas relacionadas con delitos económicos, violencia de género y, recientemente, la mayor investigación abierta por una catástrofe natural en la historia reciente de la Comunitat Valenciana: la DANA de 2024.


La DANA del 29 de octubre de 2024: una catástrofe sin precedentes

El 29 de octubre de 2024, una gota fría (DANA) azotó la provincia de Valencia dejando un rastro de devastación. Numerosos municipios quedaron inundados, cientos de personas perdieron sus hogares y más de doscientas murieron ahogadas o arrastradas por el agua.

La jueza Ruiz Tobarra abrió diligencias de investigación apenas unos días después del suceso, ante la gravedad de los hechos y las denuncias de familiares de las víctimas. Su objetivo: determinar si existieron responsabilidades penales en la gestión de la emergencia por parte de instituciones públicas y responsables políticos.

Desde entonces, la magistrada ha encabezado una investigación sin precedentes, caracterizada por la exhaustividad y la búsqueda de la verdad, sin importar el rango o cargo de los implicados.


Una investigación meticulosa y llena de matices

En el marco de la instrucción, Ruiz Tobarra ha citado a más de 350 testigos, entre ellos técnicos de emergencias, alcaldes, familiares de las víctimas y miembros del Consell de la Generalitat Valenciana.

Ha solicitado decenas de informes técnicos, comunicaciones internas y pruebas documentales que ayuden a reconstruir minuto a minuto cómo se gestionó la crisis y por qué las alertas de emergencia llegaron tarde.

Entre las diligencias más recientes, la jueza ha requerido a la periodista Maribel Vilaplana —que comió con el presidente Carlos Mazón el día de la tragedia— el tique del aparcamiento de la Glorieta de València para determinar hasta qué momento permaneció junto al jefe del Consell. Esta prueba, según Ruiz Tobarra, es “útil” para precisar los tiempos en los que se produjeron las llamadas y decisiones clave durante las horas críticas de la DANA.


Un estilo de trabajo: prudente, firme y empático

Fuentes judiciales describen a Nuria Ruiz Tobarra como una jueza metódica, rigurosa y con una gran capacidad de análisis. En sus autos se percibe una escritura clara y razonada, con gran atención al detalle y a la protección de las víctimas.

Su estilo se caracteriza por:

  • Rigor técnico y precisión jurídica en cada resolución.
  • Empatía con las familias afectadas, a las que ha querido escuchar de forma directa.
  • Firmeza frente a las presiones mediáticas y políticas, especialmente en una causa que afecta a altos cargos de la Generalitat.
  • Compromiso con la transparencia y la justicia, manteniendo siempre la independencia del poder judicial.

A pesar de las críticas y campañas que ha denunciado como “machistas” o “difamatorias”, Ruiz Tobarra ha mantenido su postura centrada en los hechos y el derecho. Su prioridad, insiste, es dar voz a las víctimas y garantizar que se depuren responsabilidades.


Un caso con implicaciones políticas y sociales

La causa de la DANA no es solo un proceso judicial: también ha generado un intenso debate político y mediático en la Comunitat Valenciana. La instrucción dirigida por Ruiz Tobarra ha afectado a exconsellers, responsables de emergencias y altos cargos de la Generalitat, incluida la entonces consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas.

El caso ha puesto bajo la lupa la gestión del Cecopi (Centro de Coordinación Operativa Integrada) y la tardanza en activar las alertas a la población, un elemento central en la investigación.

El auto de Ruiz Tobarra que elevó a 229 las víctimas mortales tras incluir al feto de una embarazada fallecida, fue un gesto simbólico que evidenció su sensibilidad hacia las víctimas y su visión humana del derecho.


La figura de Nuria Ruiz Tobarra, símbolo de independencia judicial

Lejos del foco mediático, la jueza prefiere que su trabajo hable por sí solo. Pero su nombre ya es sinónimo de integridad y valentía judicial.

Ha demostrado que la justicia puede actuar con independencia frente al poder político, que el rigor procesal es compatible con la empatía, y que cada decisión judicial puede tener un profundo impacto social.

Ruiz Tobarra representa una nueva generación de magistradas que combinan formación, compromiso y sensibilidad social, marcando un estilo propio en la justicia española.


Una jueza al servicio de la verdad

El trabajo de Nuria Ruiz Tobarra en la investigación de la DANA ha sido descrito por muchos como un ejemplo de profesionalidad y de compromiso con la justicia. Su nombre quedará ligado a uno de los procesos más relevantes de los últimos años en España, no solo por la magnitud de la tragedia, sino por su manera de abordar la verdad con independencia y coraje.

La jueza de Catarroja continúa su labor, pieza clave en la búsqueda de responsabilidades y justicia para las víctimas de la DANA que cambió para siempre la historia reciente de la Comunitat Valenciana.


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