Un nuevo escenario político en el consistorio valenciano

Junto a Herrero, también ha pasado a ser concejal no adscrito Juanma Badenas, exmiembro de Vox y exsegundo teniente de alcalde. En su caso, quedó fuera del gobierno municipal tras la suspensión cautelar de militancia por parte de su partido y la consiguiente redistribución de competencias por parte de la alcaldesa.

La situación no altera, por el momento, la estabilidad del ejecutivo local, que continúa con los 13 ediles del PP, dos de Vox, Herrero como no adscrita y el propio Badenas, que ha reiterado su apoyo a la gobernabilidad de València. Tanto él como el portavoz popular, Juan Carlos Caballero, y el actual representante de Vox, José Gosálbez, han coincidido en que la prioridad sigue siendo “trabajar por la ciudad y garantizar un gobierno sólido y eficaz”.

Redistribución provisional de comisiones y tensiones con la oposición

Durante el pleno, también se ha aprobado la nueva composición de las comisiones informativas municipales para adaptarlas a la nueva estructura del consistorio. Esta redistribución, de carácter provisional a la espera del informe del Consell Jurídic Consultiu (CJC), ha contado con el respaldo del equipo de gobierno, Vox y los dos ediles no adscritos.

Las comisiones pasan de siete a nueve miembros para “garantizar la participación” de los concejales no adscritos, estableciendo una ponderación de votos que otorga al PP tres miembros con voto de valor 3; a Compromís, dos con valor 2; al PSPV, uno con valor 1; a Vox, uno con valor 0,5; y a los ediles no adscritos, uno cada uno con valor 0,25.

Críticas de Compromís y PSPV: “Una trampa democrática”

La oposición ha criticado duramente la propuesta. Tanto Compromís como el PSPV han acusado al equipo de gobierno de “manipular la representatividad del pleno” con una “trampa democrática” para mantener una mayoría que no obtuvo en las urnas. Desde Compromís, su portavoz Papi Robles ha anunciado incluso la posibilidad de acudir a los tribunales para impugnar el acuerdo, mientras que la edil socialista María Pérez ha cuestionado la legalidad de la redistribución, al considerar que “15 votos no pueden ser más que 16”.

Ambas formaciones consideran que la propuesta busca “ganar haciendo trampas” y alterar el equilibrio de fuerzas legítimamente otorgado por los ciudadanos en las elecciones municipales.

El Ayuntamiento defiende la legalidad del reparto

Desde el gobierno local, la segunda teniente de alcalde y responsable de Recursos Humanos, Julia Climent, ha defendido la propuesta, asegurando que se ajusta a derecho y se apoya en un informe técnico del secretario general del pleno. Climent ha recordado que se trata del mismo criterio utilizado en 2018, durante el gobierno progresista, tras la salida de una edil de Ciudadanos, y ha remarcado que la nueva distribución “garantiza la participación y respeta la proporcionalidad”.

Así, el Ayuntamiento de València entra en una nueva fase con dos concejales no adscritos que, por ahora, mantienen su apoyo a la gobernabilidad liderada por Catalá, a la espera de posibles decisiones futuras que puedan reconfigurar nuevamente el tablero político municipal