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Valencia

Cecilia Herrero continúa en el gobierno de Catalá como concejala no adscrita

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Cecilia Herrero Vox
La edil de Vox en el Ayuntamiento de València, Cecilia Herrero, durante la rueda de prensa convocada este lunes para explicar su baja voluntaria de militancia solo unos días después de que el partido expulsara a otro edil, Juanma Badenas, por presuntas irregularidades en una adjudicación deja al grupo municipal con dos ediles y obligará a acometer una nueva reestructuración del Gobierno local. EFE/Biel Aliño

VALÈNCIA 25 Mar. (OFFICIAL PRESS-EUROPA PRESS) – El pleno ordinario del Ayuntamiento de València celebrado este martes 25 de marzo ha confirmado que Cecilia Herrero se mantiene como integrante del equipo de gobierno municipal, ahora en calidad de concejala no adscrita, tras abandonar Vox. A pesar del cambio de situación, Herrero ha subrayado que sigue formando parte activa del gobierno que lidera María José Catalá (PP), manteniendo sus tres delegaciones y su papel como miembro de la Junta de Gobierno Local.

Un nuevo escenario político en el consistorio valenciano

Junto a Herrero, también ha pasado a ser concejal no adscrito Juanma Badenas, exmiembro de Vox y exsegundo teniente de alcalde. En su caso, quedó fuera del gobierno municipal tras la suspensión cautelar de militancia por parte de su partido y la consiguiente redistribución de competencias por parte de la alcaldesa.

La situación no altera, por el momento, la estabilidad del ejecutivo local, que continúa con los 13 ediles del PP, dos de Vox, Herrero como no adscrita y el propio Badenas, que ha reiterado su apoyo a la gobernabilidad de València. Tanto él como el portavoz popular, Juan Carlos Caballero, y el actual representante de Vox, José Gosálbez, han coincidido en que la prioridad sigue siendo “trabajar por la ciudad y garantizar un gobierno sólido y eficaz”.

Redistribución provisional de comisiones y tensiones con la oposición

Durante el pleno, también se ha aprobado la nueva composición de las comisiones informativas municipales para adaptarlas a la nueva estructura del consistorio. Esta redistribución, de carácter provisional a la espera del informe del Consell Jurídic Consultiu (CJC), ha contado con el respaldo del equipo de gobierno, Vox y los dos ediles no adscritos.

Las comisiones pasan de siete a nueve miembros para “garantizar la participación” de los concejales no adscritos, estableciendo una ponderación de votos que otorga al PP tres miembros con voto de valor 3; a Compromís, dos con valor 2; al PSPV, uno con valor 1; a Vox, uno con valor 0,5; y a los ediles no adscritos, uno cada uno con valor 0,25.

Críticas de Compromís y PSPV: “Una trampa democrática”

La oposición ha criticado duramente la propuesta. Tanto Compromís como el PSPV han acusado al equipo de gobierno de “manipular la representatividad del pleno” con una “trampa democrática” para mantener una mayoría que no obtuvo en las urnas. Desde Compromís, su portavoz Papi Robles ha anunciado incluso la posibilidad de acudir a los tribunales para impugnar el acuerdo, mientras que la edil socialista María Pérez ha cuestionado la legalidad de la redistribución, al considerar que “15 votos no pueden ser más que 16”.

Ambas formaciones consideran que la propuesta busca “ganar haciendo trampas” y alterar el equilibrio de fuerzas legítimamente otorgado por los ciudadanos en las elecciones municipales.

El Ayuntamiento defiende la legalidad del reparto

Desde el gobierno local, la segunda teniente de alcalde y responsable de Recursos Humanos, Julia Climent, ha defendido la propuesta, asegurando que se ajusta a derecho y se apoya en un informe técnico del secretario general del pleno. Climent ha recordado que se trata del mismo criterio utilizado en 2018, durante el gobierno progresista, tras la salida de una edil de Ciudadanos, y ha remarcado que la nueva distribución “garantiza la participación y respeta la proporcionalidad”.

Así, el Ayuntamiento de València entra en una nueva fase con dos concejales no adscritos que, por ahora, mantienen su apoyo a la gobernabilidad liderada por Catalá, a la espera de posibles decisiones futuras que puedan reconfigurar nuevamente el tablero político municipal

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Valencia

Ilusión y sacrificio en Alzira: jóvenes acampan días para reservar una VPO y cumplir el sueño de una vivienda propia

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Decenas de jóvenes y familias viven desde hace tres días frente a una inmobiliaria de Alzira, esperando turno para poder optar a una vivienda de protección oficial (VPO) en una promoción que ha generado una enorme expectación en la Comunitat Valenciana. La escena —personas sentadas con sillas, sacos y hamacas al raso para mantener su posición en la cola— refleja la crisis del acceso a la vivienda asequible y la ilusión de quienes buscan estabilidad y futuro.

La promoción, impulsada por una empresa constructora local, incluye 123 viviendas protegidas con precios asequibles que oscilan entre unos 119.000 y 140.000 euros, situándolas muy por debajo de los elevados precios del mercado libre que condenan a muchos a pagos de alquiler elevados sin perspectivas de obtener un hogar propio.

Colas que hablan de esperanza y frustración

Las personas que esperan turno destacan que han venido acompañadas por amigos o familiares, turnándose para descansar o cumplir sus obligaciones, sin perder la posición en la fila que se formó la mañana del pasado sábado. Muchos pagan el alquiler mes a mes —a menudo con pagos que superan los 700 euros— y ven en esta oferta una oportunidad única para construir un proyecto de vida estable con un piso de obra nueva.

El sistema de adjudicación será por orden de llegada, lo que ha motivado que algunos llegaran incluso días antes de que se abra el plazo de inscripción esta mañana, con la esperanza de poder elegir las viviendas más deseadas antes de que se agoten los turnos.

Emoción, expectativa y un problema más amplio

Entre quienes hacen cola no faltan historias humanas que ilustran la falta de alternativas habitacionales: jóvenes que han pasado años en alquiler y parejas que quieren formar una familia sin la incertidumbre de los precios del mercado, o personas mayores que esperan un futuro más seguro para sus hijos. La situación se ha convertido en tema de conversación en la ciudad y en numerosos medios, donde se percibe que esta promoción ha llegado como una luz de esperanza en un contexto donde muchas ofertas públicas similares son escasas o inexistentes desde hace décadas.

Responsables de la inmobiliaria promotora han mostrado su satisfacción por la enorme participación y han señalado que, aunque esperaban asistencia, no imaginaban que tantas personas se animarían a presentar su candidatura con tanta antelación.

¿Qué significa esta escena?

Lo que ocurre en Alzira es un síntoma de la crisis de vivienda asequible que vive España y, en particular, la Comunitat Valenciana, donde los precios de compra y alquiler continúan alejándose de las posibilidades económicas de amplios sectores de la población. La actitud de quienes esperan durante días para tener una oportunidad real de acceder a un hogar propio pone de manifiesto la urgencia social de medidas y políticas que amplíen la oferta de vivienda protegida y faciliten el acceso a la propiedad para jóvenes, familias y hogares con recursos limitados.

 

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